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Sentencia AA-362-19 — Registro 13894

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar incidente de excepción material de incompetencia de tribunal en demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe justa causa despido ilegal e injusto promovida por demandante contra actual recurrente; La Autoridad recurrida considera que con las pruebas aportadas existen los tres elementos del contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni otras condiciones que se le agreguen

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional alegada por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el a-quo en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente interpuesto por la parte demandada, referido a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de mérito, se circunscribe a determinar si la jurisdicción laboral es o no competente para conocer del mismo..."..."esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice, el peticionario lo relaciona con lo preceptuado por los Artículos 2 Nº 2 del Código del Trabajo y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."..."el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual esta referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos..."..."no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo..."..."la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho..."..."si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos..."..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en que de las pruebas allegadas al juicio se concluye la existencia de los tres elementos del contrato de trabajo de prestación personal del servicio, continua subordinación y pago de una remuneración por los servicios. Y siendo que el Artículo 20 del Código del Código del Trabajo establece que una vez reunidos los tres elementos de que se trata ese Artículo, se entiende que existe contrato de Trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, existencia de una relación de naturaleza laboral regida por el Código del Trabajo, cuyas controversias son objeto de decisión por la Jurisdicción del Trabajo, por lo que se consideró procedente confirmar la resolución apelada. La Corte de Apelaciones hace la observación de que la incompetencia conforme al Artículo 449 del Código Procesal Civil no es un Defecto Procesal ni una excepción Material, por lo que deberá tramitarse como un incidente..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 2, 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ a favor del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE BASÓ EL ILEGAL E INJUSTO DESPIDO”, interpuesta por el señor OLMAN ASCENCIÓN MONCADA MÉNDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor Olman Ascención Moncada Méndez, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE BASÓ EL ILEGAL E INJUSTO DESPIDO”, contra el Estado de Honduras, a través del Instituto de Acceso a la Información Pública. (Folios 1-3 vuelto del expediente del A-quo) 2) En fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la celebración de la audiencia primera de trámite, ante el Juzgado de Letras del Trabajo antes mencionado, la parte demandada interpuso la excepción material de incompetencia de tribunal. (Folios 23-25 del expediente del A-quo) 3)En fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Jugado de Letras del Trabajo antes mencionado, en la continuación de la audiencia primera de trámite, falló: 1) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN MATERIAL DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL opuesto por el representante procesal de la demandada. (Folio 70-72 vuelto del expediente del A-quo) 4) La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, como parte demandada, contra el auto interlocutorio relacionado en el numeral que antecede, en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos falló: I.DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ, representante procesal del Estado de Honduras. II.-CONFIRMANDO la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha (Sic) “veintiuno de febrero de dos mil diecinueve”. SIN COSTAS. (Folios 79-81 vuelto del expediente del A-quem) 5) Que el Abogado Juan Antonio Villalobos Narváez, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala en fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, al Abogado antes referido, en consecuencia, dispuso continuar con el procedimiento de ley, dando vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-4/34 de la pieza de amparo) 6) Que esta Sala, en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: …Del análisis de los antecedentes, se logra apreciar que la relación laboral originada entre el demandante OLMAN ASCENCIÓN MONCADA MENDEZ y el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), se deriva de un acuerdo de nombramiento ACUERDO SO-30-2013 en el puesto de oficinista III a partir del 22 de abril de 2013 (F6 Primera Pieza), del cual se desprende que éste reúne las características esenciales para la existencia de un contrato de trabajo a que hace alusión el artículo 20 del Código del Trabajo. Pudiéndose apreciar en autos, la naturaleza del vínculo es decir, la relación contractual entre demandante y demandado, de ahí que aunque el recurrente refiere que el IAIP es un órgano desconcentrado en la administración pública, con independencia operativa, decisiones administrativas y presupuestarias, lo cierto es, que existe una relación laboral de la cual se derivan conflictos laborales los que según el “ESTATUTO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, en su artículo 1 parte final, señala: “Lo no previsto en el presente estatuto se regirá por el Código del Trabajo”. Al tenor de lo anterior, el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, exceptúa del régimen general aplicable, que es el Código del Trabajo, a los empleados públicos los cuales define como aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal; y en la presente causa el demandante no ha sido contratado bajo ninguna de estas modalidades que excluye la aplicabilidad de dicha norma. Por su parte el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo manda: “Solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una ley especial. Asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para periodos determinados, cuando aquel acto se hubiere producido antes del vencimiento del periodo respectivo”, lo cual no ocurre en el caso de mérito. Finalmente, es oportuno decir que la Jurisdicción del Trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo (Articulo 665), esta disposición es de orden público y no puede ser modificada por convenidos de los contratantes, y en el caso de autos la demanda planteada se deriva de una relación laboral entre demandante y demandado, esto de acuerdo al Artículo 3 del Código del Trabajo que dice: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”, razón por la que la suscrita considera que el Juzgado de Letras del Trabajo es el competente para el conocimiento de dicha demanda, en tanto la excepción de incompetencia de tribunal resulta improcedente. Por lo que al revisar la sentencia recurrida no se aprecia la vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por el recurrente. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina QUE SE DENIEGUE el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la Amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo dirigida contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE BASÓ EL ILEGAL E INJUSTO DESPIDO”, interpuesta por el señor OLMAN ASCENCIÓN MONCADA MÉNDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ, muestra su disconformidad con el auto interlocutorio que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, el derecho al debido proceso consagrado en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues se colige que la vulneración por parte tanto del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; como de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo al insistir en hacer prevalecer un criterio equivocado, contrario a lo establecido en los Artículos 2, numeral 2 del Código de Trabajo, Artículos 1, 2, 108 y109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De esta manera dicha omisión, representa una violación directa al Principio de Legalidad, puesto que se toman atribuciones que van más allá de las permitidas, incurriendo en abuso de autoridad al pretender generar un conflicto de jurisdicción y violentar aquello preceptuado en los Artículos enunciados. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vínculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza administrativa, y que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación deben ser conocidas y resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no en la laboral tal y como se ha planteado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que bajo esa panorámica, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional alegada por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el a-quo en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente interpuesto por la parte demandada, referido a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda. CONSIDERANDO SEIS (6): Que, del estudio de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de mérito, se circunscribe a determinar si la jurisdicción laboral es o no competente para conocer del mismo. CONSIDERANDO SIETE (7): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice, el peticionario lo relaciona con lo preceptuado por los Artículos 2 Nº 2 del Código del Trabajo y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que, de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar ordenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo[1]”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b)La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[2]”. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual esta referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna. CONSIDERANDO DOCE (12): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que, si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en que de las pruebas allegadas al juicio se concluye la existencia de los tres elementos del contrato de trabajo de prestación personal del servicio, continua subordinación y pago de una remuneración por los servicios. Y siendo que el Artículo 20 del Código del Código del Trabajo establece que una vez reunidos los tres elementos de que se trata ese Artículo, se entiende que existe contrato de Trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, existencia de una relación de naturaleza laboral regida por el Código del Trabajo, cuyas controversias son objeto de decisión por la Jurisdicción del Trabajo, por lo que se consideró procedente confirmar la resolución apelada. La Corte de Apelaciones hace la observación de que la incompetencia conforme al Artículo 449 del Código Procesal Civil no es un Defecto Procesal ni una excepción Material, por lo que deberá tramitarse como un incidente. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 321 de la Constitución de la República; 2 Nº 2), 3, 19, 20, 21 y 665 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ a favor del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” ““CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil veinte. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ a favor del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, que falla DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ, actuando en su condición antes referida, en fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP). Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ, en fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que le fueron violentados los derechos de su representado, al pretender que sea juzgado por un órgano jurisdiccional cuya competencia es cuestionable en base a la jurisprudencia. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. El los argumentos del recurrente no son atendibles a efecto de que sea conocido un asunto por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; como se dijo, la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la nulidad solicitada es ajeno al objeto del amparo. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se a solicitud del Abogado Oscar Orlando Sevilla Castro, extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia y resolución de fecha dieciocho de febrero y treinta de septiembre de dos mil veinte, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-362-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Articulo 19 del Código del Trabajo.

[2] Articulo 20 del Código del Trabajo.