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Sentencia AA-967-15 — Registro 11547

Resumen

En Consulta la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que denegó el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda contra el Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se ha quebrantado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 80 párrafo primero y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (4): Que, a la vista de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones, en su función de juzgador constitucional, constituye una actuación correcta del Juzgado A-Quo el reconocimiento de que; habiéndose denegado a la Administrada una petición que hiciere en vía administrativa, se encontraba – por ende – claramente legitimada para demandar su nulidad ante los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, que el Juez puede perfectamente verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, al encontrarse la demanda planteada acorde con los presupuestos exigidos en los artículos 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por lo cual considera esta Sala, que lleva razón el Juzgado A-Quo al hacer mención expresa y motivada de las razones por las cuales no resultaban aplicables las dos (2) causales de Defensa Previa opuestas a la demanda, en el caso bajo juzgamiento; criterios convalidados por la sentencia venida en Consulta, por encontrarse dotados de razonabilidad y apego a nuestro ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (5): Que lo anterior guarda aun mayor entidad, si se advierte el carácter netamente formal de las defensas que invocara la parte garantista, las cuales no logran desvirtuar la condición de parte interesada que impetra la peticionaria, en su pretensión de que se declare la nulidad de un acto administrativo; resolución de la cual pendería, directa o indirectamente, la acreditación de la existencia, y, en su caso el ámbito o alcance de los derechos subjetivos que alega como vulnerados por la parte demandante. Considera la Sala, que tales puntos controvertidos bien pudieran ser objeto de una sentencia arreglada a derecho congruente y de fondo, en tutela judicial efectiva de las partes intervinientes en el proceso; no habiéndose acreditado tampoco que obsten defectos formales que impidan al órgano judicial verter pronunciamiento sobre el presente asunto, como bien ha señalado la Corte de Apelaciones en su sentencia; por lo cual, resulta procedente confirmar la sentencia de amparo que es venida en consulta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero del dos mil veinte. VISTO: En Consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha seis de octubre de dos mil quince, que denegó el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZÁLES ROSALES a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la señora NORMA ELIZABETH PAGOADA LÓPEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se ha quebrantado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 80 párrafo primero y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que el Abogado JUAN PABLO RAMÍREZ FÚNEZ actuando en su condición de apoderado legal de la señora NORMA ELIZABETH PAGOADA LOPEZ, en fecha cinco (5) de agosto de dos mil once (2011), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, promoviendo DEMANDA ORDINARIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA para que se declarara la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. (Folios 01 al 11 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que el Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, actuando en su condición de Sub Procurador General de la República en fecha ocho (8) de mayo de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras antes citado, oponiendo defensas previas en la demanda relacionada en el inciso que antecede. (Ver pieza separada de defensas previas). 3) Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil quince (2015), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: “rechaza y desestima las defensas previas presentada por parte del estado de Honduras en fecha 8 de mayo del 2015… (Ver pieza separada de defensas previas). 4) Que en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015), la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS alegando que la resolución dictada en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015), es violatoria a lo dispuesto en los artículos 80 párrafo primero y 90 de la Constitución de la República. 5) Que seguido el tramite correspondiente la citada Corte de Apelaciones el seis (6) de octubre de dos mil quince (2015), dictó sentencia mediante la cual falló: “DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES AGUILAR, Apoderada Legal por Delegación del Estado de Honduras”; lo cual fundamentó en que el Juzgado A Quo desestimó correctamente las causas de inadmisibilidad intentadas por la Procuraduría General de la República vía Defensas Previas, al reconocerse que; habiéndosele denegado a la solicitante una petición que hiciere en vía administrativa, se encuentra claramente legitimada para demandar su nulidad ante los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De la misma manera, el Juez puede perfectamente verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, al encontrarse la demanda planteada acorde con los presupuestos exigidos en los artículos 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Folios 35 al 37 de la segunda pieza de los antecedentes). 6) Que en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015), la Sala de lo Constitucional recibió para consulta, el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZÁLES ROSALES, en su condición preindicada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha seis (6) de octubre de dos mil quince (2015) por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, mediante la cual denegó el Recurso de Amparo interpuesto en la demanda promovida por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZÁLES ROSALES a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015), misma que desestimó las Defensas Previas presentadas a instancia de la parte incidentista demandada en la DEMANDA ORDINARIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA que le fuera promovida para que se declarara la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo emitido por el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, en virtud de las consideraciones motivadoras resumidas en el Antecedente 5) de la sentencia. CONSIDERANDO (3): Que de la vista de las diligencias se desprende que se ha respetado escrupulosamente la garantía del debido proceso legal, preceptuada en el artículo 90 párrafo primero, con relación al artículo 82 de la Constitución de la República; aduciendo la parte amparista, que la resolución del A Quo vulnera los preindicados derechos constitucionales que asisten al ESTADO DE HONDURAS, en virtud de no existir un derecho subjetivo del servidor público a solicitar la Cesantía en cualquier momento, aun y cuando no se cumplan con los requisitos exigidos por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para que se pueda proceder en tal liza. Asimismo, que se pretende desconocer en la sentencia de instancia, que la demanda presenta o adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, en concordancia al artículo 63 inciso a) con relación al 80 inciso e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sobre todo tomando en consideración que la parte actora pretende la nulidad de un acto administrativo consistente en la Resolución No. 028-2011-SS de fecha 11 de marzo de 2011, emitida por la Secretaría de Salud, acto administrativo emitido conforme a derecho y sin infracción a disposición legal alguna; por lo cual, al admitirse la demanda de mérito, se estarían otorgando derechos que no le corresponden a la demandante, ya que no se trata de un caso especial, tramitado conforme a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; así como actuando en inobservancia a lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público (Decreto No. 113-2011). CONSIDERANDO (4): Que, a la vista de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones, en su función de juzgador constitucional, constituye una actuación correcta del Juzgado A-Quo el reconocimiento de que; habiéndose denegado a la Administrada una petición que hiciere en vía administrativa, se encontraba – por ende – claramente legitimada para demandar su nulidad ante los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, que el Juez puede perfectamente verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, al encontrarse la demanda planteada acorde con los presupuestos exigidos en los artículos 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por lo cual considera esta Sala, que lleva razón el Juzgado A-Quo al hacer mención expresa y motivada de las razones por las cuales no resultaban aplicables las dos (2) causales de Defensa Previa opuestas a la demanda, en el caso bajo juzgamiento; criterios convalidados por la sentencia venida en Consulta, por encontrarse dotados de razonabilidad y apego a nuestro ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (5): Que lo anterior guarda aun mayor entidad, si se advierte el carácter netamente formal de las defensas que invocara la parte garantista, las cuales no logran desvirtuar la condición de parte interesada que impetra la peticionaria, en su pretensión de que se declare la nulidad de un acto administrativo; resolución de la cual pendería, directa o indirectamente, la acreditación de la existencia, y, en su caso el ámbito o alcance de los derechos subjetivos que alega como vulnerados por la parte demandante. Considera la Sala, que tales puntos controvertidos bien pudieran ser objeto de una sentencia arreglada a derecho congruente y de fondo, en tutela judicial efectiva de las partes intervinientes en el proceso; no habiéndose acreditado tampoco que obsten defectos formales que impidan al órgano judicial verter pronunciamiento sobre el presente asunto, como bien ha señalado la Corte de Apelaciones en su sentencia; por lo cual, resulta procedente confirmar la sentencia de amparo que es venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada en fecha seis (6) de octubre de dos mil quince (2015) por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, mediante la cual denegó el Recurso de Amparo interpuesto en la demanda promovida por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZÁLES ROSALES a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015). Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. RAFAEL BUSTILO ROMERO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-967-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL