Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-292-16 — Registro 11763

Resumen

Resolución que suspendió por el termino de tres (3) meses sin goce de sueldo a recurrente de su cargo por realizar cobros de altos Intereses por Préstamos realizados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."4): Que del estudio de los antecedentes, la recurrente establece en su escrito de interposición de amparo así como de su formalización (f.32) en la cual consta en la pieza de sus antecedentes la violación al debido proceso plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República con relación al derecho a la defensa del mismo cuerpo legal, esgrime que la resolución objeto del amparo carece de lógica ya que en la misma hay enunciados de otras resoluciones haciendo énfasis en lo que ahora se conoce como copiar y pegar basado en la tecnología de Windows denominada WORD, en la resolución impugnada aparece enunciados de sanciones hechas a empleados de la Escuela judicial Salomón Jiménez Castro y enunciados de un vigilante del Municipio de Tocoa Colón. Careciendo de lógica y coherencia siendo sancionado por una acción que está tipificada plenamente en la ley respectiva, no especificando claramente la sanción supuestamente violada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se entiende por Carrera Judicial, el conjunto de órgano, normas, procesos y recursos orientados por el principio de mérito, mediante los cuales los servidores del Poder Judicial, con dedicación exclusiva y haciendo de su actividad la fuente primordial de sus medios de vida, prestan un servicio y desarrollan un esfuerzo productivo en los cargos o puestos asignados. Que, de los hechos relevantes planteados por el censor, es de apreciación jurídica controvertido que del escrito de la formalización del amparo interpuesto el recurrente acude a esta instancia constitucional aduciendo que el Consejo de la Carrera Judicial al emitir una resolución traída a estudio de fecha 4 de noviembre del 2015 en la cual se aprecia en su interposición, no señala de manera concreta cual es la acción sancionada, y que la acción del préstamo no debe de considerarse realizada en un ámbito mercantil, sino civil, general la conformación de vulneraciones constitucionales, ya que posiciona al servidor en un estado de indefensión, sin embargo en el fondo de la interposición del presente recurso la decisión cuestionada de suspensión del cargo del señor SANTOS EVARISTO ORTIZ FLORES fue adoptada por la que fue el Consejo de la Judicatura bajo la vigencia de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, la quien siendo declarada inconstitucional recobrando vigencia la Ley de la Carrera Judicial recobrara su vigencia, por lo que en aplicación de la Ley sobre Justica Constitucional le es aplicable el artículo 46 numeral 6 al haber cesado el efecto latente de la resolución impugnada, bajo el entendido de que se hubiere ejecutado la suspensión provisional lo que no se evidencia en la tramitación del procedimiento en estudio, en tanto que el efecto del acto que se pretende amparar ya se ha realizado y por ente el mismo se constituirá en un acto consumado de manera irreparable, por lo que el amparo debe sobreseerse"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS a favor del Señor SANTOS EVARISTO ORTIZ FLORES, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, que suspendió por el termino de tres (3) meses sin goce de sueldo al señor SANTOS EVARISTO ORTIZ FLORES de su cargo de Guardia de Seguridad del JUZGADO DE PAZ CIVIL Y CRIMINAL DE TOCOA, COLON. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 82, 90 y 127 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, el señor SANTOS EVARISTO ORITZ FLORES, en su condición de Guardia de Seguridad del Municipio de Tocoa, departamento de Colón, por realizar cobros de altos intereses por préstamos realizados, quien negó ante el Inspector de ese entonces señor Eleazar Romero, ser prestamista, sin embargo en diligencia preparatoria presentada por el denunciado refiere que en el año dos mil diez (2010) prestó a la Señora Yamileth Núñez Rivera la cantidad de L.314,000.00, constatándose una clara contradicción en lo manifestado por el investigado. De igual forma quedó constancia número 0801-2015-00290, iniciada contra el Juez de Paz de Sabá, Colón, Abogado Rony René del Cid, que en el Juzgado rectorado por dicho funcionario se admitió y se dio trámite a varias solicitudes de conciliación presentada por el denunciado actuando este como prestamista de sendas cantidades de dinero, que no concuerda con el salario de un guardia de seguridad, que siempre ha negado ser prestamista pero sus actuaciones demuestran lo contrario. (Folio 01 del antecedente). 2) Que, seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015), la citada Resuelve (sic): “PRIMERO: Suspender provisionalmente al Servidor Judicial SANTOS EVARISTO ORTIZ FLORES, Guardia de Seguridad de Tocoa, Departamento de Colon; por tener UNA DENUNCIA, que fue declarada con mérito por parte de la Inspectoría General de Órganos Judiciales. SEGUNDO: Que la suspensión provisional que se impone y que no debe considerarse sanción disciplinaria se fija como un término de tiempo de TRES MESES (03) de Suspensión Provisional. TERCERO: Que durante el proceso disciplinario si resultare desvanecido los hechos que se le han atribuido, en la denuncia investigada y después de ocurrido la audiencia respectiva de descargo, ante la Dirección de Recursos Humanos y turnado el informe respectivo al Consejo de la Judicatura, las servidoras judiciales investigadas, deberán ser reintegradas a su puesto de trabajo con el reconocimiento de los sueldos y demás derechos dejados de percibir durante la ejecución de la suspensión provisional que con la presente resolución se ha dispuesto”. (Folios 4-6 del antecedente) 3) Que el Abogado JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS, compareció ante este Tribunal en fecha uno (1) de abril de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor del señor SANTOS EVARISTO ORTIZ FLORES, contra la resolución emitida por el Honorable Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial dictada en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil quince (2015), donde resuelve SUSPENDER PROVISIONALMENTE, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 127 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha seis (6) de febrero de dos mil diecinueve (2019). (Folio 1–6 y 34 del presente Recurso) 4) Que en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, y por emitido su dictamen siendo de la opinión (sic): “SE SOBRESEAN las presentes diligencias, en virtud de concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46 numerales 5 y 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” (Folio 37–39 del presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS a favor del Señor SANTOS EVARISTO ORTIZ FLORES, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, que suspendió por el termino de tres meses sin goce de sueldo al señor SANTOS EVARISTO ORTIZ FLORES de su cargo de Guardia de Seguridad del JUZGADO DE PAZ CIVIL Y CRIMINAL DE TOCOA, COLON. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 82, 90 y 127 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, la recurrente establece en su escrito de interposición de amparo así como de su formalización (f.32) en la cual consta en la pieza de sus antecedentes la violación al debido proceso plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República con relación al derecho a la defensa del mismo cuerpo legal, esgrime que la resolución objeto del amparo carece de lógica ya que en la misma hay enunciados de otras resoluciones haciendo énfasis en lo que ahora se conoce como copiar y pegar basado en la tecnología de Windows denominada WORD, en la resolución impugnada aparece enunciados de sanciones hechas a empleados de la Escuela judicial Salomón Jiménez Castro y enunciados de un vigilante del Municipio de Tocoa Colón. Careciendo de lógica y coherencia siendo sancionado por una acción que está tipificada plenamente en la ley respectiva, no especificando claramente la sanción supuestamente violada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se entiende por Carrera Judicial, el conjunto de órgano, normas, procesos y recursos orientados por el principio de mérito, mediante los cuales los servidores del Poder Judicial, con dedicación exclusiva y haciendo de su actividad la fuente primordial de sus medios de vida, prestan un servicio y desarrollan un esfuerzo productivo en los cargos o puestos asignados. Que, de los hechos relevantes planteados por el censor, es de apreciación jurídica controvertido que del escrito de la formalización del amparo interpuesto el recurrente acude a esta instancia constitucional aduciendo que el Consejo de la Carrera Judicial al emitir una resolución traída a estudio de fecha 4 de noviembre del 2015 en la cual se aprecia en su interposición, no señala de manera concreta cual es la acción sancionada, y que la acción del préstamo no debe de considerarse realizada en un ámbito mercantil, sino civil, general la conformación de vulneraciones constitucionales, ya que posiciona al servidor en un estado de indefensión, sin embargo en el fondo de la interposición del presente recurso la decisión cuestionada de suspensión del cargo del señor SANTOS EVARISTO ORTIZ FLORES fue adoptada por la que fue el Consejo de la Judicatura bajo la vigencia de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, la quien siendo declarada inconstitucional recobrando vigencia la Ley de la Carrera Judicial recobrara su vigencia, por lo que en aplicación de la Ley sobre Justica Constitucional le es aplicable el artículo 46 numeral 6 al haber cesado el efecto latente de la resolución impugnada, bajo el entendido de que se hubiere ejecutado la suspensión provisional lo que no se evidencia en la tramitación del procedimiento en estudio, en tanto que el efecto del acto que se pretende amparar ya se ha realizado y por ente el mismo se constituirá en un acto consumado de manera irreparable, por lo que el amparo debe sobreseerse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 59, 60, 63, 68, 82, 90, 127, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1, 317 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 41, 46 numeral 6), 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 56.2, 60, 64 inciso a), 65, 66, 84 y 85 de la Ley de la Carrera Judicial; 1, 4, 31, 149, 186, y 191 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial; 26 y 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial; FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS a favor del Señor SANTOS EVARISTO ORTIZ FLORES, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, que suspendió por el termino de tres (3) meses sin goce de sueldo al señor SANTOS EVARISTO ORTIZ FLORES de su cargo de Guardia de Seguridad del JUZGADO DE PAZ CIVIL Y CRIMINAL DE TOCOA, COLON. Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0292-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

1