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Sentencia AA-186-2018 — Registro 10786

Resumen

Resolución No. SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018 autoriza a la Unidad de Ventas proceder a ejecutar venta a través de subasta pública de bienes muebles una vez realizado estudio de factibilidad, el debido avaluó cuya titularidad es de recurrente; Autoridad recurrida argumenta que organismos internacionales han recomendado la posibilidad de vender anticipadamente bienes bajo supuestos especiales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."se recibe en esta Sala de lo Constitucional el informe solicitado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), consignando la autoridad recurrida inter alia lo siguiente: (Sic) “PRIMERO: Que en fecha veintidós (22) de Noviembre de dos mil diecisiete (2017), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), recibió Comunicación Judicial (Seguida bajo expediente Judicial no. 146-2017), emitida por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito Con Jurisdicción Nacional, mediante la cual pone bajo a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para su administración, guarda y custodia, diversos bienes, que para el caso en particular describimos: 1) Vehículo, Tipo: Camioneta de Lujo, Marca: Honda, Modelo: CRV, Placa no: PCZ3076, Vin: JHLRE4850AC204568, año: 2010, color: Negro, sobre el cual OSTENTA SU TITULARIDAD DE DERECHO LA SEÑORA SYBIL ANEY LEON ENAMORADO; 2) Vehículo, Tipo: Motocicleta, Marca: Harley Davidson, Modelo: 1PZ8CB, Placa no: MPN9733, Vin: 5HD1PZ8C8BB952035, año 2011, color: Negro, sobre el cual OSTENTA SU TITULARIDAD DE DERECHO EL SEÑOR OSCAR RENÉ GARCIA CASTELLANOS, en virtud haber sido ordenado por dicho juzgado en el auto de Admisión de convalidación de la Medida de Aseguramiento de bienes..."..."es preciso hacer mención que luego de realizar una verificación en el Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad se pudo constatar que la representada del recurrente SYBIL ANEY LEON ENAMORADO y su menor hija SURY MARIE GARCIA LEON NO OSTENTAN LA TITULARIDAD DE DERECHOS de la Motocicleta, Marca: Harley Davidson, Modelo: 1PZ8CB, Placa no: 1PZ8CB, Vin: 5HD1PZ8C8BB952035, año: 2011, color: Negro, siendo su propietario el señor OSCAR RENÉ GARCIA CASTELLANOS, razón por lo cual la ciudadana SYBIL ANEY LEON ENAMORADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE AMPARO QUE NOS OCUPA SOBRE LA MOTOCICLETA YA DESCRITA..."..."DECIMO: En el análisis de fondo de dicho artículo podemos determinar que el legislador entre las normas de administración faculta a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para que de manera administrativa y unilateral ejecute la venta anticipada de bienes incautados puestos a su disposición a través de la subasta pública con la finalidad de preservar y mantener el valor del activo, independientemente de quien sea su propietario, y el producto de la venta, es administrado en una cuenta bancaria hasta la decisión jurisdiccional competente, ya sea que se ordene su devolución o la privación del dominio a favor del Estado y por consiguiente en virtud de lo anteriormente expuesto se puede constatar que los actos de la administración realizados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), con respecto a dichos vehículos han sido apegados a la legalidad y sin violentar ningún derecho constitucional a sus propietarios...”..."se conoce en Amparo la Resolución N° SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018, de fecha dos (2) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)[1], de la cual se desprende que mediante su Novena (9ª) Gran Subasta a Martillo, a realizarse con fecha diez (10) de marzo de dos mil dieciocho (2018), en el Hotel Monteolivos, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, pretende, la venta de dos (2) bienes muebles; la parte resolutiva de la Resolución establece: (Sic) “PRIMERO: AUTORIZAR a la UNIDAD DE VENTAS (UV), de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), a proceder a ejecutar la VENTA de los bienes descritos en el considerando 3 de este mismo cuerpo legal, de igual manera descrito en su avaluó correspondiente el que forma parte integra a la presente; en donde el proceso por medio del cual se realizará dicha venta a través de SUBASTA PRESENCIAL A VIVA VOZ. SEGUNDO: Que una vez realizado el estudio de factibilidad, así como el debido avaluó correspondiente; la Dirección Ejecutiva de esta Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), procede a realizar la VENTA, mediante proceso de SUBASTA o lo correspondiente según el Reglamento, de los productos aquí enunciados..."..."el Derecho de Defensa se considera infringido aún en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley..."..."La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo..."..."en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar argumentando que distintos organismos internacionales de los cuales Honduras es miembro y ha suscrito dichos convenios, han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida[14]; en ese orden de ideas este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno[15]; no obstante a ello las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018, de fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018); de la lectura de la normativa internacional invocada, se desprende, que esa venta o subasta anticipada de bienes, debe ser realizada por la autoridad legal correspondiente[16], en respeto irrestricto de la normativa legal que aplica al caso en concreto, ejemplo de ello el deber de motivar la resolución, apoyada en argumentos congruentes a la decisión adoptada. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, para mencionar algunos, los artículos 25, 26, 87, 88, 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionados a la obligación de motivar los actos y la notificación de esos actos, conforme lo dispone la misma ley, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares..."..."siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al ordenar la Venta Anticipada de dos bienes descritos en los antecedentes de este libelo y ante la falta de notificación de la relacionada Resolución N° SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018, de fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a quienes pueda afectar tal decisión, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada de los bienes relacionados, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes enero del año dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora SYBIL ANEY LEON ENAMORADO, contra la acción ejecutada por la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), en la que mediante su Novena (9ª) Gran Subasta a Martillo, a realizarse con fecha diez (10) de marzo de dos mil dieciocho (2018), en el Hotel Monteolivos, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, pretende, la venta de dos (2) bienes muebles, descritos como una camioneta, marca Honda, año 2010 y una motocicleta marca Harley Davidson, año 2011, uno de los bienes muebles propiedad de la Señora SYBIL ANEY LEON ENAMORADO y el otro de su menor hija SURY MARIE GARCIA LEON, de quien actúa como su representante legal, venta que procede de la Resolución N° SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018, de fecha dos (2) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representada, los derechos de defensa y a la propiedad, consignados en los artículos 82, 103 y 106 de la Constitución de la República; y los artículos 17.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y artículo 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el orden que nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. ANTECEDENTES. 1) Que el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, compareció ante este Alto Tribunal en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora SYBIL ANEY LEON ENAMORADO, contra la Resolución N° SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018, de fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), a raíz de la cual se pretende la venta de dos (2) bienes muebles, descritos como una camioneta, marca Honda, año 2010 y una motocicleta marca Harley Davidson, año 2011 en su Novena (9ª) Gran Subasta a realizarse en el Hotel Monteolivos, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); bienes muebles propiedad de la Señora SYBIL ANEY LEON ENAMORADO y de su menor hija SURY MARIE GARCIA LEON, de quien actúa como su representante legal. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representada, los derechos consignados en los artículos 82, 103 y 106 de la Constitución de la República; 17.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Folios del 1 al 5 de los autos) 2) Que en fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), se admitió el Recurso de Amparo relacionado, con suspensión del acto reclamado y bajo responsabilidad del recurrente, ordenando librar comunicación a la autoridad recurrida, a efecto que en el término de un día remitiese los antecedentes del caso o en su defecto un informe circunstanciado del mismo, en relación a la venta mediante Subasta Pública de dos bienes inmuebles consistentes en una camioneta marca Honda, año 2010 y una motocicleta marca Harley Davidson año 2011. (Folio 11 de los autos) 3) Que en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), se recibe en esta Sala de lo Constitucional el informe solicitado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), consignando la autoridad recurrida inter alia lo siguiente: (Sic) “PRIMERO: Que en fecha veintidós (22) de Noviembre de dos mil diecisiete (2017), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), recibió Comunicación Judicial (Seguida bajo expediente Judicial no. 146-2017), emitida por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito Con Jurisdicción Nacional, mediante la cual pone bajo a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para su administración, guarda y custodia, diversos bienes, que para el caso en particular describimos: 1) Vehículo, Tipo: Camioneta de Lujo, Marca: Honda, Modelo: CRV, Placa no: PCZ3076, Vin: JHLRE4850AC204568, año: 2010, color: Negro, sobre el cual OSTENTA SU TITULARIDAD DE DERECHO LA SEÑORA SYBIL ANEY LEON ENAMORADO; 2) Vehículo, Tipo: Motocicleta, Marca: Harley Davidson, Modelo: 1PZ8CB, Placa no: MPN9733, Vin: 5HD1PZ8C8BB952035, año 2011, color: Negro, sobre el cual OSTENTA SU TITULARIDAD DE DERECHO EL SEÑOR OSCAR RENÉ GARCIA CASTELLANOS, en virtud haber sido ordenado por dicho juzgado en el auto de Admisión de convalidación de la Medida de Aseguramiento de bienes, de fecha siete (07) de Septiembre de dos mil diecisiete (2017). SEGUNDO: Que es preciso hacer mención que luego de realizar una verificación en el Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad se pudo constatar que la representada del recurrente SYBIL ANEY LEON ENAMORADO y su menor hija SURY MARIE GARCIA LEON NO OSTENTAN LA TITULARIDAD DE DERECHOS de la Motocicleta, Marca: Harley Davidson, Modelo: 1PZ8CB, Placa no: 1PZ8CB, Vin: 5HD1PZ8C8BB952035, año: 2011, color: Negro, siendo su propietario el señor OSCAR RENÉ GARCIA CASTELLANOS, razón por lo cual la ciudadana SYBIL ANEY LEON ENAMORADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE AMPARO QUE NOS OCUPA SOBRE LA MOTOCICLETA YA DESCRITA. TERCERO: Que la Dirección Ejecutiva de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), en el ejercicio de sus facultades y atribuciones otorgadas por la Ley, en fecha dos (2) de Febrero de dos mil dieciocho (2018), emitió RESOLUCIÒN N. SDP-DE/UV.OABI-09-B-2018, mediante la cual se autorizó a la Unidad de Ventas de la OABI, para que procediera a la venta de diversos bienes entre ellos los siguientes vehículos: 1) Vehículo, Tipo: Camioneta de Lujo, Marca: Honda, Modelo: CRV, Placa no: PCZ3076, Vin: JHLRE4850AC204568, año: 2010, color: Negro, sobre el cual OSTENTA SU TITULARIDAD DE DERECHO LA SEÑORA SYBIL ANEY LEON ENAMORADO; 2) Vehículo, Tipo: Motocicleta, Marca: Harley Davidson, Modelo: 1PZ8CB, Placa no: 1PZ8CB, Vin: 5HD1PZ8C8BB952035, año 2011, color: Negro, sobre el cual OSTENTA SU TITULARIDAD DE DERECHO EL SEÑOR OSCAR RENÉ GARCIA CASTELLANOS. CUARTO: … QUINTO: … SEXTO: … SEPTIMO: … OCTAVO: … NOVENO: Como puede observarse Señores Magistrados distintos organismos internacionales (de los cuales Honduras es miembro y ha suscrito dichos convenios) han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida. Pero también se han instruido otros parámetros que pueden valorarse para justificar la autorización de la venta anticipada, como ocurre cuando se determina que los bienes pueden depreciarse rápidamente deteriorarse, destruirse o son de costoso arrendamiento… DECIMO: En el análisis de fondo de dicho artículo podemos determinar que el legislador entre las normas de administración faculta a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para que de manera administrativa y unilateral ejecute la venta anticipada de bienes incautados puestos a su disposición a través de la subasta pública con la finalidad de preservar y mantener el valor del activo, independientemente de quien sea su propietario, y el producto de la venta, es administrado en una cuenta bancaria hasta la decisión jurisdiccional competente, ya sea que se ordene su devolución o la privación del dominio a favor del Estado y por consiguiente en virtud de lo anteriormente expuesto se puede constatar que los actos de la administración realizados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), con respecto a dichos vehículos han sido apegados a la legalidad y sin violentar ningún derecho constitucional a sus propietarios. …”. (Folios 13 al 17 de los autos) 4) Que en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordenó dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 69 de los autos) 5) Que en fecha siete (7) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal visto lo expuesto por el Ministerio Público a través del Fiscal del Despacho, Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en relación a abstenerse de emitir dictamen ya que fue el Ministerio Público quien promovió las Medidas de Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles de los titulares de derechos Oscar René García Castellanos y Sybil Aney León Enamorado, se le tuvo por abstenido en legal y debida forma de emitir dictamen en las presentes diligencias, ordenando proseguir con el trámite del recurso de mérito. (Folios del 72 al 76 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Resolución N° SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018, de fecha dos (2) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)[1], de la cual se desprende que mediante su Novena (9ª) Gran Subasta a Martillo, a realizarse con fecha diez (10) de marzo de dos mil dieciocho (2018), en el Hotel Monteolivos, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, pretende, la venta de dos (2) bienes muebles; la parte resolutiva de la Resolución establece: (Sic) “PRIMERO: AUTORIZAR a la UNIDAD DE VENTAS (UV), de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), a proceder a ejecutar la VENTA de los bienes descritos en el considerando 3 de este mismo cuerpo legal, de igual manera descrito en su avaluó correspondiente el que forma parte integra a la presente; en donde el proceso por medio del cual se realizará dicha venta a través de SUBASTA PRESENCIAL A VIVA VOZ. SEGUNDO: Que una vez realizado el estudio de factibilidad, así como el debido avaluó correspondiente; la Dirección Ejecutiva de esta Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), procede a realizar la VENTA, mediante proceso de SUBASTA o lo correspondiente según el Reglamento, de los productos aquí enunciados. TERCERO: Que las Bases de Venta y requisitos para poder participar en la SUBASTA, deberán ser dictadas o emitidas por la Dirección Ejecutiva de esta Dependencia, en donde se deberá cumplir a cabalidad los requisitos que por Ley se exige para tal efecto, todo esto en aras de llevar a cabo un procedimiento eficaz, eficiente y con transparencia. CUARTO: Por tal motivo una vez emitidas las Bases y requisitos de participación, se proceda a comunicar a la Unidad de Servicios Administrativos y Recursos Humanos (USARHH), para que está a su vez proceda a publicar los avisos correspondientes para que personas tanto naturales como jurídicas puedan participar del Proceso de Subasta Pública. QUINTO: En el caso que el bien aquí descrito fuera declarado fallidos por Primera vez” como deberá constar en el “Acta del Fallo” que para tal efecto se lleve a cabo, por no haber recibido oferta de compra por los participantes, se instruye a la UNIDAD DE VENTAS continuar con el trámite correspondiente, dando cumplimiento al artículo 94 de la Subasta Fracasada, del Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, en consecuencia autoriza a la Unidad de ventas a la aplicación del mismo y a la consecución del trámite que corresponda. SEXTO: La presente resolución surtirá efectos de forma inmediata. CÚMPLASE/….” (Folios del 24 al 27 de los autos) CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en amparo en la formalización de su acción de Amparo sostiene que ratifica que la resolución o acción ejecutada por la OABI, fue conocida por su representada por los medios de comunicación y por la página web que mantiene la referida institución y no por conocimiento directo proferida de alguna autoridad administrativa. El pedidor argumenta que no se pudo utilizar otra vía recursiva para obtener la subsanación al violentarse el derecho a la defensa y a la propiedad, por no existir notificación alguna por parte de la autoridad administrativa, sobre la resolución que autoriza la venta y subasta pública que priva del dominio de los bienes de su representada, ello debido a que la autoridad en completo abuso de la ley, específicamente la Ley de Procedimiento Administrativo utilizó la formula cúmplase para evitar que el afectado pudiera hacer uso de su derecho a la defensa por medio de la vía recursiva o de impugnación. ONSIDERANDO (5): Que el recurrente indica las actuaciones realizadas en el Ministerio Público y en los tribunales con el fin de acreditar la propiedad licita de los vehículos relacionados, argumentando que la OABI basándose en una discrecionalidad arbitraria que establece una venta anticipada de manera unilateral, en menos de cuatro meses de haberse decretado la medida de aseguramiento y ponerlas bajo su administración, sin notificar los propietarios, decidió autorizar la venta mediante subasta pública; acción que a todas luces violenta el derecho de defensa, al no darle al propietario oportunidad de oponerse a la venta por no reunir los requisitos que establece la ley; ejemplo de ello, la resolución carece de un cálculo de depreciación si ese fuera el motivo de la venta, ya que a la OABI, si bien la ley lo faculta para hacer ventas anticipadas, esta discrecionalidad no es absoluta pues tiene sus límites y este consiste en que debe reunir los requisitos exigidos en la Ley de Privación de Dominio, como establecer el riesgo que el bien puede perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse. CONSIDERANDO (6): Que, continuando con la exposición de sus argumentos en relación a la vulneración de los derechos constitucionales de defensa y propiedad, el impetrante aduce que la OABI es un órgano adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, por tanto, derivado de ello ejerce funciones específicas que se canalizan a través de procedimientos típicos del Poder Ejecutivo, en el caso concreto, mediante el procedimiento administrativo. En ese sentido el procedimiento administrativo está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo; la resolución que se recurre en amparo cita artículos de la citada ley, utilizando en la parte resolutiva la formula “Cúmplase”, evitando con esta fórmula la obligatoria notificación que establece la Ley de Procedimiento Administrativo en los artículos 88, 89 y 90. CONSIDERANDO (7): Que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)[2], se crea como una dependencia del Poder Ejecutivo que será adscrita a una Secretaría de Estado que el Presidente de la República designe en Consejo de Secretarios de Estado. La OABI será la encargada de la guarda, custodia y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito, que la autoridad competente ponga a su disposición. La OABI, previa resolución o sentencia del Órgano Jurisdiccional o del Ministerio Público, en su caso, procederá a la devolución de los bienes, productos o instrumentos a las personas que comprueben los extremos señalados en el artículo 17 de la Ley de Lavado de Activos. CONSIDERANDO (8): Que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la OABI[3], señala que La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es el órgano técnico superior y especializado para la gestión y administración de los bienes incautados y decomisados desde su recepción, identificación, inventario, custodia, mantenimiento, administración, preservación y los demás asuntos que por Ley le sean asignados. Estará adscrita a la Secretaría de Estado del Despacho presidencial. En relación a sus funciones, la OABI será la encargada de la guarda, custodia y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito o actividad ilícita, que la autoridad competente ponga a su disposición. La creación de dicho organismo es procurar la transparencia, la procedencia, la efectividad en la gestión y administración de los bienes incautados, reconociendo principalmente que la administración de estos bienes tiene como finalidad principal conservar y mantener su productividad y/o valor. CONSIDERANDO (9): Que el acto recurrido, en el caso sub júdice la Resolución N° SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018, de fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), a raíz de la cual se pretende la venta de dos (2) bienes muebles, descritos como una camioneta, marca Honda, año 2010 y una motocicleta marca Harley Davidson, año 2011 en su Novena (9ª) Gran Subasta a realizarse en el Hotel Monteolivos, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), se limita a transcribir lo que señalan los artículos 70[4] y 71[5] de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en relación a la Enajenación, Subasta o Venta Anticipada de Bienes, cuando exista el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse; de igual forma se limita a transcribir Artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo y Artículos del Decreto Ejecutivo No. PCM-70-2011, que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la OABI. CONSIDERANDO (10): Que la resolución que se impugna, señala como fundamentos de derecho los artículos 23, 24, 25, 26, 27 inter alia de la Ley de Procedimiento Administrativo. En relación a esta normativa que fue mencionada en el acto que se impugna, por ser la normativa aplicable en los actos emitidos por los órganos y entidades de la Administración Pública, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares[6]; es importante para esta Sala de lo Constitucional lo dispuesto en el artículo 25 que indica: “Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable”; este precepto se encuentra en estrecha relación con lo indicado en el siguiente –Artículo 26- que literalmente dice: “La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el artículo precedente. Se excluyen de esta obligación los que sean manifestación de opiniones o de conocimiento técnico.” –Énfasis suplido-. De la lectura armónica de ambos preceptos es claro que la motivación de los actos es de carácter obligatorio, debiéndose sustentar en los hechos y el derecho aplicable. CONSIDERANDO (11): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[7], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[8]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[9]. Es así que

entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial -o administrativa en el caso sub júdice- responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[10] CONSIDERANDO (12): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario. CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (14): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y la resolución; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO (15): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aún en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Que, en relación al derecho a la defensa, la jurista Juana María Ibáñez Rivas[11], siguiendo la doctrina jurisprudencial que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que, en esa misma línea, el Tribunal ha establecido que “[i]mpedir que la persona ejerza su derecho de defensa, desde que se inicia un proceso que la involucra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos, es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona”. Asimismo, en relación a la redacción del Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la misma autora sostiene que conforme a la jurisprudencia del Tribunal, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del artículo 8[12] se aplican mutatis mutandis en lo que corresponda a otros órdenes distintos al penal, esto es, al civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. CONSIDERANDO (16): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. Asimismo, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[13]. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (18): Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar argumentando que distintos organismos internacionales de los cuales Honduras es miembro y ha suscrito dichos convenios, han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida[14]; en ese orden de ideas este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno[15]; no obstante a ello las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018, de fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018); de la lectura de la normativa internacional invocada, se desprende, que esa venta o subasta anticipada de bienes, debe ser realizada por la autoridad legal correspondiente[16], en respeto irrestricto de la normativa legal que aplica al caso en concreto, ejemplo de ello el deber de motivar la resolución, apoyada en argumentos congruentes a la decisión adoptada. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, para mencionar algunos, los artículos 25, 26, 87, 88, 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionados a la obligación de motivar los actos y la notificación de esos actos, conforme lo dispone la misma ley, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares. CONSIDERANDO (19): Que siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al ordenar la Venta Anticipada de dos bienes descritos en los antecedentes de este libelo y ante la falta de notificación de la relacionada Resolución N° SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018, de fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a quienes pueda afectar tal decisión, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados. CONSIDERANDO (20): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada de los bienes relacionados, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto. CONSIDERANDO (21): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 24, 25, 26, 87, 88 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 70 y 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora SYBIL ANEY LEON ENAMORADO, contra la Resolución N° SDP-DE/UV-OABI-09-B-2018, de fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), a raíz de la cual se pretende la venta anticipada de dos (2) bienes muebles, descritos como una camioneta, marca Honda, año 2010 y una motocicleta marca Harley Davidson, año 2011 en su Novena (9ª) Gran Subasta que debería realizarse en el Hotel Monteolivos, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciocho (2018). 2) Dejar sin valor y efecto la Medida Cautelar de Suspensión Provisional del Acto Reclamado, decretado por este Alto Tribunal en el Auto de Admisión del recurso de mérito en fecha siete de marzo del año dos mil dieciocho. 3) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, relacionados con el deber de motivar las resoluciones y la notificación de los actos a los interesados, sin olvidar la indicación de si el acto pone fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo proceden, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se proceda a notificar la misma a la autoridad recurrida y al pedidor de la garantía de Amparo, para los efectos legales consiguientes y cumplido el trámite correspondiente se proceda al archivo de las diligencias en el Secretaría de este Alto Tribunal. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-186-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En adelante OABI.

[2] Vid. Artículo 41 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, contenida en el Decreto Legislativo No. 113-2011, publicado en el Diario oficial La Gaceta N. 32,562 en fecha 8 de julio del 2011, que reforma los artículos 20, 22 y 23 del Decreto Número 45-2002 de marzo del año 2002 que contiene la Ley de lavado de Activos.

[3] Vid. Decreto Ejecutivo PCM-070-2011, de fecha siete de noviembre del año 2011., específicamente los artículos 4 y 5.

[4] Artículos 70 y 71 Reformados mediante Decreto No. 51-2014 de fecha 16 de julio de 2014 y publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 33,484 de fecha 21 de julio de 2014 y Decreto No. 144-2014 de fecha 13 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,718 de fecha 30 de abril del 2015. “Artículo 70. de la administración, guarda y custodia de bienes. Los bienes sobre los cuales recaiga medida cautelar o de aseguramiento, serán puestos inmediatamente a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) la cual procederá a su recepción, registro, mantenimiento, administración, guarda y custodia o destrucción cuando sea necesario, conforme a lo establecido en el Reglamento de Administración de Bines Incautados y Decomisados…”

[5] “Articulo 71. De la enajenación, subasta o venta anticipada. Cuando la medida precautoria o cautelar recaigan sobre bienes que corran riesgo de perecer, perderse, depreciarse, desvalorizarse, que se administración entrañe perjuicio, costo desproporcionado para el Estado al momento de devolverlo en su caso, o que se proyecten inservibles cuando se dicte la sentencia de mérito, estos podrán ser enajenados, subastados o vendidos anticipadamente por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) pretendiendo mantener la productividad de los mismos. Lo mismo procederá cuando se trate de semovientes u otros animales. Todo lo anterior sin perjuicio del avaluó correspondiente que al efecto deberá realizar la Dirección general de Bienes Nacionales o cualquier otra entidad competente dependiendo del bien a subastar…”

[6] Vid. Artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

[7] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[8] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[9] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[10] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.

[11] Juana María Ibáñez Rivas, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 8. Garantías Judiciales, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 232

[12] “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2….”

[13] Alfredo Diego de Diez. El DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

[14] Informe emitido por la autoridad recurrida a requerimiento de este Alto Tribunal y visible a folios del 13 al 17 de los autos, específicamente lo relacionado en el acápite Noveno. El referido Informe hace referencia al Artículo 41 de la de la Ley Modelo sobre Extinción del Dominio que textualmente refiere: “De la venta anticipada de bienes. Cuando los bienes sujetos a medidas cautelares presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuya conservación ocasione perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración, la autoridad designada de acuerdo con el ordenamiento interno dispondrá su venta anticipada. El producto de la venta será depositado en un fondo o cuenta del sistema financiero, creado para tal efecto.”

[15] Artículos 15 y 16 de la Constitución de la República.

[16] La autoridad recurrida hace relación al documento denominado “Sistema de Administración de Bienes de América Latina y guía para la administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”, para mayor ilustración ver el acápite octavo del Informe emitido por la autoridad recurrida y visible a folio 15 de los autos.