Sentencia AA-785-18 — Registro 11478
Resumen
Sentencia declaró nulidad absoluta del fallo dictado por juzgado de primera instancia en demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reintegro y pago de salarios dejados de percibir con los incrementos salariales promovida contra recurrente; en apelación se concluyó que es evidente la falta de motivación del fallo pues ha omitido reconocer elementos de hechos necesarios para justificar la aplicación de la ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declaró la nulidad absoluta de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con Sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de setiembre de dos mil dieciséis (2016); además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ALONSO CHACON VALLADARES a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha once (11) de septiembre dos mil dieciocho (2018), que declaró la nulidad absoluta de la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta (30) de setiembre de dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda promovida por el Señor RONALD AMAURY MARADIAGA RODRIGUEZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada el derecho consignado en el Artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Señor RONALD AMAURY MARADIAGA RODRIGUEZ, actuando en condición propia y confiriendo poder en el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, interponiendo Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en Materia Personal por no ser conforme a derecho.- Declarar la ilegalidad del mismo por infringir el ordenamiento jurídico, por exceso y desviación de poder. Reconocimiento de una situación jurídica individualizada por despido ilegal e injusto. Y como medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, se ordene mediante sentencia definitiva el reintegro al cargo que ocupaba al momento de ser despedido, pago de los salarios dejados de percibir con los incrementos salariales. - (Folios 1–8 de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), el citado Juzgado, dictó Sentencia mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Acción promovida por el señor RONALD AMAURY MARADIAGA RODRIGUEZ en virtud de ajustarse a Derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el acuerdo de despido NO.0002 de fecha 22 de marzo del 2013, emitido por LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE.-” (Folios 161–166 de la Pieza del A-Quo) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en representación del Señor RONALD AMAURY MARADIAGA RODRIGUEZ, la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dictó Sentencia en fecha once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016) emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal con orden de ingreso Número 0801-2013-00144, de la demanda promovida por el señor RONAL AMAURY MARADIAGA RODRIGUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del HOSPITAL ESCUELA.” (Folios 14–20 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que el Abogado LUIS ALONSO CHACON VALLADARES, compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–8 y 41 del presente Recurso) 5) Que en fecha cuatro (04) de abril de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en virtud que la resolución recurrida no vulnera el derecho constitucional invocado por el recurrente.” (Folios 44–47 del presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado LUIS ALONSO CHACON VALLADARES a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de septiembre dos mil dieciocho (2018), que declaró la nulidad absoluta de la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta (30) de setiembre de dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda promovida por el Señor RONALD AMAURY MARADIAGA RODRIGUEZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos interposición y formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente en que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sobre paso sus facultades que como juzgador le competen violando derechos constitucionales; consignados en el Artículo 82 de la Constitución de la República, cuando la sentencia del A-Quem reforma preceptos legales ya que el A-Quo, dictamino su resolución conforme a derecho; y, el A-Quem no se pronunció respecto a sus medios de prueba documentales, por lo que consideran pronunciamiento de gran importancia. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha cuatro (04) de abril de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en virtud que la resolución recurrida no vulnera el derecho constitucional invocado por el recurrente.” CONSIDERANDO SEIS (6): Que básicamente el asunto que se trae a consideración de la Sala de lo Constitucional, es definir si declaración de la nulidad absoluta de una sentencia mediante un recurso de Apelación, acarrea la inaplicabilidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de septiembre dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda promovida por el Señor RONALD AMAURY MARADIAGA RODRIGUEZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, sin embargo debemos entender que esta obligación tiene que ser dentro de la legalidad; y esta Sala es la interprete ultima de la Constitución . CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, vigente al momento de dictarse la sentencia recurrida; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha once (11) de septiembre dos mil dieciocho (2018); se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión que es evidente la falta de motivación de la sentencia, pues ha omitido reconocer los elementos de hechos necesarios, para justificar la aplicación concreta de ley; concluyendo el Juez de Primera Instancia de una manera vaga y general; por lo que se consideró procedente anular la sentencia conocida en apelación, por apreciarse infracción procesal evidene. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o mas allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declaró la nulidad absoluta de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con Sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de setiembre de dos mil dieciséis (2016); además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0785-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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