Sentencia RI-061-17 — Registro 9244
Resumen
Interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad contra los Artículos 133 y 142 de los Decretos legislativos números 168-2015 y 171-2016, contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos Año Fiscal 2016 Y 2017. Por estimar que los mismos violentan los Artículos 128 y 129 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico.”. Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la doctrina que de su ejercicio derive es, naturalmente, vinculante, ya que, “si bien los Tribunales Constitucionales no tienen la facultad de legislar (comentó alguna vez García-Pelayo) sí tienen la de establecer vinculatoriamente el recto significado de lo legislado”. Pero no sólo esa doctrina es obligante; también lo es aquella que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala respecto a un caso concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno advertir que tal vinculación arropará sólo a los casos similares al que dio lugar al precedente. Decir esto pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a la Sala conforme a la Carta Fundamental, en el sentido de asociar erróneamente sus efectos a un ámbito que sólo abarque la desnuda y abstracta interpretación de un precepto constitucional. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que a la luz de lo anteriormente expuesto tanto los Artículos 133 y 142 de los Decretos Legislativos Números 168-2015, 171-2016 y 21-2016 emitidos por el Congreso Nacional de la República; no entran en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por la Abogada MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, actuando en su condición personal, contra los ARTICULOS 133 y 142 DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 168-2015 y 171-2016, emitidos por EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, y publicados en el Diario Oficial “La Gaceta” en fechas dieciocho de diciembre de dos mil quince y veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, contentivos de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos para los años Fiscales 2016 y 2017, respectivamente.ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, actuando en su condición personal, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad contra los ARTICULOS 133 y 142 DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 168-2015 y 171-2016, EMITIDOS POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fechas dieciocho de diciembre de dos mil quince y veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Por estimar que los mismos violentan los Artículos 128 y 129 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, esta Sala dispuso ADMITIR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por la Abogada MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, en su condición antes indicada, contra el Artículo 133 del Decreto No. 168-2015, emitido por el Congreso Nacional de la República y contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos Año Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,912 el dieciocho de diciembre de 2015, y al haber indicado la recurrente que el presente recurso va dirigido por razón de contenido contra el citado Decreto, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días hábiles, para que emitiera su correspondiente dictamen.- En cuanto al Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra el Artículo 142 del Decreto No. 171-2016 emitido por el Congreso Nacional de la República, contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos Año Fiscal 2017 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.34,223 el 27 de diciembre de 2016, esta Sala fue del parecer por que se inadmitiera el mismo, al no haber hecho una confrontación técnica jurídica del artículo que pretende sea declarado inconstitucional con los artículos constitucionales lesionados, lo que torna difusa e imprecisa su acción. (Folio 58 del recurso) 3) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, la sala tuvo por evacuado el traslado concedido a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen, siendo del parecer porque SE DECLARE SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad planteado. CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que como se ha indicado, esta Acción de Inconstitucionalidad se interpone contra los Artículos 133 y 142 de los Decretos Legislativos Números 168-2015 y 171-2016, emitidos por El Congreso Nacional de la República, en fechas dieciocho de diciembre de dos mil quince y veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Por estimar que los mismos violentan los Artículos 128 y 129 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la recurrente sustenta que la procedencia de la inconstitucionalidad reclamada indicando que es claro que la jerarquía de la ley manda que ninguna disposición legal o reglamentaria está por sobre la Constitución de la República por lo tanto los Artículos 133 y 142 de los Decretos Legislativos Números 168-2015 y 171-2016, emitidos por El Congreso Nacional de la República, en fechas dieciocho de diciembre de dos mil quince y veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Por estimar que los mismos violentan los Artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, cuando no pueden ordenar que no se reconozca al trabajador el derecho a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios como manda la misma Constitución de la República. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la recurrente expresa, que tiene un interés legítimo y directo pues queda evidenciado que existe una clara violación del Estado de Honduras, por medio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a los Artículos 128 y 129 de la Constitución de la República; y, a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en la cual se ordena a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros proceder a su reintegro y además el pago de una indemnización por concepto de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta la fecha en que fue reintegrada, por ser despedida sin causa justificada y conforme a lo establecido en las Normas de Personal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y otras leyes, sentencia que en ninguna momento ordena retención alguna. CONSIDERANDO SIETE (7): Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, la sala tuvo por evacuado el traslado concedido a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal YULIBETH GARAY HERNANDEZ, por emitido su dictamen, siendo del parecer porque SE DECLARE SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad planteado. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 258 Constitucional establece: “Tanto en el Gobierno Central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones.”. Es decir, la constitución prohíbe la doble percepción de ingresos en la Administración Pública. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma legal secundaria, exige que vaya precedida de un juicio de contraste, que traiga como resultado la conclusión de que el precepto cuestionado se opone, vulnera o violenta de manera expresa o tácita, las disposiciones contenidas en el texto constitucional. Como Estado de Derecho se asume el respeto a la institucionalidad y al sistema democrático conformado por los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, independientes entre sí; así como el imperio de la ley suprema sobre las demás leyes. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que después de examinar los Artículos 133 y 142 de los Decretos Legislativos Números 168-2015 y 171-2016 emitidos por el Congreso Nacional de la República, que establecen que en el caso de una sentencia definitiva, en que el Estado fuere condenado a la indemnización o reintegro con el pago de daños y perjuicios de salarios dejados de percibir, los salarios recibidos por el contratado durante la secuela del juicio, formaran parte de la cuantificación de la indemnización de salarios dejados de percibir fijados en la sentencia condenatoria, en consecuencia formarán parte de la liquidación de pago definitiva que se haga efectiva al contratado; de ninguna manera entra en contradicción con los preceptos constitucionales que regulan el derecho al Trabajo invocados por la demandante de inconstitucionalidad, quien como lo señala la Fiscalía, la recurrente en inconstitucionalidad solo expresa una disconformidad al momento de pagársele sus indemnizaciones por el despido injusto que le hizo el propio Estado; y, estando en proceso la demanda laboral fue nuevamente contratada por parte del Estado y una vez que se le calcula la condena en concepto de indemnización que el Estado debía de pagarle, le fueron deducidos las cantidades en concepto de salario que percibió del mismo patrono; es decir el Estado mismo, en ese lapsus de tiempo le otorgó una nueva oportunidad de trabajo; evitándose así la doble remuneración prohibida constitucionalmente. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el Artículo 59 Constitucional establece que: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativa y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una ley especial[1].”. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 69 Constitucional, manda: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; reglas que al ser aplicadas nos lleva a la siguientes conclusión: No se puede aceptar que los Artículos 133 y 142 de los Decretos Legislativos Números 168-2015, 171-2016, emitidos por el Congreso Nacional de la República, violan las Garantías Constitucionales citadas por la recurrente en inconstitucionalidad, seria razonablemente insostenible porque los argumentos se basan principalmente en apreciaciones muy personales, en la disconformidad con la liquidación de la indemnización laboral correspondiente, implícitamente estaríamos reconociendo entonces, que toda la totalidad del ordenamiento legal vigente es inconstitucional, siendo que las personas podemos tergiversar su contenido, al interpretar sus normas sacándolas de su contexto, desconociendo las instancias jurisdiccionales o administrativas a quienes le correspondería conocer de esos asuntos. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 63 de la Constitución de la República establece: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico.”. Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la doctrina que de su ejercicio derive es, naturalmente, vinculante, ya que, “si bien los Tribunales Constitucionales no tienen la facultad de legislar (comentó alguna vez García-Pelayo) sí tienen la de establecer vinculatoriamente el recto significado de lo legislado”. Pero no sólo esa doctrina es obligante; también lo es aquella que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala respecto a un caso concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno advertir que tal vinculación arropará sólo a los casos similares al que dio lugar al precedente. Decir esto pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a la Sala conforme a la Carta Fundamental, en el sentido de asociar erróneamente sus efectos a un ámbito que sólo abarque la desnuda y abstracta interpretación de un precepto constitucional. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que a la luz de lo anteriormente expuesto tanto los Artículos 133 y 142 de los Decretos Legislativos Números 168-2015, 171-2016 y 21-2016 emitidos por el Congreso Nacional de la República; no entran en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los Artículos 1, 18, 60, 62, 63, 64, 77, 78, 80, 151, 152, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FALLA: Declarar SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad promovido contra los Artículos 133 y 142 de los Decretos Legislativos Números 168-2015, 171-2016 y 21-2016 emitidos por el Congreso Nacional de la República y publicados en el Diario Oficial “La Gaceta” números 33,912 y 34,223 en fechas dieciocho de diciembre de dos mil quince y veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, contentivos de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República para los años Fiscales 2016 y 2017, respectivamente.-Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-0061-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Copiado en los términos del Decreto Número 191-94, de fecha 15 de diciembre de 1994, que contiene la reforma al Artículo 59 Constitucional; y, ratificado constitucionalmente mediante Decreto Número 2-95, de fecha 7 de febrero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 27595, del 4 de marzo de 1995.