Sentencia AA-829-18 — Registro 11910
Resumen
Resolución que declaró Sin Lugar recurso de apelación y confirmó sentencia Interlocutoria que declara declarar Con Lugar incidente de liquidación con relación a la Demanda de Nulidad de Acto Administrativo de Carácter Particular, consistente en acuerdo de cancelación y pago de prestaciones laborales y salarios dejados de percibir como indemnización, promovida contra recurrente y declarada con lugar, donde impetrante considera la inaplicabilidad por parte de Ad-quem de las normas generales de Presupuestos,en caso de sentencia condenatoria contra éste y pago de indemnización y la prohibición de doble remuneración de empleados y funcionarios por parte del Estado,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(9): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018); se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión que la disposición presupuestaria supone que el trabajador pague de su salario, una indemnización de la cual ha sido beneficiado, provocando un menoscabo directo a un Derecho Adquirido Constitucional, tutelado por la Constitución de la Republica; y, por las Normas Internacionales del Trabajo.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 258 Constitucional establece: “Tanto en el Gobierno Central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones.” Es decir, la constitución prohíbe la doble percepción de ingresos en la Administración Pública.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, nos lleva a las siguientes conclusiones: 1) Se prohíbe percibir simultáneamente remuneración e indemnizaciones. No se excluye ningún tipo de indemnización de la que pueda ser beneficiario el funcionario o servidor. 2) Sólo es admisible la percepción simultánea de ingresos por función docente y las dietas derivadas de un directorio de entidad o empresa pública. 3) La prohibición no se limita a las remuneraciones, sino incluye también, dietas o bonificaciones. 4) La única excepción a la prohibición está dada para la función docente y de salud.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el Artículo 69 Constitucional, manda: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar SIN LUGAR un recurso de apelación y confirmó la Sentencia Interlocutoria, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016); con relación a la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS); por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; cabe OTORGAR el amparo demandado"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 258 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICADO
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación y confirmó la Sentencia Interlocutoria, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016); con relación a la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS). Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representado, los derechos consignados en los Artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha once (11) de mayo de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, interponiendo Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS), solicitando: que se decreta la ilegalidad y nulidad de dicho acto administrativo, y el pago de prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir. (Folios 1–76 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado dictó Sentencia en fecha tres (3) de mayo de dos mil doce (2012), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 11-C-2010 de fecha 30 de Abril del 2010, emitido por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS), organismo adscrito a la Secretaria del Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, por medio del cual se canceló por cesantía al demandante SEGUNDO: Anular el acuerdo de cancelación número 11-C-2010 TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve Condenar al Estado de Honduras específicamente a PRONADERS (FONADERS), adscrita a la Secretaria de Agricultura y Ganadería al pago de sus prestaciones laborales así como el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme tal como lo establece el artículo 129 constitucional y por así solicitarlo la demandante, así como también al pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder…”. (Folios 349–352 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil quince (2015), compareció ante dicho Juzgado, el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en representación de la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, presentando la liquidación final de sentencia relacionada en el numeral anterior; a lo que, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado antes referido, dictó Sentencia Interlocutoria, mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el incidente de liquidación de sentencia correspondiente a las prestaciones laborales y como indemnización los salarios dejados de percibir.- SEGUNDO: Aprobar la presente liquidación de sentencia en la suma de UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 (L 1,074,578.10) en concepto de prestaciones laborales y como indemnización los salarios dejados de percibir.- TERCERO: Contra el presente fallo interlocutorio cabe el recurso de apelación…”. (Folios 491 y 611–613 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de apoderado legal del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó Sentencia en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, actuando en su condición de Representante Procesal del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS). SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha ocho (08) de junio de dos mil dieciséis (2016), emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, y que corre a folios del número seiscientos once (611) al número seiscientos trece (613) de la primera pieza de autos.” (Folios 19–28 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 5) Que el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, compareció ante este Tribunal en fecha uno (1) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–14 y 44 de la presente Recurso)- 6) Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 47–55 del presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación y confirmó la Sentencia Interlocutoria, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016); con relación a la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS).- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición del Recurso de Amparo, fundamentalmente en que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sobrepaso sus facultades que como juzgador le competen violando derechos constitucionales; consignados en el Artículo 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, cuando la sentencia del A-Quem no aplica las normas generales de presupuesto que manda que los servidores públicos que habiendo sido cancelados hubieren demandado a la institución en la que laboraron, durante el tiempo en que esté en proceso y pendiente de sentencia podrán laborar bajo la forma de contratación temporal, en cualquier institución del sector público. En el caso de una sentencia definitiva, en que el Estado fuere condenado a la indemnización o reintegro con el pago de daños y perjuicios de salarios dejados de percibir, los salarios recibidos por el contrato durante la secuela del juicio formarán parte de la cuantificación de la indemnización de salarios dejados de percibir fijados en la sentencia condenatoria, en consecuencia, formarán parte de la liquidación de pago definitiva que se haga efectiva al contratado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” Siendo que las cantidades percibidas por la demandante durante el tiempo que laboro en dicho proyecto, ya que este tiempo fue remunerado por el mismo Estado.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que básicamente el asunto que se trae a consideración de la Sala de lo Constitucional, es definir si la sentencia de un recurso de Apelación, acarrea la inaplicabilidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación y confirmó la Sentencia Interlocutoria, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016); con relación a la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS).- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, sin embargo debemos entender que esta obligación tiene que ser dentro de la legalidad; y esta Sala es la interprete ultima de la Constitución .- CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, vigente al momento de dictarse la sentencia recurrida; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018); se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión que la disposición presupuestaria supone que el trabajador pague de su salario, una indemnización de la cual ha sido beneficiado, provocando un menoscabo directo a un Derecho Adquirido Constitucional, tutelado por la Constitución de la Republica; y, por las Normas Internacionales del Trabajo.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 258 Constitucional establece: “Tanto en el Gobierno Central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones.” Es decir, la constitución prohíbe la doble percepción de ingresos en la Administración Pública.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, nos lleva a las siguientes conclusiones: 1) Se prohíbe percibir simultáneamente remuneración e indemnizaciones. No se excluye ningún tipo de indemnización de la que pueda ser beneficiario el funcionario o servidor. 2) Sólo es admisible la percepción simultánea de ingresos por función docente y las dietas derivadas de un directorio de entidad o empresa pública. 3) La prohibición no se limita a las remuneraciones, sino incluye también, dietas o bonificaciones. 4) La única excepción a la prohibición está dada para la función docente y de salud.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el Artículo 69 Constitucional, manda: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar SIN LUGAR un recurso de apelación y confirmó la Sentencia Interlocutoria, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016); con relación a la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS); por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; cabe OTORGAR el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito; a fin de que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dicte resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0829-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación y confirmó la Sentencia Interlocutoria, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016); con relación a la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS). Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representado, los derechos consignados en los Artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha once (11) de mayo de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, interponiendo Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS), solicitando: que se decreta la ilegalidad y nulidad de dicho acto administrativo, y el pago de prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir. (Folios 1–76 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado dictó Sentencia en fecha tres (3) de mayo de dos mil doce (2012), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 11-C-2010 de fecha 30 de Abril del 2010, emitido por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS), organismo adscrito a la Secretaria del Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, por medio del cual se canceló por cesantía al demandante SEGUNDO: Anular el acuerdo de cancelación número 11-C-2010 TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve Condenar al Estado de Honduras específicamente a PRONADERS (FONADERS), adscrita a la Secretaria de Agricultura y Ganadería al pago de sus prestaciones laborales así como el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme tal como lo establece el artículo 129 constitucional y por así solicitarlo la demandante, así como también al pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder…”. (Folios 349–352 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil quince (2015), compareció ante dicho Juzgado, el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en representación de la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, presentando la liquidación final de sentencia relacionada en el numeral anterior; a lo que, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado antes referido, dictó Sentencia Interlocutoria, mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el incidente de liquidación de sentencia correspondiente a las prestaciones laborales y como indemnización los salarios dejados de percibir.- SEGUNDO: Aprobar la presente liquidación de sentencia en la suma de UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 (L 1,074,578.10) en concepto de prestaciones laborales y como indemnización los salarios dejados de percibir.- TERCERO: Contra el presente fallo interlocutorio cabe el recurso de apelación…”. (Folios 491 y 611–613 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de apoderado legal del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó Sentencia en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, actuando en su condición de Representante Procesal del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS). SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha ocho (08) de junio de dos mil dieciséis (2016), emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, y que corre a folios del número seiscientos once (611) al número seiscientos trece (613) de la primera pieza de autos.” (Folios 19–28 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 5) Que el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, compareció ante este Tribunal en fecha uno (1) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–14 y 44 de la presente Recurso)- 6) Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 47–55 del presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación y confirmó la Sentencia Interlocutoria, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016); con relación a la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS).- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición del Recurso de Amparo, fundamentalmente en que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sobrepaso sus facultades que como juzgador le competen violando derechos constitucionales; consignados en el Artículo 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, cuando la sentencia del A-Quem no aplica las normas generales de presupuesto que manda que los servidores públicos que habiendo sido cancelados hubieren demandado a la institución en la que laboraron, durante el tiempo en que esté en proceso y pendiente de sentencia podrán laborar bajo la forma de contratación temporal, en cualquier institución del sector público. En el caso de una sentencia definitiva, en que el Estado fuere condenado a la indemnización o reintegro con el pago de daños y perjuicios de salarios dejados de percibir, los salarios recibidos por el contrato durante la secuela del juicio formarán parte de la cuantificación de la indemnización de salarios dejados de percibir fijados en la sentencia condenatoria, en consecuencia, formarán parte de la liquidación de pago definitiva que se haga efectiva al contratado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” Siendo que las cantidades percibidas por la demandante durante el tiempo que laboro en dicho proyecto, ya que este tiempo fue remunerado por el mismo Estado.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que básicamente el asunto que se trae a consideración de la Sala de lo Constitucional, es definir si la sentencia de un recurso de Apelación, acarrea la inaplicabilidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación y confirmó la Sentencia Interlocutoria, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016); con relación a la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS).- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, sin embargo debemos entender que esta obligación tiene que ser dentro de la legalidad; y esta Sala es la interprete ultima de la Constitución .- CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, vigente al momento de dictarse la sentencia recurrida; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018); se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión que la disposición presupuestaria supone que el trabajador pague de su salario, una indemnización de la cual ha sido beneficiado, provocando un menoscabo directo a un Derecho Adquirido Constitucional, tutelado por la Constitución de la Republica; y, por las Normas Internacionales del Trabajo.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 258 Constitucional establece: “Tanto en el Gobierno Central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones.” Es decir, la constitución prohíbe la doble percepción de ingresos en la Administración Pública.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, nos lleva a las siguientes conclusiones: 1) Se prohíbe percibir simultáneamente remuneración e indemnizaciones. No se excluye ningún tipo de indemnización de la que pueda ser beneficiario el funcionario o servidor. 2) Sólo es admisible la percepción simultánea de ingresos por función docente y las dietas derivadas de un directorio de entidad o empresa pública. 3) La prohibición no se limita a las remuneraciones, sino incluye también, dietas o bonificaciones. 4) La única excepción a la prohibición está dada para la función docente y de salud.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el Artículo 69 Constitucional, manda: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar SIN LUGAR un recurso de apelación y confirmó la Sentencia Interlocutoria, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, en fecha ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016); con relación a la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, promovida por la señora KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS); por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; cabe OTORGAR el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito; a fin de que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dicte resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0829-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional