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Sentencia AA-766-20 — Registro 11545

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia conocida por cuestión de competencia por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra la resolución por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), que declaró inadmisible una impugnación interpuesta contra el aviso de cobro correspondiente al año dos mil dieciocho. Habiendo estimado la recurrente como violado los artículos 80 Y 96 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que el artículo 17 del Código Civil manda que no debe atribuirse a la Ley, otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. CONSIDERANDO (9): Que, atendiendo a las circunstancias anteriormente expuestas, se deduce que la desestimación del recurso interpuesto por el Quejoso, NO constituye una infracción de la garantía del debido proceso ni al derecho de defensa. Ha sido transcrita la fundamentación toral en la cual la alzada motiva su parecer, constituyendo ésta, una argumentación jurídica acorde con el principio de legalidad, por lo que lejos de vulnerar derechos fundamentales, es garante de un debido proceso, por lo que procede CONFIRMAR la sentencia que se ha consultado y que SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto por el recurrente.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia conocida por cuestión de competencia por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha ocho de junio de dos mil veinte, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S.A. (LACSA), contra la resolución por el SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), en fecha once de junio dos mil diecinueve, que declaró inadmisible una impugnación interpuesta contra el aviso de cobro correspondiente al año dos mil dieciocho, contra la Sociedad Mercantil denominada LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S.A. (LACSA). Habiendo estimado la recurrente como violado los artículos 80 Y 96 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el Departamento de Cobranza del Servicio de Administración de Rentas, mediante correo electrónico, envió aviso de cobro a la Sociedad Líneas Aéreas Costarricenses (LACSA). (Folio 38 de la pieza de los antecedentes). 2) En fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la Abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil Líneas Aéreas Costarricense (LACSA), presentó Impugnación contra el Aviso de Cobro, que se dejó relacionado en el numeral anterior. (Folios 41 al 44 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha once de junio de dos mil diecinueve, el Servicio de Administración de Rentas, a través de la Dirección de Grandes Contribuyentes, emitió resolución, en la cual resolvió: “Téngase como INADMISIBLE la presente solicitud de Impugnación contra Aviso de Cobro….” (Folio 37 de la pieza de antecedentes). 4) Que en fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, la Abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad Mercantil LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES, contra la resolución de fecha once de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).- En fecha cinco de septiembre del año dos mil diecinueve, la Sala se declaró incompetente para conocer del recurso de mérito, remitiendo las diligencias a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 5) En fecha ocho de junio del año dos mil veinte, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÓ: PRIMERO: SOBRESEER la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES, a favor de la Sociedad Mercantil LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S.A (LACSA). (Folios del 26 al 31 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 6) Que en fecha nueve de septiembre del año dos mil veinte, este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES, de conformidad a lo ordenado en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que la abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel nacional, e interpuso recurso de amparo, alegando que la resolución de fecha 11 de junio de 2019, ha vulnerado en perjuicio de su cliente, el derecho fundamental de defensa y la garantía del debido proceso, consagrados respectivamente, en los artículos 82 y 90 párrafo primero, de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que según expone la recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales se produce en el momento que el Servicio de Administración de Rentas (SAR), a través de su órgano delegado Dirección Regional de Grandes Contribuyentes, Coordinación de Recepción y Notificaciones de Tegucigalpa, de Tegucigalpa, en fecha once de junio de dos mil diecinueve, declaró inadmisible la solicitud de impugnación al aviso de cobro de fecha 20 de mayo de 2019, que por la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO CUARENTA VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS 51/100, le hiciera al recurrente LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, SOCIEDAD ANONIMA (LACSA). CONSIDERANDO (5): Que la alzada como motivación de su decisión jurisprudencial expone, entre otros, que: “…Estos procedimientos de cobro están regulados en el artículo 127 y siguientes del Código Tributario; y, entre ellos se encuentra la facultad de “Cobranza Persuasiva” regulada en el artículo 129 del Código Tributario, por la cual, previo al cobro judicial, la Administración Tributaria o la Administración Aduanera puede ejercer un cobro persuasivo, dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo establecido en la Ley para el pago del mismo, bajo las condiciones que este artículo establece. DECIMO: El recurrente en Amparo señala que la Administración Tributaria no ha realizado ningún proceso de verificación, fiscalización, comprobación o liquidación del crédito que se le está cobrando a través del aviso de cobro. Sin embargo, se observa de la autoliquidación (Declaración) realizada por LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, SOCIEDAD ANONIMA (LACSA) del Impuesto sobre la Renta y Activo Neto del año 2018, que dicho contribuyente, considera que debe arrastrar un crédito a su favor por la suma de QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 87/100 (L 502,279.87); En relación con esta Autoliquidación, la Administración Tributaria generé el aviso de cobro de fecha veinte (20) de mayo del dos mil diecinueve (2019), por la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 51/100 (L 548,024.51), que incluye los QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 87/100 (L.502,279.87) que LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, SOCIEDAD ANONIMA (LACSA) en su Autoliquidación había incluido como un crédito, y le suma las cantidades de TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 10/100 (L 30,817.10) Y de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS (L. 14,477.00) en conceptos de recargos e intereses. Lo que evidencia que, aunque el recurrente en Amparo señale que no hubo ningún proceso de verificación, fiscalización, comprobacion y liquidación del crédito en relación a la autoliquidación que presenté LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, SOCIEDAD ANONIMA (LACSA), de manera categérica se puede concluir que el Aviso de Cobro es una consecuencia de que la Administración Tributaria realizó una determinación de los tributos del mencionado contribuyente; es decir, SI EXISTIO UN ACTO DE DETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS DE LA SOCIEDAD LÍNEAS ABREAS COSTARRICENSES, SOCIEDAD ANONIMA (LACSA) REALIZADO POR AUTORIDAD TRIBUTARIA(diferente a la declaración de cantidad que presento el contribuyente originalmente), si este acto de Determinación de los Tributos no existiera, nunca se habría generado dicho aviso de cobro. El artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que los actos y entidades de la Administracién Publica están Sujetos a esta ley cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares; por lo que es claro para este Tribunal Constitucional que el acto administrativo de la Administracién Tributaria de Determinación del Impuesto sobre la Renta y Activo Neto del año 2018 de la sociedad LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, SOCIEDAD ANONIMA (LACSA), es un acto administrativo sujeto a la Ley de Procedimiento Administrativo y al Código Tributario, pues de acuerdo a las pretensiones del amparista, limita el derecho de dicha sociedad mercantil al determinar una obligación tributaria a su cargo. Pero, el amparista señala como acto impugnado la providencia que declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto contra resolución que rechaza la impugnación contra el aviso de Cobro en efecto, el Aviso de Cobro Solamente es una acción de Cobranza persuasiva es decir, este aviso no es el acto que determina la obligación reclamada por la Administración Tributaria. Sería ilusoria y sin sentido una resolución de un Tribunal constitucional que declarase ilegal una acción de cobranza persuasiva que es un simple cobro, si subsiste el acto que determina la obligación tributaria que el acto que tácitamente está limitando el derecho del contribuyente de un sobre un procedimiento. DECIMO PRIMERO: Los procedimientos de determinación de los tributos están sujetos al principio de legalidad que predomina en el Código Tributario con derecho a impugnar las resoluciones emitidas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), la Superintendencia Tributaria Aduanera, la Administración Tributaria y la Administración Aduanera, que les afecten, de acuerdo a lo establecido en dicha normativa tributaria y a obtener un pronunciamiento de las mismas en los plazos contenidos en el mencionado Código; además contra las resoluciones administrativas pueden recurrir en vía administrativa mediante los respectivos recursos y posteriormente si dicha resolución le afecta su derecho a acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si consideran que se les ha violentado un derecho. DECIMO SEGUNDO: El Principio de Definitividad del Acto reclamado en juicio en la acción de amparo supone, que el juicio de amparo solo procede contra actos definitivos, es decir aquellos respecto de los cuales no hay un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de revocarlo, anularlo o modificarlo; la justificación de este principio radica en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter Constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación de acuerdo a las diferentes aristas que le presenta la normativa tributaria, por lo que de conformidad a lo anterior, y en relación con lo establecido en el artículo 46 numeral 8 y párrafo último de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es meritorio SOBRESEER la acción de amparo planteada por la parte recurrente tiene acciones legales que ejercitar en la instancia administrativa orientando inexcusablemente conforme a las normas de la Le Sobre Justicia Constitucional, el sobreseimiento de esta acción…..” CONSIDERANDO (6): Que analizados los antecedentes, la Sala de lo Constitucional concluye que el thema decidendi en el presente caso es un tema de admisibilidad, y se determina que el caso que nos ocupa constituye un tema no susceptible de ser elevado al área de constitucionalidad por ser el acto impugnado, un acto emitido por una entidad que forma parte de los órganos del Poder ejecutivo, cuyas resoluciones y determinación deben ser, por mandato de la ley, conocidos previamente en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (7): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 17 del Código Civil manda que no debe atribuirse a la Ley, otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. CONSIDERANDO (9): Que atendiendo a las circunstancias anteriormente expuestas, se deduce que la desestimación del recurso interpuesto por el Quejoso, NO constituye una infracción de la garantía del debido proceso ni al derecho de defensa. Ha sido transcrita la fundamentación toral en la cual la alzada motiva su parecer, constituyendo ésta, una argumentación jurídica acorde con el principio de legalidad, por lo que lejos de vulnerar derechos fundamentales, es garante de un debido proceso, por lo que procede CONFIRMAR la sentencia que se ha consultado y que SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 95, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; ; 1, 2, 3 No.2; 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 196, 210 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil veinte, dictada por la Corte De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo Con Jurisdicción Nacional, que sobresee el recurso interpuesto por la abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES, a favor de LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S.A. (LACSA), contra la resolución fecha once de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), a través de su órgano delegado Dirección Regional de Grandes Contribuyentes, Coordinación de Recepción y Notificaciones de Tegucigalpa. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta bajo el número SCO-766-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL