Sentencia AA-536-19 — Registro 17456
Resumen
Resolución que declaro sin lugar recurso de apelación interpuesto por recurrentes en la Solicitud de Ocupación y Uso Temporal de dos (2) lotes de terreno, promovida por la Empresa Asociativa de Producción, argumentando impetrantes que no se trata de actos de expropiación; sino confiscatorios, siendo lo procedente el pago en efectivo, no en bonos como lo pretende el Consejo Nacional Agrario, la Sala Constitucional arriba a la conclusión que la decisión del Consejo Nacional Agrario quien actúa como Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones administrativas de este tipo es el único medio legalmente autorizado para hacer el pago de obligaciones contraídas frene a los particulares. Que lo anteriormente dicho emana de la interpretación de la resolución definitiva venida en aplicación que no es más que darle cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la resolución administrativa emitida por el la Resolución dictada por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación, interpuestos contra las Resoluciones nos. 042-2018 y 043-2018, dictadas por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018); señala que haciendo detenido análisis y estudio al Decreto Legislativo N.245-2011 de fecha 22 de diciembre de 2011, aplicable al presente caso de autos donde se deja claramente establecido que la Constitución de la República establece que la Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país destinada a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo, aumentando la producción y la productividad del sector agropecuario y que su ejecución es de necesidad e interés público preeminente ante los intereses de los participantes, y que el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO ha emitido resoluciones administrativas derivadas de la aplicabilidad del Decreto Legislativo N.18-2008; y, que se encuentra registrado a su favor en INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; y, virtud de lo mismo deviene en la obligación de pagar los valores contenidos en ellos por efecto de la expropiación decretada; el mismo decreto autoriza al poder ejecutivo para que a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas emita bonos especiales de la deuda agraria, medio de igual manera se pagarán las soluciones de conflictos jurídicos por la vía conciliatoria, es decir, bonos especiales de la deuda agraria, únicamente, no existe forma, medio o manera distinta esta para hacer pagos derivados de la aplicación del decreto legislativo N.18 - 2008, es el único medio legalmente autorizado para hacer el pago de obligaciones contraídas frene a los particulares. Que lo anteriormente dicho emana de la interpretación de la resolución definitiva venida en aplicación que no es más que darle cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional en 11 de Mayo de 2015 recaída en el expediente AA 637-2013 del 11 de Mayo de 2015 en recurso de amparo agrario recurrido por el recurrente y que fue amparado en cuanto a la modificación del avalúo practicado por virtud de la expropiación agraria lo cual fue repetido por el ad quo pero que no mandaba a modificación del forma o manera de pago, no encontrando en el acto administrativo recurrido alteración o violación a lo ordenado por el Supremo Tribunal, debiéndose en la obligación esta instancia a confirmar lo actuado y resuelto por el Instituto Agrario en todo su contenido. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación deposiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano administrativo comparta el criterio de una de las partes, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO DOCE (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Consejo Nacional Agrario quien actúa como Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones administrativas de este tipo; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 303 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: A) El Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, a favor del señor EPAMINONDAS MORENO ALVAREZ (SCO-0536-2019), y; B) El Abogado JOSE ADALBERTO MENDOZA DIAZ, a favor del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES (SCO-0537-2019); ambos recursos contra la Resolución dictada por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación, interpuestos contra las Resoluciones nos. 042-2018 y 043-2018, dictadas por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018); todo a causa de la Solicitud de Ocupación y Uso Temporal de dos (2) lotes de terreno, promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCIÓN “21 DE OCTUBRE”. Estimando los recurrentes, que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos consignados en los Artículos 61, 80, 82, 90, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veinte (20) de agosto de mil novecientos setenta y cuatro (1974), compareció ante las oficinas regionales del Instituto Nacional Agrario (INA), los miembros de la EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCIÓN “21 DE OCTUBRE”, interponiendo Solicitud de Ocupación y Uso Temporal de dos (2) lotes de terreno; misma que fue resuelta en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil diez (2010), mediante la Resolución No. 210-2010, en la cual se Resolvió: “PRIMERO: Determinar como justiprecio a pagar al Señor EPAMINONDAS MORENO la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 339,982.72) a razón de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 9,725.69) por hectárea, como indemnización justipreciada por el predio expropiado ubicado en jurisdicción del municipio de Zacapa, departamento de Santa Bárbara, que tiene una extensión superficial de TREINTA Y CUATRO HECTÁREAS MAS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS (34 Has. + 9,571.82 Mts2) equivalente a CINCUENTA MANZANAS MAS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y TRES VARAS CUADRADAS (50 Mzs. + 1,375.83 Vrs2) con las colindancias siguientes: AL NORTE: Compañía American Pacific, antes Rosario Resource Corporation; AL SUR: Eduardo Arcenio Pacheco Flores antes zona agrícola del municipio de Zacapa; AL ESTE: Compañía Rosario y Cementerio antes Rosario Resource Corporation; y, AL OESTE: Eduardo Arcenio Pacheco Flores; que se desprende de otro de mayor cabida; cuyo dominio se encuentra inscrito a favor del señor EPAMINONDAS MORENO en el Asiento No. 90 Tomo 534 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Bárbara; la que se pagará así: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 339,000.00) en Bonos Especiales Clase “A” de la Deuda Agraria, que devengarán el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortizaciones cada cinco (5) años, en cuotas similares por un periodo de diez (10) años a partir de la fecha de su colocación y NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 982.72)en efectivo. SEGUNDO: Entregar al Señor EPAMINONDAS MORENO los valores en efectivo y Bonos Especiales clase “A” de la Deuda Agraria mencionados en el numeral anterior…”. Así mismo, en la misma fecha dictó la Resolución No. 210-A-2010, mediante la cual se Resolvió: “PRIMERO: Determinar cómo justiprecio a pagar al Señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 156.818.59) a razón de NUENE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps.9,725.69) por hectárea como indemnización justipreciada por el predio expropiado, ubicado jurisdicción del municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara, que tiene una extensión superficial de DIECISÉIS HECTÁREAS MAS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PUNTO SESENTA Y UN METROS CUADRADOS (16 Has. + 1,241.61 Mts2) equivalente a VEINTITRÉS MANZANAS MAS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y UNA PUNTO NOVENTA Y UNA VARAS CUADRADAS (23 Mzs. + 1,261.91 Vrs2)con las colindancias siguientes: AL NORTE: Compañía American Pacific; AL SUR: Eduardo Arcenio Pacheco Flores; AL ESTE: Epaminondas Moreno; y, AL OESTE: Eva de Jesús Moreno Enamorado; que se desprende de otro de mayor cabida descrito en el inciso a),cuyo dominio se encuentra inscrito a favor del Señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES en el Asiento No.43 Tomo 351 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Bárbara; la que se pagará así: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.156,000.00) en Bonos Especiales Clase “A” de la Deuda Agraria, que devengarán el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortizaciones cada cinco (5) años, en cuotas similares por un periodo de diez (10) años a partir de la fecha de su colocación y OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 818.59) en efectivo.- SEGUNDO: Entregar al Señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES los valores en Efectivo y Bonos Especiales clase “A” de la Deuda Agraria mencionados en el numeral anterior; …”. (Folios 1-2v y 489-494 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), la citada Institución, tras los recursos de apelación resueltos de forma definitiva en fecha once (11) de agosto de dos mil quince (2015), dictó la Resolución No. 042-2018, mediante la cual Resolvió modificar: (SIC) “PRIMERO: Modificar el numeral PRIMERO y SEGUNDO de la Resolución No.055-2017 emitida en fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el que se leerá así: “PRIMERO: Determinar cómo justiprecio a pagar al señor EPAMINONDAS MORENO la cantidad de CINCO MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps.5,013,758.30) a razón de CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.100,000.00) por Manzana, como indemnización justipreciada por el predio expropiado que tiene un área de CINCUENTA MANZANAS MAS MIL TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y TRES VARAS CUADRADAS (50 Mzs. + 1,375.83 V2), equivalente a TREINTA Y CUATRO HECTAREAS MAS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS (34 Has., + 9,571.82 Mts2), con las colindancias siguientes: AL NORTE; Compañía American Pacific, antes Rosario Resource Corporation; AL SUR; Eduardo Arcenio Pacheco Flores antes zona agrícola del municipio de Zacapa; AL ESTE; Compañía Rosario y Cementerio antes Rosario Resource Corporation; y, AL OESTE: Eduardo Arcenio Pacheco Flores, ubicado en jurisdicción del municipio de Zacapa, departamento de Santa Bárbara, que se desprende de otro de mayor cabida, cuyo dominio se encuentra inscrito a favor del señor EPAMINONDAS MORENO en el Asiento No.90 del Tomo 534 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Bárbara. SEGUNDO: Deducir de la cantidad antes mencionada, la cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps.28,439.69) en concepto de gastos en que incurrió la Institución para la práctica del avalúo. Consecuentemente, pagar al señor EPAMINONDAS MORENO la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (Lps.4,985,318.61), la que se pagará así: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.4,985,000.00) en Bonos Especiales de la Deuda Agraria que devengaran el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortizaciones cada 5 años, en cuotas similares por un periodo de diez (10) años a partir de la fecha de su colocación y TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (Lps.318.61) en efectivo y al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) la cantidad de VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS (Lps.28,000.00) en Bonos Especiales de la Deuda Agraria, que devengaran el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortizaciones cada 5 años, en cuotas similares por un periodo de diez (10) años a partir de la fecha de su colocación y la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps.439.69) en efectivo.”.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR EL PAGO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A UNA INDEMNIZACIÓN POR EL TERRENO AFECTADO, presentado por el Abogado Amílcar Umanzor contreras, actuando como Apoderado Legal del señor EPAMINONDAS MORENO, en virtud que la forma de pago en el caso de mérito es en Bonos Especiales de la Deuda Agraria, los cuales devengaran una tasa de interés del cinco por ciento (5%) anual, pagadera anualmente a un plazo de diez (10) años, como lo dispone el Decreto Legislativo 245.2011.- TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN EFECTIVO, presentada por el Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, en virtud que la cantidad a pagar en efectivo no cubre el monto pactado como honorarios entre el Profesional del Derecho y su Poderdante.” Así mismo, en la misma fecha dictó la Resolución No. 043-2018, mediante la cual también se Resolvió modificar: (SIC) “PRIMERO: Modificar el numeral PRIMERO Y SEGUNDO de la Resolución No.056-2017 emitida en fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el que se leerá así: “PRIMERO: Determinar como justiprecio a pagar al señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES la cantidad de DOS MILLLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps.2,312,619.10) a razón de CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.100,000.00) por Manzana, como indemnización justipreciada por el predio expropiado que tiene un área de VEINTITRES MANZANAS MAS UN MIL DOSCIENTAS SESENTA Y UNA PUNTO NOVENTA Y UNA VARAS CUADRADAS (23 Mzs. + 1,261.91 V2), equivalente a DIECISEIS HECTAREAS MAS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PUNTO SESENTA Y UN METROS CUADRADOS (16 Has., + 1,241.61 Mts.2), con las colindancias siguientes: AL NORTE: Compañía American Pacific; AL SUR: Eduardo Arcenio Pacheco Flores; EL ESTE: Epaminondad Moreno; y, AL OESTE: Eva de Jesús Moreno Enamorado, ubicado en jurisdicción del municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara; que se desprende de otro de mayor cabida descrito en el inciso a), cuyo dominio se encuentra inscrito a favor del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES en el Asiento No.43 del Tomo 351 del registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Bárbara. SEGUNDO: Deducir de la cantidad antes mencionada, la cantidad de TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 13,152.65) en concepto de gastos en que incurrió la Institución para la práctica del avalúo. Consecuentemente, pagar al señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLROES la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTSO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CNCO CENTAVOS (Lps.2,299,466.45), la que se pagará así: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS (Lps.2,299,000.00) en Bonos Especiales de la Deuda Agraria, que devengaran el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortizaciones cada 5 años, en cuotas similares por un periodo de diez (10) años a partir de la fecha de su colocación y CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.466.45) en efectivo y, al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) la cantidad de TRECE MIL LEMPIRAS (Lps.13,000.00) en Bonos Especiales de la Deuda Agraria, que devengaran el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortizaciones cada 5 años, en cuotas similares por un periodo de diez (10) años a partir de la fecha de su colocación y la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.152.65) en efectivo.”.- SEGUNDO:DECLARAR SIN LUGAR EL PAGO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A UNA INDEMNIZACIÓN POR EL TERRENO AFECTADO, presentado por el Abogado José Adalberto Mendoza Díaz, actuando como Apoderado Legal del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES, en virtud que la forma de pago en el caso de mérito es en Bonos Especiales de la Deuda Agraria, los cuales devengaran una tasa de interés el cinco por ciento (5%) anual, pagadera anualmente a un plazo de diez (10) años, como lo dispone el Decreto Legislativo 245-2011.-TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN EFECTIVO, presentada por el Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, en virtud que la cantidad a pagar en efectivo no cubre el monto pactado como honorarios entre el Profesional del derecho y su Poderdante.” (Folios 616-618v y 690–698 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3)Que acto seguido, los Abogados: A) AMILCAR UMANZOR CONTRERAS en su condición de representante procesal del señor EPAMINONDAS MORENO ALVAREZ, y B) JOSE ADALBERTO MENDOZA DIAZ, en su condición de representante procesal del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES; ambos interpusieron Recursos de Apelación ante el Consejo Nacional Agrario (CNA),mismo que dictó su Resolución en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (SIC) “1) Declarar SIN LUGAR el Recurso venido en Apelación interpuesto por los recurrentes por las consideraciones legales supradichas, en la solicitud de garantía de ocupación y uso temporal de dos lotes de terreno ubicados en la jurisdicción del municipio de San Pedro de Zacapa, Municipio de Santa Bárbara, y contra las resoluciones N.042-2018 y N.043-2018 emitidas por la Dirección Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO en fecha 21 de marzo de 2018. 2) Confirmar las resoluciones N.042-2018 y N.043-2018 del 21 de marzo de 2018, dictadas por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO por considerar que esta dictada conforme a derecho. 3) Continuar con el trámite de Ley correspondiente en cuanto al pago de la valorización de las tierras afectadas. 4)Notificar la presente resolución a las partes de conformidad a lo establecido en el capítulo VII de la Ley de Procedimiento Administrativo y al estar firme la presente resolución, devolver la causa al lugar de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales consiguientes.” (Folios 11–14 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que comparecieron en fecha diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019): A) El abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, actuando a favor del señor EPAMINONDAS MORENO ALVAREZ, cuyo recurso quedó registrado bajo el número de expediente SCO-O536-2019, y; B) El abogado JOSE ADALBERTO MENDOZA DIAZ, actuando a favor del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES, cuyo recurso quedó registrado bajo en número de expediente SCO-0537-2019;ambos interponiendo Acción de Amparo contra la Resolución de fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los derechos contenidos en los Artículos 61, 80, 82, 90, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República.(Folios1–14 del presente Recurso) 5) Que en fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal dispuso: (SIC)“Admítase el recurso de amparo interpuesto por: 1) El Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, a favor del señor EPAMINONDAS MORENO ALVAREZ (No.536-19), y 2) el Abogado JOSÉ ADALBERTO MENDOZA DIAZ, a favor del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES (No.537-19), ambos contra la resolución dictada por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO, en fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones No.042-2018 y No.043-2018, dictadas por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho; …”.Teniendo la Sala, por formalizado los recursos de mérito, en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). (Folio 15 y51 del presente Recurso) 6) Que en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se DENIEGUE el presente amparo por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los amparistas.” (Folios 54–61del presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la Ley de la Reforma Agraria establece que contra las resoluciones que adopte el Consejo Nacional Agrario, solamente cabrá el recurso de amparo, el que deberá interponerse ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que las garantías Constitucionales de Amparo interpuestos por: A) El Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, a favor del señor EPAMINONDAS MORENO ALVAREZ (SCO-0536-2019), y; B) El Abogado JOSE ADALBERTO MENDOZA DIAZ, a favor del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES (SCO-0537-2019); se dirigen contra la Resolución dictada por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación, interpuestos contra las Resoluciones nos. 042-2018 y 043-2018, dictadas por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018); todo a causa de la Solicitud de Ocupación y Uso Temporal de dos (2) lotes de terreno, promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCIÓN “21 DE OCTUBRE”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los recurrentes, consideran que existe una vulneración en perjuicio de sus representados de los Artículos 61, 80, 82, 90, 94, 103 y 106de la Constitución de la República, cuando no se trata de actos de expropiación; sino confiscatorios, siendo lo procedente el pago en efectivo, no en bonos como lo pretende el Consejo Nacional Agrario. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizados en tiempo y forma los amparos de mérito; y, con fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se DENIEGUE el presente amparo por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los amparistas.”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Consejo Nacional Agrario, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la resolución administrativa emitida por el la Resolución dictada por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación, interpuestos contra las Resoluciones nos. 042-2018 y 043-2018, dictadas por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018); señala que haciendo detenido análisis y estudio al Decreto Legislativo N.245-2011 de fecha 22 de diciembre de 2011, aplicable al presente caso de autos donde se deja claramente establecido que la Constitución de la República establece que la Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país destinada a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo, aumentando la producción y la productividad del sector agropecuario y que su ejecución es de necesidad e interés público preeminente ante los intereses de los participantes, y que el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO ha emitido resoluciones administrativas derivadas de la aplicabilidad del Decreto Legislativo N.18-2008; y, que se encuentra registrado a su favor en INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; y, virtud de lo mismo deviene en la obligación de pagar los valores contenidos en ellos por efecto de la expropiación decretada; el mismo decreto autoriza al poder ejecutivo para que a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas emita bonos especiales de la deuda agraria, medio de igual manera se pagarán las soluciones de conflictos jurídicos por la vía conciliatoria, es decir, bonos especiales de la deuda agraria, únicamente, no existe forma, medio o manera distinta esta para hacer pagos derivados de la aplicación del decreto legislativo N.18 - 2008, es el único medio legalmente autorizado para hacer el pago de obligaciones contraídas frene a los particulares. Que lo anteriormente dicho emana de la interpretación de la resolución definitiva venida en aplicación que no es más que darle cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional en 11 de Mayo de 2015 recaída en el expediente AA 637-2013 del 11 de Mayo de 2015 en recurso de amparo agrario recurrido por el recurrente y que fue amparado en cuanto a la modificación del avalúo practicado por virtud de la expropiación agraria lo cual fue repetido por el ad quo pero que no mandaba a modificación del forma o manera de pago, no encontrando en el acto administrativo recurrido alteración o violación a lo ordenado por el Supremo Tribunal, debiéndose en la obligación esta instancia a confirmar lo actuado y resuelto por el Instituto Agrario en todo su contenido. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación deposiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano administrativo comparta el criterio de una de las partes, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO DOCE (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Consejo Nacional Agrario quien actúa como Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones administrativas de este tipo; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO los Recursos de Amparo Acumulados de que se han hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.-Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil veinte. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE ADALBERTO MENDOZA DIAZ, a favor del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, que falla DENEGANDO los Recursos de Amparo interpuestos por: A) El Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, a favor del señor EPAMINONDAS MORENO ALVAREZ (SCO-0536-2019), y; B) El Abogado JOSE ADALBERTO MENDOZA DIAZ, a favor del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES (SCO-0537-2019); ambos recursos contra la Resolución dictada por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación, interpuestos contra las Resoluciones nos. 042-2018 y 043-2018, dictadas por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018); todo a causa de la Solicitud de Ocupación y Uso Temporal de dos (2) lotes de terreno, promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCIÓN “21 DE OCTUBRE”. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado JOSE ADALBERTO MENDOZA DIAZ, actuando en su condición antes referida, en fecha diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019), compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente, señor GERARDO MEJÍA REYES, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que no se trata de actos de expropiación; sino confiscatorios, siendo lo procedente el pago en efectivo, no en bonos como lo pretende el Consejo Nacional Agrario. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por el recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, cuando quedó debidamente definido que la decisión del Consejo Nacional Agrario quien actúa como Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones administrativas de este tipo; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa, en el que se concluye que el medio de pago de las soluciones de conflictos jurídicos por la vía conciliatoria, es a través de bonos especiales de la deuda agraria, únicamente, no existe forma, medio o manera distinta esta para hacer pagos derivados de la aplicación del decreto legislativo N.18 – 2008, es el único medio legalmente autorizado para hacer el pago de obligaciones contraídas frente a los particulares. CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la forma de pago solicitada es ajeno al objeto del amparo. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE ADALBERTO MENDOZA DIAZ, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, a favor del señor EPAMINONDAS MORENO ALVAREZ; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, que falla DENEGANDO los Recursos de Amparo interpuestos por: A) El Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, a favor del señor EPAMINONDAS MORENO ALVAREZ (SCO-0536-2019), y; B) El Abogado JOSE ADALBERTO MENDOZA DIAZ, a favor del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES (SCO-0537-2019); ambos recursos contra la Resolución dictada por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación, interpuestos contra las Resoluciones nos. 042-2018 y 043-2018, dictadas por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018); todo a causa de la Solicitud de Ocupación y Uso Temporal de dos (2) lotes de terreno, promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCIÓN “21 DE OCTUBRE”. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, actuando en su condición antes referida, en fecha diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019), compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor del señor EPAMINONDAS MORENO ALVAREZ. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, en fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que no se trata de actos de expropiación; sino confiscatorios, siendo lo procedente el pago en efectivo, no en bonos como lo pretende el Consejo Nacional Agrario, violentando los principios de legalidad y el debido proceso. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por el recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, cuando quedó debidamente definido que la decisión del Consejo Nacional Agrario quien actúa como Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones administrativas de este tipo; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa, en el que se concluye que el medio de pago de las soluciones de conflictos jurídicos por la vía conciliatoria, es a través de bonos especiales de la deuda agraria, únicamente, no existe forma, medio o manera distinta esta para hacer pagos derivados de la aplicación del decreto legislativo N.18 – 2008, es el único medio legalmente autorizado para hacer el pago de obligaciones contraídas frente a los particulares. CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la forma de pago solicitada es ajeno al objeto del amparo. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y resoluciones de fechas veintiuno de octubre, siete de diciembre de dos mil veinte y veintiuno de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo (acumulado) bajo el número SCO-536 y 537-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL