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Sentencia AA-731-19 — Registro 11538

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo a favor de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, contra la resolución administrativa No.SO-056-2019, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 70 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso Al procedimiento administrativo sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra la resolución administrativa No.SO-056-2019, de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 70 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, interponiendo acción de amparo a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra la resolución administrativa No.SO-056-2019, de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), que ordenó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a través de su Presidenta, la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, a realizar la entrega inmediata en el formato en que se encontrara disponible la información solicitada referente a la copia de la versión final del Proyecto de Ley del Instituto de Previsión Social de los Trabajadores Universitarios (IPU), remitido mediante oficio CI-INPREUNAH No.256-2016 de fecha 10 de noviembre de 2016, por miembros de la Comisión Interventora del INPREUNAH, además de las observaciones al mismo por parte de dicha comisión; en el recurso de revisión presentado por la señora LUISA MARÍA CRUZ, en su condición de Pro Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ADUNAH), contra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por la presunta denegatoria de información, según el expediente administrativo No.027-2017-R. 2) Que en fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, este alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, ordenándose librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro el plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 50 del amparo) 3) Que en fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, ésta sala tuvo por recibido el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, que contiene el expediente No.027-2017-R, del cual se desprende la resolución No.SO-056-2019, objeto del presente recurso, de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), misma que en su parte conducente resolvió: PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la señora LUISA MARIA CRUZ, quien actúa en su condición de PRO SECRETARIA de la JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (ADUNAH), contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en virtud de que existió denegatoria parcial a la solicitud de información presentada en fecha seis (06) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), en relación a lo establecido en el REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su artículo 52 numeral. SEGUNDO: Que se tenga por contestado en tiempo y forma lo relativo a los numerales 1 y 2 de la solicitud de información referente a “Informe Actuarial del INPREUNAH, correspondiente a los años 2015 y 2016 (solicitado mediante oficio No.130-2016 JD-ADUNAH del 25 de agosto de 2016) y los informes de Auditoría Financiera y Administrativa Anual realizados al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, durante los años 2015-2016” ya que la información solicitada en estos numerales se encuentra clasificada como reservada, según resolución No.0013-2008 de fecha 13 de marzo de 2008, emitida por este Instituto. TERCERO: Se ordena a la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS a través de su PRESIDENTA, la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, a que haga entrega inmediata en el formato en que se encuentre disponible, la información solicitada referente a: “3-Copia de la versión final del Proyecto de Ley del Instituto de Previsión Social de los Trabajadores Universitarios (IPU), remito mediante oficio CI-INPREUNAH No.256-2016 de fecha 10 de noviembre de 2016, por miembros de la Comisión Interventora a la institución que usted preside y las observaciones al mismo por parte de la CNBS”. CUARTO: La presente resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los artículos 183 de la Constitución de la República; 41, 44, 47 y 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma quedará firme con los efectos pertinentes. QUINTO: (Folios 173-180 vuelto del antecedente) 4) Revisados que fueron los antecedentes del recurso de mérito y habiendo quedado pendiente de resolver la solicitud de suspensión del acto reclamado, esta Sala declaró la misma sin lugar, al constatar que el caso de autos no se ajusta a lo que estipula el Artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Por consiguiente, ordenó dar la vista por el término de cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalizara su petición. (Folio 57 del recurso de amparo) 5) En fecha siete de enero de dos mil veinte, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, al Abogado JOSÉ RENÉ RENDEROS HERNÁNDEZ, en su condición de Apoderado Legal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó al recurrente estarse a lo dispuesto por este Tribunal, en el auto de fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, visible a folio 57 del presente recurso, en consecuencia, se dispuso dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 71 del recurso de amparo) 6) Que esta Sala, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Del estudio de la resolución recurrida, y del análisis de los antecedentes, esta Representación Fiscal aprecia que la solicitud de información requerida por la amparista referente a: copia de la versión final del proyecto de Ley del Instituto de Previsión Social de los Trabajadores Universitarios (IPU), no fue entregada por la entidad obligada, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), aun cuando no se encuentra clasificada como reservada por parte del Instituto de Acceso a la Información de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone: Artículo 1:”Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al accedo a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.” Artículo 2. OBJETIVOS DE LA LEY: Son objetivos de esta Ley establecer los mecanismos para: …6. Garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información pública y el respeto a las restricciones de acceso en los casos de: a) Información clasificada como reservada por las entidades públicas conforme a esta ley. Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 6) Información Reservada: La información pública clasificada como tal por esta Ley, la clasificada como de acceso restringido por otras leyes y por resoluciones particulares de las instituciones del sector público. Artículo 17.CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA: Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley sobre secretividad de datos y procesos y confidencialidad de datos personales y de información entregada por particulares al Estado bajo reserva; la clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: 1) La seguridad del Estado; 2) La vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Habeas Data; 3) El desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación o persecución de los delito o de la impartición de justicia; 4) El interés protegido por la Constitución y las leyes; 5) La conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales; y 6) La Estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad. En apego al contenido de esta normativa es que el denunciante acudió a éste organismo público a ejercer su derecho de acceso a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas, que al tener del artículo 4 y 14, están obligadas a brindar toda la información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones establecidos en esta Ley, en ese sentido se aprecia que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) estaba en la obligación de entregar la información requerida por la peticionaria dentro del plazo establecido en la ley, lo cual, fue inobservado por la CNBS, ya que la información solicitada no fue proporcionada adecuadamente, al no encontrarse clasificada como reservada la información de la cual se ordenó su entrega mediante la resolución recurrida. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales alegadas por la recurrente en su petición de amparo. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneración a los derechos invocados por la amparista como transgredidos. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra la resolución administrativa No.SO-056-2019, de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en su escrito de interposición del Recurso de Amparo, que el acto impugnado no se encuentra conforme a derecho cuando los criterios de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuando pretende que se entregue información que el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, declaro en reserva. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, tuvo por evacuado el dictamen de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. ERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Instituto de Acceso a la Información Publica basa su resolución en que vista y analizadas las diligencias, se puede afirmar que dentro de los Acuerdos de clasificación de información pública como reservadas emitidos por ese Instituto bajo ResoluciónNo.001-2008 de fecha 13 de marzo de 2008, la información solicitada por la Recurrente, únicamente en los dos primeros puntos petitorios de la solicitud de información objeto de estudio, se encuentran clasificados como reservados. Sin embargo, la copia de la versión final del proyecto de Ley del Instituto de Previsión Social de los Trabajadores Universitarios (IPU), remitido mediante Oficio CI-INPREUNAH No. 256-2016, de fecha 10 de noviembre de 2016, por miembros de la Comisión Interventora a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; si posee el carácter de información pública. Información que no consta que fue entregada a la recurrente en el plazo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso Al procedimiento administrativo sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP) contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento administrativo de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que la Administración Pública ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión administrativa objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso administrativo, como declarar con lugar un recurso de revisión, en materia de acceso a la información pública, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.-. Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-731-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL