Sentencia AA-310-19 — Registro 11764
Resumen
negativa de autoridad recurrida de emitir la auténtica de las constancias originales de adopción y no dar respuesta por más de dos (2) años, a las solicitudes de auténtica antes relacionadas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(9): Que, del estudio de los antecedentes y la formalización de la acción de amparo, en fecha 02 de abril del año 2019 por considerar que no se dio respuesta a su solicitud de autentica de firma o de negativa fundamentada por escrito de manera formal, de las firmas del Registrador Civil Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que aparecen puestas en la constancia de adopción y de certificado de nacimiento original de la seora CECILIA CARRANZA CHAVARRIA. Solicitud que presentó en fecha 13 de julio del año 2017. Admitido el escrito en fecha 18 de julio del 2017, señalando que previo a dictar la resolución que en derecho corresponda se remitan las diligencias al departamento de Asesoría legal del Registro Nacional de la Personas, para que en 15 días hábiles emita el dictamen correspondiente. Dictamen que fue emitido fecha 28 de enero del año 2019, (el sub rayado es nuestro) dictaminando que no es procedente la solicitud de autentica de la constancia y certificación en aplicación al artículo 120 del Reglamento de la Ley del RNP, que establece que para efectos de autenticar documentos en el RNP, las certificaciones emitidas no podrán tener una antigüedad mayor de tres años y las que está solicitando se autentiquen tienen más de 31 años de haber sido emitidas. En fecha 01 de marzo del 2019 (el sub rayado es nuestro) el Registro Nacional de las Personas emitió Resolución No. 112-VSG-2017, mediante la cual se declara sin lugar la solicitud de autentica de firma o negativa fundamentada por escrito de manera formal del Registro Civil Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Resolución de la que se notificó personalmente el ahora impetrante en fecha 25 de abril del año 2019. CONSIDERANDO (10): Que el impetrante tiene por quebrantado el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, entendiendo como debido proceso aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste. Esta Sala observa que la resolución objeto de este Recurso no vulnera el debido proceso, toda vez que se ha dictado resolución ante la petición planteada, cesando de esa manera los efectos del acto reclamado. Además invoca como quebrantados el derecho de petición y el derecho de defensa, preciando que los motivos del recurrente no son de recibo. CONSIDERANDO (11): Que de los antecedentes se aprecia, que ciertamente, cuando el recurrente interpone la acción de amparo el día 02 de abril del año 2019, el Registro Nacional de las Personas había emitido la Resolución No. 112-VSG-2017 ya relacionada, de fecha 01 de marzo del año 2019. A folio 23 del expediente No. 112-VSG-2017, se encuentra la comunicación dirigida al Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, ahora recurrente, lo cierto es que no existe antecedente de que la haya recibido, pues no se acredita en los antecedentes, constando en autos que el recurrente se notificó de la resolución No. 112-VSG-2017, en fecha 25 de abril del año 2019. De lo actuado esta Sala observa que el recurrente en su momento, o conforme con la resolución notificada pudo haber hecho uso de la acción recursiva, lo cual no consta en autos. Sin embargo con la resolución emitida por parte del ente impugnado, han cesado los efectos del acto reclamado, pues el reclamo del impetrante obedecía a que en su petición no se había dictado resolución, siendo así esta Sala aprecia una causa de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 No. 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que procede el Sobreseimiento de las diligencias, de acuerdo al último párrafo del referido artículo 46. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 No. 6 y último párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede sobreseer la acción de amparo intentada, por concurrir la causal de inadmisibilidad que establece: “Cuando han cesado los efectos del acto reclamado”..
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 6 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo dictado por la JUNTA INTERVENTORA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONAS, relacionadas, según el recurrente, a un acto que no consta por escrito, relacionado a la negativa de dicha autoridad de emitir la auténtica de las constancias originales de adopción de la señora CECILIA LAURA CARR y no dar respuesta por más de dos (2) años, a las solicitudes de auténtica antes relacionadas. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que mediante una solicitud de autentica de firma o negativa fundamentada por escrito de manera formal, el Abogado José Maria Juárez Pacheco, en fecha trece (13) julio de dos mil diecisiete (2017), pretende se autentique las firmas del Registrador Civil que aparecen puestas en la constancia de Adopción y Certificado de Nacimiento original según tramites 061700100765 y 061700100766, ya que las mismas no se pueden solicitar con fecha actual en aplicación de la misma normativa legal del Registro Nacional de las Personas. (Folios del 1–13 del Antecedente) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha uno (01) de marzo de dos mil diecinueve (2019), el Registro Nacional de las Personas (RNP), dictó la Resolución No.112-VSG-2017 mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, la solicitud de Autentica de Firma o Negativa Fundamentada por Escrito de Manera Formal, del Registrador Civil Municipal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, puesta en la certificación del acta de Nacimiento No. 0501-87-01323, ubicada en el Folio No 064, Tomo No. 416 del año 1987, correspondiente CECILIA CARRANZA CHAVARRIA, extendida por el Registrador Civil Municipal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 02 de octubre del año 1987, así como la auténtica de firma del mismo Registrador Civil Municipal puesta en la Constancia de inscripción de adopción correspondiente LAURA CECILIA CARR DIETE, extendida por el Registrador Civil Municipal de San Pedo Sula, Departamento de Cortes, en fecha 05 de diciembre del año 1987, presentada por el Abogado JOSE MARIA JUAREZ OACHECO, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la señora CECILIA LAURA CARR. En virtud que el articulo 120 del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas establece; que, para efectos de autenticar documentos en el RNP, las certificaciones emitidas no podrán tener una antigüedad mayor a tres meses y las que está solicitando que se autentiquen tiene más de 31 años de haber sido emitidas. SEGUNDO: Para su cumplimiento y demás fines, que la Secretaria General comunique la presente Resolución al Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, en su condición de Apoderado Legal de la señora CECILIA LAURA CARR y para los efectos legales correspondientes se extienda a los interesados la certificación de estilo.” (Folios 20–22 de la Pieza del antecedente) 3) Que el Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, compareció ante este Tribunal en fecha dos (02) de abril de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora CECILIA LAURA CARR, contra la Resolución No. No.112-VSG-2017 de fecha uno (01) de marzo de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–6 y 35 del presente Recurso). 4) Que en fecha nueve (09) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “… que DENIEGUE el presente amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por la amparista.” (Folio 38–41 y 43 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, no obliga al recurrente ni le es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, a favor de la señora CECILIA LAURA CARR contra la resolución dictada por la JUNTA INTERVENTORA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, en relación, según expone el recurrente a un acto que no consta por escrito, relacionado a la negativa de dicha autoridad de emitir la auténtica de las constancias originales de adopción de la señora CECILIA LAURA CARR y no dar respuesta por más de dos años a las solicitudes de auténtica ates relacionada. CONSIDERANDO (4): El recurrente manifiesta que se han quebrantado derechos y garantías constitucionales a saber: El Derecho de Petición contenido en el artículo 80 constitucional, que consisten en presentar peticiones a las autoridades y de obtener respuesta en un plazo legal, derecho que se le violenta a su representada cuando la autoridad recurrida se niega a extender la auténtica de los documentos solicitados, en virtud de que el reglamento de la Ley del registro Nacional de las Personas en su artículo 120 señala que: “….Sin embargo para efectos de autenticar documentos en el RNP, las certificaciones emitidas no podrán tener una antigüedad mayor a tres meses”. Por otro lado la Registradora Civil de San Pedro Sula se niega a emitir constancia actualizadas, aunque si obran en sus archivos, lo que violenta la jerarquía de las leyes y derechos fundamentales que se deben observar y en su caso el artículo 9 de la Ley del Registro Nacional de las Personas en su numeral 3 establece que prohíbe a los registradores Civiles #Negarse a inscribir los hechos y actos vitales, así como extender constancias y certificaciones y a librar las comunicaciones o efectuar las anotaciones a que está obligado legalmente”. Sim embargo contradictoriamente el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas en su artículo 110 señala que “Los Registradores civiles,… no podrá emitirse certificaciones de inscripción de adopciones salvo por orden judicial, a petición formal del Ministerio Público o Dirección del RNP” y a su vez que el artículo 106 del mismo reglamento señala que “Toda persona está facultada para pedir certificaciones de las inscripciones… Se exceptúa el caso, en acatamiento del principio de secretividad, las inscripciones de adopción y la demás información que sea susceptible de perjudicar moralmente a los inscritos”. CONSIDERRANDO (5): Que el recurrente manifiesta que la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas ha quebrantado del Debido Proceso, contenido en el artículo 90, de igual forma el derecho de defensa del artículo 82 ambos de la Constitución de la República, señalando que la falta de respuesta a su representada no le permite actuar legalmente, no habiendo un acto concreto que recurrir con relación al artículo 36 de la Ley de la Administración Pública. Señala que lo actuado carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar el fin y da lugar a la indefensión de su representada de la siguiente forma: a. El RNP verbalmente se niega a autenticar Constancias originales por no tener registros y ser de 1987. b. El RNP no emite resolución de lo solicitado después de casi 3 años, para una gestión que demora 3 días y su departamento “legal” dictamina no autenticar constancias originales por ser de 1987 y solicita se soliciten nuevas. c. Que el Registro de San Pedro Sula, se niega a emitir constancias nuevas por existir prohibición del citado Reglamento. Solicitando que se declare que parcialmente un Reglamento, no es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar derechos, señalando como tales los artículos 120, 173, 174 de dicho reglamento del Registro nacional de las Persona. CONSIDERANDO (6): Que el Registro Nacional de las personas en cumplimiento a la comunicación enviada por esta Sala de lo constitucional, remitió fotocopia compulsada debidamente por el Secretario General por Ley de esa institución, donde se adjunta la solicitud de autentica de firmas del Registrador Civil que aparecen puestas en las constancias de adopción y certificado de nacimiento original de su representada, ya que las mismas no se pueden solicitar con fecha actual en aplicación de la misma normativa legal del RNP que dispone en su artículo 174: “No podrá extenderse constancia o certificación de la inscripción original de nacimiento del adoptado, de su cancelación ni de la adopción, salvo en los siguientes casos: 1.- A petición del Director de la institución gubernamental encargada de la niñez y la familia. 2.- A solicitud del juzgado o tribunal competente. 3.- A petición de autoridad competente del ministerio Público, cuando estuviere conociendo de la comisión de un delito. 4.- A solicitud de la Dirección del RNP, para verificar la legalidad de la inscripción y subsecuente cancelación. 5.- A petición del adoptante o de su apoderado legal, solamente respecto de la inscripción de adopción, por una sola vez, inmediatamente después de haberse cancelado la inscripción original e nacimiento a petición del adoptante. CONSIDERAND (7): Que el Registro Nacional de las Personas, dictó resolución No. 112- VSG-2017, a los 01 días del mes de marzo del año 2019, dejando establecido en la parte conducente de dicha resolución los siguiente: “RESULTA: que con la documentación acompañada al expediente de mérito, ha quedado plenamente acreditado que la auténtica mediante la cual el Secretario General del Registro Nacional de las Personas, en fecha 02 de diciembre del 2011, certificó la firma del Registrador Civil Municipal, del distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, puesta el 07 de diciembre del año 1987, en la inscripción de adopción del ciudadano MICHEL ARMANDO CARR DIETE, corresponde a ANTONIO ROBERTO SANTAMARIA MENDOZA, y que la misma es auténtica por haber sido puesta por la persona que ostentó dicho cargo y cuya firma y sello se encuentran registrados en la Secretaría General; es procedente conforme a ley, ya que a la fecha en que fue autentica la firma del Registrador Civil Municipal antes referido, fue en fecha 02 de diciembre del 2011, es decir antes del 12 de mayo del 2015, fecha en que entró en vigencia las reformas al Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas, mediante acuerdo No. 055-E-2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,727, por lo que en la Sección V referente a las certificaciones en el viejo reglamento no se contempla la vigencia de certificaciones para efecto de ser auténticas, por lo que para el caso de la solicitud de autentica de firma del Registrador Civil Municipal, de San Pedro Sula departamento de Cortes, presentada por el Abogado JOSE MARRIA JUAREZ PACHECO, en fecha 13 de julio del 2017 y que fue puesta e la certificación de acta de nacimiento 0501-87-01323, CECILIA CARRANZA CHAVARRIA, ubicada en el folio No. 064, Tomo o. 416 del año 1987, extendida por el Registrador Civil Municipal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha 02 de octubre de 1987 y Constancia de Inscripción de Adopción correspondiente a CECILIA CARRANZA CHAVARRIA, quien fue inscrita como LAURA CECILIA CARR DIETE, de nacionalidad hondureña con número de identidad 0501-87-11872, siendo sus padres adoptivos los señores ROBERT NELSON CARR de nacionalidad norteamericana y la señora VERONICA DIETE de nacionalidad alemana, con fecha de inscripción 05 de diciembre de 1987 y número de acta 11872, extendida por el Registrador Civil Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés NO ES PROCEDENTE autenticarla ya que el artículo 120 del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas establece: que para efectos de autenticar documentos en el RNP, las certificaciones emitidas no podrán tener una antigüedad mayor de tres meses, y las que se está solicitando que se autentiquen tienen más de 31 años de haber sido emitidas. Por todo ello el Registro Nacional de las Personas declaró sin lugar la solicitud de autentica de firmas de que se hizo mérito. CONSIDERANDO (8): el origen de la controversia de acuerdo a lo señalado por el recurrente, resulta de la petición de autentica de documentos, solicitada ante el Registro nacional de la Personas, manifestando el impetrante que se han cumplido tres años sin obtener respuesta, habiendo presentado varios escritos de pronta resolución, señalando que el departamento legal de dicha institución emitió dictamen en fecha 28 de enero del año 2019, con el que no estuvo conforme por el desconocimiento de la ley y los derechos que deben prevalecer al ordenar que se actualicen las constancias relacionadas para poderlas autenticar, argumentando no tener registro de 1987 y que no se pueden autenticar estos documentos originales por su fecha. CONSIDERANDO (9): Que, del estudio de los antecedentes y la formalización de la acción de amparo, en fecha 02 de abril del año 2019 por considerar que no se dio respuesta a su solicitud de autentica de firma o de negativa fundamentada por escrito de manera formal, de las firmas del Registrador Civil Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que aparecen puestas en la constancia de adopción y de certificado de nacimiento original de la seora CECILIA CARRANZA CHAVARRIA. Solicitud que presentó en fecha 13 de julio del año 2017. Admitido el escrito en fecha 18 de julio del 2017, señalando que previo a dictar la resolución que en derecho corresponda se remitan las diligencias al departamento de Asesoría legal del Registro Nacional de la Personas, para que en 15 días hábiles emita el dictamen correspondiente. Dictamen que fue emitido fecha 28 de enero del año 2019, (el sub rayado es nuestro) dictaminando que no es procedente la solicitud de autentica de la constancia y certificación en aplicación al artículo 120 del Reglamento de la Ley del RNP, que establece que para efectos de autenticar documentos en el RNP, las certificaciones emitidas no podrán tener una antigüedad mayor de tres años y las que está solicitando se autentiquen tienen más de 31 años de haber sido emitidas. En fecha 01 de marzo del 2019 (el sub rayado es nuestro) el Registro Nacional de las Personas emitió Resolución No. 112-VSG-2017, mediante la cual se declara sin lugar la solicitud de autentica de firma o negativa fundamentada por escrito de manera formal del Registro Civil Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Resolución de la que se notificó personalmente el ahora impetrante en fecha 25 de abril del año 2019. CONSIDERANDO (10): Que el impetrante tiene por quebrantado el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, entendiendo como debido proceso aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste. Esta Sala observa que la resolución objeto de este Recurso no vulnera el debido proceso, toda vez que se ha dictado resolución ante la petición planteada, cesando de esa manera los efectos del acto reclamado. Además invoca como quebrantados el derecho de petición y el derecho de defensa, preciando que los motivos del recurrente no son de recibo. CONSIDERANDO (11): Que de los antecedentes se aprecia, que ciertamente, cuando el recurrente interpone la acción de amparo el día 02 de abril del año 2019, el Registro Nacional de las Personas había emitido la Resolución No. 112-VSG-2017 ya relacionada, de fecha 01 de marzo del año 2019. A folio 23 del expediente No. 112-VSG-2017, se encuentra la comunicación dirigida al Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, ahora recurrente, lo cierto es que no existe antecedente de que la haya recibido, pues no se acredita en los antecedentes, constando en autos que el recurrente se notificó de la resolución No. 112-VSG-2017, en fecha 25 de abril del año 2019. De lo actuado esta Sala observa que el recurrente en su momento, o conforme con la resolución notificada pudo haber hecho uso de la acción recursiva, lo cual no consta en autos. Sin embargo con la resolución emitida por parte del ente impugnado, han cesado los efectos del acto reclamado, pues el reclamo del impetrante obedecía a que en su petición no se había dictado resolución, siendo así esta Sala aprecia una causa de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 No. 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que procede el Sobreseimiento de las diligencias, de acuerdo al último párrafo del referido artículo 46. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 No. 6 y último párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede sobreseer la acción de amparo intentada, por concurrir la causal de inadmisibilidad que establece: “Cuando han cesado los efectos del acto reclamado”. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 61, 73, 74,75,90 151, 183, 303 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 No. 6, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 13.1. 2. 3 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 19, 29.2 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19. 1. 2. de El Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: SOBRESEYENDO EL RECURSO DE AMPARO, de que se ha hecho merito, Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada: LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0310-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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