Sentencia RI-247-19 — Registro 9249
Resumen
Se interpuso recurso de inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de contenido y de forma, quienes actúan como presuntos afectados por la limitación a su derecho al acceso a la información pública, de acuerdo con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que al revisar lo planteado por los ciudadanos recurrentes, se observa que, si poseen una legitimación para interponer una garantía de inconstitucionalidad contra la norma denunciada, pero no acreditan un interés directo personal, al no acreditar las razones que provoca su lesión actual de derechos, aunque se reconoce su titularidad de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 3 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 5 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 78 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 80 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto: las garantías de inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de contenido y de forma, presentadas por: 1. Joaquín A. Mejía, Ramón Enrique Barrios Maldonado, Fernando Emilio García Rodríguez y Ana Alejandrina Pineda Hernández (SCO-0247-2019); 2. Edy Alexander Tábora González y la Asociación Comité por la Libre Expresión (C-Libre) (SCO-0248-2019); quienes actúan como presuntos afectados por la limitación a su derecho al acceso a la información pública, de acuerdo con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos, garantía presentada contra los artículos 18 y 19 de la denominada Ley de Inteligencia Nacional, contenida en el Decreto Legislativo No 211-2012, aprobada por el Congreso Nacional de la República el dieciocho de enero de dos mil trece y publicado en el diario oficial La Gaceta No 33,099, que tienen vigencia desde el quince de abril de dos mil trece. CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República establece en su artículo 185 que la declaración de inconstitucionalidad de una Ley y su derogación, debe solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. Que lo anterior se replica también en el artículo 77 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; asimismo el artículo 76 establece que procede la inconstitucionalidad contra las leyes que infrinjan preceptos constitucionales, la que podrá interponerse en cualquier tiempo posterior a su vigencia, como lo señalada el artículo 78 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que existen distintos sistemas de justicia constitucional, pudiéndose observar tres grandes formas de legitimación para el ejercicio de la inconstitucionalidad: el sistema de acción popular, que cualquier persona puede interponer ese tipo de acciones; otros sistemas en el que se reserva ese ejercicio de acceso a determinados funcionarios u órganos del Estado (presidente de gobierno, Ministerio Público, legisladores, etc.); y, una legitimación activa determinada. Ese último caso es el hondureño, donde se condiciona el acceso a la jurisdicción constitucional únicamente a quien ostente un interés directo, personal y legítimo,[1] que es lo señalado en el artículo 185 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que la comprensión del interés directo, personal y legítimo, es el parámetro de legitimación establecido en la Constitución de la República, para que la interposición de una garantía de inconstitucionalidad sea admitida y decidida de fondo, ya sea por alegaciones de contenido o de forma, parcial o total y en cualquiera de los casos reconocidos en el artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que la legitimación impuesta constitucional, se entiende que solo podrá interponer la garantía de inconstitucionalidad quien argumente y logre acreditar el interés propio, siendo afectado de forma inmediata y concreta, por la norma denunciada de inconstitucional; asimismo las personas recurrentes debe acreditar el interés legitimo, es decir sustentado normativamente o por reconocimiento legal, manifestando la vulneración real que sufre por la norma acusada.[2] CONSIDERANDO (5): Que el Código Procesal Civil en su artículo 64 establece el criterio de la legitimación en los procesos judiciales; indica que la legitimación ordinaria es aquella en la que actúen quienes afirman ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, mientras que la extraordinaria es aquella que se otorga en determinados supuestos, por tratarse de una sustitución procesal, por razones de interés público o social, a personas distintas de los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. CONSIDERANDO (6): Que al revisar lo planteado por los ciudadanos recurrentes, se observa que si poseen una legitimación para interponer una garantía de inconstitucionalidad contra la norma denunciada, pero no acreditan un interés directo personal, al no acreditar las razones que provoca su lesión actual de derechos, aunque se reconoce su titularidad de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados. CONSIDERANDO (7): Que la organización de sociedad civil (C-Libre) también recurrente en la presente garantía de inconstitucionalidad acumulada, manifiesta agravios y a diferencia de los ciudadanos recurrentes de esta garantía de jurisdicción constitucional, C-Libre no posee legitimación ordinaria, pero partiendo de que el artículo 80 de la Constitución de la República expresa que: toda persona o asociación de persona tiene el derecho a presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal; se puede concluir que existe un reconocimiento para la interposición de pretensiones colectivas y difusas en jurisdicción constitucional, cuando una organización que representa a una asociación de personas, denuncian una afectación a la finalidad de su organización, debido a que la norma impugnada supuestamente anula un derecho como el acceso a la información pública o el derecho a la libertad de expresión, que es ejercido por periodistas y todas las personas habitantes del país; argumento que sostendría el interés directo, personal y legítimo (extraordinaria), de una asociación. CONSIDERANDO (8): Que el abogado Edy Alexander Tábora González no acredita de ningún modo que representa a C-Libre, por lo tanto, no se constata por esta Sala de lo Constitucional que su actuación sea voluntad de dicha organización de sociedad civil y por lo tanto que su actuación sea legítima. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 184, 185, 313 y 316 de la Constitución de la República; artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, artículos 3, 5, 9, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1) Al estar dirigidos contra el mismo Decreto Legislativo, para mantener la continencia y unidad de la causa deben producir un solo proceso, en consecuencia, se ordena su acumulación; 2) Inadmitir las garantías de inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de contenido y de forma, presentada por los señores Joaquín A. Mejía, Ramón Enrique Barrios Maldonado, Fernando Emilio García Rodríguez y Ana Alejandrina Pineda Hernández (SCO-0247-2019), por no acreditar el interés directo y personal; 3) Inadmitir la garantía de inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de contenido y de forma, presentada por el abogado Edy Alexander Tábora González y por la Asociación Comité por la Libre Expresión (C-Libre) (SCO-0248-2019); por no acreditar el interés directo, personal y legítimo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda al archivo de los autos. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, recaída en los Recursos de Inconstitucionalidad Acumulados registrados en este Tribunal con los números 247 y 248-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] BREWER – CARÍAS, Allan. El Sistema de Justicia Constitucional en Honduras (Comentarios a la Ley sobre Justicia Constitucional). Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, C.R., 2004, pp. 76 -78.
[2] FLORES VALERIANO, Enrique. La Justicia Constitucional en Honduras. Litografía López. Tegucigalpa, 2006, pp. 82 -83.