Sentencia RI-489-18 — Registro 9246
Resumen
Garantía de inconstitucionalidad opuesta por vía de excepción y razón de contenido en contra del artículo 394.1 del Código Procesal Civil, con motivo de la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios que promovió en contra de la causante.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen de colisión entre las normas impugnadas con las normas citadas de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional estima que no son procedentes las alegaciones del demandante de inconstitucionalidad, en virtud de que los motivos que aduce en contra de la redacción del artículo 394.1 del Código Procesal Civil no colisionan o contradicen lo dispuesto por los artículos 64, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República; razón por la cual procede la desestimatoria de la presente garantía de inconstitucionalidad.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 78 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, tres de abril del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en la garantía de inconstitucionalidad (expediente número RI-0489-2018) opuesta por vía de excepción y razón de contenido por el abogado JOSÉ EDGARDO RAMOS FINO, quien actúa en causa propia, ante el honorable Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en contra del artículo 394.1 del Código Procesal Civil. Comparece en el proceso de modificación de medida cautelar contentiva de la pieza separada que promoviera la representante procesal de la parte demandada abogada Norma Leticia Godoy Palma, con motivo de la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios que promovió en contra de la causante, señora Elida Celina Trejo de López ahora de sus herederos.-ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el abogado JOSÉ EDGARDO RAMOS FINO, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, oponiendo garantía de inconstitucionalidad por vía de excepción y razón de fondo, en contra del artículo 394.1 del Código Procesal Civil. (Folios 3 al 14 del expediente contentivo de la garantía). -2. En fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, esta Sala recibió la garantía de inconstitucionalidad de mérito. Una vez admitida ésta, en fecha veintiséis de julio del mismo año, se omite el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República, ordenándose en consecuencia dar traslado de los antecedentes por seis días al fiscal del despacho para que emita su opinión en el asunto de mérito. (Folio 16 del expediente contentivo de la garantía). -3. En fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, el Ministerio Público, por medio de su fiscal, abogada Yulibeth Garay Hernández, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE DECLARE SIN LUGAR la garantía de inconstitucionalidad planteada. (Folios 19 al 25 del expediente contentivo de la garantía).-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1): Sobre la garantía de inconstitucionalidad. De conformidad con el artículo 184 de la Constitución, las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. Asimismo, dispone que le compete a la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva de dicha garantía, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. -Por su parte el artículo 185 constitucional dispone que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1. Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2. Por vía de excepción que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3. También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. -CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2): Sobre la legitimación activa para impetrar la garantía de inconstitucionalidad. Examen de la Sala de lo Constitucional. De conformidad con lo expresado por la Constitución en su artículo 185, quien impetre por vía de acción o excepción la garantía de inconstitucionalidad, deberá reunir como requisito fundamental el ostentar un interés directo, personal y legítimo.-Al respecto, el impetrante asegura que, como demandante, se encuentra en una situación o posición contrapuesta intersubjetiva de intereses a la de la demandada Elida Celina Trejo de López, con relación a la pretensión objeto de la litis entablada para la modificación de las medidas cautelares que garantizan la pretensión principal deducida. -Expresa, que con dicha demanda se crea un estado jurídico que lo coloca como titular de un interés directo, personal y legítimo. Explica que directo, porque las manifestaciones y consecuencias que pudiere tener la actividad modificadora de las medidas cautelares, le afectaría en el resultado de la acción principal incoada.-Si bien, la explicación que da el garantista no es clara precisa e incluso completa, es apreciable que estima que la aplicación del artículo 394.1 del Código Procesal Civil que tacha de inconstitucional, podría afectarle en sus intereses y derechos que reclama como parte actora de un proceso que se encuentra en desarrollo ante un tribunal de la República.-Eso permite a este alto tribunal de justicia, colegir que efectivamente se encuentra legitimado para demandar la inconstitucionalidad de la norma bajo cuestionamiento.-Siendo así, la Sala pasa a examinar el fondo de la presente garantía de inconstitucionalidad.-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen de los argumentos en que se apoya el garantista para demandar la inconstitucionalidad de mérito. El impetrante demanda la inconstitucionalidad del artículo 394.1 del Código Procesal Civil[1], aduciendo que contraviene a la Constitución de la República por las razones siguientes:a) La norma impugnada carece de sustento jurídico y de validez legal, debido a que carece de descripción del concepto legal que autoriza las figuras de hechos nuevos o de nuevo conocimiento, careciendo de los presupuestos presentes en toda norma legal, como ser: Un supuesto y una disposición de derecho.-b) Vulnera el principio de legalidad y del debido proceso, así como el artículo 64 constitucional.-c) No garantiza la tutela judicial efectiva.-Más adelante señala, que la norma impugnada presenta problemas de aplicabilidad por falta de descripción y caracterización de su contenido Reclama que el texto de la norma que impugna, carece de contenido jurídico y para explicar esto, destaca lo siguiente:a) La norma dispone “modificar medidas cautelares” lo que se aparta del contenido del título que habla de “modificación y revocación”. Explica que modificar y revocar son totalmente distintos e incluso opuestos. La modificación, dice el quejoso: “Es la acción y efecto de modificar, cambiar o transformar algo.” Revocación: “Es la acción y efecto de revocar, dejar sin efecto una resolución o mandato.”.-Luego, explica que existe contradicción entre la definición del régimen a aplicar, contenido en el título y capítulo de la estructura del Código; con el contenido en sí de la norma. Finaliza, explicando que la inconstitucionalidad de la norma, es porque la misma sólo contiene y autoriza el ámbito de MODIFICACIÓN, no así REVOCACIÓN.-b) Los dos supuestos que el legislador dispuso en la norma impugnada, son: Los hechos nuevos o de nuevo conocimiento. De ellos señala que el legislador no los define, por lo que opina que eso crea ambigüedad y afecta lo dispuesto en el artículo 64 constitucional; más adelante detalla que la falta de definición de los conceptos restringe o disminuye su eficacia es la del principio de legalidad procesal que garantiza el juzgamiento que establece el artículo 90 constitucional.- El censor, posteriormente adentrándose al tema de definición y significado legal de hechos nuevos o de nuevo conocimiento, opina que el legislador debió definir estos casos; aclara que cuando el legislador alude a estos en los artículos 241, 431, 460 y 461 del Código Procesal Civil, se refiere para efectos de la pretensión, es decir del juicio y no a medidas cautelares.-El censor procede después a dar un concepto de hecho, haciendo distinción entre pretensión procesal y acción cautelar. La acepción jurídica que brinda es: “Todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones.”-Posteriormente asevera, que el concepto anterior no se identifica con la producción de hechos relacionados con las medidas cautelares. Dice que se basa en su naturaleza de temporalidad y provisionalidad y que está sujeta a la configuración de hechos distintos a los de la pretensión objeto del debate. Expresa, que son distintos a los hechos de la pretensión objeto del debate, incluso se puede determinar cómo hechos indiciarios. Dice que cuando la ley concibe actualmente a los hechos nuevos o de nuevo conocimiento, lo hace con la idea de que es un hecho histórico que determina la causa petendi y el petitum, que inclusive determina la preclusividad que encierra la cosa juzgada.-El quejoso afirma que el artículo 394.1 del Código Procesal Civil no es una norma, que por lo contrario es un simple enunciado normativo o expresión lingüística; niega entonces que sea una norma legal de contenido vigente; y por ello opina que se atropella a la Constitución de la República. Repite que se opone a los artículos 64 y 90 constitucionales.-Sobre el texto de la norma que impugna, expresa que ésta no es atributiva ni prescriptiva; asimismo no encuentra los elementos: Supuesto jurídico y disposición normativa. -Sobre el supuesto jurídico: “…refiere que es la hipótesis cuya realización condicionará el nacimiento de las consecuencias del derecho…” Y que disposición normativa es:“… la parte de norma que abstractamente señala cuales son los deberes o las facultades condicionadas por la realización del supuesto que pretende en la disposición, en palabras simples: Definir que es un hecho nuevo o de nuevo conocimiento, los supuestos dentro de los cuales estos tendrán lugar en el caso específico de las medidas cautelares.”.-Recapitula diciendo que la norma impugnada adolece de lo siguiente:“1) Falta de definición legal del concepto hecho nuevo o nuevo conocimiento (sólo se menciona). 2) Así la norma carece de un verdadero supuesto y disposición como elementos esenciales e integrantes de toda norma legal. 3) Por otra parte fundamos que estos hechos nuevos o de nuevo conocimiento se identifican más e idóneamente con la causa petendi propia de la pretensión (ya expresamos fundamento y razonamiento al respecto).”.-El censor advierte que todas las veces que el legislador se refiere a hechos nuevos o de nuevo conocimiento no lo hace en relación con las medidas cautelares. -Compara la norma que estima inconstitucional con el artículo 736 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, el cual al disponer sobre el tema de modificación y alzamiento de las medidas cautelares expresa: “Posible modificación de las medidas cautelares: Las medidas cautelares podrán ser modificadas alegando y probando hechos y circunstancias.” Al respecto, destaca el disyuntivo “y”, con el cual dice que el legislador español, crea la posibilidad del funcionamiento de circunstancias cambiantes para la procedencia de modificación de medidas; y no descansando ésta únicamente en el concepto de suceso de hechos. -El quejoso estima, que la redacción española es más apropiada, al estimar que la palabra “circunstancias” es una categoría más amplia, menos compleja y no vinculante para los demás actos de proceso, en donde se involucran los hechos para el caso, con la causa petendi, con la prueba, preclusión de hechos para los efectos de cosa juzgada, etc.-Todo lo anterior, es para concluir que el artículo 394.1 del Código Procesal Civil quebranta la declaración contenida en el artículo 64 constitucional y la garantía de juzgamiento del artículo 90 constitucional; asimismo la imposibilidad de aplicar la ley al caso concreto que contempla el artículo 304 también constitucional. Lo que pone en detrimento el principio de una tutela judicial efectiva. - CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen del dictamen elaborado por el agente de tribunales del Ministerio Público. La Sala de lo Constitucional en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho recibió de parte de la FISCALÍA ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN el respectivo dictamen, en el cual expresa que debía ser declarada sin lugar la garantía de inconstitucionalidad de mérito.-Llega a esta conclusión, luego de manifestar que, en respuesta al alegato del censor, tiene en cuenta que las medidas cautelares son disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado futuro del proceso, por lo que es una de las principales manifestaciones de derecho a la tutela judicial efectiva, ya que garantiza que la pretensión que finalmente es amparada por el juzgado sea efectivamente cumplida.-Expresa que la medida cautelar es considerada una forma de tutela urgente preventiva no “satisfactiva”, que se encuentra prevista en el artículo 2 del Código Procesal Civil. Señala que es necesario el otorgamiento de dicha medida porque de no hacerlo, se corre el riesgo de que la pretensión sea ineficaz, por lo que sirve para prevenir que el proceso se desarrolle innecesariamente. Expresa que no es un fin en sí misma, pues no busca la satisfacción del derecho, sino que depende del proceso principal para su satisfacción.-Propiamente sobre el caso concreto, manifiesta que el artículo 394.1 en cuestión, se refiere a la modificación; y que, en cuanto a la revocación de las medidas cautelares, el título cuarto, capítulo único del Código Procesal Civil, se completa con el artículo 395, el cual dispone el procedimiento a seguir en caso de levantamiento de una medida, tratando en realidad lo atinente a la revocación de la medida.-Con relación a los conceptos de hechos nuevos y de nuevo conocimiento, para efectos de modificar el contenido de una medida acordada, la Fiscalía indica que será tramitada de acuerdo al procedimiento previsto para la oposición; en cambio la revocación de la medida o levantamiento, será necesario que sea dictada por el juzgado, una vez dictada la sentencia como regla general y como excepción las causas que se encuentran en el artículo 395, que se refieren a la obtención de sentencia absolutoria; y, la intención del demandante a recurrir. Cuando una sentencia estimare parcialmente la pretensión del demandante, el juzgado resolverá sobre el mantenimiento, modificación o levantamiento de la medida con audiencia de las partes.-La fiscalía señala que aunque el legislador no haya desarrollado los conceptos de hechos nuevos y de nuevo conocimiento, no se debe de entender esto como una limitante, en virtud de lo contenido en el artículo 7.3 del Código Procesal Civil. Por otra parte, la diferencia de naturaleza entre los hechos nuevos y de nuevo conocimiento, con relación a si son para determinar, el objeto del juicio o debate; o si son, para las medidas cautelares, radica en que el juez establezca con precisión los motivos por los cuales se distinguen unos de otros.-Al final concluye que no encuentra contradicción entre la norma impugnada y la Constitución de la República. -CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen de colisión entre las normas impugnadas con las normas citadas de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional estima que no son procedentes las alegaciones del demandante de inconstitucionalidad, en virtud de que los motivos que aduce en contra de la redacción del artículo 394.1 del Código Procesal Civil no colisionan o contradicen lo dispuesto por los artículos 64, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República; razón por la cual procede la desestimatoria de la presente garantía de inconstitucionalidad.-A continuación, se explican las razones que tiene la Sala de lo Constitucional para arribar a la anterior conclusión.-Para comenzar, el artículo 394.1 del Código Procesal Civil dispone literalmente lo siguiente: “Artículo 394. MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS. 1. Si una vez adoptadas las medidas cautelares, sobrevinieren hechos nuevos o de nuevo conocimiento, podrá el tribunal, de oficio o a petición de parte, modificar el contenido de la medida acordada.” -Sobre la violación del artículo 64 constitucional.-Al confrontar la norma anterior con el artículo 64 constitucional[2], este alto tribunal encuentra que precisamente es este artículo el que fundamenta en todos los casos, la existencia de la garantía de inconstitucionalidad, pues contiene el principio de supremacía constitucional, por el cual todas las normas legales del país, quedan sujetas o subordinadas al orden que impone nuestra Constitución. -En ese sentido, señalar que la norma impugnada contradice a la Constitución en relación con este artículo, es expresar nada. Es como alegar que contradice, porque contradice.-Finalmente, la aplicación del artículo 64 constitucional en una garantía como ésta, no puede ser establecida, como se ha hecho en esta oportunidad, de manera directa; sólo podrá establecerse como resultado de demostrar que existe una colisión con otra norma constitucional o convencional distinta.-Verbigracia: Violenta el artículo 64 constitucional, si y sólo sí, se demuestra que violenta el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución; o el principio de separación de poderes del artículo 4 constitucional; etc.-2. Sobre la violación del párrafo primero del artículo 90 constitucional. -En el presente caso, el censor denuncia la contradicción con el párrafo primero del artículo 90 constitucional[3] que contiene el derecho al debido proceso legal.- El motivo, que reclama el impetrante en este sentido, se fundamenta básicamente en que, a su juicio, el artículo 394.1 del Código Procesal Civil no brinda una definición o concepto de: Hecho nuevo, ni de nuevo conocimiento; lo que a su parecer produce que no sea garantizada la tutela judicial efectiva. -De lo expuesto, la Sala observa que, partiendo el impetrante de la redacción del artículo que tacha de inconstitucional, no brinda razones o motivos suficientes que tengan como resultado, la violación de la tutela judicial efectiva. De hecho, prácticamente el censor se ha limitado a enunciar la violación, sin explicarla o desarrollarla, porque no demuestra, en ningún caso, que la redacción actual del artículo que impugna, traiga como resultado inevitable el acceso a la tutela judicial efectiva.-En otras palabras, el simple señalamiento de violación del derecho a la tutela judicial efectiva, no es suficiente, tiene que demostrarse el daño que se produce y que evita el acceso a un órgano jurisdiccional para reclamar un interés, un derecho; o la imposibilidad del juzgador, para el establecimiento o reconocimiento de una situación jurídica particular, así mismo que no permite la obtención de una sentencia definitiva, debidamente argumentada y fundada en derecho.-De hecho, este alto tribunal de justicia verifica que, en el planteamiento de la inconstitucionalidad, no se exponen consecuencias que afecten a los diferentes derechos que conforman al debido proceso legal como, por ejemplo: La defensa técnica, en todos sus supuestos, descritos en la Constitución y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-Entonces, se hace evidente que, en el presente caso, el impetrante, no logra explicar porque la falta de definición o concepto de hecho nuevo y de nuevo conocimiento conlleva a una violación del debido proceso.-Para que prospere la acción o como en este caso, la excepción de inconstitucionalidad, es preciso que el garantista demuestre de manera clara y contundente que existe una colisión de la norma invocada con la Constitución; no basta enunciar su existencia o denunciar un presunto error del legislador.-Además, la sola mención, de que la norma impugnada presenta problemas de aplicabilidad por falta de descripción y caracterización de su contenido, no es suficiente para declarar su inconstitucionalidad. En el presente caso, el impetrante sólo enuncia este presunto efecto negativo, sin entrar a demostrarlo con argumentos que permitan a la Sala establecer una contradicción con la Constitución, específicamente en relación con el debido proceso.-Sobre la violación del artículo 304 constitucional. -El censor reclama que el artículo 394.1 del Código Procesal Civil, violenta el artículo 304 constitucional reformado.[4]-El motivo planteado no es de recibo, en virtud de que el censor no demuestra que el artículo que impugna y las razones que aduce, se oponen a que el Poder Judicial, por medio de los distintos órganos jurisdiccionales, pueda hacer efectivo el mandato que la Constitución le impone.-Resulta de manera evidente que no existe contradicción entre ambas normas, por lo que resulta procedente desestimar este motivo de inconstitucionalidad.-4. Sobre la violación del artículo 321 constitucional.-Finalmente, la Sala no encuentra que la norma impugnada violente o contradiga lo dispuesto en el artículo 321 constitucional[5], el cual contiene el principio de legalidad. Este principio, es la disposición expresa, que somete todas las actuaciones oficiales de los servidores públicos al cumplimiento de la ley. Constituye así, uno de los pilares que sustenta el Estado de Derecho, proclamado en el artículo 1 constitucional. -En el presente caso, el alegato del garantista es incompleto, en virtud de que no explica las razones o motivos que le conducen a asegurar que la redacción del artículo que impugna, violenta el principio de legalidad.-El censor, reclama que el texto de la norma que impugna, carece de contenido jurídico porque le falta definir o conceptualizar, que es un hecho nuevo o de nuevo conocimiento; y según él, esto conduce a una confusión entre los hechos que constituyen el objeto del juicio y del debate con los hechos que se relacionan con las medidas cautelares.-También dice que todo lo anterior deviene porque no se redactó en forma parecida a la Ley de Enjuiciamiento de España que en lugar de hechos nuevos o de nuevo conocimiento prefirió utilizar la frase “hechos y circunstancias”.-La Sala sin polemizar sobre cuál de ambas redacciones es mejor, no logra entender donde estriba la confusión del garantista que lo lleva al punto de estimar que esto constituye una violación al principio de legalidad o una violación del debido proceso o la supremacía constitucional.-No cabe duda de que las partes y el juzgador sabrán identificar en su momento, las razones que deban dar lugar a los cambios o ajustes de las medidas cautelares. Es decir, siempre procederá hacer modificaciones o supresión de las medidas cautelares, sin importar que las razones se denominen: hechos nuevos, hechos de nuevo conocimiento, simplemente hechos o por último circunstancias. -Con esto, se quiere establecer que los señalamientos del censor no constituyen una variación, una contradicción o una negación de lo que dispone el texto constitucional. En todo caso, el juzgador deberá observar, que si la falta de una buena redacción conduce al error judicial que conculque algún derecho constitucional, deberá evitarlo interpretando o aplicando dicha norma de tal modo que mantenga o respete los derechos fundamentales de las partes. De lo contrario se prevé la posibilidad de acudir en amparo para el mantenimiento o restitución de dichos derechos.-En virtud de todo lo expresado, procede declarar sin lugar la inconstitucionalidad de mérito.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 184, 185 303, 304, 308, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 3 No. 3, 4, 5, 8, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89 y 92 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 394.1 del Código Procesal Civil; FALLA: Declarando SIN LUGAR la garantía de inconstitucionalidad opuesta por vía de excepción y por razón fondo por el abogado JOSÉ EDGARDO RAMOS FINO, quien actúa en causa propia, ante el honorable Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en contra del artículo 394.1 del Código Procesal Civil. Y MANDA: 1. Que la presente sentencia sea notificada a la garantista 2. Que una vez que sea firme este fallo, se archiven las presentes diligencias. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes mayo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0489-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. “Artículo 394. MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS. 1. Si una vez adoptadas las medidas cautelares, sobrevinieren hechos nuevos o de nuevo conocimiento, podrá el tribunal, de oficio o a petición de parte, modificar el contenido de la medida acordada…”
[2] Vid. “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”
[3] Vid. “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”
[4] Vid. “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción. Se exceptúan de esta disposición los fueros jurisdiccionales de las Regiones Especiales de Desarrollo.”
Los jueces de estos fueros serán nombrados por el Congreso Nacional por mayoría calificada de las (2/3) dos terceras partes de la totalidad de los miembros, a propuesta de las autoridades de la administración de la Región Especial de Desarrollo de que se trate.
[5] Vid. “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”