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Sentencia AA-939-18 — Registro 17501

Resumen

En consulta obligatoria la resolución que declaró inadmisible y rechazó de plano la garantía constitucional de amparo con relación a la demanda promovida contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Habiendo estimado el recurrente como violados los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen en consulta obligatoria de la resolución que rechaza de plano el amparo solicitado. Consta en autos, que en virtud de no haber sido admitida in limine la presente garantía constitucional de amparo, el quejoso solicitó a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que se remitieran las diligencias a este alto tribunal de justicia a efecto de que les conozca en consulta obligatoria, de conformidad con lo que establece el artículo 68 de la Ley sobre justicia constitucional. El citado artículo, dispone literalmente lo siguiente “ARTÍCULO 68. DE LA CONSULTA OBLIGATORIA. La sentencia de amparo dictada por los jueces de letras departamentales o seccionales irá en trámite de consulta obligatoria para ante la corte de apelaciones que corresponda. Sobre la sentencia que se pronuncie en este procedimiento, a solicitud de parte la corte de apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. La sentencia de amparo dictada por las cortes de apelaciones en virtud del artículo 10 de la presente Ley, irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional. En los supuestos de los párrafos primero y segundo de este artículo, las sentencias que emitan en su orden la corte de apelaciones o la Sala de lo Constitucional, no serán objeto de recurso alguno.” De lo dispuesto por dicho artículo, el ámbito de conocimiento de este alto tribunal de justicia por medio de la consulta, es referido únicamente a sentencias y no providencias y autos. Véase sobre este punto, que el numeral 6 del artículo 4, menciona los tipos de resolución que pueden ser dictados dentro de los procesos que se verifican en la jurisdicción constitucional. Es así que dispone la existencia de autos, providencias y sentencias.

Esta tipología la acoge la Ley sobre Justicia Constitucional del ya derogado Código de Procedimientos de 1906, que en el artículo 183 explicaba: “Las resoluciones de los tribunales y juzgados, en los negocios de carácter judicial, se denominarán: Providencias o autos, cuando sean de tramitación. Sentencias interlocutorias, cuando decidan incidentes. Sentencias definitivas, cuando decidan el pleito en una instancia, o en un recurso extraordinario, o cuando recayeren sobre un incidente poniendo término al pleito y haciendo imposible su continuación.” Pues bien, resulta que la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil dieciocho por la honorable corte de apelaciones de lo contencioso administrativo, no es sentencia, en virtud de lo cual, en sentido estricto, no sería objeto de consulta, según los términos ya citados del artículo 68 de la Ley sobre justicia Constitucional. Sin embargo, es innegable que la resolución dictada por la corte de apelaciones, con la cual deniega en puertas la admisión de la presente garantía constitucional de amparo, tiene los mismos efectos de un sobreseimiento definitivo dictado mediante la forma de una sentencia definitiva, por lo que a criterio de este alto tribunal, es dable pronunciarse en consulta sobre ella. Además de la razón dada en el párrafo anterior, es necesario que la resolución dictada por la corte de apelaciones sea examinada en consulta, para preservar la unidad de jurisprudencia en materia de amparo, de tal suerte que este alto tribunal de justicia, procede al análisis de las presentes diligencias, así: 1. De los antecedentes traídos a la vista, consta que el censor impugnó la sentencia definitiva de primera instancia directamente por la vía de la garantía constitucional de amparo, omitiendo acudir en apelación. 2. Sobre este punto, este alto tribunal de justicia observa que en el escrito de interposición de la garantía de amparo, el censor no da razones que expliquen por qué compareció de una sola vez buscando el amparo, sin agotar los recursos usualmente dispuestos en la ley. Tampoco la corte de apelaciones se percató en su examen de admisibilidad sobre este punto, constando en autos que la resolución mediante la cual pide subsanación del escrito de interposición se limita a exigirle al amparista que indique con precisión los derechos garantizados por la Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos. 3. Por lo qué, examinados estos elementos, la Sala de lo Constitucional se hace la interrogante, si en el asunto de marras es de aplicación lo que dispone el artículo 119 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, habida cuenta de que este caso concreto se encuentra relacionado con el tema de las licitaciones. De manera que es posible que exista causa legitima para obviar los recursos ordinarios, como por ejemplo el de apelación. Si así fuera, la garantía de amparo debió ser admitida y puesta en curso. 4. En virtud de lo anterior, es oportuno que se revoque la decisión de la corte de apelaciones, en el sentido de que devueltas las presentes diligencias, proceda al examen pendiente y verifique si en el caso bajo estudio es de aplicación el artículo citado, el cual literalmente dice: “contra la sentencia que se dicte en este procedimiento no se admitirá ningún recurso.””

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte. VISTA: En consulta obligatoria la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, deartamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró inadmisible y rechazó de plano la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES, a favor de la sociedad mercantil COMERCIOS Y EXPORTACIONES S. de R.L., contra la resolución dictada en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN. Habiendo estimado el recurrente como violados los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha veintitrés de julio del dos mil dieciocho, el abogado MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil COMERCIOS Y EXPORTACIONES S. de R.L., compareció ante la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo garantía constitucional de amparo a favor de la sociedad mercantil COMERCIOS Y EXPORTACIONES S. de R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, alegando el recurrente que con esos actos se violentan los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. 2. En fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones citada, dictó resolución mediante la cual, resuelve: “FALLA: RECHAZAR DE PLANO LA ACCIÓN DE AMPARO INTERPUESTA POR EL ABOGADO MARVIN GERARDO MATAMOROS A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL COMERCIO Y EXPORTACIONES. POR EXISTIR CAUSA DE INADMISIBILIDAD EN EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN, ASÍ COMO EL ESCRITO DE SUBSANACIÓN. En vista que la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 46 precisa que el recurso o acción legales en la vía Contencioso Administrativo SEGUNDO: notificar al apoderado recurrente de la presente resolución. (Folios del 15 al 16 de la pieza de la corte de apelaciones). 3. En fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciocho, fue recibido en consulta, ante este alto tribunal justicia, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. Fundamentos de la reforma de la sentencia. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con asiento en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los alegatos expuestos por el impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. El censor en su escrito de interposición y luego de subsanación, señala que dirige la acción de amparo en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con asiento en Tegucigalpa. Por otra parte, el censor manifiesta que estima violentados los derechos de defensa (por la vía de la tutela judicial efectiva) y de debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. En resumen, el quejoso expone que estima violentado el derecho de defensa porque la juez sentenciadora omitió pronunciarse sobre los argumentos que sirvieron de soporte a la demanda. Acusa que la sentencia hizo una apreciación aparente de la adjudicación que ha operado en el proceso de licitación, restándole valor y eficacia sólo por el hecho de que las bases de la licitación señalaban que la adjudicación se haría por medio de una resolución, dándole valor de ley a estas bases, olvidando que los actos de la administración que sean unívocos e incompatibles con una voluntad distinta, surten los mismos efectos de una resolución expresa, tal como lo dispone el artículo 28 de la Ley de procedimiento administrativo. Detalla que para la jueza un acto expreso, derivado de la presidencia de la República, no tiene validez, porque las bases de la licitación tienen preeminencia sobre ese acto, en claro desconocimiento del artículo 28 ya citado. Esto según el impetrante, le violenta su derecho de defensa y tutela judicial efectiva. Con relación al debido proceso, el quejoso expresa que el acto administrativo manifestado por medio del oficio SCM No. 173-2014 de fecha catorce de mayo de dos mil catorce se estableció: “Adjudicar a la empresa Comercio y Exportaciones, S. de R.L. (COMEX) el proceso de licitación pública internacional LPI No.003-SEDUC-2013” (Art. 28 de la Ley de procedimiento administrativo). De manera que su representada fue favorecida con la adjudicación por parte de la Presidencia de la República. Según el quejoso, lo anterior fue debidamente demostrado en el proceso, pero el juzgador no lo valoró debidamente en su sentencia. Señala que el juzgador entonces desconoció el contenido del artículo 28 antes mencionado y que dejó de aplicar bajo el fundamento de lo que decían las bases de licitación, sobre las cuales apunta, -no son actos administrativos, ni tienen tal carácter. Con todo lo cual, el censor explica el incumplimiento de requisitos, formalidades exigencias que fija la ley, para la efectividad del derecho material. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de la resolución dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán mediante la cual rechaza de plano la presente garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional y unánime de rechazar de plano la presente garantía constitucional de amparo, se sustenta en que el presente asunto se subsume en la causal número 8 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional, que dispone el rechazo de entrada o la no admisión de la garantía de amparo, o bien, el sobreseimiento durante el trámite, cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía contenciosa administrativa. Explica la corte de apelaciones que, con el examen practicado sobre la presente garantía constitucional, constata que los argumentos esgrimidos son de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, y que como tales ya fueron resueltos por el juzgado de primera instancia, mediante sentencia definitiva, misma que es el objeto del amparo que se solicita. De manera que lo que solicita el impetrante es un reexamen de lo resolución de primera instancia, pretendiendo convertir la acción de amparo en un recurso ordinario o instancia. Seguidamente señala que tener expeditos recursos o acciones legales constituye una causa de inadmisibilidad, y en este caso el impetrante, siendo el objeto impugnado en este caso una sentencia definitiva, cabía contra ella un recurso ordinario. CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen en consulta obligatoria de la resolución que rechaza de plano el amparo solicitado. Consta en autos, que en virtud de no haber sido admitida in limine la presente garantía constitucional de amparo, el quejoso solicitó a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que se remitieran las diligencias a este alto tribunal de justicia a efecto de que les conozca en consulta obligatoria, de conformidad con lo que establece el artículo 68 de la Ley sobre justicia constitucional. El citado artículo, dispone literalmente lo siguiente “ARTÍCULO 68. DE LA CONSULTA OBLIGATORIA. La sentencia de amparo dictada por los jueces de letras departamentales o seccionales irá en trámite de consulta obligatoria para ante la corte de apelaciones que corresponda. Sobre la sentencia que se pronuncie en este procedimiento, a solicitud de parte la corte de apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. La sentencia de amparo dictada por las cortes de apelaciones en virtud del artículo 10 de la presente Ley, irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional. En los supuestos de los párrafos primero y segundo de este artículo, las sentencias que emitan en su orden la corte de apelaciones o la Sala de lo Constitucional, no serán objeto de recurso alguno.” De lo dispuesto por dicho artículo, el ámbito de conocimiento de este alto tribunal de justicia por medio de la consulta, es referido únicamente a sentencias y no providencias y autos. Véase sobre este punto, que el numeral 6 del artículo 4, menciona los tipos de resolución que pueden ser dictados dentro de los procesos que se verifican en la jurisdicción constitucional. Es así que dispone la existencia de autos, providencias y sentencias.

Esta tipología la acoge la Ley sobre Justicia Constitucional del ya derogado Código de Procedimientos de 1906, que en el artículo 183 explicaba: “Las resoluciones de los tribunales y juzgados, en los negocios de carácter judicial, se denominarán: Providencias o autos, cuando sean de tramitación. Sentencias interlocutorias, cuando decidan incidentes. Sentencias definitivas, cuando decidan el pleito en una instancia, o en un recurso extraordinario, o cuando recayeren sobre un incidente poniendo término al pleito y haciendo imposible su continuación.” Pues bien, resulta que la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil dieciocho por la honorable corte de apelaciones de lo contencioso administrativo, no es sentencia, en virtud de lo cual, en sentido estricto, no sería objeto de consulta, según los términos ya citados del artículo 68 de la Ley sobre justicia Constitucional. Sin embargo, es innegable que la resolución dictada por la corte de apelaciones, con la cual deniega en puertas la admisión de la presente garantía constitucional de amparo, tiene los mismos efectos de un sobreseimiento definitivo dictado mediante la forma de una sentencia definitiva, por lo que a criterio de este alto tribunal, es dable pronunciarse en consulta sobre ella. Además de la razón dada en el párrafo anterior, es necesario que la resolución dictada por la corte de apelaciones sea examinada en consulta, para preservar la unidad de jurisprudencia en materia de amparo, de tal suerte que este alto tribunal de justicia, procede al análisis de las presentes diligencias, así: 1. De los antecedentes traídos a la vista, consta que el censor impugnó la sentencia definitiva de primera instancia directamente por la vía de la garantía constitucional de amparo, omitiendo acudir en apelación. 2. Sobre este punto, este alto tribunal de justicia observa que en el escrito de interposición de la garantía de amparo, el censor no da razones que expliquen por qué compareció de una sola vez buscando el amparo, sin agotar los recursos usualmente dispuestos en la ley. Tampoco la corte de apelaciones se percató en su examen de admisibilidad sobre este punto, constando en autos que la resolución mediante la cual pide subsanación del escrito de interposición se limita a exigirle al amparista que indique con precisión los derechos garantizados por la Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos. 3. Por lo qué, examinados estos elementos, la Sala de lo Constitucional se hace la interrogante, si en el asunto de marras es de aplicación lo que dispone el artículo 119 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, habida cuenta de que este caso concreto se encuentra relacionado con el tema de las licitaciones. De manera que es posible que exista causa legitima para obviar los recursos ordinarios, como por ejemplo el de apelación. Si así fuera, la garantía de amparo debió ser admitida y puesta en curso. 4. En virtud de lo anterior, es oportuno que se revoque la decisión de la corte de apelaciones, en el sentido de que devueltas las presentes diligencias, proceda al examen pendiente y verifique si en el caso bajo estudio es de aplicación el artículo citado, el cual literalmente dice: “contra la sentencia que se dicte en este procedimiento no se admitirá ningún recurso.” PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303 reformado, 304 reformado, 313 No. 5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 119 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: REVOCANDO la RESOLUCIÓN venida en consulta obligatoria, proferida en fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán; mediante la cual fue RECHAZADA DE PLANO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES, a favor de la sociedad mercantil COMERCIOS Y EXPORTACIONES S. de R.L., contra la resolución dictada en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN. En consecuencia, SE ORDENA: Que la corte de apelaciones proceda a examinar si en este caso puntual, es de aplicación lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y si fuere del caso, admita y de curso a la garantía constitucional de amparo de mérito. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, bajo el número SCO-0939-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL