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Sentencia RI-760-14 — Registro 12561

Resumen

Inconstitucionalidad por vía de acción de los artículos 1 y 3 de la Ley de medida Anti evasión en el impuesto sobre la Renta, contenida en el Decreto Legislativo número 96-2012 argumentando impetrante que con la aplicación obliga a contribuyentes paguen impuestos sobre rentas (ganancias), aún y cuando reporten perdidas., considerando la Sala Constitucional la presente acción, debe sobreseerse al ser cosa juzgada y, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada, al existir un pronunciamiento en el cual se salvaguardó la preeminencia de la norma constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."18): que no pudiendo pasar por alto a este respecto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es de esta forma, como un Tribunal Supremo, a su vez, queda vinculado por sus propios precedentes mediante la aplicación de la regla del “stare decidis”, según la cual una Sala o Tribunal Constitucional, se obliga a la estricta observancia de su propia jurisprudencia. Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decidis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, o en su defecto el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decidis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su artículo 91, en el cual se afirma que podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los defectos ex nunc, implícitos en la misma, la Jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decidis, el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. CONSIDERANDO (20): Que así las cosas, resulta establecido que en los preceptos de inconstitucionalidad los efectos omnes están unidos a la sentencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, en este tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, toda vez que la anulación de la Ley ha sido declarada con efectos generales, tornando impertinente un nuevo pronunciamiento sobre un problema constitucional ya resuelto. CONSIDERANDO (21): Que una vez expuesto lo anterior, esta sentencia reitera, que resulta una certeza indubitable para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el fallo dictado por este Tribunal Supremo, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), del cual se hace hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro N° 698-2011, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al DECRETO LEGISLATIVO N°42-2011 emitido por el Congreso Nacional de la república de Honduras, en fecha doce de abril de dos mil once y publicado en el Diario Oficial la Gaceta del treinta y uno en mayo de dos mil once, que reformo el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenida en el Decreto N° 25 del veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. Asimismo, se decretó la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del Decreto 108-11, emitido por el congreso nacional de la República, en fecha veinticuatro de junio de dos mil once, que interpreta el articulo tres del decreto Legislativo N°42-2011 contentivo en la reforma el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Recurso registrado en la Secretaria de la Sala de lo Constitucional bajo el numero RI540 Y 541-2011; donde ya fue expulsado del ordenamiento Jurídico el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 42-2011, que reforma el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se torna innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento en el cual se salvaguardó la preeminencia de la norma constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación, mediante la cual se declare por este Tribunal la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. POR TANTO: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos, en virtud de haber disentido los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, EDGARDO CACERES CASTELLANOS, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, y en aplicación de los artículos 1, 18, 59, 64, 80, 82, 90, párrafo primero, 205 N° 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304 313 atribución 5ta. Y 316 numeral 1, 335 DE LA Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta; 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, n° 2, 4,n° 7 y N° 8, 5, 7, 8, 9, N° 2, 41, 63, 72, 74, 75, 76 n° 4 , 77, 79, 89, 90, 92, 93, 94, 119, 124 y demás aplicables de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FALLA: 1) Declarar que al ser firmes los fallos de Inconstitucionalidad dictados por la Sala de lo Constitucional: a) En fecha seis (06) de noviembre de dos mil trece (2013), del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción con registro N° 698-2019, mismo que examinó la inconstitucionalidad del DECRETO LEGISLATIVO N° 42-2011, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha doce (12) de abril del año dos mil once (2011), que contiene la reforma el artículo 22 de la ley del Impuesto sobre la Renta, y b) Fallo dictado en fecha primero (01) de febrero de dos mil doce (2012), examinó la inconstitucionalidad de los decretos; nuevamente del decreto Legislativo N° 42-2011 y del decreto 108-11, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha veinticuatro de junio de dos mil once, que interpreta el artículo tres del Decreto Legislativo N° 42-2011 contentivo en la reforma al artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se torna innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los decretos impugnados, por ser éste implícitamente contrario al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario al apreciarse una coincidencia total con el juzgamiento constitucional dictado en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015). 2) En tal virtud se sobresee la acción de mérito, contentiva del recurso de inconstitucionalidad, con registro N° 760-2014 interpuesto vía acción por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de apoderado Legal del CONSEJO DE HONDUREÑOS DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), para que se declare la Inconstitucionalidad de los artículos uno y tres de la Ley de Medida Antievasión en el Impuesto Sobre la Renta, contenida en el Decreto Legislativo número 96-2012, emitido en fecha 20 de junio del año dos mil doce y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 32,877 de fecha 20 de julio del año dos mil doce, alegando con la aplicación de las mencionadas disposiciones de la ya referida Ley de Medida Antievasión en el Impuesto Sobre la Renta, se contravienen varios preceptos y principios del Estado de Derecho reconocidos por la Constitución de la República, contenidos en los artículos 16, 18, 60, 82, 89, 90, 94, 109, 331, 351 y 352, al ser cosa juzgada y por tanto haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada en las acciones con registros N° 540 y 541-2011 y N° 698-2011, y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento terminante de la Sala mediante el cual ya se salvaguardó la preeminencia de la norma constitucional y se expulsó de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma siendo por tal razón impertinente una nueva interpretación, al apreciarse una coincidencia total con el juzgamiento constitucional dictados en fecha primero (01) de febrero de dos mil doce (2012) y seis (06) de noviembre de dos mil trece (2013)"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Dieciocho de marzo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido, por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT en su condición de Apoderado Legal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), para que se declare la Inconstitucionalidad d los artículos uno y tres de la Ley de medida Anti evasión en el impuesto sobre la Renta, contenida en el Decreto Legislativo numero 96-2012, emitido en fecha 20 de julio del año dos mil doce y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 32,877 de fecha 20 de julio del año dos mil doce, alegando que con la aplicación de las mencionadas disposiciones de la ya referida Ley de medida Anti evasión en el Impuesto sobre la Renta, se contravienen varios preceptos y principios del Estado de Derecho reconocidos por la Constitución de la República, contenidos en los artículos 16, 18, 60, 82, 89, 90, 94, 109, 331, 351 y 352, por lo que carecen de legitimidad y deben ser derogados como consecuencia de la presente acción constitucional, ya que disminuyen, restringen y tergiversan las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1.-) Que en fecha doce de junio del año dos mil catorce compareció ante la Sala de lo Constitucional, el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición del apoderado Legal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), para que se declare la Inconstitucionalidad por la vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido de los artículos uno y tres de la Ley de Medidas Anti evasión mediante Decreto Legislativo numero 96-2012 de fecha 20 de junio del año dos mil doce, y publicado en el diario oficial “La Gaceta” numero 32,877 de fecha 20 de julio del año dos mil doce, expresando que con la aplicación de dichos artículos de la ya referida Ley se contravienen varios preceptos y principios del Estado de Derecho, reconocidos por la Constitución de la República, contenidos en los artículos 16, 18, 60, 82, 89, 90, 94, 109, 331, 351 y 352. 2.-) Que el Abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en la interposición de la acción de Inconstitucionalidad señala dos motivos de Inconstitucionalidad como fundamento de la acción planteada, los cuales relaciona el primero con la infracción directa de los artículos 109 y 351, relacionados con los artículos 60, 82, 89, 90, 94 de la Constitución de la República, con la puesta en vigencia del artículo 1 de la Ley de Medida Anti evasión en el Impuesto Sobre la Renta; y el segundo motivo de Inconstitucionalidad lo relaciona con la infracción directa del artículo 351, en relación con los artículos 16, 18 y 331 de nuestra Carta Magna, con la puesta en vigencia del artículo 3 de la Ley que se impugna. 3.-) Que en fecha veinticinco de junio del año dos mil catorce, este Alto Tribunal, dicto Providencia mediante el cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido al contenido de la citada Ley, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen. (Folio setenta y dos (F-72) de la pieza de autos). 4.-) Que en fecha veintidós de agosto del dos mil catorce, se tuvo por evacuado el traslado concedido al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma el Dictamen emitido por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien fue de la opinión de SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad planteado, argumentando que el Decreto cuestionado no vulnera los artículos constitucionales considerados infringidos por el recurrente, mas aun teniendo en consideración que no se trata de la creación de un nuevo impuesto Sobre la Renta, constituyendo este anticipo de impuesto un crédito en la declaración anual para ser aplicado ya sea en el Impuesto Sobre la Renta; activo neto u aportación solidaria temporal. 5.-) Que no habiendo existido unanimidad en la Sala Constitucional, se remitieron los antecedentes a la Secretaria de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que el caso Sub judice fuere conocido por el pleno de Magistrados y Magistradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien en pleno jurisdiccional de fecha dieciocho de marzo del año dos mil diecinueve, sometió a conocimiento y decisión, ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase la sentencia que procediera en Derecho. CONSIDERANDO (1): Que el artículo 74 de la Ley sobre la Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, el carácter de interprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía originaria y exclusiva para conocer de la garantía Inconstitucionalidad y del control previo de Constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. Lo anterior, señala la función de la Sala de lo Constitucional, que no es sino, la concreción de la Constitución mediante su interpretación; sin limitarse a una intervención restrictiva y reguladora, sino mas bien a vincular los derechos fundamentales al proceso permanente de la transformación social, en relación con el artículo 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, mismo que establece que al no existir unanimidad en la Sala el asunto deberá de someterse al conocimiento y decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como lo es el caso de marras. CONSIDERANDO (2): Que el tenor de lo preceptuado en el artículo 185 Constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley sobre Justicia Constitucional; la acción de Inconstitucionalidad, podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo personal y legitimo. A criterio de este Alto Tribunal, el recurrente, en la condición en la cual comparece cuenta con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, dado de que se trata de el apoderado Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), asociación civil que representa los intereses generales de la libre empresa en Honduras, a la que le concierne en forma directa, personal y legítimamente el contenido del referido Decreto por tener este efectos generales y vinculantes para las empresas sujetas a tales gravámenes. CONSIDERANDO (3): Que el articulo 79 N°.3) de la Ley sobre Justicia Constitucional establece, que la demanda de Inconstitucionalidad por Vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la Ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legitimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que la Corte Suprema de Justicia conoció de la acción de Inconstitucionalidad que por vía de acción y de forma parcial, promoviera el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de apoderado Legal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), solicitando la declaración de Inconstitucionalidad por razón de contenido de los artículos 1 y 3 del Decreto Legislativo N° 96-2012, que contiene la Ley de Medida Antievasión en el Impuesto Sobre la Renta, Decreto que fue emitido el veinte (20) de junio del año dos mil doce (2012) y que fuera publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” numero 32,877 en fecha veinte (20) de julio del año dos mil doce (2012). A criterio del recurrente, la puesta en vigencia de los referidos artículos produce la infracción directa de las normas Constitucionales contenidos en los artículos 16, 18, 60, 82, 89, 90, 94, 109, 331 y 351 y al no haber existido unanimidad en la misma, los autos fueron remitidos al pleno de la Corte Suprema de Justicia, para su decisión y fallo. CONSIDERANDO (5): Que los artículos 1 y 3, señalados de inconstitucionales por el recurrente y contenida en la Ley de medida anti evasión en el Impuesto Sobre la Renta, por su orden disponen: “Articulo 1 Las personas naturales o jurídicas que durante los períodos fiscales no prescritos que establece el artículo 136 numeral 2) del Código Tributario, que en dos (2) de ellos hayan tenido pérdidas operacionales consecutivas o alternas y que en el último periodo fiscal hayan obtenido ingresos brutos igual o superior a Cien millones de lempiras (L. 100,000.00) anuales, estarán sujetas al pago de un anticipo del uno por ciento (1%) en concepto de impuestos Sobre la Renta, mismo que será calculado sobre los ingresos brutos declarados. El anticipo del uno por ciento (1%) en concepto de Impuesto Sobre la Renta, constituye un crédito en la Declaración Anual para ser aplicado ya sea en el impuesto Sobre la Renta, Activo Neto o Aportación Solidaria Temporal. Se exceptúan de la aplicación del anticipo del uno por ciento (1%) los siguientes:

  1. Las personas Naturales o Jurídicas en etapa pe-operatoria de sus actividades hasta un máximo de cinco (5) años; 2) Las personas naturales o Jurídicas que tuvieren pérdidas operativas originadas por caso fortuito o fuerza mayor, dicha perdida deberá ser certificada por una firma auditora, debidamente registrada en el colegio respectivo, sin perjuicio de la fiscalización posterior, por parte de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI); 3) Las personas naturales o Jurídicas autorizadas por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), para aplicar arrastre de pérdidas según lo establecido en el artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 4) Las personas naturales o Jurídicas que causaron impuesto en el último período fiscal y que están sujetas al sistema de pagos a cuenta, según artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 5) Las personas naturales o Jurídicas que acrediten mediante dictamen de auditoría fiscal, realizada por una firma auditora, debidamente registrada, en su colegio respectivo, que la perdida fiscal sea real, la cual será verificada por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI); y, 6) Las personas naturales o Jurídicas establecidos en el artículo 7 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y los que estén exonerados de dicho tributo por leyes o Decretos Legislativos especiales vigentes. “Articulo 3.- Para efecto de tributación interna, las personas naturales o jurídicas sujetas al pago del IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), que realicen transacciones de importación definitiva de bienes con fines comerciales por las diferentes aduanas del país, que no estén inscritos como contribuyentes en la DIRECCION JECUTIVA DE INGRESOS (DEI), o que estando inscritos sean omisos en la presentación de su declaración, así mismo los contribuyentes que tengan una mora liquida, firme y exigible en el pago de cualquier impuesto administrativo por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), pagaran en concepto de anticipo un tres por ciento (3%) del Impuesto Sobre la Renta, aplicado sobre la base referencial del valor CIF, de dichas importaciones de bienes. El anticipo en referencia se consignara y pagara en el momento de la liquidación de la “Declaración Única Aduanera” y constituye un crédito para la Declaración del Impuesto Sobre la Renta, Activo neto o Aportación Solidaria temporal hasta agotarlo. Para fines de la aplicación de este articulo se define como: 1) Contribuyente No Inscrito: Son aquellas personas naturales o Jurídicas que no están registradas como tal en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 2) Contribuyente Omiso: Son aquellas personas naturales o jurídicas que no han cumplido con la presentación de su declaración del Impuesto Sobre la Renta. 3) Contribuyente Moroso: Son las personas naturales o jurídicas que tengan saldos pendientes de pago con el Fisco. 4) CIF: Se conforma con el precio de bienes, más los costos de seguro y flete de importaciones de bienes. Quedan exonerados del pago de este anticipo: 1) las personas naturales o jurídicas establecidas en el articulo7 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y las que estén exoneradas de dicho tributo por leyes o Decretos Legislativos especiales y vigentes; y, 2) Las instituciones educativas sin fines de lucro amparadas en Decretos Legislativos y registradas en la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas.” CONSIDERANDO (6): Que el recurrente plantea dos motivos de Inconstitucionalidad en relación a los artículos 1 y 3 contenidos en la Ley de Medida Anti evasión en el Impuesto Sobre la Renta. En apoyo y fundamento al primer motivo de inconstitucionalidad, relacionado con el articulo uno, acusado de inconstitucional el imperante sostiene que dicho artículo: a) Distorsiona la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Lo explica señalado que los ingresos brutos que perciben las empresas se obtienen esencialmente por las ventas de bienes y servicios en el mercado. Dice el recurrente que con el articulo 1 el legislador ha creado un impuesto aplicable al monto total de las ventas declaradas por los contribuyentes, que en otras palabras, lo que el legislador ha creado es un impuesto que sustituye al que se le aplica a la renta neta gravable que se obtiene restando los gastos y deducciones permitidas por la Ley al total de las ventas o ingresos brutos. Reitera el impetrante que el legislador creó una obligación de pago, con base a los ingresos o ventas brutas de los contribuyentes, eliminado toda posibilidad de aplicar los gastos y deducciones permitidos por la Ley. Señala el recurrente que en Honduras ya existen leyes especiales que gravan las ventas y las rentas de manera separada, siendo la Ley Sobre el Impuesto Sobre la Renta contenida en el decreto 25 del 20 de diciembre del año 1963, por medio de la cual se crea un impuesto, anual que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos, que descansa en el principio de la habilidad o capacidad de pago y la Ley del Impuesto Sobre Ventas, contenida en el Decreto 24 del 29 de diciembre de 1963, por medio de la cual se creó un impuesto sobre la Venta realizadas en todo el territorio d la República, el que se aplicara en forma no acumulativa en la etapa de importación y en cada etapa de venta de que sean objeto las mercancías o servicios; b) Atenta contra el principio de Legalidad y No-confiscatiriedad de los Tributos. En tal sentido arguye el recurrente que el articulo 1 presenta los siguientes vicios: 1) Crea una obligación tributaria en el marco de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para gravar directamente las ventas de los contribuyentes cuando ya existe otra Ley que grava las ventas; 2) Obliga a los contribuyentes a pagar el impuesto sin consideración de los gastos incurridos o las deducciones permitidas por la Ley, desvirtuando o desnaturalizando así las razón de ser el impuesto Sobre la Renta que grava los impuestos obtenidos durante un ejercicio fiscal, pero restando los costos de producción y gastos incurridos y las deducciones legales correspondientes; y, 3) Obliga a los contribuyentes paguen impuestos sobre rentas (ganancias), aún y cuando reporten perdidas. Reitera el impetrante que el impuesto creado es confiscatorio, ya que obliga a pagar un monto que afecta negativamente la capacidad económica del contribuyente, relacionándolo con lo dispuesto en los artículos 1 y 40 del Código Tributario, justifica así mismo que los contribuyentes deben contribuir con el fisco pagando sus impuestos en función de sus respectivas capacidades económicas, utilidades o rendimientos, pero nunca una cantidad tal que su contribución tenga como base prácticamente el total de ingresos brutos que hayan percibido, haciendo omisión de la utilidad o renta neta gravable que dichos ingresos brutos le hayan generado; c) Atenta contra el Principio de Capacidad Contributiva e Igualdad ante la Ley. En sustento a ello, el recurrente dice que el articulo 1 rompe el principio de Proporcionalidad que según el artículo 351 Constitucional, también rige el sistema tributario de Honduras. Afirma que, en términos generales, la proporcionalidad es la correcta distribución entre las cuotas, tasas o tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica de los sujetos pasivos por ella gravados. Los gravámenes deben estar de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente, para que las personas que tengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. Aduce el recurrente que el articulo 1 permite que unos contribuyentes sean gravados de conformidad con los ingresos brutos, aun y cuando reporten perdidas y otros serán gravados de acuerdo a su renta gravable, lo que atenta contra el principio de igualdad ante la Ley que refiere el artículo 60 constitucional; d) Atenta contra el Principio de Defensa y el Debido Proceso. Al respecto el impetrante expone que el artículo 1 vulnera los artículos 82, 89 y 94 constitucionales, ya que obliga a ciertos contribuyentes a realizar un pago mínimo del impuesto Sobre la Renta, equivalente al uno por ciento (1%) de sus ventas o ingresos brutos, aún y cuando de conformidad al artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, le corresponda pagar una suma menor. El articulo 1 parte de la mala fe de la generalidad de los contribuyentes y los penaliza directamente al obligarles a pagar más de los que le exige la Ley, limitando su derecho a defenderse, ya que no se les permite agotar las instancia administrativas pertinentes, así como de ejercitar las acciones legales correspondientes ante los Juzgados y tribunales de la República, en contra de las acciones que en otras circunstancias pudiera iniciar la DEI en caminadas a rectificar u aclarar las declaraciones que presenten los contribuyentes, así como de los ajustes que practique por la suma de los impuestos pagados; e) Atenta contra la Seguridad Jurídica. Ilustra el impetrante que la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional, ya se han pronunciado anteriormente sobre estos asuntos, en las sentencias de fecha 1 de febrero del 2012 y el 13 de noviembre del 2013, por medio de las cuales declararon la inconstitucionalidad de Decretos números 42-2011 y 108-2011, ambos relacionados a la reforma del artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En aquella oportunidad la reforma que se presento poner en vigencia establecía un mecanismo de cálculo del impuesto a pagar, similar al que contempla el artículo 1 que se impugna de inconstitucional. CONSIDERANDO (7): Que el segundo motivo de Inconstitucionalidad, el recurrente lo relaciona con el artículo tres y es sustento a su tesis sostiene: a) El artículo 3 distorsiona la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Expone el recurrente que, según el derecho hondureño, las obligaciones tributarias son aquellas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, creando vínculos de carácter personal y que nace con la realización de un hecho generador que conlleva al pago de un tributo, una contribución o una tasa. Al momento de diseñar i aprobar impuestos, el legislador debe tomar en cuenta los límites naturales que debe tener toda legislación tributaria. Los límites más inmediatos están claramente establecidos en los artículos 17, 18, 39, y 40 del Código Tributario. La observancia y respeto de estos límites hacen que, en primera instancia, las leyes tributarias entren en armonía con la Constitución de la República, pero hay otros límites que el legislador también debe tomar en cuenta. Al revisar el contenido y alcance del artículo 3, nos damos cuenta que el legislador ha creado una obligación tributaria de pago, violentando el principio de legalidad a que refiere el artículo 351 de la Constitución de la República. El hecho generador de la Ley del ISR establecido en el artículo 3, no lo constituyen las transacciones de importación definitiva de bienes o mercancías al país con fines comerciales, sino la generación de utilidades o rentas; b) El articulo 2 atenta contra el Principio de Legalidad. Lo que el Legislador está tratando de hacer por medio del artículo 3, es generar ingresos para el fisco, partiendo del concepto equivocado que las referidas transacciones de importación son fuentes que siempre producen rentas y que por consiguiente deben ser gravadas con pagos anticipados del impuesto sobre la renta, haciendo caso omiso al artículo 3, no se observo la jerarquía que señala el artículo 4 del Código Tributario, lo que violenta el principio de legalidad que rige el sistema tributario de Honduras; c) El articulo 3 atenta contra las libertades que garantiza la Constitución de la República. El principio de legalidad que rige el sistema tributario de Honduras no sólo nos permite tener claridad sobre el marco y los procedimientos que deben seguirse en la aprobación de normas tributarias. Este principio nos permite, además, contar y exigir la certeza y seguridad Jurídica que deben ofrecer las normas tributarias, así como las demás leyes del país, para generar confianza en las personas que a diario invierten y realizan transacciones de todo tipo de Honduras, d) El artículo 3 atenta contra el Derecho Internacional. En ese sentido, el artículo 3 no es aplicable, ya que va en contra de un tratado o convenio Internacional suscrito y ratificado por Honduras y que forma parte del Derecho interno desde el 2005. Mediante Decreto 10-2001 del 3 de mayo del 2005, se aprobó en todas y cada una de sus partes el Tratado de libre comercio República Dominicana-Centroamérica –Estados Unidos (DR-CAFTA), que fuera suscrito en la ciudad de Washington, D.C. Estados Unidos de América el 5 de agosto del 2004. Este instrumento Internacional, tiene como propósito principal establecer una zona de libre Comercio entre los países suscriptores entre los cuales esta Honduras. El DR-CAFTA contiene algunas disposiciones que son de la naturaleza tributaria principalmente vinculadas a las actividades de importación y exportación de bienes o mercancías entre los países suscriptores, el artículo 3.10 de refiere específicamente a las cargas y formalidades administrativas. Honduras tiene la obligación legal de garantizar a los demás países suscriptores del DR-CAFTA, que todas la tazas y cargos de cualquier naturaleza que cree, así como los impuestos a la importación o exportación u otros relacionados con dichas actividades, no representen una protección indirecta a las mercancías nacionales ni un impuesto a las importaciones o exportaciones para propósitos impositivos. CONSIDERANDO (8): Que conforme lo proclama para nuestra carta magna, Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independientes para asegurar a sus habitaciones el goce de la Justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Conforme a la anterior declaración, el artículo 351 constitucional establece que el sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente. CONSIDERANDO (9): Que mediante Decreto N° 25 del 20 de diciembre del año mil novecientos sesenta y tres (1963), se creó la Ley del impuesto Sobre la Renta. La referida ley comienza estableciendo en el articulo 1 impuesto anual denominado Impuesto Sobre la Renta, que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos, según lo determina la misma Ley. El indicado precepto determina que se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario, y, en general, cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito, que modifique el patrimonio del contribuyente. Asimismo, fija que el Impuesto sobre la Renta descansa en el principio de la habilidad o capacidad de pago del contribuyente es sinónimo de la capacidad económica del mismo, que se mide por medio del ingreso percibido en dinero, en crédito, en valores, en derechos, en especie o en cualesquiera otra forma siempre que se pueda medir objetivamente, en términos monetarios, durante el período o año imponible. Consideró la Sala de lo Constitucional que tal es el marco conceptual en el cual deberá desenvolverse el tenor legal del referido tributo a la renta, en aras de mantenerse sustancialmente acorde al principio de razonabilidad y, en general, acorde a los principios constitucionales que rigen el sistema financiero y tributario del Estado de Honduras (Artículo 351 de la Constitución de la República). CONSIDERANDO (10): Que el artículo 1 de la Ley de Medida Antievasión en el Impuesto Sobre la Renta, acusado de inconstitucionalidad, establece el pago de un anticipo del uno por ciento (1%) en concepto de impuesto sobre la renta, mismo que será calculado sobre los ingresos brutos declarados, esta anticipo de pago está dirigido a las personas naturales o jurídicas que durante los períodos fiscales no prescritos que establece el artículo 136, numeral 2 del Código Tributario, hayan obtenido ingresos brutos igual o superior a cien millones de lempiras en el último periodo fiscal, asimismo el articulo 3 acusado de inconstitucionalidad, establece un pago en concepto de anticipo de un tres por ciento (3%) del impuesto sobre la renta, aplicado sobre la base referencial del valor CIF, a las personas naturales o jurídicas que realicen transacciones de importación definitiva de bienes con fines comerciales por las diferentes aduanas del país, que no estén inscritos como contribuyentes en la Dirección Ejecutiva de ingresos (DEI), o que estando inscritos sean omisos en una mora liquida, firme y exigible. CONSIDERANDO (11): Que la obligación tributaria nace con la realización del hecho generador, sea cual fuere su naturaleza, entendido que el hecho generador se considera realizado en las siguientes circunstancias: 1) En las situaciones de hecho, esto es, cuando la Ley tributaria respectiva toma en cuenta preferentemente aspectos facticos o económicos, desde el momento en que se han cumplido las circunstancias materiales o temporales necesarias para que produzcan los efectos que normalmente le corresponda; y 2) En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable. La norma sustantiva establece que la base imponible en la cuantificación del hecho generador expresada en dinero o unidades específicas, en tal sentido la cuantificación debe fundarse en la realidad económica, en los usos normales y ordinarios de los negocios y en las normas o reglas contables generalmente aceptadas, debiendo además de ello ser proporcionada al hecho generado y tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente. CONSIDERANDO (12): Que para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es evidente que la implementación de medidas antievasión en el impuesto sobre la renta, de forma irrazonable y esencialmente impropia a los principios básicos que conforman el derecho fiscal contenidos en la Constitución se puede colegir, una clara restricción al proceso de inversión, así como de falta de incentivo para el establecimiento de nuevas empresas, restándoles competividad y representando un acto de inseguridad jurídica e injusticia tributaria, pues se le obliga al pago anticipado del 1% y el 3% en concepto de Impuesto Sobre la Renta, los que serian calculados, el primero, sobre los ingresos brutos declarados (sin realizar las deducciones que la Ley determine del marco jurídico del Impuesto Sobre la Renta establece, en concordancia con los principios que rigen el sistema tributario nacional), aún y cuando los contribuyentes Empresa Mercantil- hayan obtenido perdidas operacionales consecutivas o alternas, como normalmente resulta de una empresa que se instala y no tiene todavía radicación y establecimiento en el mercado y, aun de aquellas que, previamente establecidas bajo el régimen de respeto a la libre iniciativa empresarial, se encuentran en dificultades cíclicas, propias de los vaivenes de la economía de mercado; y el segundo aplicado sobre la base de referencia del valor CIF, de las transacciones de importación definitiva de bienes comerciales, olvidando que existe una ley que grava estos cargos a las importaciones. Es por tal concepto que la Constitución de la República de Honduras protege, reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley, proscribe la confiscación de bienes y declara que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o de interés público calificados por la Ley o por resolución fundada en Ley, sin que medie previa indemnización justipreciada; según prescriben en forma garante los artículos 103, 105 y 106 de la Constitución de la República, cuya confrontación con la implementación de las medidas tributarias impugnadas es evidente, dada que la aplicación a ultima de disposiciones tributarias, sin atender la capacidad económica del contribuyente, tiende a convertirse en confiscatoria, atentaría de la propiedad privada y de la libertad de iniciativa privada, mismas que garantiza el estado de Derecho bajo condiciones estrictamente normativas y constitucionales. CONSIDERANDO (13): Que por todo lo ello, los preceptos legales aquí impugnados no son garantes de las libertades reconocidas y protegidas en la Constitución, ni se conforma a los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente, mismos que rigen al sistema tributario dentro de las bases del estado de Derecho; infiriéndose con claridad la procedencia de la declaratoria de inconstitucionalidad, respecto a los motivos expuestos. CONSIDERANDO (14): Que por todo ello, la creación de la Ley de Medida Antievasión en el Impuesto Sobre la Renta, contenida en el decreto Ley N°96 2012 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS en fecha veinte (20) de junio del año dos mil doce (2012), y publicado en el Diario Oficial “la Gaceta” numero 32,877 en fecha veinte (20) de julio del mismo año dos mil doce (2012), a través de lo prescrito en los artículos 1 y 3, resulta en esencia similar al contenido de los anteriores decretos sobre los cuales la Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado, a saber: a) El Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado MARIO RENE HUEZO BUSTAMANTE, en su condición de apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Honduras Fosforera S.A. en contra del Decreto Legislativo N° 42-2011, emitido por el Congreso Nacional el 12 de abril de dos mil once, y registrado en la Secretaria de dicha Sala bajo el N° 698-11, sentencia que fue publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 33,448 del 9 de junio del 2014, mediante la cual se declaro con lugar la acción aludida por tanto Inconstitucionalidad dicho decreto 42-2011 y por tanto inaplicable, b) Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por los representantes de la ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES (ANDI) Y el CONSEJO GHONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), en las cuales una vez acumuladas, se dictó la sentencia en fecha 1 de febrero del 2011 por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró la Inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos Números 42-2011, de fecha doce de abril del año dos mil once y publicado en el Diario Oficial la Gaceta del treinta y uno de mayo del dos mil once, que reformó el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenida en el decreto N° 25 del veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. Asimismo, se decretó la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del Decreto N° 108-11, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha veinticuatro de junio del dos mil once, que interpreta el artículo tres del decreto Legislativo N° 42-2011 contentivo en la reforma el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Recurso registrado en la Secretaria de la Sala de lo Constitucional bajo el numero RI1540 Y 541-2011. CONSIDERANDO (15): Que los preceptos constitucionales que fueron violentados por lo decretos Legislativos N° 42-2011 Y N° 108-11, son en una esencia muy similares con los preceptos constitucionales que se alegan están violentados por la entrada en vigencia del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 96-2012, siendo necesario hacer una transcripción de ambas disposiciones para acreditar que en esencia es la misma intención del Legislador, a pesar de que este Poder del Estado ya ha determinado la inconstitucionalidad de la misma. Es así que: con relación a la Reforma al artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, según Decreto N°42-100 declarado inconstitucionalidad el articulo disponía: 1) Reformar el artículo 22 de la LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, contenida en el Decreto N° 25 del 20 de diciembre de 1963 y sus reformas, adicionando el literal c) que se leerá de la forma siguiente: articulo 22.- a)...b)...)c) las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras pagaran el uno por ciento (1%) sobre los ingresos brutos del periodo impositivo cuando la aplicación de tarifas señaladas en los literales a( y b) resultare menos al uno por ciento (1%) de los ingresos brutos declarados; este mismo uno por ciento (1%) sobre os ingresos brutos pagaran las personas naturales o jurídicas que reporten perdidas. D) La tasa se reducirá al cero punto cinco por ciento (0.5%) en el caso de no estarán sujetos”. Por otro lado, el artículo 1 del decreto 96-2012 señala que : “ARTICULO 1.- Las personas naturales o Jurídicas que durante los periodos fiscales no prescritos que establece el artículo 136, numeral 2) del Código Tributario, que en dos (2) de ellos hayan tenido pérdidas operacionales consecutivas o alternas y que en el último periodo fiscal haya obtenido ingresos brutos igual o superior a cien millones de lempiras (L-100,000,000.00) anuales, estarán sujetas al pago de un anticipo del uno por ciento (1%) en concepto de Impuesto Sobre la Renta, mismo que será calculado sobre los ingresos brutos declarados. El anticipo del uno por ciento (1%) el concepto del Impuesto Sobre la Renta, constituye un crédito en la Declaración Anual ser aplicado ya sea en el Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto o Aportación solidaria Temporal. Se exceptúan. CONSIDERANDO (16): Que así las cosas y al tenor de lo expuesto hasta aquí, resulta igualmente necesario un pronunciamiento concreto del pleno de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al valor de la Cosa Juzgada en materia de la garantía especifica de Inconstitucionalidad. Encontramos a este respecto, que de conformidad a la normativa vigente y explicables, el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, determina que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogara la norma inconstitucionalidad, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien o hará publicar en el Diario Oficial “la Gaceta”. La sentencia no afectara las situaciones Jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. Esta precisión Legal emanada del poder constituido, determina Juris el de iure (de pleno derecho) la vía requerida para dar valor de cosa Juzgada a las sentencias dictadas en los procesos de inconstitucionalidad. Correspondiendo lógicamente su intención, con la necesidad imperante tanto para el legislador, como para el Juez Constitucional de hacer prevalecer en esencia al principio fundamental que se sustenta la seguridad Jurídica; pues al establecer que las sentencias dictadas en los procesos de control constitucional tienen el valor de cosa Juzgada, se les vincula de pleno derecho con una institución procesal, que si bien en su configuración tradicional quede tener dificultades de inserción en algunos procesos constitucionales, al relacionar los efectos de un fallo de inconstitucionalidad con terceros que no han sido parte en el proceso, se justifica por sí misma la designación, por razón que la cosa juzgada supone de derecho y por derecho (Juris et de iure), una respuesta al interés público implícito, brindándole a éste la certeza legal de que el fallo emitido tendrá efectos generales (ERGA OMNES), expulsando a la norma inconstitucional definitivamente de nuestro ordenamiento vigente. CONSIDERANDO (17): Que, siguiendo con el desarrollo de esta fundamentación, es necesario tener en cuenta igualmente, que los efectos de la cosa juzgada material, serán en todo caso irreversibles en los casos de recurso de inconstitucionalidad, con respecto a la Ley especifica que ha sido expulsada del ordenamiento nacional, como producto de sentencia estimatoria, en cuanto a la inconstitucionalidad de la Ley impugnada. CONSIDERANDO (18): que no pudiendo pasar por alto a este respecto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es de esta forma, como un Tribunal Supremo, a su vez, queda vinculado por sus propios precedentes mediante la aplicación de la regla del “stare decidis”, según la cual una Sala o Tribunal Constitucional, se obliga a la estricta observancia de su propia jurisprudencia. Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decidis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, o en su defecto el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decidis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su artículo 91, en el cual se afirma que podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los defectos ex nunc, implícitos en la misma, la Jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decidis, el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. CONSIDERANDO (20): Que así las cosas, resulta establecido que en los preceptos de inconstitucionalidad los efectos omnes están unidos a la sentencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, en este tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, toda vez que la anulación de la Ley ha sido declarada con efectos generales, tornando impertinente un nuevo pronunciamiento sobre un problema constitucional ya resuelto. CONSIDERANDO (21): Que una vez expuesto lo anterior, esta sentencia reitera, que resulta una certeza indubitable para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el fallo dictado por este Tribunal Supremo, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), del cual se hace hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro N° 698-2011, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al DECRETO LEGISLATIVO N°42-2011 emitido por el Congreso Nacional de la república de Honduras, en fecha doce de abril de dos mil once y publicado en el Diario Oficial la Gaceta del treinta y uno en mayo de dos mil once, que reformo el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenida en el Decreto N° 25 del veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. Asimismo, se decretó la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del Decreto 108-11, emitido por el congreso nacional de la República, en fecha veinticuatro de junio de dos mil once, que interpreta el articulo tres del decreto Legislativo N°42-2011 contentivo en la reforma el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Recurso registrado en la Secretaria de la Sala de lo Constitucional bajo el numero RI540 Y 541-2011; donde ya fue expulsado del ordenamiento Jurídico el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 42-2011, que reforma el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se torna innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento en el cual se salvaguardó la preeminencia de la norma constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación, mediante la cual se declare por este Tribunal la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. POR TANTO: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos, en virtud de haber disentido los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, EDGARDO CACERES CASTELLANOS, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, y en aplicación de los artículos 1, 18, 59, 64, 80, 82, 90, párrafo primero, 205 N° 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304 313 atribución 5ta. Y 316 numeral 1, 335 DE LA Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta; 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, n° 2, 4,n° 7 y N° 8, 5, 7, 8, 9, N° 2, 41, 63, 72, 74, 75, 76 n° 4 , 77, 79, 89, 90, 92, 93, 94, 119, 124 y demás aplicables de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FALLA: 1) Declarar que al ser firmes los fallos de Inconstitucionalidad dictados por la Sala de lo Constitucional: a) En fecha seis (06) de noviembre de dos mil trece (2013), del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción con registro N° 698-2019, mismo que examinó la inconstitucionalidad del DECRETO LEGISLATIVO N° 42-2011, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha doce (12) de abril del año dos mil once (2011), que contiene la reforma el artículo 22 de la ley del Impuesto sobre la Renta, y b) Fallo dictado en fecha primero (01) de febrero de dos mil doce (2012), examinó la inconstitucionalidad de los decretos; nuevamente del decreto Legislativo N° 42-2011 y del decreto 108-11, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha veinticuatro de junio de dos mil once, que interpreta el artículo tres del Decreto Legislativo N° 42-2011 contentivo en la reforma al artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se torna innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los decretos impugnados, por ser éste implícitamente contrario al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario al apreciarse una coincidencia total con el juzgamiento constitucional dictado en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015). 2) En tal virtud se sobresee la acción de mérito, contentiva del recurso de inconstitucionalidad, con registro N° 760-2014 interpuesto vía acción por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de apoderado Legal del CONSEJO DE HONDUREÑOS DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), para que se declare la Inconstitucionalidad de los artículos uno y tres de la Ley de Medida Antievasión en el Impuesto Sobre la Renta, contenida en el Decreto Legislativo número 96-2012, emitido en fecha 20 de junio del año dos mil doce y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 32,877 de fecha 20 de julio del año dos mil doce, alegando con la aplicación de las mencionadas disposiciones de la ya referida Ley de Medida Antievasión en el Impuesto Sobre la Renta, se contravienen varios preceptos y principios del Estado de Derecho reconocidos por la Constitución de la República, contenidos en los artículos 16, 18, 60, 82, 89, 90, 94, 109, 331, 351 y 352, al ser cosa juzgada y por tanto haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada en las acciones con registros N° 540 y 541-2011 y N° 698-2011, y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento terminante de la Sala mediante el cual ya se salvaguardó la preeminencia de la norma constitucional y se expulsó de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma siendo por tal razón impertinente una nueva interpretación, al apreciarse una coincidencia total con el juzgamiento constitucional dictados en fecha primero (01) de febrero de dos mil doce (2012) y seis (06) de noviembre de dos mil trece (2013).- Y MANDA: Que con certificación de éste fallo se devuelvan los antecedentes a la Sala Constitucional para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIRANDA SANABRIA. NOTIFIQUESE FIRMAS Y SELLO: ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, Magistrado Presidente; REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, Magistrado; JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, Magistrado; EDGARDO CACERES CASTELLANOS, Magistrado; WILFREDO MENDEZ ROMERO, Magistrado; RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, Magistrada; MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Magistrado; MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, Magistrada; CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, Magistrado Integrante; RUBÉN RIVERA FLORES, Magistrado Integrante; DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, Magistrado Integrante; JILMAN RODOLFO NOLASCO INESTROZA, Magistrado Integrante; LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, Magistrado Integrante; ROXANA LICETH MORALES TORO,Magistrado Integrante; NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, Magistrado Integrante; FIRMA Y SELLO: LUCILA CRUZ MENENDEZ, SECRETARIA GENERAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad que se registra en este Tribunal bajo el número SCO-0760-2014

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIA DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL