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Sentencia AA-616-19 — Registro 11765

Resumen

Resolución que decidió declarar sin lugar la defensa previa con relación a la demanda contencioso administrativa para que se declare la nulidad de un acto administrativo interpuesta contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."9): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha diez de abril de dos mil diecinueve, se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión que se observa que sobre la Resolución No. FGR-115-2014, no se interpuso recurso alguno, no obstante se alegó notificación defectuosa en el numeral cuatro de la demanda, por incumplir la administración pública, lo preceptuado en el Artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por ende o cabe declarar que la demanda se encuentra presentada fuera de plazo, haciendo la aclaración al incidentado que en ningún momento la Resolución 45-2015, agota la vía administrativa de la Resolución 115-2004, no obstante la administración pública, obvia los requisitos validos para notificar al administrado y de los que hace omiso de ellos, convirtiendo que la figura de la notificación defectuoso opere. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o mas allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar parcialmente con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha quince de junio de dos mil diecisiete; por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de abril de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de junio de dos mil diecisiete, con relación a la “DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR POR NO ESTAR DICTADO CONFORME A DERECHO Y HABER SIDO DICTADA EL MISMO CON FLAGRANTE ABUSO DE PODER E INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” interpuesto por el Abogado WALTER DANIEL CÁRCAMO LÓPEZ, en su condición de Representante Procesal de la señora KENIA ISABEL PAZ GUIFARRO, contra el MINISTERIO PÚBLICO, a través de su Representante Legal, el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, en su condición de Fiscal General de la República de Honduras. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado WALTER DANIEL CÁRCAMO LÓPEZ, en su condición de Apoderado Procesal de la señora KENIA ISABEL PAZ GUIFARRO, interponiendo “DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR POR NO ESTAR DICTADO CONFORME A DERECHO Y HABER SIDO DICTADA EL MISMO CON FLAGRANTE ABUSO DE PODER E INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…”, contra el Ministerio Público, a través de su Representante Legal, el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, en su condición de Fiscal General de la República de Honduras. (Folios 1-10 de la pieza principal) 2) En fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, presentando escrito de defensas previas, por considerar que la demanda incoada de la cual ya se ha hecho referencia en el numeral que precede, contiene causas de inadmisibilidad, como ser: no haber indicado con claridad el acto impugnado, por ser un acto que adquirió firmeza y consentimiento; y por haberse presentado la demanda fuera del plazo establecido. (Folios 1-4 vuelto de la pieza de defensas previas) 3)En fecha quince de junio de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, luego de haberse celebrado la audiencia de defensas previas, dictó auto resolutivo, mediante la cual dispuso: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la tercera defensa previa alegada consistente en QUE LA DEMANDA SE HUBIERE PRESENTADO FUERA DE LOS PLAZOS RESPECTIVOS, Defensa Previa alegada por la parte incidentista (demandada), por existir las causas de inadmisibilidad alegada. SEGUNDO: En consecuencia, se declara la inadmisibilidad de la presente acción. TERCERO: Contra el presente auto resolutivo se podrá interponer el recurso de apelación ante este juzgado dentro del término de diez días hábiles siguientes al de la notificación. (Folios 19-23 de la pieza de defensas previas) 4) La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo relacionado en el numeral que precede, por parte de la Abogada AIDA CAROLINA SIERRA TORRES, en su condición de Representante Procesal de la señora KENIA ISABEL PAZ GUIFARRO, en fecha diez de abril de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, dictó sentencia en donde falló: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, por la abogada AIDA CAROLINA SIERRA TORRES, en su condición de apoderada legal de la señora KENIA ISABEL PAZ GUIFARRO. SEGUNDO: REFORMAR la sentencia de defensas previas en el siguiente sentido: a) Se revoca el numeral primero y por ende se desestima la defensa previa consistente en la que ha expirado el plazo para la presentación de la demanda. b) Se confirma de la resolución del A-quo las defensas previas consistentes en que el acto es un acto firme, así como que la demanda adolece de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, sobre el auto resolutivo de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, por ende se ordena se continúe con el proceso. (Folios 9-15 del expediente del Ad-quem) 5) Que en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, relacionada en el numeral que antecede, por considerar que es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-4 de la pieza de Amparo) 6)En fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, al Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, asimismo, en cuanto a la solicitud de suspensión del acto recurrido, se le ordenó al recurrente estarse a los dispuesto por este Tribunal, en el auto de fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve (f-20), recaído en el recurso de mérito, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dándole la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 26 de la pieza de amparo). 7) Que en fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, esta Sala tuvo por abstenida de emitir su dictamen Fiscal, a la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, asimismo, se desprende de su escrito, las consideraciones siguientes: “…se aprecia que el Ministerio Público es parte directa en la presente acción de amparo; en donde ya expuso su posición institucional en el caso de mérito, es por ello que a raíz de lo expuesto, en base al principio de objetividad y buena fe que rige el actuar de los funcionarios, en esta ocasión se ABSTIENE de emitir su pronunciamiento, pues como ya se indicó el Ministerio Público ya ha expresado mediante la interposición y formalización de la presente acción de amparo, la posición legal asumida con carácter institucional en el presente caso de mérito. CONCLUSIÓN: Por lo antes expuesto, el Ministerio Público SE ABSTIENE de emitir dictamen en la presente acción de amparo, con fundamento en los artículos 15, 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en fecha diez de abril de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de junio de dos mil diecisiete, con relación a la “DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR POR NO ESTAR DICTADO CONFORME A DERECHO Y HABER SIDO DICTADA EL MISMO CON FLAGRANTE ABUSO DE PODER E INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” interpuesto por el Abogado WALTER DANIEL CÁRCAMO LÓPEZ, en su condición de Representante Procesal de la señora KENIA ISABEL PAZ GUIFARRO, contra el MINISTERIO PÚBLICO, a través de su Representante Legal, el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, en su condición de Fiscal General de la República de Honduras. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente aduce, en sus escritos interposición y formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente en que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sobre paso sus facultades que como juzgador le competen violando derechos constitucionales; consignados en el los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ha limitado su decisión solamente a confirmar el fallo erróneo del A-Quo, que decidió declarar sin lugar la defensa previa relacionada con argumentos contradictorios pertenecientes a otro juicio o que no vienen al caso en el asunto que nos ocupa; y, aun y cuando, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo reconoce en su motivación, que contra el acto administrativo impugnado, no se interpuso recurso alguno, aún así no precedió a resolver lo que en derecho corresponde, alegatos realizados en su momento procesal oportuno, vulnerándose con eso, lea garantías fundamentales del Debido Proceso, así como, el Derecho de Defensa de su representada, conculcándose el principio de legalidad en contra su contra. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, quien señala: “en base al principio de objetividad y buena fe que rige el actuar de los funcionarios, en esta ocasión se ABSTIENE de emitir su pronunciamiento, pues como ya se indicó el Ministerio Público ya ha expresado mediante la interposición y formalización de la presente acción de amparo, la posición legal asumida con carácter institucional en el presente caso de mérito. CONCLUSIÓN: Por lo antes expuesto, el Ministerio Público SE ABSTIENE de emitir dictamen en la presente acción de amparo, con fundamento en los artículos 15, 37 de la Ley del Ministerio Público.” CONSIDERANDO SEIS (6): Que básicamente el asunto que se trae a consideración de la Sala de lo Constitucional, es definir si reformar una sentencia mediante un recurso de Apelación, acarrea la inaplicabilidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha diez de abril de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de junio de dos mil diecisiete, con relación a la “DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR POR NO ESTAR DICTADO CONFORME A DERECHO Y HABER SIDO DICTADA EL MISMO CON FLAGRANTE ABUSO DE PODER E INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” interpuesto por el Abogado WALTER DANIEL CÁRCAMO LÓPEZ, en su condición de Representante Procesal de la señora KENIA ISABEL PAZ GUIFARRO, contra el MINISTERIO PÚBLICO, a través de su Representante Legal, el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, en su condición de Fiscal General de la República de Honduras. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, sin embargo debemos entender que esta obligación tiene que ser dentro de la legalidad; y esta Sala es la interprete ultima de la Constitución . CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, vigente al momento de dictarse la sentencia recurrida; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha diez de abril de dos mil diecinueve, se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión que se observa que sobre la Resolución No. FGR-115-2014, no se interpuso recurso alguno, no obstante se alegó notificación defectuosa en el numeral cuatro de la demanda, por incumplir la administración pública, lo preceptuado en el Artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por ende o cabe declarar que la demanda se encuentra presentada fuera de plazo, haciendo la aclaración al incidentado que en ningún momento la Resolución 45-2015, agota la vía administrativa de la Resolución 115-2004, no obstante la administración pública, obvia los requisitos validos para notificar al administrado y de los que hace omiso de ellos, convirtiendo que la figura de la notificación defectuoso opere. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o mas allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar parcialmente con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha quince de junio de dos mil diecisiete; por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del ESTADO DE HONDURAS (MINISTERIO PÚBLICO); contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, que falla DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de abril de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de junio de dos mil diecisiete, con relación a la “DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR POR NO ESTAR DICTADO CONFORME A DERECHO Y HABER SIDO DICTADA EL MISMO CON FLAGRANTE ABUSO DE PODER E INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” interpuesto por el Abogado WALTER DANIEL CÁRCAMO LÓPEZ, en su condición de Representante Procesal de la señora KENIA ISABEL PAZ GUIFARRO, contra el MINISTERIO PÚBLICO, a través de su Representante Legal, el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, en su condición de Fiscal General de la República de Honduras. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición antes referida, en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS (MINISTERIO PÚBLICO). Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que la notificación defectuosa alegada ya surtió efectos legales en vía administrativa. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que, en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, cuando la autoridad recurrida concluye que la administración pública, obvia los requisitos válidos para notificar al administrado y de los que hace omiso de ellos, convirtiendo que la figura de la notificación defectuoso opere. Provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; más cuando se expresan criterios personales de desacuerdo o disconformidad con los actos reclamados, siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que disconformidad con los criterios observados sobre un tema, se considera mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por un Tribunal, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR,, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre y veinticinco de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-616-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL