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Sentencia AA-865-18 — Registro 11736

Resumen

alegaciones de recurrente se orientan a cuestionar decisión de ente estatal en tanto sostuvo, que él llena los requisitos de ley para optar al beneficio de la suspensión condicional de la persecución penal. además censuró el hecho que Procuraduría General de la República no es titular de la acción penal y que debe limitarse al señalamiento de una cuantía, al tiempo que refutó la legalidad del instructivo en el que se fundó la denegatoria por parte de Autoridad recurrida(Procuraduría General de la Republica) declaró no ha lugar solicitud de reconsideración sobre pronunciamiento legal emitido por la Dirección Nacional de Procuración Judicial, con relación a solicitud para la reparación de daño causado al Estado de Honduras previo a la aplicación de la medida desjudicializadora de la suspensión condicional de la persecución penal en el proceso instruido contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que esta Sala estima que la resolución objeto de examen contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (9): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (10): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria o los órganos de la administración, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano administrativo competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a la peticionaria, como ha quedado ya relacionado.- CONSIDERANDO (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia administrativa que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de una simple inconformidad con lo resuelto y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la autoridad denunciada, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley y su reglamentación interna para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORÍN, a favor del señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX, contra la resolución dictada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, en fecha diez (10) de septiembre dos mil dieciocho (2018), que declaró no ha lugar una solicitud de reconsideración sobre el pronunciamiento legal emitido por la Dirección Nacional de Procuración Judicial, en fecha catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018), con relación a la solicitud para la reparación del daño causado al Estado de Honduras previo a la aplicación de la medida desjudicializadora de la suspensión condicional de la persecución penal en el proceso instruido contra el señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 59, 60, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), la Abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORÍN compareció ante la Procuraduría General de la República en su condición de defensora privada del señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX, a quien se le sigue proceso penal por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, solicitando se autorizara la figura alterna de la conciliación, solicitud que fue desestimada por la Procuraduría General de la República, haciéndose énfasis en la naturaleza del tipo penal y el proceder del imputado en el mismo. No constando que la peticionaria hubiese solicitado reconsideración de dicha decisión, la cual podía ser presentada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación. (Folios 01–30 del antecedente de la P.G.R.)- 2) Que en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018), la peticionaria WENDY ROXANA RIMERO BELLORÍN solicitó pronunciamiento sobre la reparación del daño causado por el delito, ello como requisito de ley ante la solicitud de suspensión condicional de la persecución penal que la interesada presentó ante el Ministerio Público.- Al respecto, y en fecha catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018), la Procuraduría General de la Republica Resolvió lo siguiente: (SIC) “…PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR la solicitud de Acuerdo de Reparación del Daño Causado al Estado de Honduras, previo a la aplicación de la medida desjudicializadora de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal presentada por la Abogada WENDY ROXANA ROMERO, en su condición de Defensora Privada del imputado LORENZO SAUCEDA CÁLIX, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, por todas la valoraciones establecidas en los considerandos precedentes de este Pronunciamiento Legal. SEGUNDO: Contra la Denegatoria estipulada en este Pronunciamiento Legal; se podrá interponer la Solicitud de Reconsideración en el término de tres (03) días hábiles a partir de la fecha de la notificación de la misma. TERCERO: Notificar el presente Pronunciamiento Legal a la peticionaria, Abogada WENDY ROXANA ROMERO. (Folios 1-2 y 9-12 del antecedente de la P.G.R.)- 3) Que en fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se solicitó por la parte interesada, la reconsideración del pronunciamiento sobre la reparación del daño a que se ha hecho alusión, a lo que la Procuraduría General de la Republica, en fecha diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), Resolvió: (SIC) “…PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR la Solicitud de Reconsideración de fecha veintinueve (29) de abril del presente año dos mil dieciocho (2018), presentada por la abogada WENDY ROXANA ROMERO, en su condición de defensora privada del imputado LORENZO SAUCEDA CÁLIX, a quien le instruye proceso penal por suponerlo penalmente responsable de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, sobre el Pronunciamiento Legal emitido por la Dirección Nacional de Procuración Judicial en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018). SEGUNDO: Notificar el presente pronunciamiento legal a la peticionaria abogada WENDY ROXANA ROMERO…”. (Folios 18-23 y 34-43 del antecedente de la P.G.R.)- 4) Que la Abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORÍN, compareció ante este Alto Tribunal en fecha trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del Señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX, contra actuaciones de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, en la resolución de fecha diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019). (Folio 1–25 y 221 de la presente Recurso)- 5) Que en fecha cinco (05) de junio de dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por visto lo expuesto por el Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo antes expuesto, el Ministerio Publico SE ABSTIENE de emitir dictamen en la presente acción de amparo, con fundamento en los artículos 15, 37 de la Ley del Ministerio Publico.” Por lo que se le tiene por abstenido en legal y debida forma de emitir dictamen en las presentes diligencias, y ordena a proseguir con el trámite normal del recurso de mérito. (Folio 224–226 y 228 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que como ha sido ya relacionado, se conoce en esta vía, la acción constitucional de amparo interpuesta por la Abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORÍN, a favor del señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX, contra la resolución dictada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, y mediante la cual desestimó una solicitud de reconsideración sobre el pronunciamiento de la Dirección Nacional de Procuración Judicial que declaró no ha lugar la solicitud de la Abogada ROMERO BELLORÍN en la que pretendía que la representante legal del Estado se pronunciara sobre la reparación del daño producido por el delito imputado al señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX.- Entre las consideraciones que originaron sus denegatorias, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA explicó que, de conformidad con el Acuerdo PGR 364-2015, existe prohibición expresa de aplicación de medidas alternas a la persecución penal inter alia, cuando se trate de delitos que provengan de actos de corrupción en perjuicio de la Administración Pública.- CONSIDERANDO (5): Que las alegaciones de la recurrente se orientan a cuestionar la decisión del ente estatal en tanto que, según sostuvo, su representado llena los requisitos de ley para optar al beneficio de la suspensión condicional de la persecución penal. La impetrante censuró el hecho que la Procuraduría General de la República no es titular de la acción penal y que debe limitarse al señalamiento de una cuantía, al tiempo que refutó la legalidad del instructivo en el que se fundó la denegatoria por parte de la representación del Estado.- CONSIDERANDO (6): Que debería resultar evidente para la impetrante que la suspensión condicional de la persecución penal—percibida como un beneficio a favor de un imputado—está condicionada a la aquiescencia de la autoridad estatal y al cumplimiento de ciertos requisitos de ley, por ende, su aceptación resulta potestativa y no imperativa, como parece sugerirlo la impetrante. Al igual que acontece con el procedimiento abreviado, la mera solicitud del mencionado beneficio no podría suponer en sí misma la consecuente aprobación y tampoco su aplicación y, por otra parte, la denegación de estos beneficios no podría ser considerada por sí sola como una violación de derechos o garantías constitucionales, al conservar la autoridad estatal, en su caso, la facultad legal de ejercer la acción penal y proseguirla. En este sentido, tampoco podría considerarse como una violación constitucional per se, el hecho de no acceder a una petición en torno a esta pretensión por parte del ente encargado de la representación del Estado, y según observa esta Sala, resultan desafortunadas las afirmaciones de la recurrente en torno a concebir a la Procuraduría General de la República como una especie de órgano relegado de la Administración Pública, cuyas decisiones, según infiere la impetrante, deberían ceñirse sin más a lo pedido, como si la intervención del órgano que ostenta la representación legal del Estado fuese una mera formalidad. La recurrente parece olvidar que el delito por el cual se le sigue proceso a su poderdante es un delito en contra de la Administración Pública, y aún y cuando se ha discutido en la doctrina la dificultad de discernir el bien jurídico protegido por este tipo de delitos, no cabe duda que la Administración Pública sirve a los intereses generales y la sanción de estas conductas delictivas conlleva al quebrantamiento de los deberes que como servidor público tiene el funcionario de que se trate, así como su deslealtad en el ejercicio del cargo, por lo que claramente la representación del Estado puede y debe tener, tanto la posibilidad, como el derecho de desestimar una pretensión que se encamine a la no prosecución de un proceso penal derivada de un delito en el que se hubiese visto afectados los intereses del Estado, al igual como lo tendría la víctima de un delito, quien ostenta ese mismo derecho según la ley.- CONSIDERANDO (7): Que la resolución impugnada que fue emitida por la representación del Estado, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, estando su decisión apoyada en razonamientos jurídicos que, lejos de ser arbitrarios, resultan ser acordes con los lineamientos legales, y sobre todo, con las facultades que como autoridad del Estado ostenta y le asisten conforme a ley, con lo cual, no se prevé por parte de esta Sala, disminución alguna a derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad recurrida, se ha limitado a la aplicación de las normas atinentes al caso, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio de la recurrente, quien ha fundado su reclamo en un mero desacuerdo con lo resuelto, acogiéndose a argumentos infundados que fueron debidamente resueltos y desestimados por la representante legal del Estado.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima que la resolución objeto de examen contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (9): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (10): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria o los órganos de la administración, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano administrativo competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a la peticionaria, como ha quedado ya relacionado.- CONSIDERANDO (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia administrativa que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de una simple inconformidad con lo resuelto y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la autoridad denunciada, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley y su reglamentación interna para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.

POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORÍN, a favor del señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX, contra la resolución dictada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, en fecha diez (10) de septiembre dos mil dieciocho (2018), al haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0865-2018.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORÍN, a favor del señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX, contra la resolución dictada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, en fecha diez (10) de septiembre dos mil dieciocho (2018), que declaró no ha lugar una solicitud de reconsideración sobre el pronunciamiento legal emitido por la Dirección Nacional de Procuración Judicial, en fecha catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018), con relación a la solicitud para la reparación del daño causado al Estado de Honduras previo a la aplicación de la medida desjudicializadora de la suspensión condicional de la persecución penal en el proceso instruido contra el señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 59, 60, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), la Abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORÍN compareció ante la Procuraduría General de la República en su condición de defensora privada del señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX, a quien se le sigue proceso penal por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, solicitando se autorizara la figura alterna de la conciliación, solicitud que fue desestimada por la Procuraduría General de la República, haciéndose énfasis en la naturaleza del tipo penal y el proceder del imputado en el mismo. No constando que la peticionaria hubiese solicitado reconsideración de dicha decisión, la cual podía ser presentada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación. (Folios 01–30 del antecedente de la P.G.R.)- 2) Que en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018), la peticionaria WENDY ROXANA RIMERO BELLORÍN solicitó pronunciamiento sobre la reparación del daño causado por el delito, ello como requisito de ley ante la solicitud de suspensión condicional de la persecución penal que la interesada presentó ante el Ministerio Público.- Al respecto, y en fecha catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018), la Procuraduría General de la Republica Resolvió lo siguiente: (SIC) “…PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR la solicitud de Acuerdo de Reparación del Daño Causado al Estado de Honduras, previo a la aplicación de la medida desjudicializadora de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal presentada por la Abogada WENDY ROXANA ROMERO, en su condición de Defensora Privada del imputado LORENZO SAUCEDA CÁLIX, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, por todas la valoraciones establecidas en los considerandos precedentes de este Pronunciamiento Legal. SEGUNDO: Contra la Denegatoria estipulada en este Pronunciamiento Legal; se podrá interponer la Solicitud de Reconsideración en el término de tres (03) días hábiles a partir de la fecha de la notificación de la misma. TERCERO: Notificar el presente Pronunciamiento Legal a la peticionaria, Abogada WENDY ROXANA ROMERO. (Folios 1-2 y 9-12 del antecedente de la P.G.R.)- 3) Que en fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se solicitó por la parte interesada, la reconsideración del pronunciamiento sobre la reparación del daño a que se ha hecho alusión, a lo que la Procuraduría General de la Republica, en fecha diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), Resolvió: (SIC) “…PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR la Solicitud de Reconsideración de fecha veintinueve (29) de abril del presente año dos mil dieciocho (2018), presentada por la abogada WENDY ROXANA ROMERO, en su condición de defensora privada del imputado LORENZO SAUCEDA CÁLIX, a quien le instruye proceso penal por suponerlo penalmente responsable de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, sobre el Pronunciamiento Legal emitido por la Dirección Nacional de Procuración Judicial en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018). SEGUNDO: Notificar el presente pronunciamiento legal a la peticionaria abogada WENDY ROXANA ROMERO…”. (Folios 18-23 y 34-43 del antecedente de la P.G.R.)- 4) Que la Abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORÍN, compareció ante este Alto Tribunal en fecha trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del Señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX, contra actuaciones de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, en la resolución de fecha diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019). (Folio 1–25 y 221 de la presente Recurso)- 5) Que en fecha cinco (05) de junio de dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por visto lo expuesto por el Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo antes expuesto, el Ministerio Publico SE ABSTIENE de emitir dictamen en la presente acción de amparo, con fundamento en los artículos 15, 37 de la Ley del Ministerio Publico.” Por lo que se le tiene por abstenido en legal y debida forma de emitir dictamen en las presentes diligencias, y ordena a proseguir con el trámite normal del recurso de mérito. (Folio 224–226 y 228 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que como ha sido ya relacionado, se conoce en esta vía, la acción constitucional de amparo interpuesta por la Abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORÍN, a favor del señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX, contra la resolución dictada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, y mediante la cual desestimó una solicitud de reconsideración sobre el pronunciamiento de la Dirección Nacional de Procuración Judicial que declaró no ha lugar la solicitud de la Abogada ROMERO BELLORÍN en la que pretendía que la representante legal del Estado se pronunciara sobre la reparación del daño producido por el delito imputado al señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX.- Entre las consideraciones que originaron sus denegatorias, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA explicó que, de conformidad con el Acuerdo PGR 364-2015, existe prohibición expresa de aplicación de medidas alternas a la persecución penal inter alia, cuando se trate de delitos que provengan de actos de corrupción en perjuicio de la Administración Pública.- CONSIDERANDO (5): Que las alegaciones de la recurrente se orientan a cuestionar la decisión del ente estatal en tanto que, según sostuvo, su representado llena los requisitos de ley para optar al beneficio de la suspensión condicional de la persecución penal. La impetrante censuró el hecho que la Procuraduría General de la República no es titular de la acción penal y que debe limitarse al señalamiento de una cuantía, al tiempo que refutó la legalidad del instructivo en el que se fundó la denegatoria por parte de la representación del Estado.- CONSIDERANDO (6): Que debería resultar evidente para la impetrante que la suspensión condicional de la persecución penal—percibida como un beneficio a favor de un imputado—está condicionada a la aquiescencia de la autoridad estatal y al cumplimiento de ciertos requisitos de ley, por ende, su aceptación resulta potestativa y no imperativa, como parece sugerirlo la impetrante. Al igual que acontece con el procedimiento abreviado, la mera solicitud del mencionado beneficio no podría suponer en sí misma la consecuente aprobación y tampoco su aplicación y, por otra parte, la denegación de estos beneficios no podría ser considerada por sí sola como una violación de derechos o garantías constitucionales, al conservar la autoridad estatal, en su caso, la facultad legal de ejercer la acción penal y proseguirla. En este sentido, tampoco podría considerarse como una violación constitucional per se, el hecho de no acceder a una petición en torno a esta pretensión por parte del ente encargado de la representación del Estado, y según observa esta Sala, resultan desafortunadas las afirmaciones de la recurrente en torno a concebir a la Procuraduría General de la República como una especie de órgano relegado de la Administración Pública, cuyas decisiones, según infiere la impetrante, deberían ceñirse sin más a lo pedido, como si la intervención del órgano que ostenta la representación legal del Estado fuese una mera formalidad. La recurrente parece olvidar que el delito por el cual se le sigue proceso a su poderdante es un delito en contra de la Administración Pública, y aún y cuando se ha discutido en la doctrina la dificultad de discernir el bien jurídico protegido por este tipo de delitos, no cabe duda que la Administración Pública sirve a los intereses generales y la sanción de estas conductas delictivas conlleva al quebrantamiento de los deberes que como servidor público tiene el funcionario de que se trate, así como su deslealtad en el ejercicio del cargo, por lo que claramente la representación del Estado puede y debe tener, tanto la posibilidad, como el derecho de desestimar una pretensión que se encamine a la no prosecución de un proceso penal derivada de un delito en el que se hubiese visto afectados los intereses del Estado, al igual como lo tendría la víctima de un delito, quien ostenta ese mismo derecho según la ley.- CONSIDERANDO (7): Que la resolución impugnada que fue emitida por la representación del Estado, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, estando su decisión apoyada en razonamientos jurídicos que, lejos de ser arbitrarios, resultan ser acordes con los lineamientos legales, y sobre todo, con las facultades que como autoridad del Estado ostenta y le asisten conforme a ley, con lo cual, no se prevé por parte de esta Sala, disminución alguna a derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad recurrida, se ha limitado a la aplicación de las normas atinentes al caso, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio de la recurrente, quien ha fundado su reclamo en un mero desacuerdo con lo resuelto, acogiéndose a argumentos infundados que fueron debidamente resueltos y desestimados por la representante legal del Estado.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima que la resolución objeto de examen contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (9): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (10): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria o los órganos de la administración, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano administrativo competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a la peticionaria, como ha quedado ya relacionado.- CONSIDERANDO (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia administrativa que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de una simple inconformidad con lo resuelto y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la autoridad denunciada, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley y su reglamentación interna para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.

POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORÍN, a favor del señor LORENZO SAUCEDA CÁLIX, contra la resolución dictada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, en fecha diez (10) de septiembre dos mil dieciocho (2018), al haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0865-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional