Sentencia AA-835-19 — Registro 11546
Resumen
En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones que otorgó el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, con relación a la demanda promovida por la contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Habiendo estimado el recurrente como violado los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la Republica.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la sentencia dictada en fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que otorgó la garantía constitucional promovida por el Abogado JOSÉ EFRAÍN BRICEÑO a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, con relación a la demanda promovida por la señora ROSA AMELIA SIERRA CANALES contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH); sentencia que resulta estimatoria a la acción de amparo, en virtud del fundamento jurídico relacionado en el Antecedente 4) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (3): Que vista la sentencia venida en consulta y examinadas que fueron las diligencias, se ha corroborado el fundamento constitucional del argumento motivado por el Tribunal Garante para proceder a la estimatoria de la garantía de amparo; en vista a haberse librado comunicación para el cumplimiento de la sentencia condenatoria, sin antes considerar que la cuantificación de daños y perjuicios quedó diferida para el periodo de ejecución de sentencia. CONSIDERANDO (4): Que cabe mencionar que tal supuesto normativo se precave generalmente en el artículo 82 inciso C de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Decreto No. 189-87, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 25, 416 del 31 de diciembre de 1987), tal como se fundamenta y significa en la motivación judicial que es conocida en consulta. De ello se colige la razonabilidad del procedimiento incidental a seguir, en caso no contarse con los elementos necesarios para proceder a la liquidación respectiva, como previo a librar la comunicación que insta la ejecución de la sentencia; lo cual resulta coincidente a las razones alegadas por el recurrente para exponer el agravio constitucional suscitado por tal omisión del Juzgado A Quo. CONSIDERANDO (5): Que, por ende, considera esta Sala que la sentencia venida en consulta ha sido dictada en aplicación de la legalidad adjetiva vigente y en compatibilidad a los derechos y garantías asentadas en la Constitución de la República; resultando procedente su confirmatoria."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre del dos mil veinte. VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ EFRAIN BRICEÑO, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, con relación a la demanda promovida por la señora ROSA AMELIA SIERRA CANALES contra la UNIVESIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). Habiendo estimado el recurrente como violado los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la Republica. A N T E C E D E N T E S 1) Que el Abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora ROSA AMELIA SIERRA CANALES personal, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidos de julio del año dos mil ocho, promoviendo DEMANDA ESPECIAL EN MATERIA PERSONAL, PARA QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD Y NULIDAD DE UN ACTO TÁCITO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR, contra la UNIVESIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). (Folios 01 al 24 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, el juzgado antes citado resolvió: “Admítase el escrito que antecede, presentado por el abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, en cuanto a la solicitado SIN LUGAR; la nulidad para librar comunicación Judicial, ya que una vez firme la sentencia el Tribunal dentro de los cinco días siguientes, ordenara su ejecución por medio del órgano correspondiente, al cual se librara comunicación para que adopte las resoluciones que procedan y practiquen lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo; Así mismo en cuanto a lo manifestado por el compareciente, de oficio este Juzgado en aplicación del artículo 203 del mismo, ratifica el error material del auto de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), que consta a folio numero cuatrocientos noventa y cuatro (494) de la pieza principal, en el único sentido que el nombre correcto es JOSE EFRAIN BRICEÑO. Artículos: 96, 132 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 203 y 204 numeral 3 del Código Procesal Civil NOTIFIQUESE”. (Folios del 01 al 04 y del 21 al 37 de la pieza de defensas previas). 3) Que en fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el Abogado JOSÉ EFRAIN BRICEÑO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la UNIVESIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), alegando que la sentencia relacionada en el inciso que antecede es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 de la segunda pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: “PRIMERO: OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO, interpuesta por el Abogado JOSÉ EFRAIN BRICEÑO a favor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En consecuencia, SE ORDENA: Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 3 y 4 de la parte dispositiva del fallo condenatorio dictado en fecha 01 de febrero de 2013 antes de librar comunicación que ordena 96 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-”; lo cual se fundamentó en haberse librado comunicación para el cumplimiento de la sentencia condenatoria, sin considerar que la cuantificación de daños y perjuicios quedó diferida para el periodo de ejecución de sentencia; por no contarse al momento de su dictado, con los elementos necesarios para proceder a la liquidación respectiva. Estima el Colegiado Constitucional que tal omisión resulta no conforme al debido proceso y al derecho de defensa que asisten a la parte ejecutada; la cual desconoce a la fecha la cantidad liquida que deberá cumplir, en concepto de daños y perjuicios, a la parte demandante, según lo ordenado en la sentencia. Infiere de ello, la inobservancia de los artículos 82 inciso C, 76, 95, 96, 125 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, subsidiariamente, a lo prescrito en los artículos 421.1.2.3, 423.1.2.3., y 884 del Código Procesal Civil; pues resulta necesario en el caso concreto, efectuar la liquidación previa, para así establecer las medidas que estime oportunas para hacer cumplir la obligación de pagar cantidad liquida determinada, ejecutando la sentencia de fecha 01 de febrero de 2013. (Folios 28 al 34 de la segunda pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ EFRAIN BRICEÑO, de conformidad al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la sentencia dictada en fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que otorgó la garantía constitucional promovida por el Abogado JOSÉ EFRAÍN BRICEÑO a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, con relación a la demanda promovida por la señora ROSA AMELIA SIERRA CANALES contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH); sentencia que resulta estimatoria a la acción de amparo, en virtud del fundamento jurídico relacionado en el Antecedente 4) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (3): Que vista la sentencia venida en consulta y examinadas que fueron las diligencias, se ha corroborado el fundamento constitucional del argumento motivado por el Tribunal Garante para proceder a la estimatoria de la garantía de amparo; en vista a haberse librado comunicación para el cumplimiento de la sentencia condenatoria, sin antes considerar que la cuantificación de daños y perjuicios quedó diferida para el periodo de ejecución de sentencia. CONSIDERANDO (4): Que cabe mencionar que tal supuesto normativo se precave generalmente en el artículo 82 inciso C de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Decreto No. 189-87, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 25, 416 del 31 de diciembre de 1987), tal como se fundamenta y significa en la motivación judicial que es conocida en consulta. De ello se colige la razonabilidad del procedimiento incidental a seguir, en caso no contarse con los elementos necesarios para proceder a la liquidación respectiva, como previo a librar la comunicación que insta la ejecución de la sentencia; lo cual resulta coincidente a las razones alegadas por el recurrente para exponer el agravio constitucional suscitado por tal omisión del Juzgado A Quo. CONSIDERANDO (5): Que, por ende, considera esta Sala que la sentencia venida en consulta ha sido dictada en aplicación de la legalidad adjetiva vigente y en compatibilidad a los derechos y garantías asentadas en la Constitución de la República; resultando procedente su confirmatoria. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1, 320 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 9, 41, 42, 45, 67, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de enero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha tres de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-835-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL