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Sentencia AA-240-19 — Registro 12784

Resumen

Resolución que declara sin lugar solicitud de nulidad de acto administrativo en relación al reclamo administrativo para el pago indemnizatorio por la imposición de servidumbres para la instalación de torres de transmisión en propiedad de naturaleza jurídica privada, promovido por impetrantes aludiendo que no puede desestimar la solicitud de nulidad, ya que para efecto de ella no existe un plazo en el cual debe de plantearse

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(6): Que esta Sala advierte que en el caso objeto de estudio, se puede apreciar, al examen del expediente administrativo que contiene las presentes diligencias, el término correspondiente para interposición del recurso de apelación ha transcurrido de manera indefectible, situación que hace procesalmente imposible la interposición del mismo y por ende de la revisión de dichas diligencias.-Vale indicar que un parámetro de estabilidad en un Estado de Derecho es la Seguridad Jurídica, entendida como la certeza que genera el derecho en los habitantes del Estado de que las situaciones que hayan sido resueltas no sean modificadas más que por procedimientos legalmente establecidos; en el presente asunto la pretensión de anular una decisión de la administración, por una vía distinta a la vía recursiva que el mismo Estado ha propuesto para ese fin, constituiría un deterioro de los cimientos del Estado de Derecho, por lo que la misma organización estatal no permite que la pretensión procedimental de la Amparista pueda ser considerada como viable.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala encuentra preciso resaltar que el Titulo Cuarto de la Ley de Procedimiento Administrativo contiene las formas que se han dispuesto para la revisión de las decisiones adoptadas por el Estado, los artículos del 120 en delante de dicho cuerpo normativo instauran la vía procedimental dispuesta para que los interesados puedan pedir esa revisión (a través de los recursos de Apelación y Reposición), por lo que se puede sostener que, al no señalarse otra forma de revisión de la decisión, no existe otra vía como la pretendida por la Amparista para revertir la decisión de la administración.-También es oportuno indicar que el artículo 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los actos nulos pueden ser consentidos por el interesado, y siendo que los recursos son el método para objetar la decisión, se entiende que la no utilización del mismo es la manifestación del consentimiento, disipando con ello la posibilidad de argumentar una nulidad, ya que la misma se presenta fuera de los parámetros legales y admitirlo sería debilitar los cimientos del Estado de Derecho, a través de la inobservancia de la Seguridad Jurídica.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala no observa que la autoridad recurrida haya actuado de manera arbitraria o ilegitima en su decisión como lo ha indicado la recurrente, por el contrario, lo que ha hecho es ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación atinente al asunto que nos ocupa. -CONSIDERANDO (9): Que la resolución impugnada emitida por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso.-CONSIDERANDO (10): Que este Tribunal estima que la resolución objeto de recurso contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (11): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO (12): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. -El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismo que ha sido debidamente motivado por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (13): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO (14): Que este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de argumentos infundados de los que se deduce que su motivación no es otra que una simple inconformidad con lo resuelto y la continuada dilación del procedimiento administrativo, conforme se evidencia de las actuaciones que constituyen el expediente administrativo que ha sido examinado in extenso en virtud del presente recurso, lo cual se ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de las personas que se han señalado como agraviadas, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso"

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo de dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANABELLY SOLIS a favor de los señores JOSE RAUL ZUNIGA, OSCAR JUDAS OQUELI HERNANDEZ, HILDA LUZ GIRON RODRIGUEZ, JUAN PABLO ZUNIGA TURCIOS, SANDRA BEATRIZ FIALLOS, JOSE RUPERTO ZUNIGA RAMIREZ, LAUTARO GALILEO OQUELI HERNANDEZ, JULIAN ZUNIGA AMADOR, JOSE FELIX RAUDALES RAUDALES, ELVIA AMADOR Y GUILLERMINA TURCIOS, contra la Resolución dictada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE), de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en relación al reclamo administrativo para el pago indemnizatorio por la imposición de servidumbres para la instalación de torres de transmisión en propiedad de naturaleza jurídica privada, promovido por los señores JOSE RAUL ZUNIGA, OSCAR JUDAS OQUELI HERNANDEZ, HILDA LUZ GIRON RODRIGUEZ, JUAN PABLO ZUNIGA TURCIOS, SANDRA BEATRIZ FIALLOS, JOSE RUPERTO ZUNIGA RAMIREZ, LAUTARO GALILEO OQUELI HERNANDEZ, JULIAN ZUNIGA AMADOR, JOSE FELIX RAUDALES RAUDALES, ELVIA AMADOR Y GUILLERMINA TURCIOS, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 64, 82,90, 183, 303, 304, y, 321 de la Constitución de la República. -ANTECEDENTES.-1) Que en fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, el Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores JOSE RAUL ZUNIGA, OSCAR JUDAS OQUELI HERNANDEZ, HILDA LUZ GIRON RODRIGUEZ, JUAN PABLO ZUNIGA TURCIOS, SANDRA BEATRIZ FIALLOS, JOSE RUPERTO ZUNIGA RAMIREZ, LUIS ROLANDO ESTRADA ZUNIGA, JOSE FELIX RAUDALES RAUDALES, DORA ISABEL ZUNIGA AMADOR, quien actúa en representación de la señora ELVIA GOMEZ AMADOR, y JUAN RAMON GARCIA ANDINO quien actúa en representación de GUILLERMINA TURCIOS, LAUTARO GALILEO OQUELI HERNANDEZ Y JULIAN ZUNIGA AMADOR, compareció ante la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE), presentando Reclamo Administrativo para el Pago Indemnizatorio por la Imposición de Servidumbres para la Instalación de Torres de Transmisión en Propiedad de Naturaleza Jurídica Privada. -2) Que en fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, la Dirección Legal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE), emitió el Dictamen No. 009-04-2017, en el cual dictamina que “Primero Es Legalmente Improcedente el reclamo presentado: En virtud que el reclamante no le fue afectado ningún bien inmueble por las siguientes razones: a) la Servidumbre de Electroducto de las líneas de transmisión Sobre la Línea de Subtransmisión de 34.5-L335.Kv. Santa Fe-Zambrano fueron impuestas mediante ACUERDOS de IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE, No.217 de fecha 05 de abril de 1972, Acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Estado en el Despacho de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, SECOPT, ahora INSEP. Asimismo, en los años de 1962 y 1986, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, llevó a cabo el proceso de legalización de la imposición de servidumbres de las líneas de transmisión antes citadas, con antiguos propietarios. …”-3) En fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, emitió la Resolución Gerencial No. GG-313-2018, en la cual resolvió: PRIMERO: Declarar Sin Lugar este reclamo, con base a los argumentos esgrimidos en el Informe y dictamen legal. En el Considerando (3) de esta resolución.- En consecuencia, la ENEE no está obligada a pagar lo reclamado en virtud que no ha incurrido en omisiones o incumplimientos que la responsabilicen en algún modo.- SEGUNDO: esta resolución es de ejecución inmediata; TERCERO y MANDA: Que si dentro del término de quince (15) días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, no se interpone el correspondiente Recurso, quede firme la misma y se haga del conocimiento al Director Legal de la ENEE. Para ulteriores actuaciones. En fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante la tabla de avisos fue notificado al Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS, en su condición antes indicada, de la resolución aquí relacionada.-4) Que mediante autos de fechas veintitrés de abril, veintidós de mayo y ocho de agosto de dos mil dieciocho, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, declaró de Oficio Caducado de derecho y perdido irrevocablemente, el término de quince días hábiles, concedidos para que se procediera a interponer recurso de apelación contra la Resolución No. GG-313-2018, de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.-5) Que en fecha diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la Abogada ANABELLY SOLIS, actuando en su condición de apoderada legal de los reclamantes, compareció ante la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), solicitando la nulidad absoluta de unos actos administrativos, consistentes en Dictamen Legal No. 009-04-2017 de fecha 19 de abril de 2017 y la Resolución GG-313-2018, de fecha 26 de febrero de 2018, y de las subsiguientes actuaciones derivadas, en vista según la peticionaria “de haber sido dictados el Dictamen y la Resolución precitados fuera del tiempo legal establecido, violentando el principio de celeridad en su emisión sin que hubiera en el expediente justificación válida alguna por su tardía y gravosa emisión en perjuicio de los derechos de mis representados…”.-6) Que en fecha siete de noviembre la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), dictó providencia en el cual resolvió: “Téngase por presentado el escrito que antecede, agréguese a sus antecedentes. DENIEGUESE, en virtud que la resolución GG-313-2018, de fecha 26 de febrero de 2018, se encuentra firme y archivado según auto de fecha 23 de abril de 2018, ya que el apoderado no presentó ningún recurso en el tiempo procesal oportuno, sin que lo actuado implique ninguna responsabilidad a la administración; en consecuencia, lo solicitado por la compareciente Anabelly Solís debe estarse a lo ordenado en el auto de fecha 8 de agosto de 2018.-7) Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), interponiendo recurso de apelación contra la providencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, relacionada en el numeral que precede, por ser lesiva a los derechos de sus representados. En consecuencia, en fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, la citada institución, emitió providencia en la cual resuelve: “DENIEGUESE por IMPROCEDENTE en virtud que la providencia de fecha 7 de noviembre de 2018, fue apegada a derecho, por consiguiente, la apoderada Anabelly Solís debe estarse a lo ordenado en el contenido de la referida providencia. …”-8) En fecha siete de enero de dos mil diecinueve, la Abogada ANABELLY SOLÍS, interpuso recurso de reposición contra la providencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, relacionada en el numeral anterior.-9) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), emitió resolución en el cual resuelve: “RECHACESE POR IMPROCEDENTE, en virtud de que bajo ninguna circunstancia cabe recurso alguno en el expediente de mérito, ya que tal como lo consigna la providencia del 7 de noviembre de 2018 que corre agregada a folio 255, el apoderado legal de la parte reclamante no hizo uso del plazo que otorga la ley para impugnar la resolución emitida, caducándose en legal y debida forma dicho plazo mediante la notificación de la providencia caducidad, efectuada vía correo electrónico el 23 de abril de 2018, quedando firme la misma a través del referido acto (ver folios 246-247). Asimismo, según lo instaurado en el art. 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la impugnación es improcedente en virtud de que: “las providencias serán susceptibles de impugnación solamente, cuando imposibiliten la continuación del procedimiento o causen indefensión” [SIC]. De igual, manera, es menester destacar que la abogada Anabelly Solís se personó en el expediente de marras cuando ya estaba firme la providencia que caducó de derecho y dio por perdido irrevocablemente el plazo para interponer recurso contra la resolución gerencial, presentando escrito de personamiento, solicitud de certificación íntegra de resolución, y copia de documentos el 26 de abril de 2018, tres (3) días después de haber obtenido carácter de firme la aludida providencia de caducidad. Se le hace la aclaración a la apoderada legal, de que a través de éste acto NO ESTA AGOTANDO LA VIA ADMINISTRATIVA, ya que la providencia emitida el 12 de (sic) noviembre de 2018 (folio 259) NO RESOLVIO RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO, sino, que lo denegó por improcedente. En cuanto a los demás hechos planteados, carecen de asidero legal alguno, ya que todas las actuaciones contenidas en el expediente fueron dictadas conforme a Derecho y, en virtud de que se le otorgaron al apoderado legal los plazos que establece la Ley para impugnar las actuaciones emitidas, sin que este hiciera uso de ellos en tiempo y forma, por lo cual, cualquier impugnación que se presente, es extemporánea e improcedente. …” .-10) Que la Abogada ANABELLY SOLÍS, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores JOSE RAUL ZUNIGA, OSCAR JUDAS OQUELI HERNANDEZ, HILDA LUZ GIRON RODRIGUEZ, JUAN PABLO ZUNIGA TURCIOS, SANDRA BEATRIZ FIALLOS, JOSE RUPERTO ZUNIGA RAMIREZ, LAUTARO GALILEO OQUELI HERNANDEZ, JULIAN ZUNIGA AMADOR, JOSE FELIX RAUDALES RAUDALES, ELVIA AMADOR Y GUILLERMINA TURCIOS, contra la Resolución dictada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE), de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en relación al reclamo administrativo para el pago indemnizatorio por la imposición de servidumbres para la instalación de torres de transmisión en propiedad de naturaleza jurídica privada, por estimar que la misma es violatoria de los 64, 82,90, 183, 303, 304, y, 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve. -11) Que en fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, en el cual fue de la opinión que “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, ya que no se aprecia la vulneración señalada por la Amparista”.- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales, la resolución dictada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, de fecha 16 de enero de 2019, en el que no se reconoce la concurrencia de la nulidad absoluta de la resolución que se emitió en relación al reclamo administrativo para el pago indemnizatorio por la imposición de servidumbres para la instalación de torres de transmisión en propiedad de naturaleza jurídica privada.-CONSIDERANDO (5): Que en el caso que nos ocupa, se desprende que la recurrente acude a esta instancia aduciendo que se ha vulnerado la Prohibición de Aplicación Restrictiva de los Derechos Constitucionales, contenido en el artículo 64 Constitucional, respecto a dicha interposición resalta lo siguiente:Que la solicitud planteada es una solicitud de nulidad, que constituye una actividad procesal distinta a la Apelación, y que por ende no debe de resolverse considerando la normativa propia de ese recurso.-Que el argumento de nulidad es que tanto la resolución GG-303-2018 y el Dictamen Legal No.009-04-2017 fueron emitidas de manera extemporánea y que por ende deben de ser anuladas.-Alude que no puede desestimar la solicitud de nulidad, ya que para efecto de ella no existe un plazo en el cual debe de plantearse.-CONSIDERANDO (6): Que esta Sala advierte que en el caso objeto de estudio, se puede apreciar, al examen del expediente administrativo que contiene las presentes diligencias, el término correspondiente para interposición del recurso de apelación ha transcurrido de manera indefectible, situación que hace procesalmente imposible la interposición del mismo y por ende de la revisión de dichas diligencias.-Vale indicar que un parámetro de estabilidad en un Estado de Derecho es la Seguridad Jurídica, entendida como la certeza que genera el derecho en los habitantes del Estado de que las situaciones que hayan sido resueltas no sean modificadas más que por procedimientos legalmente establecidos; en el presente asunto la pretensión de anular una decisión de la administración, por una vía distinta a la vía recursiva que el mismo Estado ha propuesto para ese fin, constituiría un deterioro de los cimientos del Estado de Derecho, por lo que la misma organización estatal no permite que la pretensión procedimental de la Amparista pueda ser considerada como viable.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala encuentra preciso resaltar que el Titulo Cuarto de la Ley de Procedimiento Administrativo contiene las formas que se han dispuesto para la revisión de las decisiones adoptadas por el Estado, los artículos del 120 en delante de dicho cuerpo normativo instauran la vía procedimental dispuesta para que los interesados puedan pedir esa revisión (a través de los recursos de Apelación y Reposición), por lo que se puede sostener que, al no señalarse otra forma de revisión de la decisión, no existe otra vía como la pretendida por la Amparista para revertir la decisión de la administración.-También es oportuno indicar que el artículo 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los actos nulos pueden ser consentidos por el interesado, y siendo que los recursos son el método para objetar la decisión, se entiende que la no utilización del mismo es la manifestación del consentimiento, disipando con ello la posibilidad de argumentar una nulidad, ya que la misma se presenta fuera de los parámetros legales y admitirlo sería debilitar los cimientos del Estado de Derecho, a través de la inobservancia de la Seguridad Jurídica.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala no observa que la autoridad recurrida haya actuado de manera arbitraria o ilegitima en su decisión como lo ha indicado la recurrente, por el contrario, lo que ha hecho es ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación atinente al asunto que nos ocupa. -CONSIDERANDO (9): Que la resolución impugnada emitida por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso.-CONSIDERANDO (10): Que este Tribunal estima que la resolución objeto de recurso contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (11): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO (12): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. -El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismo que ha sido debidamente motivado por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (13): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO (14): Que este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de argumentos infundados de los que se deduce que su motivación no es otra que una simple inconformidad con lo resuelto y la continuada dilación del procedimiento administrativo, conforme se evidencia de las actuaciones que constituyen el expediente administrativo que ha sido examinado in extenso en virtud del presente recurso, lo cual se ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de las personas que se han señalado como agraviadas, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 5, 7, 46 numerales 1) y 9), y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada ANABELLY SOLIS a favor de los señores JOSE RAUL ZUNIGA, OSCAR JUDAS OQUELI HERNANDEZ, HILDA LUZ GIRON RODRIGUEZ, JUAN PABLO ZUNIGA TURCIOS, SANDRA BEATRIZ FIALLOS, JOSE RUPERTO ZUNIGA RAMIREZ, LAUTARO GALILEO OQUELI HERNANDEZ, JULIAN ZUNIGA AMADOR, JOSE FELIX RAUDALES RAUDALES, ELVIA AMADOR Y GUILLERMINA TURCIOS, contra la Resolución dictada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE), de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en relación al reclamo administrativo para el pago indemnizatorio por la imposición de servidumbres para la instalación de torres de transmisión en propiedad de naturaleza jurídica privada, al haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redacto Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central., uno de marzo de dos mil veintiuno.-VISTO: El recurso de reposición presentado en fecha veintitrés de noviembre (23) del año dos mil veinte (2020), interpuesto por la Abogada ANABELLY SOLÍS a favor de los señores JOSÉ RAÚL ZÚNIGA, OSCAR JUDAS OQUELI HERNÁNDEZ, HILDA LUZ GIRÓN RODRÍGUEZ, JUAN PABLO ZÚNIGA TURCIOS, SANDRA BEATRIZ FIALLOS, JOSÉ RUPERTO ZÚNIGA RAMÍREZ, LAUTARO GALILEO OQUELI HERNÁNDEZ, JULIÁN ZÚNIGA AMADOR, JOSÉ FÉLIX RAUDALES RAUDALES, ELVIA AMADOR Y GUILLERMINA TURCIOS, contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha diez de marzo (10) de año dos mil veinte (2020) en la que se SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto por la impetrante, contra la resolución dictada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en relación al reclamo administrativo para el pago indemnizatorio por la imposición de servidumbres para la instalación de torres de transmisión en propiedad de naturaleza jurídica privada, promovido por los señores JOSÉ RAÚL ZÚNIGA, OSCAR JUDAS OQUELI HERNÁNDEZ, HILDA LUZ GIRÓN RODRÍGUEZ, JUAN PABLO ZÚNIGA TURCIOS, SANDRA BEATRIZ FIALLOS, JOSÉ RUPERTO ZÚNIGA RAMÍREZ, LAUTARO GALILEO OQUELI HERNÁNDEZ, JULIÁN ZÚNIGA AMADOR, JOSÉ FÉLIX RAUDALES RAUDALES, ELVIA AMADOR Y GUILLERMINA TURCIOS, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE).-CONSIDERANDO: Que la Abogada, ANABELLY SOLÍS, interpuso acción de amparo a favor de los señores JOSÉ RAÚL ZÚNIGA, OSCAR JUDAS OQUELI HERNÁNDEZ, HILDA LUZ GIRÓN RODRÍGUEZ, JUAN PABLO ZÚNIGA TURCIOS, SANDRA BEATRIZ FIALLOS, JOSÉ RUPERTO ZÚNIGA RAMÍREZ, LAUTARO GALILEO OQUELI HERNÁNDEZ, JULIÁN ZÚNIGA AMADOR, JOSÉ FÉLIX RAUDALES RAUDALES, ELVIA AMADOR Y GUILLERMINA TURCIOS. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), mediante la cual SOBRESEE el recurso de amparo del que se hizo mérito.-CONSIDERANDO: Que la recurrente Abogada ANABELLY SOLÍS, expone en el recurso de reposición relacionado, que no comparte el criterio jurídico de la Sala, manifestando la recurrente entre sus puntos más destacados (sic) “…QUINTO: Con todo lo coherente sobre el fondo verdadero del caso y sustentado en ley que se ha señalado en cada capítulo precedente, se considera injusta la estipulación de los considerandos (11) y (12) de la sentencia al fundamentar en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional considerando como improcedente el recurso de amparo; por lo que resulta incoherente rechazar la actuación en amparo según lo establecido en el considerando (12) por considerar que es entre otras cosas, planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos, que deben resolverse por la autoridad competente, pero ya antes se puntualizó: LA ENEE rechazó mi acción de nulidad, irresponsablemente no atendió en forma debida el asunto, confundiendo en concepto y tramitación de un asunto con otro dejando en total indefensión a mis representados, es por esa vulneración que acudimos a esta Sala de lo Constitucional, que se nos dé una solución y se ordene lo correspondiente, en el mismo Considerando (12) entre otras cosas, se establece que, el caso que nos ocupa ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional compete sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismo que ha sido debidamente motivado por el Tribunal de Apelaciones.- Pues consta en autos que las referidas actuaciones jurisdiccionales no existen, que solo sucederían si se ordenara la nulidad de la Resolución administrativa cuya nulidad se solicita y de otras actuaciones anómalas en el expediente administrativo ya acreditadas, para retomar continuar con el curso normal del proceso administrativo y de ser necesario pues si se llegaría al procedimiento jurisdiccional correspondiente, o en su defecto al iniciar de nuevo las diligencias administrativas mismas aun no objeto de cosa juzgada. SEXTO: Es erróneo de mero derecho la decisión plasmada en el Considerando (13) al declarar que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente, pues por la figura del caso que nos ocupa y sus argumentos no es improcedente la acción constitucional de amparo interpuesta; asimismo, es desacertado la decisión de declararla improcedente.- Además, que tampoco mis argumentaciones son de mera legalidad, pues queda demostrado que se han vulnerado las garantías constitucionales en este caso, por lo que no se trata de una inconformidad de mi parte con lo resuelto y por la continuada dilación probada, y así muy bien apreciada en el considerando (14), se trata pues que la parte reclamante tiene razón y debe hacerse justicia, y justicia tardía como la aplicada por la ENEE no es justicia, entre las otras irregularidades probadas…”.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegarlo o enmendar la providencia o sentencia.-CONSIDERANDO: Que tal y como lo dejó establecido esta Sala en su resolución, se aprecia que la autoridad recurrida resolvió la cuestión que le fue planteada en su momento, haciendo correcta aplicación e interpretación de la normativa reguladora del asunto que fue llamada a solventar, resolviendo de manera motivada, en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, sin advertirse violación disminución o tergiversación alguna a derechos y garantías constitucionales en menoscabo de la persona señalada como agraviada. -Esta Sala encuentra que los razonamientos que en cuanto al fondo se plasmaron en su sentencia se encuentran arreglados a derecho, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de reposición planteado.-CONSIDERANDO: Que en cuanto al alegato que presenta la recurrente concerniente a que esta Sala refirió en su sentencia la intervención de órganos jurisdiccionales que no la tuvieron, así como actuaciones jurisdiccionales inexistentes, ello resulta admisible, puesto que efectivamente en el asunto sometido a examen no hubo intervención judicial, sin embargo, esta Sala aprecia que estamos aquí ante un evidente error material de redacción que no tiene ninguna incidencia en el fallo dictado, y al configurarse como un defecto no esencial, resulta subsanable de conformidad con la ley y sin consecuencia jurídica en cuanto al fondo del fallo dictado, pues el razonamiento de la Sala se orientó primordialmente a establecer que el asunto planteado fue una cuestión de estricto derecho no susceptible de ser conocida por la acción constitucional de amparo, al fundarse la misma en alegaciones de mera legalidad, cuestión que se enmarca dentro de la correspondiente causal de inadmisibilidad estipulada por la ley, siendo por ende oportuno y pertinente el sobreseimiento de la acción de amparo conocida.-CONSIDERANDO: Que conforme con lo estipulado por el Artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. La ley estipula que tales aclaraciones podrán hacerse de oficio o a instancia de parte, dentro del día hábil siguiente al de la notificación de la sentencia.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que del fallo de mérito surjan o se vean plasmados conceptos oscuros que exijan aclaración, no obstante, se aprecia un error material que amerita ser corregido por parte de esta Sala.-CONSIDERANDO: Que, en consonancia con lo anterior, esta Sala no encuentra meritorio acceder a la reposición pretendida por la recurrente, advirtiéndose que tanto la decisión de esta Sala, como las consideraciones de fondo establecidas en su resolución se encuentran apegadas a derecho no pudiendo establecerse razones de mérito para proceder a la reposición de la referida resolución, resultando pertinente únicamente corregir los errores materiales que han sido advertidos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 6, 79, 82, 83, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada ANABELLY SOLÍS por las razones que se dejan señaladas; SEGUNDO: CORREGIR DE OFICIO la sentencia de fecha diez de marzo (10) de año dos mil veinte (2020), en específico el considerando número doce (12) que deberá leerse así: “...CONSIDERANDO (12): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano administrativo competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo”, debiéndose incluir esta corrección en las certificaciones de estilo que al efecto se autoricen; Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. -NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la sentencia de fecha diez (10) de marzo del dos mil veinte (2020) y Resolución de fecha uno (1) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) recaídas en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0240-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL