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Sentencia AA-196-19 — Registro 11413

Resumen

orden dada por Director a Secretaría de la Dirección Ejecutiva y la Secretaría General, de no recibirle ninguna petición que, por escrito presente recurrente,ex empleado de dicha Institución, tal como consta en la copia del Acuerdo de Cancelación que se adjunta a la presente comunicación;ante ese órgano del Estado, asimismo, la negación de la Secretaría de recibir una solicitud,amparista promueve su acción con el declarado propósito de reestablecer su acceso efectivo al derecho de petición y la incolumidad de la garantía de legalidad administrativa que vincula a todos los servidores públicos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(6): Que la garantía genérica del debido proceso es comprensiva de una serie de derechos establecidos a favor de las partes en un procedimiento judicial, de tal manera que en un mismo plano de igualdad hacen posible su intervención tendiente a promover la actividad jurisdiccional que desemboca en una decisión por parte del Juez o Tribunal. De este modo, dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de petición, acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, a obtener una resolución motivada de sus pretensiones, y el derecho a recurrir las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (7): Que, del estudio de los antecedentes, esta Sala estima que el amparista promueve su acción con el declarado propósito de reestablecer su acceso efectivo al derecho de petición y la incolumidad de la garantía de legalidad administrativa que vincula a todos los servidores públicos. Sin embargo, de la lectura imparcial y objetiva que fue el parecer de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, no se desprende la virtualidad de los extremos denunciados; siendo la voluntad declarada de la Administración Pública descentralizada, particularmente de la Dirección Ejecutiva y de la Secretaría General del Instituto Nacional Agrario (“INA”), la de recibir las solicitudes y planteamientos del petente, cumplidos los requisitos que enmarca la Ley. CONSIDERANDO (8): Que en vista a lo anteriormente manifestado, efectuado el estudio y análisis del presente recurso de amparo, así como de lo prescrito en el Ordenamiento Jurídico aplicable, se concluye que no existen violaciones a las Garantías Constitucionales del Derecho de Petición, Debido Proceso, principio de legalidad administrativa y demás derechos y declaraciones constitucionales invocadas; por lo cual resulta procedente, para esta Sala, desestimar la garantía constitucional acumulada promovida por el recurrente"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por el Abogado Teobaldo Cardona Figueroa, a favor Sí Mismo, (Registros No.196 y 200-2019), respectivamente, contra actuaciones del Director Ejecutivo y la Secretaría General del Instituto Nacional Agrario, con relación según el recurrente, a la orden dada por dicho Director a la Secretaría de la Dirección Ejecutiva y la Secretaría General de ese Instituto, de no recibirle ninguna petición que por escrito presente ante ese órgano del Estado, asimismo, la negación de la Secretaría de recibir la solicitud de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, que procuraba presentar el Abogado Teobaldo Cardona Figueroa. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 80 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fechas cinco y seis de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, Abogado Teobaldo Cardona Figueroa, interponiendo acción de amparo a favor de Sí Mismo, del Director Ejecutivo y la Secretaría General del Instituto Nacional Agrario, con relación según el recurrente, a la orden dada por dicho Director a la Secretaría de la Dirección Ejecutiva y la Secretaría General de ese Instituto, de no recibirle ninguna petición que por escrito presente ante ese órgano del Estado, asimismo, la negación de la Secretaría de recibir la solicitud de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, que procuraba presentar el Abogado Teobaldo Cardona Figueroa. 2) Que en fechas veinticinco y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, esta Sala, admitió los recursos antes relacionados, librándose comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para dentro del término de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado. (Folios 36 y 78 de la pieza de amparo) 3) Esta Sala tuvo por recibido el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, en fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, del cual se desprende el informe del Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), el Licenciado Ramón Antonio Lara Buezo, el que literalmente dice: “En cumplimiento a la comunicación emitida por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, recibida en el Despacho de la Dirección Ejecutiva del INA el día 29 de abril del 2019, relacionada con el recurso de Amparo Administrativo No.SCO-0196-2019, interpuesto por el Abogado Teobaldo Cardona Figueroa a favor de sí mismo; tengo a bien informar a ese Honorable Tribunal, que en mi condición de Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en ningún momento he emitido orden verbal o por escrito a la Secretaría General de esta Institución en el sentido de “no recibir ninguna petición que por escrito presente el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA”, ex empleado de esta Institución, tal como consta en la copia del Acuerdo de Cancelación que se adjunta a la presente comunicación”; asimismo, se desprende el informe emitido por parte de la Abogada Brenda Yaquelyn Díaz V, el que literalmente dice: “En cumplimiento a Comunicación recibida en fecha 30 de abril de 2019, a las 11:46 a.m., con procedencia de la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, relacionada con el Recurso de Amparo Administrativo No.SCO-0200-2019, interpuesto por el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, la Suscrita Secretaria General del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, informa: Que habiéndose revisado el libro de visitas que al efecto lleva esta Secretaría General, en fecha anterior y posterior al cuatro de marzo del año dos mil diecinueve, no consta en el mismo, que el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA en esa fecha se haya anotado en el mismo, en virtud que toda persona que visita esta Oficina a realizar trámites tiene que anotarse por control interno. Según información brindada por la Receptoría de Documentos de esta Dependencia, el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA se presentó ante esta Secretaría General y estuvo a la espera que se le atendiera, ya que en ese momento estaban campesinos con sus Apoderados Legales y al momento de pretender atenderle ya no se encontraba. No obstante, en ningún momento se ha recibido orden de parte de la autoridad competente para no recibir solicitud de los peticionarios, a quienes se les recibe sus petitorias y se les resuelve oportunamente.” (Folios 82/84 del amparo) 4) Esta Sala, en fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, vistos que fueron los antecedentes en el presente recurso de amparo, ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediendo la vista por el término de cuarenta y ocho horas al recurrente para formalizar su petición. (Folios 43/86 del recurso de amparo) 5) En fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, Vistas las acciones de amparo interpuestas por el Abogado Teobaldo Cardona Figueroa, a favor de Sí Mismo, con registros No. 196 y 200-2019, respectivamente, ambas contra actuaciones del Director Ejecutivo y la Secretaría General del Instituto Nacional Agrario (INA); y siendo que en los escritos de formalización presentados, el recurrente solicitó la acumulación de las acciones intentadas, por considerar que los hechos alegados son consecuentes, en tal sentido y en estricta observancia a los principios de celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; se estimó procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de mérito produzcan oportunamente una sola sentencia, por lo que se resolvió su acumulación, asimismo, se admitieron los escritos de formalización junto con los documentos que se acompañaron, mismos que agregaron a su antecedentes, teniendo por formalizado en tiempo y forma los amparos de mérito, intentados por el Abogado Teobaldo Cardona Figueroa. (Folio 140 del recurso de amparo) 6) Esta Sala en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Yulibeth Garay Hernández, desprendiéndose de su análisis jurídico, lo siguiente: De la cuestión traída a examen: El amparista expresa en los escritos de interposición de las acciones de amparo citadas, la violación de las garantías constitucionales, consagradas en los artículos:80 y 323 de la Constitución de la República. Al examinar los presentes autos, se aprecia al contrastar los alegatos esgrimidos por el recurrente en ambas acciones de amparo, con los respectivos informes que fueron rendidos ante esta Sala de lo Constitucional por la autoridad recurrida, que corren agregados a (f.40 y 42) que no se ha emitido por parte del Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), orden verbal o escrita a la Secretaría del Despacho de la Dirección Ejecutiva ni a la Secretaría General de esta Institución en el sentido de “no recibir ninguna petición que por escrito presente el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA”, ex empleado de esa institución, tal como consta en la copia del Acuerdo de Cancelación que se adjunta a la presente comunicación.- De igual manera, la Abogada: Brenda Yaquelyn Díaz V, en su condición de Secretaria General del Instituto Nacional Agrario (INA), señaló en el referido informe: “Que habiéndose revisado el libro de visitas que al efecto lleva esta Secretaría General, en fecha anterior y posterior al cuatro de marzo del año dos mil diecinueve, no consta en el mismo, que el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, en esa fecha se haya anotado en el mismo, en virtud que toda persona que visita esta Oficina a realizar trámites tiene que anotarse por control interno. Según información brindada por la Receptoría de Documentos de esta Dependencia, el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, se presentó ante esta Secretaría General y estuvo a la espera que se le atendiera, ya que en ese momento estaban los campesinos con sus Apoderados Legales y al momento de pretender atenderle ya no se encontraba. No obstante, en ningún momento se ha recibido orden de parte de autoridad competente para no recibir solicitud de los peticionarios, a quienes se les recibe sus petitorios y se les resuelve oportunamente. Por lo que, al revisar los presentes autos, no se aprecia la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. III-OPINIÓN: El Ministerio Publico, en vista de lo expuesto, opina que se DENIEGUE el presente amparo por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vía de amparo constitucional el supuesto fáctico denunciado por el garantista, consistente en la orden dada por el Director Ejecutivo y la Secretaría General del Instituto Nacional Agrario, de no recibirle ninguna petición que por escrito presente ante ese órgano del Estado; asimismo, la negación de la Secretaría de recibir la solicitud de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, que procuraba presentar el Abogado Teobaldo Cardona Figueroa; lo cual objeto de refutación documental en informes acompañados, en fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, por parte de dicha entidad administrativa, según relacionados en el Antecedente 3) de la presente sentencia; de los cuales se desprende, en primer lugar: “Que tengo a bien informar a ese Honorable Tribunal, que en mi condición de Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en ningún momento he emitido orden verbal o por escrito a la Secretaría General de esta Institución en el sentido de “no recibir ninguna petición que por escrito presente el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA”, ex empleado de esta Institución, tal como consta en la copia del Acuerdo de Cancelación que se adjunta a la presente comunicación”; mientras que, a nivel de soporte documental, se establecería el informe que literalmente dice: “(…) la Suscrita Secretaria General del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, informa: Que habiéndose revisado el libro de visitas que al efecto lleva esta Secretaría General, en fecha anterior y posterior al cuatro de marzo del año dos mil diecinueve, no consta en el mismo, que el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA en esa fecha se haya anotado en el mismo, en virtud que toda persona que visita esta Oficina a realizar trámites tiene que anotarse por control interno. Según información brindada por la Receptoría de Documentos de esta Dependencia, el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA se presentó ante esta Secretaría General y estuvo a la espera que se le atendiera, ya que en ese momento estaban campesinos con sus Apoderados Legales y al momento de pretender atenderle ya no se encontraba. No obstante, en ningún momento se ha recibido orden de parte de la autoridad competente para no recibir solicitud de los peticionarios, a quienes se les recibe sus petitorias y se les resuelve oportunamente.” CONSIDERANDO (4): Que el recurrente ha manifestado en interposición y formalización de sus recursos, ahora acumulados, que se le han violentado personalmente las garantías constitucionales del derecho a un debido proceso, de petición y del principio del Estado de Derecho conforme al cual los servidores del Estado no tienen más facultades que las que le confiere la ley y a que todo acto que ejecuten fuera de ella es nulo e implica responsabilidad; que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella; no estando obligados a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito; derechos y garantías constitucionales consagrados en los artículos 80 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente hace un recorrido cronológico de la causa omisiva de la garantía constitucional que estima atentatoria a sus derechos, las cuales se reconducen a que el Director Ejecutivo y la Secretaría General del Instituto Nacional Agrario, realizaron acciones lesivas a sus derechos constitucionales, las cuales se deducen por su orden: a) La primera autoridad denunciada sería el Licenciado RAMÓN ANTONIO LARA BUEZO, en su calidad de Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (“INA”) y, por ende, de representante legal de dicho Instituto, por el siguiente concepto: dar la orden de hecho a la Secretaría de la Dirección Ejecutiva y a la Secretaria General de dicho Instituto (“INA”) de que no se le reciba al peticionario ninguna petición que por escrito presente ante ese órgano del Estado (Amparo SCO-0196-2019), y; b) La Abogada BRENDA DÍAZ, en su calidad de Secretaria General del Instituto Nacional Agrario (“INA”), por el siguiente concepto: negarse, de hecho, a recibir la solicitud y petición dirigida al Despacho del señor Director Ejecutivo de dicho Instituto (“INA”), Licenciado RAMÓN ANTONIO LARA BUEZO, de fecha cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019) y por obedecer la orden ilegal de que no se le reciba dicha nota (Amparo SCO-0200-2019); describiendo elementos de prueba en sendas acciones garantistas, en el orden documental, testifical, medios técnicos de filmación y grabación; para respaldar la fe notarial, según el garantista. Por todo lo cual, ha solicitado admitir la procedencia del recurso; en el cual se deberá ordenar se le restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que el bloque de convencionalidad establece; revocando la orden de que no se le reciba ninguna petición que se presente ante ese órgano del Estado y que se emita resolución mediante la cual se ordene al Licenciado RAMÓN ANTONIO LARA BUEZO, en su calidad de Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario que le reciba las peticiones que por escrito presente, a efecto de que pueda cumplir con la inexcusable obligación como Procurador Judicial de informar a su poderdante sobre la labor y brindar cumplimiento a lo que dispone el artículo 414 del Código Procesal Civil, como es el agotamiento de la vía administrativa, previo a la judicial. CONSIDERANDO (6): Que la garantía genérica del debido proceso es comprensiva de una serie de derechos establecidos a favor de las partes en un procedimiento judicial, de tal manera que en un mismo plano de igualdad hacen posible su intervención tendiente a promover la actividad jurisdiccional que desemboca en una decisión por parte del Juez o Tribunal. De este modo, dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de petición, acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, a obtener una resolución motivada de sus pretensiones, y el derecho a recurrir las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (7): Que, del estudio de los antecedentes, esta Sala estima que el amparista promueve su acción con el declarado propósito de reestablecer su acceso efectivo al derecho de petición y la incolumidad de la garantía de legalidad administrativa que vincula a todos los servidores públicos. Sin embargo, de la lectura imparcial y objetiva de los informes rendidos por la autoridad competente y oído que fue el parecer de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, no se desprende la virtualidad de los extremos denunciados; siendo la voluntad declarada de la Administración Pública descentralizada, particularmente de la Dirección Ejecutiva y de la Secretaría General del Instituto Nacional Agrario (“INA”), la de recibir las solicitudes y planteamientos del petente, cumplidos los requisitos que enmarca la Ley. CONSIDERANDO (8): Que en vista a lo anteriormente manifestado, efectuado el estudio y análisis del presente recurso de amparo, así como de lo prescrito en el Ordenamiento Jurídico aplicable, se concluye que no existen violaciones a las Garantías Constitucionales del Derecho de Petición, Debido Proceso, principio de legalidad administrativa y demás derechos y declaraciones constitucionales invocadas; por lo cual resulta procedente, para esta Sala, desestimar la garantía constitucional acumulada promovida por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer de la Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 59, 60, 80, 82, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Teobaldo Cardona Figueroa, a favor de Sí Mismo, (Registros No.196 y 200-2019), respectivamente, contra actuaciones del Director Ejecutivo y la Secretaría General del Instituto Nacional Agrario. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al ente administrativo de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (acumulado) bajo el número SCO-196 y 200-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL