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Sentencia RI-119-18 — Registro 9242

Resumen

Se solicita garantía de inconstitucionalidad interpuesta por vía de acción por contra el Decreto No. 141-2017, contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2018,específicamente contra el párrafo sexto del Artículo 71 de dicho Decreto, mediante el cual se prohíbe la contratación de profesionales del derecho como consultores externos, para la atención de demandas incoadas en los Tribunales de la República, cuando la institución cuente con departamentos jurídicos para tal propósito.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO(8): Que, para determinar la inconstitucionalidad de una ley, esta Sala de lo Constitucional debe evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República. Este ejercicio trata pues, de un juicio sobre dos normas de distinta jerarquía; por un lado, la norma suprema, la que debe ser un parámetro (lex legum), y por otro, la ley secundaria o norma con el mismo rango, sometida a ese control. Se deduce entonces, que es requisito sine quanon, intentar la inconstitucionalidad de una ley vigente, cuya observancia y aplicación atente contra la fuerza normativa de la Constitución. A contrario sensu, sería materialmente imposible, pretender la inconstitucionalidad de una ley que perdió su vigencia, ya que el efecto de este recurso es expulsar del texto legal vigente determinada disposición, por inconstitucional, a efecto de que no se siga aplicando. CONSIDERANDO: Que el numeral sexto del artículo setenta y uno (71) del Decreto No. 141-2017, así como la totalidad del mismo y contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 34,546 de fecha 19 de enero de 2018, señalado de inconstitucional, fue emitido por el Congreso Nacional de la República de manera transitoria, con un tiempo de validez determinado para un año, es decir exclusivo para ese año fiscal de dos mil dieciocho, decreto supra que a la fecha ha perdido vigencia. CONSIDERANDO (9): Que en el artículo doscientos cinco (205) de la Constitución de la República, el constituyente primario señaló entre las atribuciones del Congreso Nacional de la República, en la atribución número 33 el aprobar ANUALMENTE, el presupuesto General de Ingresos y Egresos tomando como base el proyecto que remite el Poder Ejecutivo, debidamente desglosado y resolver sobre su modificación. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que, en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales, en cuanto a la a la tramitación y resolución de las acciones constitucionales, tendrá prioridad la acción de hábeas corpus o exhibición personal y en defecto de tal acción, la prioridad le corresponderá por su orden a la acción de amparo y en ultima instancia la Sala resolverá la garantía de inconstitucionalidad. Así las cosas, en observancia al principio de legalidad, y en aras de realizar un esfuerzo para erradicar la mora, se resuelve en el orden legalmente predicho. CONSIDERANDO (11): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre otro aspecto de eficacia practica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad, y es el referente al efecto de la sentencia. Al respecto, el artículo 316 de la Constitución de la República dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las normas son “…de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional”. En igual sentido lo establece el artículo 94 de la ley Sobre Justicia Constitucional, es decir que, la sentencia tiene carácter erga omnes y efecto ex nunc, por lo que no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas; todo, obviamente refiriéndose a normas vigentes. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional se pronuncia declarando No ha lugar el recurso de inconstitucionalidad, en virtud de que, al momento de proceder a su análisis y resolución, la disposición legal que se señala de inconstitucional este contenido en un Decreto que perdió su vigencia, por haber llegado a su fin el ámbito temporal del dado por el legislador.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de marzo de dos mil diecinueve. VISTA: Para dictar sentencia la garantía de inconstitucionalidad interpuesta por vía de acción por el ABOGADO JOSE ANTONIO TAIXES LOPEZ quien actúa en su condición personal, contra el Decreto No. 141-2017, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, contentivo del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 34,546 de fecha 19 de enero de 2018, específicamente contra el párrafo sexto del Artículo 71 de dicho Decreto, mediante el cual se prohíbe la contratación de profesionales del derecho como consultores externos, para la atención de demandas incoadas en los Tribunales de la República, cuando la institución cuente con departamentos jurídicos para tal propósito. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha seis de febrero de dos mil dieciocho compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES, actuando en su condición personal, interponiendo recurso de Inconstitucionalidad, contra el Decreto No. 141-2017, emitido por el Congreso Nacional de la República, contentivo del presupuesto General Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, específicamente contra el párrafo sexto del Artículo 71 de dicho Decreto, mediante el cual se prohíbe la contratación de profesionales del Derecho, como consultores externos, para la atención de demandas incoadas en los Tribunales de la República, cuando la institución cuente con departamentos jurídicos para tal propósito, por lo que el recurrente estima, que la citada norma viola el precepto Constitucional de Igualdad ante la Ley contenido en el art. 71 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho, este alto tribunal de justicia admitió la presente garantía de inconstitucionalidad, omitiendo el libramiento de comunicación al Congreso Nacional de la República, dándole traslado de los antecedentes al fiscal del despacho, para que emitiera el correspondiente dictamen. (Folio 05 del recurso).

  1. Que en fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el Dictamen del Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución quien fue del parecer que SE DECLARE SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad planteado. (Folio 8 al 13). CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. CONSIDERANDO (2): Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma y su inaplicabilidad, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, actuando por medio de la Sala de lo Constitucional, estima legitimado al abogado JOSE ANTONIO TAIXES LOPEZ, ya que la norma secundaria que acusa de inconstitucional, le afecta directamente por estar obligado a cumplirla, lo que acarrea consecuencias directas en el ejercicio de sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO (3): Que plantea el recurrente que el precepto cuya inconstitucionalidad pretende, es el artículo 71 contenido en el Decreto No. 141-2017, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, contentivo del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 34,546 de fecha 19 de enero de 2018; que literalmente dispone: “ARTÍCULO 71.- La contratación con cargo al Subgrupo del Gasto, 24000 Servicios Técnicos y Profesionales (Consultores), se realizará bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando exista disponibilidad en la asignación presupuestaria del Ejercicio Fiscal Vigente. Este tipo de obligaciones se formalizará mediante Contrato. El contratado bajo esta modalidad no debe considerarse para ningún efecto como empleado Permanente o Temporal de la institución. Con el fin de regular la contratación con cargo al Subgrupo del Gasto, 24000, se prohíben las ampliaciones por modificaciones presupuestarias para los objetos de gasto pertenecientes a este subgrupo, ésta norma es de aplicación exclusiva para los recursos provenientes de la fuente 11 Tesoro Nacional. Se exceptúan de esta disposición, los contratos de servicios médicos sanitarios y sociales (objeto del gasto 24100) y las contrataciones con cargo al subgrupo del gasto 24000 que sean necesarias realizar por el Tribunal Superior de Cuentas con los Fondos de Transparencia Municipal aprobados en el Articulo 163 numeral 5) de la presente Ley. Se prohíben asimismo la contratación de profesionales del Derecho como consultores externos, para la atención de demandas incoadas en los Tribunales de la República, cuando la institución cuente con departamentos jurídicos para tal propósito. Se exceptúan de lo anterior, aquellos casos en que la Procuraduría General de la República considere conveniente su contratación, para salvaguardar los intereses nacionales, debiendo emitir Dictamen favorable que contendrá el monto de sus honorarios para su contratación y con cargo al presupuesto de la institución correspondiente. El reglamento de la presente ley tipificará los casos a los que se refiere el párrafo anterior. Las prohibiciones e inhabilidades para contratar que establecen los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, se aplicarán a todos los contratos que celebre la Administración Pública, independientemente de su modalidad.” . CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional estima que el recurrente ha acreditado ante este alto Tribunal en forma clara y precisa su interés legitimo, personal y directo, en vista de que tal y como señala, a titulo personal vendría a ser sujeto pasivo de la aplicación del decreto cuestionado, ya que, en su caso, podría llegar a ser afectado directamente en su condición indicada, por la aplicación del decreto en cuestión. En ese sentido, es visto que el impetrante está legitimado, para demandar la inconstitucionalidad del decreto mencionado, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que sostiene el recurrente que la disposición señalada es contraria al marco constitucional vigente, por contraponerse a lo establecido en el artículo 60, relativo a la igualdad del hombre ante la Ley. Expone que con el artículo 71 contenido en el Decreto No. 141-2017, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, contentivo del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 34,546 de fecha 19 de enero de 2018, excluye de manera total a todo profesional del derecho que ejerza sus funciones de manera independiente, puesto que, señala, tal beneficio solo es reservado a los abogados contratados para ejercer funciones en los departamentos legales de instituciones públicas; evidenciándose, a su juicio, la inconstitucionalidad de dicha disposición legal. CONSIDERANDO (6): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa. CONSIDERANDO(7): Que el numeral primero del artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. CONSIDERANDO(8): Que, para determinar la inconstitucionalidad de una ley, esta Sala de lo Constitucional debe evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República. Este ejercicio trata pues, de un juicio sobre dos normas de distinta jerarquía; por un lado, la norma suprema, la que debe ser un parámetro (lex legum), y por otro, la ley secundaria o norma con el mismo rango, sometida a ese control. Se deduce entonces, que es requisito sine quanon, intentar la inconstitucionalidad de una ley vigente, cuya observancia y aplicación atente contra la fuerza normativa de la Constitución. A contrario sensu, sería materialmente imposible, pretender la inconstitucionalidad de una ley que perdió su vigencia, ya que el efecto de este recurso es expulsar del texto legal vigente determinada disposición, por inconstitucional, a efecto de que no se siga aplicando. CONSIDERANDO: Que el numeral sexto del artículo setenta y uno (71) del Decreto No. 141-2017, así como la totalidad del mismo y contentivo del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 34,546 de fecha 19 de enero de 2018, señalado de inconstitucional, fue emitido por el Congreso Nacional de la República de manera transitoria, con un tiempo de validez determinado para un año, es decir exclusivo para ese año fiscal de dos mil dieciocho, decreto supra que a la fecha ha perdido vigencia. CONSIDERANDO (9): Que en el artículo doscientos cinco (205) de la Constitución de la República, el constituyente primario señaló entre las atribuciones del Congreso Nacional de la República, en la atribución número 33 el aprobar ANUALMENTE, el presupuesto General de Ingresos y Egresos tomando como base el proyecto que remite el Poder Ejecutivo, debidamente desglosado y resolver sobre su modificación. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que, en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales, en cuanto a la a la tramitación y resolución de las acciones constitucionales, tendrá prioridad la acción de hábeas corpus o exhibición personal y en defecto de tal acción, la prioridad le corresponderá por su orden a la acción de amparo y en ultima instancia la Sala resolverá la garantía de inconstitucionalidad. Así las cosas, en observancia al principio de legalidad, y en aras de realizar un esfuerzo para erradicar la mora, se resuelve en el orden legalmente predicho. CONSIDERANDO (11): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre otro aspecto de eficacia practica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad, y es el referente al efecto de la sentencia. Al respecto, el artículo 316 de la Constitución de la República dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las normas son “…de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional”. En igual sentido lo establece el artículo 94 de la ley Sobre Justicia Constitucional, es decir que, la sentencia tiene carácter erga omnes y efecto ex nunc, por lo que no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas; todo, obviamente refiriéndose a normas vigentes. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional se pronuncia declarando No ha lugar el recurso de inconstitucionalidad, en virtud de que, al momento de proceder a su análisis y resolución, la disposición legal que se señala de inconstitucional este contenido en un Decreto que perdió su vigencia, por haber llegado a su fin el ámbito temporal del dado por el legislador. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los Artículos 1, 2, 4, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 184, 185 numeral primero, 303, 304, 313 numeral quinto y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 23, 24 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 3 numeral 3), 4, 5, 7, 8, 74, 75, 76, 77 numeral 1), 78, 79, 89, 92, 94, 114 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; profiere y FALLA: NO HA LUGAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO EN CONTRA Del Decreto No. 141-2017, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, contentivo del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 34,546 de fecha 19 de enero de 2018, específicamente contra el párrafo sexto del Artículo 71 de dicho Decreto. Y MANDA: 1) Que se ponga en conocimiento de la parte el presente fallo; 2) Que en su oportunidad se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha seis (06) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0119=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL