Sentencia RI-103-19 — Registro 9245
Resumen
Interposición de Recurso de Inconstitucionalidad del Artículo 131-A de la Ley Orgánica Del Presupuesto contenida en el Decreto No. 141-2017, con relación a la excepción por falta de acción alegada en el requerimiento fiscal No. 102-2018.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... “CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional al analizar la admisibilidad de la garantía de mérito, dirigida contra el Artículo 131-A de la LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO contenida en el Decreto No. 141-2017, constata que la misma se encuentra planteada en similares términos a la Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta vía acción por razón de fondo por la Abogada TANIA FIALLOS RIVERA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, registrada bajo el número 0099-2018, y de oficio por los Magistrados REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, en su condición de Magistrados de la Corte de Apelaciones Penal Designada por la Corte Suprema de Justicia, con relación al requerimiento fiscal presentado contra los señores DENNYS ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, AUDELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, HÉCTOR ENRIQUE PADILLA HERNÁNDEZ, ELEAZAR ALEXANDER JUAREZ SARAVIA, AUGUSTO DOMINGO CRUZ ASENCIO, GEOVANNY CASTELLANOS DERAS, JOSÉ NAPOLEÓN PANCHAMÉ BANEGAS y JEREMÍAS CASTRO ANDRADE, por suponerlos responsables del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, registrada bajo el número 0588-2018, mismas que fueron acumuladas y en la cual la Sala de lo Constitucional, mediante sentencia proferida en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, “FALLO: Primero: Declarar la Inconstitucionalidad por razón de forma del artículo 238 contenido en el Decreto Legislativo No 141-2017, emitido por el Congreso Nacional en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 34,546, y la fe de erratas del mismo, contenida en el Diario Oficial La Gaceta No 34,552, por contravenir los artículos 216, 218, 222, 232, 245, 355, 360, 362, 367 y 368 de la Constitución de la República; Segundo: Sin lugar la declaración de Inconstitucionalidad por razón de contenido por canon de evitación, al no estimarse los argumentos planteados en ambos recursos, puesto que la Sala de lo Constitucional observó que la facultad fiscalizadora y la determinación de la presunta existencia del delito de enriquecimiento ilícito, son atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas, que son permanentes, así como la obligación del Ministerio Publico y de la Procuraduría General de la República, de judicializar los resultados que realice el Tribunal Superior de Cuentas, para deducir la responsabilidad Administrativa, Civil o Penal que surjan; por lo que no se observa confrontación, de la norma denunciada con las disposiciones constitucionales. Asimismo es el Poder Ejecutivo quien tiene la potestad de administrar los fondos públicos, y quien envía el presupuesto general al Legislativo, pudiéndose reglamentar en Ley, la inversión de las rentas públicas acorde a los procedimientos y fines constitucionales; partiendo de lo regulado en el artículo 222 constitucional de que dichos fondos podrán ser fiscalizados a posteriori; Tercero: Al declararse procedente la presente garantía de inconstitucionalidad por razón de forma del artículo 238 contenido en el Decreto Legislativo No 141-2017, esta sentencia será de ejecución inmediata, con efectos generales y derogatorios de la norma señalada en el primer resolutivo de esta sentencia, y; Cuarto: Esta sentencia tiene efectos ex nunc, a partir del momento que la misma obtenga firmeza de acuerdo al artículo 304 de la Constitución y los artículos 6 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional”. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional, conforme a lo establecido por el artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, podrá desestimar toda cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos en los que se hubiese sustentado un proceso anterior, y habiéndose declarado la inconstitucionalidad solicitada en la presente garantía, procede declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad interpuesta por vía de oficio de que se conoce.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de febrero de dos mil diecinueve. VISTO el recurso de inconstitucionalidad interpuesto De Oficio por el Juez Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia Magistrado REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, contra el Artículo 131-A de la LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO contenida en el Decreto No. 141-2017, publicado en el diario oficial La Gaceta, en fecha 19 de enero de 2018, con Fe de Errata publicada en el mismo diario oficial el 26 de enero de 2018, con relación a la excepción por falta de acción alegada en el requerimiento fiscal No. 102-2018 presentada por los abogados LUIS JAVIER SANTOS y TANIA ARACELY PAVÓN, en su condición de agentes de tribunales del Ministerio Público asignados a la UFECIC, contra los señores JUAN CARLOS VALENZUELA, ESTELA LISSETH MUÑÓZ HERNÁNDEZ, GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ Y OTROS, por suponerlos responsables del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Arca Abierta, Planeta Verde).CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional al analizar la admisibilidad de la garantía de mérito, dirigida contra el Artículo 131-A de la LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO contenida en el Decreto No. 141-2017, constata que la misma se encuentra planteada en similares términos a la Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta vía acción por razón de fondo por la Abogada TANIA FIALLOS RIVERA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, registrada bajo el número 0099-2018, y de oficio por los Magistrados REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, en su condición de Magistrados de la Corte de Apelaciones Penal Designada por la Corte Suprema de Justicia, con relación al requerimiento fiscal presentado contra los señores DENNYS ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, AUDELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, HÉCTOR ENRIQUE PADILLA HERNÁNDEZ, ELEAZAR ALEXANDER JUAREZ SARAVIA, AUGUSTO DOMINGO CRUZ ASENCIO, GEOVANNY CASTELLANOS DERAS, JOSÉ NAPOLEÓN PANCHAMÉ BANEGAS y JEREMÍAS CASTRO ANDRADE, por suponerlos responsables del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, registrada bajo el número 0588-2018, mismas que fueron acumuladas y en la cual la Sala de lo Constitucional, mediante sentencia proferida en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, “FALLO: Primero: Declarar la Inconstitucionalidad por razón de forma del artículo 238 contenido en el Decreto Legislativo No 141-2017, emitido por el Congreso Nacional en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 34,546, y la fe de erratas del mismo, contenida en el Diario Oficial La Gaceta No 34,552, por contravenir los artículos 216, 218, 222, 232, 245, 355, 360, 362, 367 y 368 de la Constitución de la República; Segundo: Sin lugar la declaración de Inconstitucionalidad por razón de contenido por canon de evitación, al no estimarse los argumentos planteados en ambos recursos, puesto que la Sala de lo Constitucional observó que la facultad fiscalizadora y la determinación de la presunta existencia del delito de enriquecimiento ilícito, son atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas, que son permanentes, así como la obligación del Ministerio Publico y de la Procuraduría General de la República, de judicializar los resultados que realice el Tribunal Superior de Cuentas, para deducir la responsabilidad Administrativa, Civil o Penal que surjan; por lo que no se observa confrontación, de la norma denunciada con las disposiciones constitucionales. Asimismo es el Poder Ejecutivo quien tiene la potestad de administrar los fondos públicos, y quien envía el presupuesto general al Legislativo, pudiéndose reglamentar en Ley, la inversión de las rentas públicas acorde a los procedimientos y fines constitucionales; partiendo de lo regulado en el artículo 222 constitucional de que dichos fondos podrán ser fiscalizados a posteriori; Tercero: Al declararse procedente la presente garantía de inconstitucionalidad por razón de forma del artículo 238 contenido en el Decreto Legislativo No 141-2017, esta sentencia será de ejecución inmediata, con efectos generales y derogatorios de la norma señalada en el primer resolutivo de esta sentencia, y; Cuarto: Esta sentencia tiene efectos ex nunc, a partir del momento que la misma obtenga firmeza de acuerdo al artículo 304 de la Constitución y los artículos 6 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional”. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional, conforme a lo establecido por el artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, podrá desestimar toda cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos en los que se hubiese sustentado un proceso anterior, y habiéndose declarado la inconstitucionalidad solicitada en la presente garantía, procede declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad interpuesta por vía de oficio de que se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183 numeral segundo, 184, 185, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y demás aplicables de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 74, 76, 77, 87, 91, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: 1º DECLARAR INADMISIBLE la Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta De Oficio por el Juez Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia Magistrado REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, contra el Artículo 131-A de la LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO contenida en el Decreto No. 141-2017, publicado en el diario oficial La Gaceta, en fecha 19 de enero de 2018, con Fe de Errata publicada en el mismo diario oficial el 26 de enero de 2018; 2º Certificar para los efectos legales pertinentes a la parte actora la sentencia dictada en fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de inconstitucionalidad registrado en este Tribunal bajo el número SCO-099 y 0588-2018; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Para ser enviada al Magistrado Reynaldo Antonio Hernández, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-103-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL