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Sentencia EP-781-19 — Registro 9931

Resumen

Exhibición personal donde manifiesta el peticionario que el agraviado le expresó que es víctima de vejámenes, amenazas a muerte, torturas psicológicas y objeto de tratos inhumanos y degradantes dentro del centro penal donde se encuentran específicamente en el módulo 1, después de ser trasladado del módulo 3, por lo que corre peligro su vida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… "CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la jueza ejecutora en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito estima que los hechos constatados por la jueza ejecutora, abogada FRANCIS CASTRO DELGADO, se subsumen en la causal de procedencia de la garantía de exhibición personal, dispuesta en el numeral dos del artículo 182 de la Constitución de la República.-Al respecto, habrá que señalar que, si bien es cierto la redacción de dicha causa no contiene de forma literal la situación específica del ciudadano Junior Alexander Romero Torres, por cuanto no se señala de forma expresa la protección al derecho a la vida, resulta correcto asumir que dicho derecho, se encuentra garantizado o implícito cuando el Constituyente dispuso que el habeas corpus, sea una protección al derecho a la integridad personal, pues el objetivo de esta garantía constitucional es evitar o hacer cesar, en perjuicio de una persona privada de libertad, lo siguiente: “… tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual…" Se arriba a la conclusión anterior, tomando en consideración que, visto el asunto desde una perspectiva del deber del Estado, la exhibición personal, consiste en un medio procesal, que existe para garantizar en términos generales, el bienestar del privado de libertad, lo cual no es posible lograr, sino son asegurados todos sus derechos fundamentales, verbigracia: vida, salud, educación, etcétera.-Partiendo de lo anterior, la Sala aprueba la argumentación y fundamentación que soporta la decisión de la jueza ejecutora, quien en una buena exposición, demuestra el alcance del deber del Estado con relación a las personas que se encuentran bajo su resguardo, por estar privadas de libertad.-En ese sentido, habiéndose condenado al ciudadano Junior Alexander Romero Torres a la pena de reclusión, la autoridad competente dispuesta administrativamente para decidir sobre los términos en que debe cumplimentarse ésta, es el Instituto Nacional Penitenciario, de conformidad con la Ley del sistema penitenciario nacional, que literalmente expresa: “Artículo 1. La presente ley regula la organización y el funcionamiento del sistema penitenciario nacional. El sistema penitenciario nacional tiene como fines primordiales la protección de la sociedad, y la rehabilitación, reeducación y la reinserción social de las personas condenadas a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” -En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, estima procedente que se declare con lugar la presente garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus, debiéndose en consecuencia ordenar al Instituto Nacional Penitenciario que proceda de inmediato a proveer todo lo que sea necesario para garantizar la vida del ciudadano Junior Alexander Romero Torres, incluyendo su traslado.-Al hacerlo, el Instituto Nacional Penitenciario deberá prestar especial atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley citada, que dispone: “Artículo 5. El sistema penitenciario nacional se debe regir por el principio de progresividad y por el principio de la individualización del tratamiento. Los sistemas y tratamiento que se utilicen con las personas privadas de libertad deben ser concebidos para su desarrollo gradual y progresivo, la prevención de la reincidencia y habitualidad, y deben estar encaminados a fomentar en ellas el respeto a sí mismas, los conceptos de responsabilidad y convivencia social y la voluntad de vivir conforme a la Ley. Todas las personas privadas de libertad que cumplen condena están sujetas al Sistema de Tratamiento Penitenciario Progresivo. Las personas bajo proceso y en prisión preventiva deben sujetarse a las disposiciones contenidas en el capítulo I del título II de esta ley.” Lo cual significa, que, de darse el traslado a otro centro penitenciario, el Instituto Nacional Penitenciario, deberá hacerlo considerando la condición particular del interno, o sea del estudio técnico criminológico y la clasificación del régimen de seguridad que le es pertinente."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil diecinueve.-VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de exhibición personal interpuesto por el abogado JOSÉ MANUEL AGUILAR RIVAS a favor del señor JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL DENOMINADO “LA TOLVA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOROCELÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. Manifiesta el peticionario que el agraviado le expresó que es víctima de vejámenes, amenazas a muerte, torturas psicológicas y objeto de tratos inhumanos y degradantes dentro del centro penal donde se encuentran específicamente en el módulo 1, después de ser trasladado del módulo 3, por lo que corre peligro su vida.-ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, el abogado JOSÉ MANUEL AGUILAR RIVAS, actuando en su condición de apoderado legal del señor JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo garantía constitucional de exhibición personal, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL DENOMINADO “LA TOLVA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOROCELÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, manifestando el peticionario que el agraviado le expresó .-… que es víctima de vejámenes, amenazas a muerte, torturas psicológicas y objeto de tratos inhumanos y degradantes dentro del Centro Penal donde se encuentran específicamente en el módulo 1, ya que, fue trasladado del módulo 3, por lo que corre peligro su vida. …” -2. En la misma fecha, esta Sala de lo Constitucional, admitió la garantía constitucional de exhibición personal de mérito, designando como jueza ejecutora a la abogada FRANCIS ISABEL CASTRO DELGADO, defensora pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir a la autoridad denunciada, y rindiera el informe correspondiente, dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folio 3 de los antecedentes).-3. En fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la abogada FRANCIS ISABEL CASTRO DELGADO, en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, dictó la resolución, cuya parte dispositiva señala:“POR TANTO: La suscrita jueza ejecutora nombrada por la honorable Sala Constitucional del Estado de Honduras, y en aplicación de los artículos 69, 71, 84, 85, 87 y 182 de la Constitución de la República; 13.1.a, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 y 27 Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 5, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos artículos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 además por todas las razones antes expuestas en los acápites anteriores, está suscrita es del criterio de declarar HA LUGAR LA PRESENTE EXHIBICIÓN PERSONAL A FAVOR DEL JOVEN JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES, PERO EN EL SENTIDO DE HACER CESAR TODAS AQUELLAS SITUACIONES QUE LO PONEN EN UNA SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL CENTRO PENAL DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO, DE IGUAL FORMA EN EL SENTIDO DE GARANTIZARLE A ÉL, LOS DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO (ya explicados en el acápite octavo del presente informe) y como consecuencia se recomienda: 1) Trasladar al joven JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES a un módulo dentro del centro penal, donde se le garantice su integridad física, psíquica y moral o 2) trasladar al joven JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES a otro centro penal, donde se tome en cuenta la cercanía con sus familiares y su entorno social y no pues por razón de esta exhibición, sea trasladado a un centro penal donde sea de difícil acceso tanto a sus familiares como a su defensor. Remítase a la Sala Constitucional la comunicación debidamente cumplimentada, con los documentos soporte de la investigación. CÚMPLASE. ABOGDA. FRANCIS CASTRO DELGADO JUEZA EJECUTORA. B) Que en base a lo investigado por el juez ejecutor DECLARÓ HA LUGAR la acción de exhibición personal o habeas corpus interpuesto por el abogado JOSÉ MANUEL AGUILAR RIVAS a favor del señor JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES.”-4. En fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, la secretaría de la Sala de lo Constitucional, recibe de parte de la jueza ejecutora, abogada FRANCIS ISABEL CASTRO DELGADO, la comunicación debidamente cumplimentada. Procediendo en consecuencia lo que ordena el artículo 37 de la Ley sobre Justicia Constitucional.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. -CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por el garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. El impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal refiere que interviene a favor del ciudadano JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES, en virtud de que es víctima de vejámenes, amenazas a muerte, torturas psicológicas y objeto de tratos inhumanos y degradantes dentro del CENTRO PENAL DENOMINADO “LA TOLVA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOROCELÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. … -CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de las diligencias efectuadas por la jueza ejecutora en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. Según el acta levantada por la defensora pública nombrada como jueza ejecutora, abogada FRANCIS ISABEL CASTRO DELGADO, cumplió con el mandato de la Sala de lo Constitucional de la siguiente manera: A) “INFORME En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los trece días de[l] mes de septiembre de[] dos mil diecinueve, resolviendo sobre la solicitud de exhibición personal o habeas corpus presentada por el abogado JOSÉ MANUEL AGUILAR RIVAS a favor de JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES, quien se encuentra actualmente detenido en el centro penal ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso denominado como “La Tolva”, procediendo a rendir el siguiente informe: UNO: En fecha once de septiembre de[] dos mil diecinueve, el abogado JOSÉ MANUEL AGUILAR RIVAS, interpuso acción de exhibición personal o habeas corpus a favor del señor JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES, exponiendo: “Que su representado es víctima de vejámenes, amenazas a muerte, tortura psicológica, y objeto de tratos inhumanos y degradantes dentro del centro penal donde se encuentra específicamente en el MÓDULO 1. Ya que fue trasladado del módulo número 3, mínima de la cárcel de máxima seguridad de la Tolva en Morocelí, departamento de[] [El] Paraíso, ya que corre peligro su vida” SEGUNDO: Recibida la comunicación emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, me constituí como juez ejecutora a las instalaciones del centro penal ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso siendo las 6:40 de la noche del día once de septiembre de[] dos mil diecinueve, a efecto de entrevistar al señor JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES, quien me manifestó que fue trasladado de la Penitenciaria Nacional de Támara en el 2017, que tiene dos años de encontrarse recluido en Morocelí, que ha estado recluido en el módulo 1, en la cocineta, de allí lo fueron a sacar a la fuerza y lo metieron al módulo 2, en el cual recibió amenazas de la banda de Los Chirizos (de la cual es retirado), por lo cual lo ingresaron al módulo 3, pero salió de dicho módulo por un atentado y fue trasladado al salón de visitas por lo cual lo pasaron al módulo 1 en contra de su voluntad. También manifestó ser retirado de “Los Chirizos”, colaboró con la unidad antiextorsión, entregando sectores donde ellos cobraban extorsión, por tales razones él ha recibido amenazas, que considera que su vida corre peligro y por tal razón pide aislamiento, porque tiene miedo de perder su vida. También manifestó que no ha recibido golpes, ni torturas por ninguna persona, si ha recibido maltrato psicológico porque no puede dormir, porque a él lo andan vigilando. Cabe hacer mención que al momento de la entrevista con dicho joven no se pudo observar que tenga en su cuerpo lesiones o haya sido objeto de golpes, de igual forma se encontró con lucidez y libremente procedió a dar una entrevista a la suscrita. De igual forma, siendo que lo denunciado por el entrevistado fue de una gravedad tal, puesto que manifestó que su vida corría peligro, ésta suscrita procedió nuevamente a entrevistarse en fecha 12 de septiembre del presente año con el joven JUNIOR ALEXANDER ROMERO para corroborar que todo estuviera en orden, corroborar además que el joven se encontraba en buen estado físico y psicológico, quien me manifestó que el día anterior había dormido en “la cocineta” del módulo II, módulo de donde había recibido amenazas. Dentro de “la cocineta” no tiene agua ni baño. Que él deseaba estar en el módulo de los “retirados”, porque en el módulo de los 18 no podía estar porque él era retirado de “Los Chirizos”, que se encontraba bien, que no le había pasado nada porque había dormido en el área de “la cocineta”, no se encontraba golpeado cabe destacar. TERCERO: A los once días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, procedí a requerir al director del centro penal denominado “La Tolva”, ubicado en el municipio de Morocelí departamento de El Paraíso, a efecto que informara a ésta suscrita los hechos que sirvieron de fundamento para la interposición del presente habeas corpus, quien procedió a informar lo siguiente: 1) En fecha 2 de octubre del 2017, fue trasladado al centro penitenciario “La Tolva” del centro penitenciario de Támara. 2) Que dicho interno Romero Torres se encuentra recluido en “la cocineta” del módulo 2 por las razones que se exponen en el respectivo habeas corpus. 3) Que el centro penitenciario no cuenta con un área para poder brindarle la seguridad, por lo que se harán las gestiones pertinentes a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP), a fin que éste sea trasladado a otro establecimiento penitenciario. CUARTO: Que tanto en fecha 11 de septiembre y 12 de septiembre del presente año, vía manuscrita, la suscrita juez realizó dos notas dirigidas al subdirector (por ser él, el encargado ese día) y al director del centro penitenciario, sirviendo como base la declaración rendida por el señor JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES (ver entrevista), a efecto de que se sirvieran hacer los movimientos necesarios al interior del centro Penitenciario denominado “LA TOLVA” y que se tomaran las medidas de seguridad necesarias a efecto de garantizarle su integridad física y psíquica y por lo tanto que cesaran todas aquellas situaciones que pudiesen afectarle durante el cumplimiento de su condena. QUINTO: La Justicia Constitucional a través de la garantía de habeas corpus interviene o se activan sus mecanismos de protección, cuando se constata que se ha incurrido en dos acciones: 1) Una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión (art. 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional). Asimismo, el artículo 15 del referido cuerpo legal establece que cuando se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegitimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones. Los hechos que sirvieron como fundamento para la interposición del referido habeas corpus, denuncian acciones en contra del director del centro penal denominado “La Tolva” y que, a raíz de las mismas, el señor JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES teme por su vida. Es decir que el peticionario no alega que el señor Junior se encuentre en el literal primero del artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sino más bien sus alegaciones se basan en los enunciados del literal b) del artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. SEXTO: Llama la atención a la suscrita lo relatado por el señor Junior Romero, al momento de tomarle su declaración, quien expresó que su temor no es por las posibles acciones que pudiesen cometer los custodios del centro donde se encuentra recluido, sino más bien de los mismos compañeros del centro penal, puesto que él es retirado de la mara a la cual el pertenecía. Razones por las cuales ésta suscrita solicitó su movimiento del módulo donde se encontraba, a otro donde no existiera ese temor latente de perder su vida. Y la autoridad del centro penal ante tal solicitud lo que tomó como medida de precaución o medida de seguridad es ingresarlo a un lugar que de igual forma no reúne las condiciones para garantizarle al agraviado su integridad física, psíquica y moral. Llama [la atención] de igual forma la entrevista del señor Junior al establecer que todas las citas que tenía programadas a la clínica, a ninguna ha asistido. Situación que se pudo corroborar con la presencia de esta suscrita, en virtud que se había dejado la orden (de forma verbal) para que lo viera el día 12 de septiembre el doctor del centro y ante la pregunta por esta suscrita de tal cita, el director del centro manifestó que el doctor no se había hecho presente ese día. SÉPTIMO: Que la Constitución de la República de Honduras establece en el artículo 68, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De igual forma el artículo 87 del mismo cuerpo legal establece: “Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo.” OCTAVO: En el sistema interamericano se han adoptado los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobados por resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2008), dichos principios específicamente el principio IX nos establece que: “Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso. Los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes; ni se podrán realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública”. En este mismo sentido el principio XIX nos dice, en relación a la separación por categorías, estableciendo que: “Las personas privadas de libertad pertenecientes a diversas categorías deberán ser alojadas en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, según su sexo, edad, la razón de su privación de libertad, la necesidad de protección de la vida e integridad de las personas privadas de libertad o del personal, las necesidades especiales de atención, u otras circunstancias relacionadas con cuestiones de seguridad interna. En particular, se dispondrá la separación de mujeres y hombres; niños, niñas y adultos; jóvenes y adultos; personas adultas mayores; procesados y condenados; y personas privadas de libertad por razones civiles y por razones penales. En los casos de privación de libertad de los solicitantes de asilo o refugio, y en otros casos similares, los niños y niñas no deberán ser separados de sus padres. Los solicitantes de asilo o refugio y las personas privadas de libertad a causa de infracción de las disposiciones sobre migración no deberán estar privados de libertad en establecimientos destinados a personas condenadas o acusadas por infracciones penales. En ningún caso la separación de las personas privadas de libertad por categorías será utilizada para justificar la discriminación, la imposición de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o condiciones de privación de libertad más rigurosas o menos adecuadas a un determinado grupo de personas. Los mismos criterios deberán ser observados durante el traslado de las personas privadas de libertad” Dentro de dichos principios se establece la obligación de los Estados de brindar el derecho a la salud (principio X); derecho a la alimentación y agua potable (principio XI); albergue, condiciones de higiene y vestido (principio XII); educación y actividades culturales (principio XIII); derecho al trabajo (principio XIV); medidas contra el hacinamiento (principio XVII) y dentro del principio XVIII están las medidas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia dentro de las cuales se encuentran como medidas de prevención: De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad, y entre éstas y el personal de los establecimientos. Para tales fines, se podrán adoptar, entre otras, las siguientes medidas: a. Separar adecuadamente las diferentes categorías de personas, conforme a los criterios ya establecidos; b. asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del personal; c. incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior, y establecer patrones de vigilancia continua al interior de los establecimientos; d. evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos por la ley, a través de registros e inspecciones periódicas, y la utilización de medios tecnológicos u otros métodos apropiados, incluyendo la requisa al propio personal; e. establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis o emergencias; f. promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos; g. evitar y combatir todo tipo de abusos de autoridad y actos de corrupción; y h. erradicar la impunidad, investigando y sancionando todo tipo de hechos de violencia y de corrupción, conforme a la ley. NOVENO: No es desconocido por esta suscrita la situación penitenciaria[1] del país en relación al tema que nos ocupa, se ha detectado la falta de control interno por parte del Estado en los centros penitenciarios, lo cual constituye un grave obstáculo para el mantenimiento de las condiciones de seguridad, propiciando la comisión de delitos al interior de las cárceles y desde ellas hacia el exterior. La CIDH en su Informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Honduras de 18 de marzo de[] 2013, estableció que el Estado debe de ejercer “el control efectivo de los centros penitenciarios, lo cual implica, fundamentalmente que este debe ser capaz de mantener el orden y la seguridad a lo interno de las cárceles, sin limitarse a la custodia externa. “Lo anterior implica que el Estado, “debe ser capaz de garantizar en todo momento la seguridad de los reclusos, sus familiares, las visitas y de las personas que laboran en los centros penitenciarios. “Para la Comisión no es admisible bajo ninguna circunstancia que las autoridades penitenciarias se limiten a la vigilancia externa o perimetral, y dejen el interior de las instituciones en manos de los reclusos. Cuando esto ocurre, “el Estado coloca a los reclusos en una situación permanente de riesgo, exponiéndolos a la violencia carcelaria y a los abusos de otros internos más poderosos o de los grupos delictivos que operan estos recintos”. DÉCIMO: Las personas que se encuentran en condición, ya sea de procesados o condenados, tienen el derecho y, por otro lado, la obligación del Estado que sean tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Todas estas personas se encuentran en una condición de sometimiento ante el Estado y este de garante ante el recluido, por lo que es deber del Estado de salvaguardar el derecho a la salud, integridad personal, trabajo, familia y demás derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Constitución de la República, puesto que al estar limitados en su libertad no pueden libremente ejercer estos derechos dentro del centro penal de reclusión. Es este el caso del señor JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES, quien al manifestar a esta suscrita que temía por su vida (entrevista del 11 de septiembre del 2019) y que una vez trasladado a otro lugar para supuestamente salvaguardar su vida, fue ingresado al lugar conocido como “la cocineta”, lugar que tampoco reúne las condiciones necesarias que garanticen los derechos consagrados en la Constitución de la República y los convenios internacionales de los que Honduras es parte. (Ver informe rendido por el Instituto Nacional Penitenciario y la entrevista del 12 de septiembre del 2019). Dichos argumentos resultan ser atendibles en cuanto a que el Estado tiene la obligación de garantizar a las personas privadas de libertad todas las condiciones necesarias para que en el cumplimiento de sus condenas no se restrinjan más derechos de los que en virtud de sentencia tengan que restringirse, es decir que aunque se hayan hecho los movimientos internos dentro del centro de reclusión, estos debieron de obedecer a medidas que sigan garantizando los derechos del señor Junior, de igual forma aunque se haya hecho el traslado de dicho señor a lugar conocido como “la cocineta” el director del centro denominado “La Tolva”, tiene que seguir garantizando los mismos derechos que tienen los demás privados de libertad en igualdad de condiciones, respetando así, como ya se ha dicho, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, a los cuales ya se ha hecho alusión. DECIMOPRIMERO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el habeas corpus “tiene como finalidad, no solamente garantizar la libertad e integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención, y en última instancia, asegurar el derecho a la vida”. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.[2] POR TANTO: La suscrita jueza ejecutora nombrada por la honorable Sala Constitucional del Estado de Honduras, y en aplicación de los artículos 69, 71, 84, 85, 87 y 182 de la Constitución de la República; 13.1.a, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 y 27 Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 5, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos artículos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 además por todas las razones antes expuestas en los acápites anteriores, está suscrita es del criterio de declarar HA LUGAR LA PRESENTE EXHIBICIÓN PERSONAL A FAVOR DEL JOVEN JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES, PERO EN EL SENTIDO DE HACER CESAR TODAS AQUELLAS SITUACIONES QUE LO PONEN EN UNA SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL CENTRO PENAL DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO, DE IGUAL FORMA EN EL SENTIDO DE GARANTIZARLE A ÉL, LOS DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO (ya explicados en el acápite octavo del presente informe) y como consecuencia se recomienda: 1) Trasladar al joven JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES a un módulo dentro del centro penal, donde se le garantice su integridad física, psíquica y moral o 2) trasladar al joven JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES a otro centro penal, donde se tome en cuenta la cercanía con sus familiares y su entorno social y no pues por razón de esta exhibición, sea trasladado a un centro penal donde sea de difícil acceso tanto a sus familiares como a su defensor. Remítase a la Sala Constitucional la comunicación debidamente cumplimentada, con los documentos soporte de la investigación. CÚMPLASE. ABOGDA. FRANCIS CASTRO DELGADO JUEZA EJECUTORA. B) Que en base a lo investigado por el juez ejecutor DECLARÓ HA LUGAR la acción de exhibición personal o habeas corpus interpuesto por el abogado JOSÉ MANUEL AGUILAR RIVAS a favor del señor JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES.” .- CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la jueza ejecutora en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito estima que los hechos constatados[3] por la jueza ejecutora, abogada FRANCIS CASTRO DELGADO, se subsumen en la causal de procedencia de la garantía de exhibición personal, dispuesta en el numeral dos del artículo 182 de la Constitución de la República.-Al respecto, habrá que señalar que, si bien es cierto la redacción de dicha causa no contiene de forma literal la situación específica del ciudadano Junior Alexander Romero Torres, por cuanto no se señala de forma expresa la protección al derecho a la vida, resulta correcto asumir que dicho derecho, se encuentra garantizado o implícito cuando el Constituyente dispuso que el habeas corpus, sea una protección al derecho a la integridad personal, pues el objetivo de esta garantía constitucional es evitar o hacer cesar, en perjuicio de una persona privada de libertad, lo siguiente: “… tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual…" Se arriba a la conclusión anterior, tomando en consideración que, visto el asunto desde una perspectiva del deber del Estado, la exhibición personal, consiste en un medio procesal, que existe para garantizar en términos generales, el bienestar del privado de libertad, lo cual no es posible lograr, sino son asegurados todos sus derechos fundamentales, verbigracia: vida, salud, educación, etcétera.-Partiendo de lo anterior, la Sala aprueba la argumentación y fundamentación que soporta la decisión de la jueza ejecutora, quien en una buena exposición, demuestra el alcance del deber del Estado con relación a las personas que se encuentran bajo su resguardo, por estar privadas de libertad.-En ese sentido, habiéndose condenado al ciudadano Junior Alexander Romero Torres a la pena de reclusión, la autoridad competente dispuesta administrativamente para decidir sobre los términos en que debe cumplimentarse ésta, es el Instituto Nacional Penitenciario, de conformidad con la Ley del sistema penitenciario nacional[4], que literalmente expresa: “Artículo 1. La presente ley regula la organización y el funcionamiento del sistema penitenciario nacional. El sistema penitenciario nacional tiene como fines primordiales la protección de la sociedad, y la rehabilitación, reeducación y la reinserción social de las personas condenadas a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” -En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, estima procedente que se declare con lugar la presente garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus, debiéndose en consecuencia ordenar al Instituto Nacional Penitenciario que proceda de inmediato a proveer todo lo que sea necesario para garantizar la vida del ciudadano Junior Alexander Romero Torres, incluyendo su traslado.-Al hacerlo, el Instituto Nacional Penitenciario deberá prestar especial atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley citada, que dispone:“Artículo 5. El sistema penitenciario nacional se debe regir por el principio de progresividad y por el principio de la individualización del tratamiento. Los sistemas y tratamiento que se utilicen con las personas privadas de libertad deben ser concebidos para su desarrollo gradual y progresivo, la prevención de la reincidencia y habitualidad, y deben estar encaminados a fomentar en ellas el respeto a sí mismas, los conceptos de responsabilidad y convivencia social y la voluntad de vivir conforme a la Ley. Todas las personas privadas de libertad que cumplen condena están sujetas al Sistema de Tratamiento Penitenciario Progresivo. Las personas bajo proceso y en prisión preventiva deben sujetarse a las disposiciones contenidas en el capítulo I del título II de esta ley.” Lo cual significa, que de darse el traslado a otro centro penitenciario, el Instituto Nacional Penitenciario, deberá hacerlo considerando la condición particular del interno, o sea del estudio técnico criminológico y la clasificación del régimen de seguridad que le es pertinente.[5].-PARTE DISPOSITIVA O FALLO..-POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 Y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 5 y 27 de la Ley del sistema Penitenciario Nacional; FALLA: Declarando CON LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto por el abogado José Manuel Aguilar Rivas a favor del ciudadano JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES. En consecuencia: ORDENA: 1. Trasladar al joven JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES a un módulo dentro del centro penal, donde se le garantice su vida, integridad física, psíquica y moral. 2) De no ser posible, trasladar al joven JUNIOR ALEXANDER ROMERO TORRES a otro centro penal, donde se tome en cuenta la cercanía con sus familiares, su entorno social y el régimen que corresponda de conformidad a lo que dispone el artículo 27 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al envío de notas y oficios que sean necesarios para dar cumplimiento con la presente decisión; asimismo una vez cumplimentado o ejecutada la sentencia, proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10 ) de octubre del año dos mil diecinueve (2019 ) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0781-2019 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Informe del subcomité contra la tortura de las Naciones Unidas, de enero de 2010; Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de personas privadas de libertad en Honduras, de 18 de marzo de 2013; sentencia de habeas Corpus No. 849-2015 del primero de abril de 2016 y No. 234-2015, de 9 de agosto de 2016; expediente del recurso de habeas corpus No. 0418-2017, de 17 de agosto de 2017, de la Sala Constitucional de Honduras; caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras, sentencia de fecha 27 de abril del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

[2] Caso Castillo Paez contra Perú. Sentencia de 3 de noviembre de 1997 párrafos 82 y 83.

[3] En el oficio-legal-CPM-591-2019 de fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la dirección del Centro Penitenciario de Morocelí, el Paraíso, Instituto Nacional Penitenciario, se informa que el interno Romero Torres fue recluido en “la cocineta” por las razones expuestas en el escrito de interposición de la presente garantía de exhibición personal; asimismo que el centro no reúne las condiciones de seguridad necesarias para preservarle la vida, comprometiéndose por ello a gestionar a la dirección nacional del Instituto Nacional Penitenciario el traslado de dicho interno a otro establecimiento, donde su vida no se encuentre en peligro.

[4] Véase decreto legislativo número 64-2012 publicado en el La Gaceta, diario oficial de la República de Honduras, el lunes tres de diciembre de dos mil doce, número 32, 990.

[5] Véase el artículo 27 de la Ley del Sistema Nacional Penitenciario, el cual establece los siguientes regímenes: 1) Régimen de seguridad máxima o alta; 2) Régimen de seguridad media; y, 3) Régimen de seguridad mínima. Los Reglamentos deben establecer las condiciones, forma de tratamiento, régimen disciplinario, custodia, distribución numérica y restricciones de régimen de vida que corresponden a cada una de estas unidades.