Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-458-19 — Registro 11411

Resumen

oficio, mediante el cual se le citó a recurrente, a audiencia de descargo, en la causa que se le siguió “Por suponerlo responsable de hacer uso de medios de comunicación, al facilitar información sobre hechos y actividades propias de la institución, sin la debida autorización y cuya divulgación es reservada para las autoridades del Hospital Escuela, todo en relación a las nuevas disposiciones de ítems de precios en el sistema de caja

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."13): Que legislación nacional vigente señala de manera clara y precisa que cual es la información que debe clasificarse como reservada. Del estudio de los antecedentes y la información brindada por el recurrente, no se enmarca en la clasificación de Reservada, se aprecia que la información brindada por el recurrente en su condición de Presidente de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Escuela Universitario, debe considerarse como de interés público, en atención a que es la población hondureña más vulnerable, por su situación económica, quien requiere de los servicios médicos del Hospital Escuela, en ese orden de ideas, la información brindada por el recurrente, no causa perjuicio a los intereses del Estado. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es de orden público e interés social, garantizando a toda la población del Estado el derecho al acceso a la información pública, que además garantiza la rendición de cuentas por parte de los entes estatales consolidando la confianza en las funciones y actuaciones de las instituciones del Estado. Derecho reconocido en la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por el Estado de Honduras. Quedando establecido que la información brindada por el recurrente no se clasifica como reserva, debe analizarse si dicha información se enmarca dentro de las actuaciones consideradas como una falta, señaladas en la Ley de Servicio Civil y la Ley del Estatuto y el Reglamento de Médico- Empleado, de acuerdo al contenido del Oficio Citatorio No. 034-2017- URL-GTH-HE, los hechos que se le imputan al recurrente, según el fundamento jurídico invocado por la autoridad recurrida no se enmarcan dentro del catálogo de faltas por las que podría ser sancionado un Médico-Empleado.- CONSIDERANDO (14): Que La Libertad de Expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas. Como tal, es una libertad civil y política, relativa al ámbito de la vida pública y social, que caracteriza a los sistemas democráticos y es imprescindible para el respeto de los demás derechos. En la democracia, la libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a temas de interés público. Cuando se quebranta la libertad de expresión se quebranta la democracia es una manifestación real y concreta en el espacio público de otra libertad esencial para la realización personal de los seres humanos: la libertad de expresión.- CONSIDERANDO: (15) Que la Audiencia de Descargo si bien es cierto es un derecho del empleado, a fin de ser oído antes de imponerle una sanción, sin embargo, en el caso que nos ocupa, tanto la Constitución de la República, la Ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, de los cuales forma parte el Estado de Honduras, claramente expresan en sus disposiciones que nadie puede ser molestado por sus opiniones o expresiones. Es así como el hecho de citar al recurrente a una audiencia de descargo, pese a que la actuación de este no se incluye en las citadas leyes como faltas, causa molestias innecesarias al recurrente, quien ha informado acerca de situaciones que deben ser del conocimiento de la población, sin que exista motivo alguno que justifique mantenerlas en secreto, por tratarse de una institución del Estado que debe, más bien ceñirse a lo dispuesto por la Ley de Transparencia. En ese orden de Ideas debe observarse que la audiencia de descargo, en el caso de autos tiene dos facetas a saber: una considerada como derecho del recurrente para desvirtuar los hechos por los que ha sido llamado a audiencia de descargo, sin embargo, tales hechos no se configuran como faltas en la ley. Y la segunda faceta una actuación de la autoridad que causa molestias al recurrente, así como un antecedente negativo en el historial laboral del Quejoso y, además un mensaje negativo de advertencia en aquellos casos en que deba brindarse información, ante el temor de una posible represalia, como lo representa el hecho de un citatorio a una audiencia de descargo, si bien, finalmente pudiera ser desestimada, no deja de causar molestias de toda índole al recurrente, en el caso que nos ocupa por informar hechos de interés de toda la población, información vertida en representación de la Asociación de Médicos Especialistas que preside.- CONSIDERANDO (16): Que del estudio de los antecedentes y la acción impetrada esta Sala aprecia que ciertamente la información brindada por el impetrante no es lesiva a los intereses del Estado, antes bien es una información de interés nacional, considerando la situación de vulnerabilidad de la población que busca asistencia médica en el Hospital Escuela, por otra parte el referirse a los cambios estructurales, ejecución de presupuesto, entre otros, tampoco son informaciones de carácter reservado, y de acuerdo al objetivo de la Ley de Transparencias la garantía de rendición de cuentas en las actuaciones estatales en todas sus instituciones, la participación ciudadana consolida el Estado de Derecho y la confianza de la población en sus instituciones. Por todo ello debe otorgarse el Amparo interpuesto por el recurrente, al vulnerase los derechos constitucionales invocados, mismos a que a la luz del derecho Internacional de los Derechos Humanos, también resultan quebrantados.- CONSIDERRANDO (17): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, el resto del ordenamiento jurídico, y las Convenciones y/o tratados internacionales de Derechos Humanos. Apreciando el quebrantamiento del derecho a la libre expresión, del pensamiento, a dar y obtener información y demás derechos invocados por el recurrente en consecuencia procede otorgar el Amparo"

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 72 (Rango Constitucional)
  • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, a favor del señor DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS, Contra Actuaciones de La Dirección del Hospital Escuela Universitario (HEU), contenidas según el recurrente en el oficio N° 034-2017-URL-GTH-HE de fecha seis de marzo del dos mil diecisiete, mediante el cual se le citó al señor DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS, a una audiencia de descargo que se celebraría en la Gerencia de Talento Humano el día dieciséis (16) de marzo del dos mil diecisiete (2017).-Manifiesta el Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 59, 64, 72, 74, 95, 321 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, quien actúa en su condición de representan procesal del señor DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS, Contra Actuaciones de La Dirección del Hospital Escuela Universitario (HEU), contenidas según el recurrente en el oficio N° 034-2017-URL-GTH-HE de fecha seis de marzo del dos mil diecisiete, mediante el cual se le citó al señor DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS, a una audiencia de descargo que se celebraría en la Gerencia de Talento Humano el día dieciséis (16) de marzo del dos mil diecisiete (2017).(Folio 01 al04 de la pieza de Amparo).- 2) Que en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo RESUELVE: PRIMERO: Tener por subsanada y admitida la presente demanda de Amparo, interpuesta por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, en su condición de Apoderado del señor DENNIS ROGOBERTO CHIRINOS SANTOS, en virtud de cumplir con los requisitos de procedencia señalados en la Ley Sobre Justicia Constitucional.- SEGUNDO: Líbrese comunicación judicial con las inserciones del caso al Hospital Escuela Universitario a efecto de remitan los antecedentes referidos a la presente acción de amparo o rindan un informe circunstanciado en relación con el mismo los informes se consideran rendidos bajo juramento, por consiguiente cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos para lo cual se le concede el plazo máximo e improrrogable de cinco (5) días hábiles siguientes al día en que reciba la comunicación.- TERCERO: No se decreta la suspensión del acto impugnado consistente en la citación a audiencia de descargo señalada en el oficio número 034-2017-URL- HE de fecha 6 de marzo de 2017, por no ajustarse a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional CUARTO:…” (Folio 48 al 49 de la pieza de Amparo)- 3) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), el Director General del Hospital Escuela Universitario remitió el informe Solicitado en el cual se agregó el oficio citatorio N°034-2017- URL-GTH-HE, en el cual se le citó para una audiencia de descargo en la causa que se le siguió por suponerlo responsable de hacer uso de medios de comunicación al facilitar información sobre hechos y actividades propias de la institución sin la debida autorización y cuya divulgación es reservada para las autoridades del Hospital Escuela.(folio 63 de la pieza de Amparo)- 4) Que en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil diecisiete (2017) el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. (Folios 84 de la pieza de Amparo).- 5) Que en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada ENNY WALESKA ESTRADA G, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE EL AMPARO interpuesto. Por no vislumbrase violaciones a las garantías Constitucionales señaladas por el amparista (Folio 90 al 94 de la pieza de amparo).- 6)Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, RESOLVIO: PRIMERO: Declara la INADMISIBILIDAD de la ACCION DE Amparo, presentada por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, a favor del señor DENNIS RIGOBERTO CHITRINOS SANTOS, por no tener competencia este Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo por razones señaladas en los fundamentos de derecho.- SEGUNDO: Remitir las presentes diligencias a la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.- TERCERO: Que la Secretaria del despacho notifique en legal y debida forma al Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, el presente Auto. Hasta esta fecha se resuelve por perdida de condición del Juez por parte de la Abogada Marcela Amador y reciente nombramiento e incapacidad de la suscrita.- 7) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, tiene por recibidas las diligencias con procedencia del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, promovidas por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, a favor del señor DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS”. (Folio 144 de la pieza de Amparo)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Resolución dictada por las actuaciones de las Autoridades del HOSPITAL ESCUELA UNNIVERSITARIO (HEU), contenidas en el Oficio No. 034-2017-URL-GTH-HE de fecha seis de marzo del año dos mil diecisiete, mediante el cual se cita al señor DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS a una Audiencia de Descargo, a celebrarse el día 16 de marzo del dos mil diecisiete, en la Oficina de la Gerencia de Talento Humano.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en su escrito de Acción de Amparo expone que la Resolución que se recurre afecta los derechos de Libre Emisión del Pensamiento, Libre Expresión, Pensamiento e Información, constitucionalmente protegida. Manifiesta el recurrente que el hecho de haber citado a su representado a una Audiencia de Descargo imputándosele faltas, por la declaraciones vertidas por su representado en su condición de Presidente de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Escuela Universitario, por parte de la enunciada como representante de la Autoridad Nominadora Licenciada Nancy Lorena Anariba, de la Gerencia de Talento Humano, señalando que esta decisión notoriamente violenta los derechos antes mencionados, ya que se pretende imponer una mordaza para que no opine en cuanto a un tema que afecta a los pacientes y usuarios del sistema de salud que acuden diariamente a dicho Hospital, así también como una amenaza para sancionar inclusive con el despido, lo que constituye una persecución en su contra, por las referidas declaraciones. El recurrente considera que se han violentado las siguientes disposiciones y garantías constitucionales contenidas en los artículos: 59, 64, 72, 74, 95, 321, y 323. Violación a la Libre Emisión del Pensamiento, Libertad de Expresión y de Información contenidos en el artículo 72 y 74 de la Constitución de la República; 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13 numerales 1) y 2) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (5): Que el recurrente invoca el artículo 1 Constitucional del Estado de Derecho, señalando que dicho texto también garantiza a las personas que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura previa, que no se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, derivado de lo cual los artículos 1 y 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento, determinan que ninguna persona puede ser inquietado o perseguido por sus opiniones, que todo habitante de la República podrá libremente, sin censura previa, expresar su pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones o las ajenas, por medio de la palabra escrita o hablada o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o visual. Señala que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19 consagra que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión el cual incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión; de igual forma lo reitera el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, añadiendo que el ejercicio de ese derecho no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Por su parte el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Bajo ese marco jurídico, dice el recurrente, que su representado al verter una opinión en nombre de una organización gremial del Hospital donde labora, no hace más que ejercer ese derecho constitucional y convencional de Derechos Humanos, por ende, que la Dirección o una Dependencia del mismo pretenda perseguirlo, amenazarlo, intimidarlo y violentarle esos derechos, es una situación que no cabe y debe ser objeto de la protección de la justicia constitucional, ejercida por el Juez Constitucional, por lo cual la autoridad recurrida en esta garantía, debe hacer cesar o parar esa amenaza o persecución de forma inmediata.- CONSIDERANDO (6): Que el recurrente expone el motivo, por el considera vulnerado los artículos 321 y 323 párrafo primero Constitucional, referido al Principio de Legalidad, que según el recurrente es violentado por la autoridad recurrida. Manifiesta el recurrente que citar Audiencia de Descargo a su representado, si bien es una potestad del régimen disciplinario laboral, tal proceder es válido cuando se ha constatado previamente la existencia de un cargo o falta, pero sin haber realizado una investigación y además que dicha conducta esté expresamente señalada como causa de sanción en el ordenamiento laboral. Expone que se trata de un abuso de autoridad, ya que la intención únicamente es intimidad, callar o perseguir a su representado por una declaración que realizara como Presidente de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Escuela Universitario por un tema que afecta el funcionamiento de este y a los pacientes que asisten al mismo con el ánimo de recibir los servicios de salud. Por otra parte, el recurrente señala que en la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su reglamento, que es el ordenamiento jurídico laboral que regula las relaciones entre los empleadores o patronos y los médicos empleados, como es el caso de su representado, no establece que brindar una declaración informativa sea una falta sancionable contra un médico laborante en un Hospital Estatal. Señala como antecedente la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia el 13 de diciembre del año 2000, en un caso similar en la que se declaró la procedencia de la acción, determinando la prevalencia en este tipo de situaciones, de la aplicación de la Ley de Emisión del Pensamiento y por ende las disposiciones constitucionales que protegen el derecho de libre expresión e información. En cuanto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que la información reservada o confidencial, solo cabe en los casos que dispone en sus artículos 16, 17 y 18, que no es el caso del Centro Hospitalario que no ha clasificado ese tipo de información como reservada, que tampoco es así, porque la información en el alza de los costos de los servicios que allí se prestan, fue divulgada en los medios de comunicación y por fuerza ha debido ser exteriorizada si se pretende aplicar, por lo que cualquier comentario sobre eso, deriva de un tema público, del cual cualquier ciudadano se puede expresar libremente sin censura, máxime si representa a una organización médica, se tiene el deber de opinar pretendiendo únicamente proteger los derechos de la sociedad hondureña más necesitada y vulnerable.- CONSIDERANDO (7): Que el Hospital Escuela Universitario, emitió Oficio Citatorio No. 034-2017-URL-GTH-HE, dirigido al Doctor DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS, con fundamento en los artículo 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, y 181 del Reglamento vigente de la Ley de Servicio Civil, además señala la aplicación de los artículos 37 inciso a) y d) de la Ley de Servicio Civil, 113 numeral 5, 163 numeral 11 y demás aplicables del Reglamento de Aplicación de la Ley de Servicio Civil; 53, 54, 55, 56 y demás aplicables de la Ley del Estatuto Médico Empleado; 79,80, 87 y demás aplicables del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. Dicho Oficio se giró con la instrucción de que compareciera a una audiencia de descargo el ahora recurrente, en la causa que se le sigue, resultando relevante en dicho oficio los siguientes argumentos: “Por suponerlo responsable de hacer uso de medios de comunicación, al facilitar la información sobre hechos y actividades propias de la institución, sin la debida autorización y cuya divulgación es reservada para las autoridades del Hospital Escuela, todo en relación a las nuevas disposiciones de ítems de precios en el sistema de caja, así como las acusaciones de las autoridades de este centro hospitalario al señalar, el día miércoles, 1 de marzo del 2017, vía teléfono en un programa del canal de televisión HCH los siguiente: “Licenciado Maldonado y Arielita que están en la cabina principal y a todo el pueblo Hondureño ya que este programa es visto, escuchado a nivel Nacional e Internacional indudablemente voy hablar como Presidente de la asociación de médicos especialistas del Hospital Escuela y como médico especialista que me desempeño dentro del Hospital Escuela, casualmente hoy, hoy que me di cuenta de esta situación, del aumento desmesurado inhumano que sea efectuado a través de un oficio, a través de un oficio el cual no está por encima de la Constitución de la Republica en primer lugar, en segundo lugar se ha aumentado más de 200 por ciento, en ciertas áreas el pago, hace poquito, hace poquito tuve una paciente de Germania con un trauma Pélvico severo, no le querían hacer ni la Uretrografia al paciente, y el familiar llorando porque no tenía dinero en ese momento; eran la una de la mañana, y no podía hacer la Uretrografia al paciente porque no tenía doscientos lempiras. Además el ahora recurrente se refirió a la reorganización del Hospital y el aumento de veintinueve nuevas estructuras, cuando la infraestructura se está cayendo y hay deficiencias que se necesita cubrir en el hospital, señalando que el aumento a la gente pobre es injusto, además dijo, que el presupuesto no fue ejecutado adecuadamente dentro de la institución, señalando la necesidad de revisar la cuestión administrativa de la institución, también hizo referencia a la necesidad de disminuir gastos, así como a revisar la estructura presupuestaria, los aumentos a las personas recién contratadas”.- CONSIDERANDO (8): Que el artículo uno (1) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la naturaleza y finalidad disponiendo: “Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana. Es así como el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía es una garantía para la rendición de cuentas en las actuaciones estatales en todas sus instituciones, participación ciudadana que consolida el Estado de derecho, creando la confianza en las funciones y actuaciones de las instituciones del Estado, Derecho reconocido en la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por el Estado de Honduras.- CONSIDERANDO (9): Que Honduras es parte del concierto de las Naciones que contempla en su marco constitucional a la Libertad de Expresión como uno de los pilares fundamentales de su sistema democrático. El derecho aparece claramente reconocido en el capítulo constitucional de los derechos individuales y en algunas de sus leyes secundarias, existiendo una ley específica: La Ley de Emisión del Pensamiento. La Constitución de la República literalmente establece en el Título III. De las Declaraciones, Derechos y Garantías. Capítulo II. De los Derechos Individuales y en los artículos del 72 al 75, Garantías y Disposiciones Especiales sobre la Libertad de Expresión, que en este ámbito se conocen como de la libre emisión del pensamiento. Es Libre la Emisión del Pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Artículo 72 contiene el derecho a difundir informaciones e ideas y expresamente establece que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa, pero al mismo tiempo introduce la figura de las responsabilidades ulteriores; permitiendo de esta forma el debate abierto, incluso sobre las ideas desfavorables y minoritarias con garantías para el que se sienta lesionado. Siendo los medios de comunicación, una de las herramientas idóneas para transmitir información.- CONSIDERANDO (10): Que la declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 dice: “Todo individuo tiene derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. La Convención Americana Sobre derechos Humanos dispone en su Artículo 13.- “Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de Pensamiento y de Expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. De igual manera se expresa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 19: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.- CONSIDERANDO (11): Que la Ley de Servicio Civil invocada por la autoridad recurrida en el Oficio impugnado, dispone en su Artículo 37.- Son obligaciones de los servidores públicos: a) Respetar y cumplir con lealtad la Constitución de la República, esta Ley, sus Reglamentos y las obligaciones inherentes a sus cargos; b…) c…) d) Guardar la reserva y discreción necesarias sobre los asuntos relacionados con su trabajo y enaltecer la administración pública y la institución a la que sirven, mediante la observancia de buena conducta dentro y fuera del servicio; CONSIDERANDO (12): Que el Reglamento de la Ley del Estatuto Medico-Empleado contiene el catálogo de faltas que podrán ser sancionadas cuando son cometidas por los médicos- empleados, en su artículo 81. Dice: “Son faltas leves: 1) Ausentarse del puesto sin autorización en las horas reglamentarias de labores. 2) Falta de cuidados y pulcritud en su persona, en los objetos y equipos de trabajo. 3) No usar el uniforme reglamentario en la institución donde labore, después de haber sido requerido para ello. 4) Asistir a sus labores con más de quince (15) minutos de retraso o suspender sus servicios antes de quince (15) minutos de la hora de salida, no más de cuatro (4) veces al mes. 5) Abuso contra empleados subalternos. 6) Errores involuntarios cometidos reiteradamente hasta por tres (3) veces después de habérseles señalado en el desempeño de sus labores. Artículo 82. El Médico Empleado que incurriere en falta leve será sancionado con amonestación verbal la primera vez y por escrito la segunda. Artículo 83. Se clasificarán como faltas menos graves las siguientes: 1) La acumulación por parte de un mismo Médico Empleado de tres (3) amonestaciones en la comisión de faltas leves dentro del término de seis (6) meses a partir de la fecha en que se le impuso la primera sanción. 2) La negligencia en el desempeño de sus funciones debidamente comprobada cuando no pusiere en peligro la vida del paciente. 3) Comportamiento contrario a la moral y las buenas costumbres dentro del ámbito de trabajo. 4) Suspensión de sus labores para atender pacientes privados, salvo casos de emergencias debidamente acreditadas. 5) Presentarse al trabajo o realizar labores en estado de embriaguez, o bajo la influencia de drogas estupefacientes, o en cualquier otra condición anormal análoga. 6) Portar armas de fuego durante las horas de labor o en el centro de trabajo. 7) Malos tratos a los pacientes debidamente comprobados. 8) Desobediencia manifiesta de las órdenes o funciones propias de su cargo dictadas por su superiora. 9) Irrespeto debidamente comprobado a sus superiores. 10) El engaño por parte del Médico Empleado respecto al control de entradas y salidas, debidamente comprobado; la sanción se aplicará tanto al beneficiado como al autor. Artículo 84. El Médico Empleado que cometiere una falta menos grave será sancionado con la suspensión del trabajo sin goce de sueldo hasta por ocho (8) días calendario. Artículo 85. Son faltas graves las siguientes: 1) Reincidir en la comisión de una falta menos grave. 2) El encubrimiento por parte de los Jefes o Directores o de sus sustitutos legales de las faltas cometidas por sus Médicos Empleados subalternos. 3) Faltar a la verdad en la elaboración de documentos médicos. 4) Falsificación o adulteración de documentos médicos. 5) Negligencia en el desempeño de sus funciones, debidamente comprobado, cuando pusiere en peligro la vida del paciente.- CONSIDERANDO (13): Que legislación nacional vigente señala de manera clara y precisa que cual es la información que debe clasificarse como reservada. Del estudio de los antecedentes y la información brindada por el recurrente, no se enmarca en la clasificación de Reservada, se aprecia que la información brindada por el recurrente en su condición de Presidente de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Escuela Universitario, debe considerarse como de interés público, en atención a que es la población hondureña más vulnerable, por su situación económica, quien requiere de los servicios médicos del Hospital Escuela, en ese orden de ideas, la información brindada por el recurrente, no causa perjuicio a los intereses del Estado. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es de orden público e interés social, garantizando a toda la población del Estado el derecho al acceso a la información pública, que además garantiza la rendición de cuentas por parte de los entes estatales consolidando la confianza en las funciones y actuaciones de las instituciones del Estado. Derecho reconocido en la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por el Estado de Honduras. Quedando establecido que la información brindada por el recurrente no se clasifica como reserva, debe analizarse si dicha información se enmarca dentro de las actuaciones consideradas como una falta, señaladas en la Ley de Servicio Civil y la Ley del Estatuto y el Reglamento de Médico- Empleado, de acuerdo al contenido del Oficio Citatorio No. 034-2017- URL-GTH-HE, los hechos que se le imputan al recurrente, según el fundamento jurídico invocado por la autoridad recurrida no se enmarcan dentro del catálogo de faltas por las que podría ser sancionado un Médico-Empleado.- CONSIDERANDO (14): Que La Libertad de Expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas. Como tal, es una libertad civil y política, relativa al ámbito de la vida pública y social, que caracteriza a los sistemas democráticos y es imprescindible para el respeto de los demás derechos. En la democracia, la libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a temas de interés público. Cuando se quebranta la libertad de expresión se quebranta la democracia es una manifestación real y concreta en el espacio público de otra libertad esencial para la realización personal de los seres humanos: la libertad de expresión.- CONSIDERANDO: (15) Que la Audiencia de Descargo si bien es cierto es un derecho del empleado, a fin de ser oído antes de imponerle una sanción, sin embargo, en el caso que nos ocupa, tanto la Constitución de la República, la Ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, de los cuales forma parte el Estado de Honduras, claramente expresan en sus disposiciones que nadie puede ser molestado por sus opiniones o expresiones. Es así como el hecho de citar al recurrente a una audiencia de descargo, pese a que la actuación de este no se incluye en las citadas leyes como faltas, causa molestias innecesarias al recurrente, quien ha informado acerca de situaciones que deben ser del conocimiento de la población, sin que exista motivo alguno que justifique mantenerlas en secreto, por tratarse de una institución del Estado que debe, más bien ceñirse a lo dispuesto por la Ley de Transparencia. En ese orden de Ideas debe observarse que la audiencia de descargo, en el caso de autos tiene dos facetas a saber: una considerada como derecho del recurrente para desvirtuar los hechos por los que ha sido llamado a audiencia de descargo, sin embargo, tales hechos no se configuran como faltas en la ley. Y la segunda faceta una actuación de la autoridad que causa molestias al recurrente, así como un antecedente negativo en el historial laboral del Quejoso y, además un mensaje negativo de advertencia en aquellos casos en que deba brindarse información, ante el temor de una posible represalia, como lo representa el hecho de un citatorio a una audiencia de descargo, si bien, finalmente pudiera ser desestimada, no deja de causar molestias de toda índole al recurrente, en el caso que nos ocupa por informar hechos de interés de toda la población, información vertida en representación de la Asociación de Médicos Especialistas que preside.- CONSIDERANDO (16): Que del estudio de los antecedentes y la acción impetrada esta Sala aprecia que ciertamente la información brindada por el impetrante no es lesiva a los intereses del Estado, antes bien es una información de interés nacional, considerando la situación de vulnerabilidad de la población que busca asistencia médica en el Hospital Escuela, por otra parte el referirse a los cambios estructurales, ejecución de presupuesto, entre otros, tampoco son informaciones de carácter reservado, y de acuerdo al objetivo de la Ley de Transparencias la garantía de rendición de cuentas en las actuaciones estatales en todas sus instituciones, la participación ciudadana consolida el Estado de Derecho y la confianza de la población en sus instituciones. Por todo ello debe otorgarse el Amparo interpuesto por el recurrente, al vulnerase los derechos constitucionales invocados, mismos a que a la luz del derecho Internacional de los Derechos Humanos, también resultan quebrantados.- CONSIDERRANDO (17): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, el resto del ordenamiento jurídico, y las Convenciones y/o tratados internacionales de Derechos Humanos. Apreciando el quebrantamiento del derecho a la libre expresión, del pensamiento, a dar y obtener información y demás derechos invocados por el recurrente en consecuencia procede otorgar el Amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos: 303, 304, 313 Nos. 3 y 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de La Convención Americana de Los Derechos Humanos; 1, 74, 78 Atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 9 No. 1, 10 No. 1, 12,13, 18, 24, 26,37, 38, 70, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, a favor del señor DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0458-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL