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Sentencia RI-370-19 — Registro 9290

Resumen

..."la declaración de inconstitucionalidad de una Ley y su derogación, debe solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legitimo. Que lo anterior se replica también en el artículo 77 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; asimismo el artículo 76 establece que procede la inconstitucionalidad contra las leyes que infrinjan preceptos constitucionales, la que podrá interponerse en cualquier tiempo posterior a su vigencia..."..."al revisar lo planteados por las y los ciudadanos recurrentes, se observa que no acreditar de ninguna forma las razones de que forma se ven afectados directamente, personal y legítimamente en sus derechos fundamentales, pues si bien detallen razones por las que a su criterio el Decreto denuncia puede confrontar a la Constitución, no argumentan ni aportan pruebas sobre las razones de legitimación para interponer esta garantía..."

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la declaración de inconstitucionalidad de una Ley y su derogación, debe solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legitimo. Que lo anterior se replica también en el artículo 77 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; asimismo el artículo 76 establece que procede la inconstitucionalidad contra las leyes que infrinjan preceptos constitucionales, la que podrá interponerse en cualquier tiempo posterior a su vigencia..."..."al revisar lo planteados por las y los ciudadanos recurrentes, se observa que no acreditar de ninguna forma las razones de que forma se ven afectados directamente, personal y legítimamente en sus derechos fundamentales, pues si bien detallen razones por las que a su criterio el Decreto denuncia puede confrontar a la Constitución, no argumentan ni aportan pruebas sobre las razones de legitimación para interponer esta garantía..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, cuatro de junio de dos mil diecinueve.-Visto: la garantía de inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de contenido y de forma, presentadas por: Pedro Ulloa, Darwin Baquedano, Juana Zuniga, Fanny Martínez, Gabriela Sorto, Enrique Domínguez, Edwin Gómez, Cruz Veliz, Yesica Hernández, Isidro Sarmiento, Salvador Castañeda, Olayo Méndez, Carlos Sorto, Marcial Sarmiento, Darío Gómez, Josué Fuentes, Bairon Pérez, Yelsen Ríos, Merlin Hernández, Osman R., Vitalino Álvarez, Darío Maradiaga, Wilmer Lacayo, Dimas Torres, Alex Perdomo, José Gilberto, Raúl Rivera, Lorena Cruz, Edwin Domínguez, J. Santos Toro, Teodora Guillen, Carlos Leonel George, Ramiro Deras, Rosalinda Oseguera, Pedro O. Ulloa, José Antonio Alvarado, Mardonia Martínez, René Ramírez, María Santos Díaz, Steven Lemus, Juan Carlos García, José O. Mejía, Gloria Dubón, Brenys Duarte, Enriqueta Claros, Samuel Deras, José Cruz Izaguirre, Levin Domínguez, Sergio Argueta, Luis Ramos, José M. Rivas, Luis Sarmiento, Sabos Ramos, Ramón Soto Bonilla, John Trinidad Lagos, Delvin J. Rodríguez, Elmer Ariel Ramírez, Herlin Omar López, Wilkin Isaías Padilla, Oscar Santiago López, Juan Ángel Obando, Justino Alemán, María Caballero, Rogelio Ramos, Reyna Ventura, María del Cid, Ana Lourdes Gil, María Hloh, José Antonio Cáceres, Rafael Sánchez, Juventino Bonilla, Juan Antonio Flores, Daniel López, Leonardo Argueta, Jorge H. Carrera, Celso P. Matute, Tomas Quinteros, Emérito Castillo, Jorge García, José Matías, Santos López, Adalid Quinto, José Ramírez, Ignacio Mendoza, Jorge Mendoza, José Esteban, Agustín Calix, Isidro Portillo Gutiérrez, Juan Ramón Vásquez, Arbelia López Marroquín, Santos Argueta, Abel Ordoñez, Selvin E. Sorto Cruz, Julián Gómez, José R. Del Cid, Arturo Suchite, Reynerio Milla, María Cleotilde Dubón, Oscar H. Asencio, Limbor Velásquez, Carlos Menjivar, Rigoberto Matute, Pedro Matute, Javier Mendoza, Manuel Figueroa, Mirtala Martínez, Alberto Padilla, Nelson López, Elvia Banegas, Ignacio R. Duarte, Víctor R. Guardado, María Calla Gavarete, Edwin Vásquez, Juan Ramos, Ernesto W. López, Santiago Cruz, Selucina Lemus, Denis Alexis, Eliberta Melgar, Bayron Morales, María Escobar, Caren Escobar, Aida Rodríguez, Benjamín García, Manuel Bojórquez, Walter Coronado, Edgardo Rubio, Rosa Cruz, Julio Sorto, Olvin Noe Cardona, Digna Perdomo, Hernán Murillo, Marilia del Cid, Jennifer Bojórquez, Ada Zenaida Díaz, Elida Díaz, Nelson Rodríguez, Jenry Renieri Díaz, Aida Suyapa Ponce, Yessenia Ventura, Concepción Gonzales, Eudadio Meda, Ángel David Figueroa, Edil Villanueva, Diana Lara, Mary Hernández, Ángela María Melgar, Nidian Argueta, Carlos Márquez, David Lemus, Jessenia Molina, Reyes Ovidio Ruiz, Walter Guerra, Darwin Rivera, María Nolasco, Rosebel Martínez, Dayan Hernández, Francisco Sarmiento, Christian Chirinos, Marvin Martínez, Wilson Díaz, Cándido Ramírez, Santos Ortiz, Adilia Guevara Matute, María del Cid, Armando Escalante, Jesús Melgar, Idania Zelaya, Pascual Martínez, Anabel Romero, Edin del Cid, Felipe de Jesús Lucero, Jeremías Ramos, Santos Rivera, Edwin Méndez, Suyapa Padilla, Edin Martínez, Dilma Gómez, Santos Hipolito Veliz, Miguel Argueta, Osman Edgardo Guerrero Pavon, Santos Hernández, Nidia Lizeth Gómez, Juan López, Mariano Sarmiento, Pedro R. Gonzales, Marlene Lanza, Clemencia Villeda, Lilian Cardona, Cristhian A. Villanueva, Roberto Guerra, Amado Felipe, Agusto Morales, Oscar Julian Matute, Timoteo Padilla, Kenia Alvarado, Delia Ayala, Javier Sarmiento, José Emiliano Márquez, María Guadalupe López Pavón, Adilcio Borjas, Edy Isidro Banegas, Jorge Meléndez, Fidel García, Raúl Ramírez, Brayan Pacheco, Samuel Lara, Ramón Borjas, José Mejía, Teodora Braulinan, Elsy María Padilla, Rosa Palma, Jeanette E. López, Lino de Jesús, Rita Sevilla, José Orlando, Lesly Ulloa, Marilú Hernández, Ivis Aguilar, Edy Cedillo, José Antonio Guevara, Elvin Tomas Sarmiento, Odilio Aguilar, Antony Jasiel Pacheco, Sebastián Fuentes, Olbin Sánchez, Juana Pleitez, Juan Alemán, Marcia Peralta, Paula Martínez, Anacleta Chirinos, Orbin Pérez, Rudy Ulloa, Romaldo Ramírez, Telesforo Matute, Ángela Cardona, Alejo Maradiaga, Claudia López, José Argueta, Nicolás López, Donaldo Aguilar, David Guillen, Joel Cáceres, Oscar Cedillo, Heidy Pacheco, Oscar Pavón, Jery Munguía, Daniel Pacheco Benítez, Luis Fernando Bonilla, Fausto Aguilar, Hugo Hernández, David Hernández, Edin Contreras, Maribel Sarmiento, Omar Mejía, Hernán Cruz, Carlos Josué Mejía, Sandra Urrea, Ana Lucia Cortez, Miguel Ángel Carrasco Acosta, Doris Anita Quintanilla, Víctor Corea, Manuel Hernández, Oscar Romario Alvarenga, Alexis Nataren, Juan Ángel del Cid, Héctor Urrea, Darwin José Urrea, José García y Antonio Alvarado; quienes actúan manifestando ser habitantes de comunidades vecinas del área protegida denominada Parque Nacional Montaña de Botaderos y supuestos miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Departamento Colón, como presuntos afectados por la vulneración del derecho constitucional de conservación del medio ambiente adecuado y al no haberse seguido los requisitos de forma de creación de la Ley, garantía presentada contra el Decreto No 252-2013, aprobada por el Congreso Nacional de la República el veintiocho de diciembre de dos mil trece y publicado en el diario oficial La Gaceta número 34,545 en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho.-Considerando (1): Que la Constitución de la República establece en su artículo 185 que la declaración de inconstitucionalidad de una Ley y su derogación, debe solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legitimo. Que lo anterior se replica también en el artículo 77 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; asimismo el artículo 76 establece que procede la inconstitucionalidad contra las leyes que infrinjan preceptos constitucionales, la que podrá interponerse en cualquier tiempo posterior a su vigencia, como lo señalada el artículo 78 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-Considerando (2): Que existen distintos sistemas de justicia constitucional, pudiéndose observar tres grandes formas de legitimación para el ejercicio de la inconstitucionalidad: el sistema de acción popular, que cualquier persona puede interponer ese tipo de acciones; otros sistemas en el que se reserva ese ejercicio de acceso a determinador funcionarios u órganos del Estado (presidente de gobierno, Ministerio Público, legisladores, etc.); y, una legitimación activa determinada. Ese último caso es el hondureño, donde se condiciona el acceso a la jurisdicción constitucional únicamente a quienes ostenten un interés directo, personal y legitimo,[1] que es lo señalado en el artículo 185 de la Constitución de la República, por lo que es deber de la parte que peticiona, acreditar ese interés.-Considerando (3): Que la comprensión del interés directo, personal y legitimo, es el parámetro de legitimación establecido en la Constitución de la República, para que la interposición de una garantía de inconstitucionalidad sea admitida y decidida de fondo, ya sea por alegaciones de contenido o de forma, parcial o total y en cualquiera de los casos reconocidos en el artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-Considerando (4): Que la legitimación impuesta constitucional, se entiende que solo podrá interponer la garantía de inconstitucionalidad quien argumente y logre acreditar el interés propio, siendo afectado de forma inmediata y concreta, por la norma denunciada de inconstitucional; asimismo las personas recurrentes deben acreditar el interés legitimo, es decir sustentado normativamente o por reconocimiento legal, manifestando la vulneración real que sufre por la norma acusada.[2].-Considerando (5): Que el Código Procesal Civil en su artículo 64 establece el criterio de la legitimación en los procesos judiciales; indica que la legitimación ordinaria es aquella en la que actúen quienes afirman ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, mientras que la extraordinaria es aquella que se otorga en determinados supuestos, por tratarse de una sustitución procesal, por razones de interés público o social, a personas distintas de los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.-Considerando (6): Que al revisar lo planteados por las y los ciudadanos recurrentes, se observa que no acreditar de ninguna forma las razones de que forma se ven afectados directamente, personal y legítimamente en sus derechos fundamentales, pues si bien detallen razones por las que a su criterio el Decreto denuncia puede confrontar a la Constitución, no argumentan ni aportan pruebas sobre las razones de legitimación para interponer esta garantía.-Por tanto esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 184, 185, 313 y 316 de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, artículos 3, 5, 9, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; resuelve: 1) declarar inadmisible la garantía de inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de forma y contenido, presentada por las personas ya referidas, por no acreditar el interés directo, personal y legitimo; 2) Se tiene por otorgado el poder por parte de los recurrentes en el abogado Edy Alexander Tabora Gonzales, mismo que será efectivo una vez notificado personalmente o a través de otro mecanismo legal y en debida forma. Y Manda: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda al archivo de los autos. Notifíquese.-

Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Resolución de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0370-2019.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] BREWER – CARÍAS, Allan. El Sistema de Justicia Constitucional en Honduras (Comentarios a la Ley sobre Justicia Constitucional). Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, C.R., 2004, pp. 76 -78.

[2] FLORES VALERIANO, Enrique. La Justicia Constitucional en Honduras. Litografía López. Tegucigalpa, 2006, pp. 82 -83.