Sentencia AA-748-17 — Registro 13287
Resumen
Resolución que declaro con lugar Recurso de Revisión interpuesto contra impetrante, en virtud de no haber dado respuesta a solicitud de información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública, ordenando la apertura de expediente sancionatorio contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Instituto de Acceso a la Información Publica basa su resolución en que, en el presente caso, se pudo comprobar que el Ministerio Publico; no dio respuesta a la solicitud de información solicitada por la Licenciada WENDY CAROLINA FUNES GODOY, quien actúa en su condición personal; contra EL MINISTERIO PUBLICO. Por lo que entre otras cosas resolvió la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor público responsable de la falta de entrega en tiempo de la información solicitada por el recurrente. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recursos judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido. CONSIDERANDO ONCE (11): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. CONSIDERANDO DOCE (12): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración al debido proceso, al proceder a ordenar un proceso sancionatorio, sin antes pronunciarse sobre los puntos alegados por el recurrente en amparo. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso"
Legislación citada
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 89, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia. Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR a favor del Ministerio Público contra la Resolución N°SE 015-2017, dictada por el Instituto de acceso a la información pública (IAIP) en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) que resolvió un recurso de revisión promovido por la Licenciada WENDY CAROLINA FUNES GODOY, contra el MINISTERIO PÚBLICO.- Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en el Artículos 80, 82, 89 y 303 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante esta Sala el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, interponiendo acción de Amparo a favor su representado el MINISTERIO PÚBLICO, en contra de la Resolución N°SE 015-2017, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017). 2) Que una vez admitido el recurso de mérito en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) esta Sala libró comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de un (01) día hábil remita las diligencias del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio-la de la pieza de amparo) 3) Que en fecha seis (06) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) esta Sala tuvo por recibido los antecedentes de mérito del Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del MINISTERIO PUBLICO, en el cual se contiene la resolución N° SE-015-2017, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), en el cual se RESUELVE: "PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la Licenciada WENDY CAROLINA FUNES GODOY, quien actúa en su condición personal; contra EL MINISTERIO PUBLICO, en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 2·1 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBlICA.- SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporáneo a la Recurrente la información remitida por el MINISTERIO PÚBLICO, en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016); haciendo énfasis que la recurrente no presento manifestación de conformidad o no, de la información remitida por parte de la institución obligada.- TERCERO: Que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por la Recurrente, conforme al REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, contenido en el Acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014,CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; 41 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública la misma quedará firme con los efectos pertinentes.- QUINTO: Extiéndase Certificación íntegra de esta Resolución a los interesados en vez que acrediten la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme al Artículo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION (CNA), para los efectos legales correspondientes…" 4) Que habiéndose concedido la vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente para que formalizara su acción, la Sala en fecha nueve (9) de abril del año dos mil dieciocho (2018) tuvo formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo (Folio 23 de la pieza de amparo) 5) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Abogado JAUN CARLOS SANCHEZ VILLLALOBOS, en su condición de Fiscal del Despacho en el cual SE ABTIENE de emitir dictamen en el recurso de amparo interpuesto, por ser el Ministerio público parte directa en las diligencias al ser evidente en su interés directo en las mismas. - (Folio 26 al 27 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR a favor del MINISTERIO PÚBLICO se dirige contra la Resolución N°SE 015-2017, dictada por el Instituto de acceso a la información pública (IAIP) en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) que resolvió un recurso de revisión promovido por la Licenciada WENDY CAROLINA FUNES GODOY, contra el MINISTERIO PÚBLICO. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que se puede apreciar que resulta evidente que se ha vulnerado el debido proceso determinado por la autoridad recurrida, pues el acto reclamado no solo omite dar una respuesta adecuada a la petición planteada por el solicitante, sino que además desconoce la adecuación a los plazos legales por parte de las autoridades, responsables del Ministerio Público. Así como el fundamento de la denegatoria conforme a la norma especial; ya que el Señor Fiscal General de la Republica, atendiendo al derecho de petición de la solicitante, autorizó la entrega de la información en tanto en cuanto, dicha autorización se enmarcara en los Artículos 101 y 207 del Código Procesal Penal, es decir que no se comprometiera con la información solicitada el éxito de las investigaciones. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Abogado JAUN CARLOS SANCHEZ VILLLALOBOS, en su condición de Fiscal del Despacho en el cual SE ABTIENE de emitir dictamen en el recurso de amparo interpuesto, por ser el Ministerio público parte directa en las diligencias al ser evidente en su interés directo en las mismas. ERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Instituto de Acceso a la Información Publica basa su resolución en que, en el presente caso, se pudo comprobar que el Ministerio Publico; no dio respuesta a la solicitud de información solicitada por la Licenciada WENDY CAROLINA FUNES GODOY, quien actúa en su condición personal; contra EL MINISTERIO PUBLICO. Por lo que entre otras cosas resolvió la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor público responsable de la falta de entrega en tiempo de la información solicitada por el recurrente. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recursos judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido. CONSIDERANDO ONCE (11): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. CONSIDERANDO DOCE (12): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración al debido proceso, al proceder a ordenar un proceso sancionatorio, sin antes pronunciarse sobre los puntos alegados por el recurrente en amparo. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 62, 89, numeral 1) y 90 de la Ley del Tribunal Superior de cuentas; 133, 156 y 157 de su Reglamento, FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se le restituyan los derechos al MINISTERIO PÚBLICO, rehabilitando su derecho al debido proceso; sin perjuicio que el Instituto de acceso a la información pública (IAIP), dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República. Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0748-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.