Sentencia AA-764-18 — Registro 11593
Resumen
Acto recurrido que resolvió declarar sin lugar el reclamo, sin lugar la prescripción alegada y confirma la suspensión de veinte (20) días sin derecho a remuneración, que fuera decidida por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución de fecha 2 de mayo de 2017 en la que se declaró la existencia de responsabilidad disciplinaria de la recurrente en el cargo que ocupa como Juez de Letras, en perjuicio de la impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Por todo lo anterior, se advierte de las actuaciones de mérito que la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, se traduce en una vulneración a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa, dado que la misma no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico constitucional, al limitar dicha autoridad en forma indebida derechos fundamentales en perjuicio de la recurrente, al omitir pronunciarse sobre un medio probatorio admitido en el procedimiento y concluir en forma errónea e impropia la inexistencia de tal documento en el trámite que se instó.- XVI. En virtud de lo anteriormente establecido, analizados que han sido los antecedentes y la resolución objeto del recurso de amparo que nos ocupa, Esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una resolución arbitraria, incoherente y fundada en consideraciones erradas e irrazonables, lo que contraviene el principio de legalidad, el derecho de defensa y por ende la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso.- XVII. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, mediante la que se respeten debidamente los principios esenciales del proceso, seguido de una motivación clara, precisa, congruente y lógica y analizando en forma debida, razonable y conforme las reglas de la sana crítica y en forma integral y objetiva el conjunto de pruebas que ha sido aportado al proceso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SILVIA MERCEDES MENDOZA MONCADA a favor de SÍ MISMA, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha doce de enero del año dos mil dieciocho, que resolvió CONFIRMAR la suspensión de veinte (20) días sin derecho a remuneración, que fuera decidida por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución de fecha 2 de mayo de 2017 en la que se declaró la existencia de responsabilidad disciplinaria de la recurrente en el cargo que ocupa como Juez de Letras de la Sección de Choluteca, Departamento de Choluteca.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dos (2) de junio del año dos mil diecisiete (2017), la Abogada SILVIA MERCEDES MENDOZA MONCADA, compareció ante el Consejo de la Carrera Judicial, presentando reclamo contra una resolución administrativa que declaraba responsabilidad disciplinaria en su contra, suspendiéndola del cargo de Juez de Letras de la Sección Judicial de Choluteca por el término de veinte (20) días sin derecho a remuneración. (Folio 1 al 5 de la pieza del Consejo de la Carrera).-2) Que en fecha doce (12) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el Consejo de la Cerrera Judicial RESOLVIÓ: (sic) “…PRIMERO: CONFIRMAR la suspensión de veinte (20) días sin remuneración, realizada a la Juez de Letras Departamental de Choluteca Abogada SILVIA MERCEDES MENDOZA MONCADA, por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de fecha 02 de mayo de 2017, en consecuencia, SE DECLARA SIN LUGAR EL RECLAMO PLANTEADO. SEGUNDO: Declara sin lugar la Prescripción alegada…” (Folio 213 al 217 de la pieza del Consejo de la Carrera).-3) Que en fecha quince (15) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada SILVIA MERCEDES MENDOZA MONCADA, interpuso ante esta Sala de lo Constitucional, recurso de Amparo a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, de fecha doce (12) de enero del año dos mil dieciocho (2018) de la que se ha hecho mérito. -4) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen. (Folios 40 de la pieza de amparo).-5) Que con fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que se OTORGUE la acción de amparo interpuesta. (Folios 43 al 46 de la pieza de amparo).-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- I. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-2.- La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.-De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.-3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- 4.En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.d de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por el Consejo de la Carrera Judicial, entidad con autoridad en toda la República.-OBJETO DEL RECURSO.- I. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la resolución emitida por el referido Consejo de la Carrera Judicial, de fecha 12 de enero de 2018, la cual se denuncia ante esta Sala de ser violatoria de la garantía del debido proceso y el principio de supremacía de la Constitución.- II. La resolución que se impugna decidió la confirmatoria de una sanción impuesta a la Abogada SILVIA MERCEDES MENDOZA MONCADA por parte de la Presidencia de este Poder del Estado, consistente en una suspensión de VEINTE (20) días sin derecho a remuneración en el cargo de Juez de Letras Departamental de Choluteca, y como consecuencia de ello, se desestimó el reclamo presentado por la agraviada ante el Consejo de la Carrera Judicial como vía de subsanación.-La sanción fue impuesta mediante resolución de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 2 de mayo de 2017. – III. En su confirmatoria, el Consejo de la Carrera Judicial Tribunal de Alzada, consideró que la funcionaria judicial fue responsable del retardo en la tramitación de un proceso penal que le fue asignado en su condición de juez, al no sancionar la falta cometida por la receptora del Despacho, quien fue la que causó el retraso en la agilización del proceso.-Entre sus consideraciones, el referido Consejo estableció que no obstante que se sostuvo que el retraso en la citación del imputado en el asunto de mérito se debió a que no se contaba con un vehículo para llevar a cabo tal diligencia, esta circunstancia no se hizo constar por escrito, incurriendo la jueza en una “omisión de los asuntos de su cargo”, según se concluyó en la resolución que se impugna por vía de amparo.-ALEGACIONES DE LA RECURRENTE.-1. El argumento central de la recurrente ante esta Sala fue que la sanción disciplinaria aplicada resultó excesiva, en tanto que, al consistir sus acciones en “errores involuntarios” los mismos debieron ser considerados como una falta leve, cuya sanción según la ley, conlleva a una amonestación verbal y no la suspensión en el cargo sin derecho a remuneración, como fue el caso. La recurrente argumentó que no fue considerado el hecho que como funcionaria judicial no ha sido objeto de sanciones disciplinarias previas por falta administrativa alguna.- 2. La recurrente señaló además que la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, ente que llevó a cabo el trámite disciplinario establecido en la ley, recomendó a la Presidencia de este Poder del Estado que fuese sancionada con una amonestación verbal, atendiendo al hecho que se consideró su actuar como una falta leve, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de la Carrera Judicial.-RAZONAMIENTO DE LA SALA.- I.- Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.-II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, requiere que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan.- III. Como lo ha entendido esta Sala y así ha sido también establecido en la jurisprudencia interamericana en torno a la interpretación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el debido proceso atañe a cualquier autoridad pública, sea ésta administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones decida sobre derechos y obligaciones de las personas, por ende, no se circunscribe únicamente a la materia penal.- IV Así entonces, y como lo ha declarado a su vez esta Sala en reiterada jurisprudencia, el debido proceso se encuentra enlazado con otros derechos, y supone la garantía de toda persona, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, el de acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual exige a las autoridades del Estado el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, que implica el debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.- V. Bajo estos lineamientos, la Sala ha sostenido también que el derecho a la prueba comprende la potestad que tienen las partes para valerse de los medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional con respecto a lo que se disputa en el proceso, y es del criterio que, en el ámbito procesal, el derecho a la prueba es un derecho esencial de las partes, y como tal, debe ser objeto de especial tutela por los tribunales de justicia, y a su vez por los entes encargados de la resolución de los procesos, quienes como garantes de sus principios rectores, deben asegurar primordialmente su efectividad, garantizando su máxima vigencia dentro de los procedimientos.- VI. Al respecto, esta Sala asiente con lo dicho por el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que si bien el derecho a la prueba no puede concebirse como un derecho ilimitado, las restricciones que se impongan al mismo deben acomodarse a las exigencias y condiciones impuestas en la normativa procesal, y no obstante que la valoración de su pertinencia corresponde a los tribunales de instancia, ello debe entenderse sin perjuicio de su control o revisión en las instancias superiores cuando así proceda, y atendiendo a su relevancia constitucional, debe incluirse aquí al recurso de amparo.[1]- VII. En tal virtud, resulta innegable para esta Sala que las formalidades del proceso deben ser respetadas al momento de determinar la pertinencia o no de las pruebas propuestas por las partes, y en este sentido, la inadmisión de la prueba debe ceñirse de manera estricta a las estipulaciones de ley.- Esta Sala ha declarado que la decisión de rechazar un medio probatorio, fuera de los casos establecidos en la ley, conlleva a una violación a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa cuando el rechazo impropio de la prueba conlleve a la indefensión de una de las partes en el proceso.- VIII. Dicho lo anterior, resultaría evidente entonces que si el rechazo indebido y arbitrario de un medio probatorio comporta las violaciones a los derechos a los que hacemos alusión, la ausencia de valoración de un medio de prueba admitido en un proceso debe traer a su vez equivalentes consecuencias. -Claro está que ello no implica una negación a la libre valoración de la prueba por parte de juez o autoridad, lo que decimos es que, si un medio de prueba es admitido y por ende entra a formar parte del acervo probatorio dentro de un proceso, el mismo debe estar sujeto a examen, y en su motivación, la autoridad deberá determinar si el medio de prueba ha sido o no eficaz para lograr su convencimiento.-IX. Este resulta ser el caso en el asunto que nos ocupa, en tanto que, según se advierte de los antecedentes de mérito, en el trámite fue propuesto por la recurrente un medio de prueba documental, que incluyó una constancia extendida por la Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca (F10 pieza del CCJ), en el que se establece que los Juzgados de Letras Primero y Segundo Departamental de Choluteca no tenían vehículo asignado para realizar diligencias fuera del tribunal y que no fue sino hasta el 1 de octubre del año 2016 que les fue asignado un vehículo por parte del Poder Judicial.-De tal manera que, no obstante que la autoridad recurrida admitió y evacuó un documento extendido por una funcionaria pública, y que el mismo formó parte del acervo probatorio en el procedimiento de reclamo instado por la impetrante, éste no fue objeto de valoración por parte del Consejo de la Carrera Judicial, y esto más, en su fallo, el ente judicial concluyó (F 215 v.) que la reclamante no había acreditado por escrito el hecho de no tener vehículo para realizar la citación del imputado en el proceso objeto de la sanción, llegando inclusive a una errónea e impropia conclusión al declarar que debió haberse (sic) “…establecido constancia que acreditara estos extremos…”, cuando claramente se incorporó un documento que así lo establecía, el cual fue ignorado por el ente administrativo, al no emitir ningún pronunciamiento sobre el mismo, a pesar de haberlo admitido y evacuado como medio probatorio documental, en la audiencia de trámite de fecha 8 de agosto de 2017 (F 209 CCJ).- X. .En los procedimientos de instancia, a esta ausencia de valoración se lo ha denominado o conocido usualmente como un error en la valoración de la prueba. Este desacierto por parte de la autoridad recurrida ha significado sin duda a una flagrante afectación a la garantía del debido proceso en perjuicio de la quejosa, pues no solo se ha desconocido un medio probatorio previamente admitido y evacuado conforme a ley, sino que se ha manifestado un hecho impropio en la resolución impugnada, al concluirse la inexistencia de un documento que fue admitido y evacuado, lo que ha provocado una limitación indebida del derecho que asiste a la recurrente de ser oída en el proceso al que se sometió con las debidas garantías.- XI. Esta Sala ha dicho en pasadas decisiones que para que se produzca una situación de indefensión, debe tratarse inter alia, de una privación real, efectiva y actual de los medios de alegación o prueba e imputable exclusivamente de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, es decir, no provocada ni consentida por el afectado con algún tipo de pasividad, impericia o negligencia. XII. Esta Sala advierte entonces que, con este proceder, el Consejo de la Carrera Judicial ha provocado una situación de indefensión en perjuicio de la recurrente, derivada de la ausencia de valoración de una prueba legalmente admitida, lo que a su vez implica una transgresión a la garantía del debido proceso como ya queda dicho.- XIII. -Esta Sala ha sostenido[2] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. La congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados[3].XIV. Que como ya se ha establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado.- XV. Por todo lo anterior, se advierte de las actuaciones de mérito que la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, se traduce en una vulneración a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa, dado que la misma no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico constitucional, al limitar dicha autoridad en forma indebida derechos fundamentales en perjuicio de la recurrente, al omitir pronunciarse sobre un medio probatorio admitido en el procedimiento y concluir en forma errónea e impropia la inexistencia de tal documento en el trámite que se instó.- XVI. En virtud de lo anteriormente establecido, analizados que han sido los antecedentes y la resolución objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una resolución arbitraria, incoherente y fundada en consideraciones erradas e irrazonables, lo que contraviene el principio de legalidad, el derecho de defensa y por ende la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso.- XVII. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, mediante la que se respeten debidamente los principios esenciales del proceso, seguido de una motivación clara, precisa, congruente y lógica y analizando en forma debida, razonable y conforme las reglas de la sana crítica y en forma integral y objetiva el conjunto de pruebas que ha sido aportado al proceso.-PARTE RESOLUTIVA: POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SILVIA MERCEDES MENDOZA MONCADA a favor de SÍ MISMA, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha doce de enero del año dos mil dieciocho; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0764-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Como lo refiere JUAN PICÓ I JUNOY, citando al TCE en Las garantías constitucionales del proceso, Bosch Editor, Barcelona, 2012
[2] AP 259-12
[3] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Pags. 54-55