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Sentencia AA-221-18 — Registro 11013

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó auto dictado por Juzgado de primera instancia que tuvo por desistida solicitud de liquidación de intereses, teniendo por terminado el proceso y se ordenó el archivo del mismo, en relación a demanda de nulidad parcial de un acto administrativo promovida por recurrente contra la Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC); en apelación se consideró que la figura del desistimiento si está prevista en la norma que regula la jurisdicción contencioso administrativo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y confirma la resolución de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, que resuelve tener por desistida la Liquidación de Intereses promovida por la parte demandante Argos Honduras S.A. de C.V., declarando terminado el proceso y ordenando el archivo de las actuaciones..."..."habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo...En ese orden de ideas, el artículo 134 de la LJCA señala: “....."existen leyes especiales que rige en cuanto a las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo, como ser la LEY DE LA JURISDICCÓN DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, norma especial que señala la forma u otros medios de terminación del proceso, el artículo 85 de la LJCA establece: “El actor podrá desistir de la demanda en cualquier estado del proceso, antes de dictarse sentencia.”. Aunado a lo anterior el artículo 4 del Código Civil refuerza la aplicación de la Ley especial de preferencia a la Ley General al expresar: “Las Disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código”. Ello en relación a los argumentos expuestos por el recurrente, de aplicar en forma supletoria disposiciones del Código Procesal Civil, cuando la ley especial desarrolla y establece como se debe dar respuesta a lo peticionado por el demandante, en cuanto al desistimiento de la demanda, como otro medio de terminación del proceso..."..."una interpretación lógico-sistemática de las normas legales antes relacionadas nos llevan a concluir que, las leyes especiales se aplicarán con preferencia a las normas generales, ello en virtud que los pasajes oscuros o contradictorios de la ley, se interpretarán del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural, pues en el caso que nos ocupa, la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, la Ley de Contratación del Estado, para nombrar algunas normas relacionadas, establecen cuales son los procedimientos a seguir en las relaciones de carácter jurídico y patrimonial que se dé entre el Estado y sus entidades y los particulares. Por ello el desistimiento presentado por la parte demandante ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., debe regirse por lo que establece el artículo 85 de la LJCA, por ser la ley especial, ello en relación a lo establecido en el artículo 4 del Código Civil..."..."la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el principio de legalidad invocados como vulnerados por el recurrente, pues se ha dado respuesta a su petición aplicando la norma especial que es la que corresponde al caso en comento, la resolución impugnada se fundamenta en el Artículo 85 de la LJCA, de aplicación conforme al principio de legalidad, debiéndose aplicar la norma especial con preferencia a la norma general, como se ha dejado relacionada en acápites anteriores..."..."ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales, así mismo a las instancias administrativas, en amparo de sus pretensiones,..."..."el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y al principio de legalidad, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetado los derechos que le asisten al impetrante, como ser el principio de legalidad y el debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la Sociedad Mercantil ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., anteriormente conocida como LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V., contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil dieciséis (2016); con relación a la Solicitud de Liquidación de Intereses, en la Demanda de Nulidad Parcial de un Acto Administrativo, promovida por el Abogado Juan José Alcerro Milla, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V., ahora ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., en contra la COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos al debido proceso y el principio de legalidad consignados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, el Abogado JUAN JOSÉ ALCERRO MILLA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V., ahora conocida como ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., interponiendo, Demanda de Nulidad Parcial de un Acto Administrativo, en contra de la COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC), solicitando que: se reconozca la situación jurídica individualizada, haciendo que dicho acto administrativo declare sin lugar los cargos imputados y las sanciones impuestas a su representada; ordene a la devolución del pago más los intereses, desde la fecha de su depósito hasta su devolución. (Folios del 1 al 21 de la Pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que seguido el trámite, en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil doce (2012), el citado Juzgado, dictó Fallo definitivo mediante el cual resolvió: (Sic) “Declarar IMPROCEDENTE la acción promovida por la sociedad Mercantil LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V., por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado parcialmente, y que consiste en la resolución número 022-CDPC-2010-AÑO-V de la sesión ordinaria número 39-2010 del 6 de octubre de 2010 emitida por el pleno de la Comisión Para la Defensa y Promoción de la Competencia, y este Juzgado la confirma en todos y cada uno de aquellos aspectos cuya revisión ha sido sometida ante este Tribunal.” A lo que el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil en ese entonces conocida como LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V., interpuso Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que en fecha tres (3) de octubre del año dos mil trece (2013), declaró CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto, REVOCA la sentencia de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil doce (2012) y declara PROCEDENTE PARCIALMENTE la acción interpuesta y en consecuencia anula parcialmente el Acto Administrativo Impugnado; sentencia ésta última que fue declarada firme mediante sentencia de Casación emitida por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en fecha tres (3) de marzo del año dos mil quince (2015). (Folios 337–348 y 425–456fv y del folio 457 al 465 de la Pieza de antecedentes de primera instancia)- 3) Que en fecha seis (6) de mayo del año dos mil quince (2015), se presentó al Juzgado antes citado, el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil demandante, notificando el cambio de denominación social de LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V., a ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., asimismo presenta Liquidación de Intereses, en el expediente contentivo de la Demanda para Declarar la Nulidad Parcial de un Acto Administrativo; mismo que fue admitido en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015). (Folios 1 al 3 y 15fv de la Pieza Separada de Liquidación de Intereses)- 4) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante, presentando escrito intitulado “SE PRESENTA DESISTIMIENTO. TRASLADO PARTE. SE DICTE RESOLUCION.”; en respuesta a dicha petición el referido juzgado dictó resolución en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Resolvió: (Sic) “…en cuanto a lo solicitado por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante, tiénese por desistida la presente Liquidación de Intereses; en consecuencia, declárese terminado el proceso, ordénese el archivo de las actuaciones, sin condena de costas.” (Folio 130 de la Pieza Separada de Liquidación de Intereses)- 5) Que en fecha once (11) de abril del año dos mil dieciséis (2016), el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, actuando en representación de la Sociedad Mercantil ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., antes conocida como LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V., interpuso Recurso de Apelación, contra la Resolución anteriormente relacionada, a lo que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), dictó Sentencia mediante la cual fallo: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, actuando como Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil “LAFARGE CEMENTOS, S.A. DE C.V”.- SEGUNDO: SE CONFIRMA el auto de fecha cinco (05) de febrero del año Dos Mil Dieciséis (2016), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que aparece a folios número Ciento Treinta Frente (130) de la pieza principal de autos….” (Folios del 14 al 18 de la Pieza de antecedentes de segunda instancia)- 6) Que el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, compareció ante este Alto Tribunal en fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., anteriormente conocida como LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V., contra la Sentencia de fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria del derecho al debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Teniendo esta Sala de lo Constitucional, por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil dieciocho (2018). (Folios 1 al 18 y 60 de los autos)- 7) Que mediante providencia de fecha tres (3) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala de lo Constitucional tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido en tiempo y forma su dictamen, siendo de la opinión porque No se otorgue la presente acción de Amparo. Arguye la Fiscal del Despacho, que la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, regula lo concerniente a los otros medios de terminación del proceso, disponiendo en su artículo 85 que el actor podrá desistir de la demanda en cualquier estado del proceso, antes de dictarse sentencia, por lo que declaró terminado el proceso y se ordenó el archivo de las actuaciones en cuyo auto resolutivo se declarará terminado el proceso y se ordenará el archivo de las actuaciones, por lo que si bien, la precitada norma permite la aplicabilidad del Código de procedimientos Civiles, esta será como supletoria en lo no previsto, circunstancia que no acontece en el caso de autos, siendo que la figura del desistimiento si está prevista en la norma que regula la jurisdicción contencioso administrativo.(Folios del 67 al 73 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), fecha en la que el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante la Sociedad Mercantil ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., presentó escrito intitulado “SE PRESENTA DESISTIMIENTO. TRASLADO PARTE. SE DICTE RESOLUCION.”, en el expediente de la pieza separada en primera instancia, contentivo de la Liquidación de Intereses presentado por el recurrente en Amparo, ello en relación a la Demanda de Nulidad Parcial de un Acto Administrativo, promovida por el Abogado Juan José Alcerro Milla, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V., ahora ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., en contra la COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC).- CONSIDERANDO (3): Que en fecha doce de marzo del año dos mil dieciocho, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., anteriormente conocida como LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V., contra la Sentencia de fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante, contra la resolución de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, que resuelve tener por desistida la Liquidación de Intereses promovida por la parte demandante y ordena el archivo de las actuaciones; considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria del derecho al debido proceso y al principio de legalidad, contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; y el Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente indica que en la resolución impugnada se aplica en forma errónea el Artículo 85 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo[1], siendo lo correcto aplicar el Artículo 484 del Código Procesal Civil[2]. Argumenta que del análisis de ambas normas procesales en conflicto, se puede concluir: a. La premisa principal es la solicitud de desistimiento bajo el procedimiento del art. 484 del CPC por parte del escrito; b. El procedimiento que aplicó el Juzgado es del art. 85 de la LJCA, en la cual resuelve de plano la solicitud de desistimiento del proceso, sin darle traslado a la parte contraria, lo cual está consagrado en el principio de congruencia (art. 4 CPC); y, c. El procedimiento del artículo invocado es el 484.2 del CPC. En tal sentido –dice el recurrente- la solicitud de desistimiento conforme al 484 del CPC, limita al Juzgado a pronunciarse de plano, porque hay garantías constitucionales que no pueden obviar, restringir, por ser normas imperativas de orden público (art. 7.1 del CPC[3], 9[4], 10[5], 1586[6] y 1598[7] del Código Civil) y no admiten convalidación de las partes.- CONSIDERANDO (5): Que el impetrante expone que la falta de motivación de la sentencia del Ad-quem quebranta el debido proceso, cuando se constata la ausencia de motivación del Ad-quem, es decir, no se desprenden razones o argumentos que ilustren al justiciable o reclamante sobre la decisión emitida. Procede el recurrente a relacionar criterios jurisprudenciales emitidos por este Alto Tribunal en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, asimismo hace alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional Español 101/1998 de 18 de mayo en relación a la congruencia de las resoluciones. Por ello estima el recurrente que la sentencia hoy censurada es completamente incongruente, pues el juzgador está vinculado por el principio de congruencia, a los hechos alegados en cuanto que éstos sean el soporte o fundamento relevante de la pretensión deducida. Aduce que la congruencia es un requisito esencial de la sentencia, consistente en la adecuada relación que ha de existir entre la pretensión procesal y las parte dispositiva de la sentencia, de suerte que no cabe que el Juzgador traspase los límites de la pretensión. El impetrante hace referencia a la Exhaustividad en la sentencia, argumentando que es la obligación del juzgador abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados. Concluye que la sentencia no reúne los requisitos formales ni materiales que debe contener el fallo hoy impugnado.- CONSIDERANDO (6): Que el impetrante hace especial énfasis en la sentencia con registro de expediente AC 281-10 emitida por este Alto Tribunal, en relación a lo que se debe entender por debido proceso, haciendo alusión al considerando 5 de la referida sentencia, la que transcribe en su totalidad. Citando al autor Gonzales, Pérez Jesús dice el pedidor de Amparo que es una obligación del estado reconocer un conjunto de garantías constitucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de acudir a los Tribunales para obtener protección de nuestros intereses y derechos, a través de un proceso en el que se respeten tanto los derechos del demandante como los del demandado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y confirma la resolución de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, que resuelve tener por desistida la Liquidación de Intereses promovida por la parte demandante Argos Honduras S.A. de C.V., declarando terminado el proceso y ordenando el archivo de las actuaciones. Estimando el recurrente que la norma aplicable debió ser el Artículo 484 del CPC y no el Artículo 85 de la LJCA.- CONSIDERANDO (8): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo a saber: “Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo.”. En ese orden de ideas, el artículo 134 de la LJCA señala: “En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletorios, el Código de Procedimientos Civiles, Procesal Civil y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.”- CONSIDERANDO (9): Que la clasificación de las leyes se hace necesaria, pues no todas tienen el mismo alcance, importancia, fines o consecuencias; de allí la clasificación en leyes generales y especiales. Las primeras son concebidas y elaboradas para regir situaciones corrientes y aplicables a la generalidad de las personas y casos, las leyes especiales son creadas para regular situaciones particulares, es decir van dirigidas a resolver un hecho individual o particular, constituyen en definitiva un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a un determinado sujeto y a ocasiones específicas. Por ello el artículo 4 del Código Civil en la misma línea de ideas determina que las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, de Minería y demás especiales, tal sería el caso de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán con preferencia a las del Código Civil, precisamente por tratarse de leyes especiales, que rigen a sujetos y situaciones particulares en la convivencia humana.- CONSIDERANDO (10): Que existen leyes especiales que rige en cuanto a las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo, como ser la LEY DE LA JURISDICCÓN DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, norma especial que señala la forma u otros medios de terminación del proceso, el artículo 85 de la LJCA establece: “El actor podrá desistir de la demanda en cualquier estado del proceso, antes de dictarse sentencia.”. Aunado a lo anterior el artículo 4 del Código Civil refuerza la aplicación de la Ley especial de preferencia a la Ley General al expresar: “Las Disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código”. Ello en relación a los argumentos expuestos por el recurrente, de aplicar en forma supletoria disposiciones del Código Procesal Civil, cuando la ley especial desarrolla y establece como se debe dar respuesta a lo peticionado por el demandante, en cuanto al desistimiento de la demanda, como otro medio de terminación del proceso.- CONSIDERANDO (11): Que una interpretación lógico-sistemática de las normas legales antes relacionadas nos llevan a concluir que, las leyes especiales se aplicarán con preferencia a las normas generales, ello en virtud que los pasajes oscuros o contradictorios de la ley, se interpretarán del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural, pues en el caso que nos ocupa, la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, la Ley de Contratación del Estado, para nombrar algunas normas relacionadas, establecen cuales son los procedimientos a seguir en las relaciones de carácter jurídico y patrimonial que se dé entre el Estado y sus entidades y los particulares. Por ello el desistimiento presentado por la parte demandante ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V., debe regirse por lo que establece el artículo 85 de la LJCA, por ser la ley especial, ello en relación a lo establecido en el artículo 4 del Código Civil.- CONSIDERANDO (12): Que el recurrente fundamenta sus alegaciones en el recurso de Amparo promovido, aduciendo básicamente que la sentencia no reúne los requisitos formales ni materiales que debe contener el fallo hoy impugnado. De la foliada de la sentencia que se impugna, esta Sala de lo Constitucional advierte que para llegar a la decisión que confirma la resolución dictada por el A-quo, el Ad-quem se fundamenta en lo siguiente: “FUNDAMENTOS DE DERECHO CUARTO (4):….; en ese orden de ideas es preciso mencionar que en la pieza principal ya hubo un derecho declarativo que culminó con una sentencia definitiva firme[8], posteriormente el actor de la demanda inicia un nuevo proceso denominado liquidación de intereses, del cual interpuso el desistimiento, como otros medios de terminación del proceso que contempla la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo denominada desistimiento de la demanda, figura que se traduce a una terminación anormal de un proceso, es decir, abandono de la solicitud realizada, una finalización del proceso o una extinción del mismo, siendo en este caso que dicha petición obedece a la solicitud de desistimiento planteada por el actor, por lo que si la ley especial de la jurisdicción contempla dicha figura se debe de aplicar lo establecido en la Ley especial aplicando con ellos el principio de legalidad y debido proceso que debe imperar, por lo que se declara terminado el proceso y se ordena el archivo de las actuaciones….”- CONSIDERANDO (13): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[9], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[10]. Sin embargo también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[11]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[12], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[13]- CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el principio de legalidad invocados como vulnerados por el recurrente, pues se ha dado respuesta a su petición aplicando la norma especial que es la que corresponde al caso en comento, la resolución impugnada se fundamenta en el Artículo 85 de la LJCA, de aplicación conforme al principio de legalidad, debiéndose aplicar la norma especial con preferencia a la norma general, como se ha dejado relacionada en acápites anteriores. El impetrante hace énfasis en la falta de congruencia y exhaustividad en la “MOTIVACÓN”, de la resolución que impugna, desarrollando la Alzada en el acápite intitulado “FUNDAMENTOS DE DERECHO” una motivación lo suficientemente amplia a efecto de exteriorizar la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, exigencia que es de amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido debidamente observada por la Corte de Apelaciones recurrida. De la lectura de la acción constitucional impetrada, este Alto Tribunal advierte que el recurrente expone en sus argumentos que: (Sic) “Asimismo consideramos que la Sentencia hoy censurada es completamente incongruente… ”; (Sic) “En consecuencia, la sentencia no reúne los requisitos formales ni materiales que debe contener el fallo hoy impugnado”, argumentos que no son de recibo por este Alto Tribunal, pues la resolución se muestra lo suficientemente motivada y coherente en respuesta a los agravios externados por la parte demandante y recurrente en Amparo, el que la respuesta no sea conforme a las pretensiones del recurrente no es indicativo de vulneración del principio de legalidad y el debido proceso.- CONSIDERANDO (15): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. La recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, del precepto constitucional 321 en la resolución de fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional. El precepto constitucional indicado señala: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”- CONSIDERANDO (16): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales, así mismo a las instancias administrativas, en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y al principio de legalidad, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (17): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetado los derechos que le asisten al impetrante, como ser el principio de legalidad y el debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (18): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 321, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 85 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la Sociedad Mercantil ARGOS HONDURAS S.A. de C.V., contra la sentencia de fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION NACIONAL. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÌQUESE- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0221-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] En adelante LJCA.

[2] En adelante CPC.

[3] LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS. 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas.

[4] Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención.

[5] Cuando la ley declara nulo algún acto con el fin expreso o tácito de precaver un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia publica o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la ley.

[6] Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1°-Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2°-cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. 3°-Cuando se ejecuten o celebren por personas absolutamente incapaces.

[7] Sin la previa entrega o consignación de lo que debe devolver con motivo de la nulidad, no puede una parte exigir que se compela a la otra parte a la devolución de lo que le corresponde.

[8] Folio 425-465 de la pieza principal.

[9] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[10] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[11] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[12] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[13] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.