Sentencia EP-601-19 — Registro 11326
Resumen
En revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento De Francisco Morazán, mediante la cual declaró no ha lugar la garantía constitucional contra actuaciones del honorable Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la orden dada por dicha autoridad, de remitir al agraviado a un centro penitenciario diferente al que estaba cumpliendo la medida de detención judicial, agravando las condiciones de detención.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen practicado por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia al estudiar las diligencias de mérito, constata que la garantista, abogada Karol Janeth Cárdenas Chinchilla en el escrito de interposición de la presente garantía de exhibición personal, señala que el ciudadano Rommel Baldemar Herrera Portillo fue detenido por elementos de la policía el treinta y uno de mayo del presente año, a las tres con cuarenta minutos de la tarde por suponerlo responsable de la quema de llantas en la fachada de la Embajada de Estados Unidos de América en la ciudad de Tegucigalpa, por lo que se le imputan los delitos de incendio agravado y daños. Relata la garantista en su escrito de interposición, que a su defendido le fue impuesta la detención judicial por el término legal para inquirir, en la audiencia celebrada el uno de junio de dos mil diecinueve, por la jueza Karla Magdalena Vásquez Rodríguez, quien además ordenó su remisión al centro penal de Támara y la posterior remisión de dicho detenido al juzgado, el día seis de junio para evacuar la audiencia inicial. Sin embargo, el día tres de junio los padres del detenido se enteraron de que su hijo, fue trasladado del centro penal de Támara a La Tolva el mismo día de la remisión ordenada por el juzgado, contraviniéndose de esa forma la orden de la jueza penal. La procuradora de Derechos Humanos refiere que los padres del detenido desconocen la causa del traslado y quien fue la persona que contravino la orden judicial. Este alto tribunal de justicia constata con las diligencias de la presente garantía de exhibición personal que la jueza ejecutora Sofía Lozano Canales requirió al coronel Daniel Rogelio Fúnez en su condición de director de la Penitenciaría Nacional de Támara para rendir informe explicando las razones del traslado del ciudadano Rommel Baldemar Herrera Portillo a La Tolva. El mencionado director rindió informe el mismo día indicando que el traslado se hizo por las órdenes recibidas de la directora del Instituto Nacional Penitenciario, abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, siendo ella la persona que debe explicar dichas razones. También constata que la jueza ejecutora entrevistó al ciudadano Rommel Baldemar Herrera Portillo en fecha seis de junio del año en curso. El detenido le manifestó que fue trasladado del centro penal de Támara al de La Tolva, el día treinta y uno de mayo en horas de la noche, cerca de la madrugada. Manifestó además que durante su estadía se le ha dado un buen trato y que en ningún momento se le ha dado maltrato físico, pero que en ocasiones se le ha maltratado verbalmente por los policías y otros reos. La Sala constata que en fecha siete de junio la jueza ejecutora requirió a la directora del Instituto Nacional Penitenciario, Rosa Irene Gudiel Ardón para que informara las razones para haber ordenado el traslado del ciudadano Rommel Baldemar Herrera Portillo. La directora informó lo siguiente:“…según RESOLUCIÓN No.636-DN-INP-2019 de fecha uno de uno de junio del año dos mil diecinueve; dicho privado de libertad fue traslado hacia el Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso por estrictas medidas de seguridad, y que dicho traslado fue autorizado en base certificación de la resolución No.CNDS-066/2017 de fecha 20 de octubre del año 2017, emitida por el Consejo de Defensa y Seguridad (CNDS). Asimismo, se adjunta informe realizado por la Unidad de Derechos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario, el cual se elaboró en base a las investigaciones realizadas por el oficial de Derechos Humanos Cristian Ariel Lanza, con el objetivo de determinar la situación actual del privado de libertad Ronmel Baldemar Herrera Portillo y el acceso a derechos garantizados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, así como objetivos específicos como ser: Verificar la calidad de vida y goce efectivo de derechos del señor Ronmel dentro del establecimiento penitenciario. Se adjunta los documentos siguientes: 1) Resolución No.636-DN-INP-2019 de fecha uno de junio del año dos mil diecinueve, la cual corre a folio cinco al siete (F-5 al 7). 2) Informe de fecha 7 de junio del año 2019, el cual corre agregado a folios del ocho al diecisiete (F-8 al 17). 3) Fotografías de atención recientes al señor Herrera Portillo y visita de monitoreo al CEP de Morocelí, la cual corre agregado a folio dieciocho (F-18) 4) Ficha de entrevista la cual corre agregada a folios diecinueve y veinte (F-19 y 20). 5) Resumen clínico el cual corre agregado a folio veintiuno (F-21). 6) Dictamen médico el cual corre agregado a folios veintidós y veintitrés (F-22 y 23). 7) Dictamen odontológico el cual corre agregado a folios veinticuatro al veintiséis (F-24 al 26). 8) Informe psicológico sobre visita al privado de libertad en el centro penitenciario de Morocelí, el cual corre agregado a folios veintisiete al veintinueve…” Al analizar cada uno de los informes y documentos presentados en la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito, la Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la decisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. VISTA: En revisión las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiuno de junio dos mil diecinueve, dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual declaró no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por la abogada KAROL JANETH CÁRDENAS CHINCHILLA en su condición de procuradora de Derechos Humanos del Comité de familiares detenidos desaparecidos en Honduras (COFADEH), a favor del señor RONMEL BALDEMAR HERRERA PORTILLO, contra actuaciones del honorable JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la orden dada por dicha autoridad, de remitir al agraviado a un centro penitenciario diferente al que estaba cumpliendo la medida de detención judicial, agravando las condiciones de detención. En relación con la causa instruida contra el señor RONMEL BALDEMAR HERRERA PORTILLO por suponerlo responsable del delito de DAÑOS E INCENDIO AGRAVADO en perjuicio de la EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha cuatro de junio del dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, la abogada KAROL JANETH CÁRDENAS CHINCHILLA en su condición de procuradora de Derechos Humanos del Comité de familiares detenidos, desaparecidos en Honduras (COFADEH), interponiendo garantía constitucional de exhibición personal a favor de RONMEL BALDEMAR HERRERA PORTILLO, interno arbitrariamente en el centro penal de Morocelí, departamento de El Paraíso, conocido como La Tolva, por traslado ilegítimo y arbitrario a un centro penal que no fue ordenado por la juez remitente. (Folio 1-5 de la pieza del a quo). 2. En fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, el juzgado antes citado, nombró como juez ejecutor a la abogada SOFÍA GUADALUPE LOZANO, defensora pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en la presente garantía constitucional. (Folio 6-7 de la pieza del a quo). 3. En fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, tiene por recibido el informe por la jueza ejecutora que se transcribe a continuación: “PRIMERO: Que en fecha cuatro de junio del dos mil diecinueve, siendo las tres de la tarde, recibí comunicación por parte del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de conocer sobre el recurso de exhibición personal interpuesto por la abogada KAROL JANETH CÁRDENAS CHINCHILLA, a favor de RONMEL BALDEMAR HERRERA PORTILLO, quien se encuentra con detención judicial por el término de ley para inquirir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, según orden judicial de fecha primero de junio del presente año; según manifiesta la peticionaria, el encausado en mención, ha sido trasladado de forma arbitraria al Centro Penal de Moroceli conocido como La Tolva”. SEGUNDO: Que en vista de lo anterior expuesto, la suscrita juez Ejecutora, se constituyó en fecha 5 de junio del dos mil diecinueve, a las nueve y cuarenta y cinco de la mañana, en las Instalaciones del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, a requerir al Coronel DANIEL ROGELIO FUNES, en su condición de Director de la Penitenciaria Nacional de Tamara, para que rinda informe a la mayor brevedad posible los extremos denunciados en la acción de Exhibición Personal sobre el caso del señor Ronmel Baldemar Herrera Portillo. TERCERO: De acuerdo al informe brindado por el Coronel DANIEL ROGELIO FUNES, en su condición de Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara manifiesta que este interno (Ronmel Baldemar Herrera Portillo) ingreso a este establecimiento penitenciario el día sábado 1 de Junio del 2019 por el Delito de DAÑOS E INCENDIO AGRAVADOS en perjuicio de la EMBAJADA AMERICANA, a la orden del Juzgado de Letras de Tegucigalpa, F.M. expediente judicial No 1340-2019; también manifiesta que el interno fue trasladado al Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraíso conocido como La Tolva por instrucciones de la señora directora del Instituto Nacional Penitenciario, abogada Rosa Irene Gudiel Ardón. CUARTO: Asimismo esta juez ejecutora en fecha 6 de junio del 2019, siendo las ocho y treinta de la mañana me constituí a las instalaciones de los juzgados de letras de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán a entrevistar al joven RONMEL BALDEMAR HERRERA PORTILLO, quien me manifestó lo siguiente: que en horas de la noche, cerca de la madrugada me trasladaron en un camión a las instalaciones del centro penal conocido como La Tolva en Moroceli, durante mi estadía en dicho centro penal el trato que se me ha dado ha sido bueno, en ningún momento he sido objeto de maltrato físico, solo en ocasiones he sido maltratado verbalmente por los policías y los reos que me hacen buling, concluyendo la entrevista en donde dice estar bien en la tolva y me han tratado bien. QUINTO: En fecha siete de junio del 2019, esta juez ejecutora se constituyó en las instalaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO a requerir a la directora abogada ROSA IRENE GUDIEL ARDÓN, para que rinda informe a la mayor brevedad posible sobre los extremos denunciados en la acción de exhibición personal sobre el caso del señor Ronmel Baldemar Herrera Portillo. SEXTO: Asimismo acompaño el informe rendido por la abogada ROSA IRENE GUDIEL ARDÓN, en su calidad de directora del Instituto Nacional Penitenciario, quien manifiesta que según resolución No 636-DN-INP-2019 de fecha uno de junio del año dos mil diecinueve; dicho privado de libertad fue trasladado hacia el Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraíso, por estrictas medidas de seguridad, y que dicho traslado fue autorizado en base a la certificación de la resolución No CNDS-066/2017 de fecha 20 de octubre del año 2017 emitido por el Consejo de Defensa y Seguridad (CNDS). Asimismo se adjunta informe realizado por la Unidad de Derechos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario el cual se elaboró en base a las investigaciones realizadas por el oficial de Derechos Humanos CRISTIAN ARIEL LANZA, con el objetivo de determinar la situación actual del privado de libertad RONMEL BALDEMAR HERRERA PORTILLO y el acceso a derechos garantizados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, así como los objetivos específicos como ser: Verificar la calidad de vida y goce efectivo de derechos del señor Ronmel Baldemar Herrera Portillo dentro del establecimiento penitenciario. Con base a todo lo anteriormente expuesto la suscrita DECLARA. SIN LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL; POR TANTO: Esta juez ejecutora en nombre del Estado de Honduras en aplicación de los artículos 71, 80, 84, 89 y 90 de la Constitución de la Republica 13, 14, 16, 25, 26, 37 y 38 de la ley sobre Justicia Constitucional RESUELVE: 1. DECLARAR SIN LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesta por la abogada KAROL JANETH CÁRDENAS CHINCHILLA, a favor de RONMEL BALDEMAR HERRERA PORTILLO.” (Folios 9–55 de la pieza del a quo). 4. El Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán se declaró incompetente para conocer de la garantía constitucional de mérito y remitió las diligencias a la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. En consecuencia, el citado tribunal dictó sentencia en fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual falló lo siguiente: “Declarando NO HA LUGAR la acción de habeas corpus o exhibición personal, de la cual se ha hecho mérito.” (Folios 60–61 de la pieza del a quo). 5. En fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, la Sala de lo Constitucional recibió para su revisión, el expediente que contiene la garantía constitucional de exhibición personal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la revisión. Que el párrafo final del artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional prevé que las resoluciones que dicten los jueces de letras y los tribunales de apelación, según la competencia que corresponda, tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la argumentación de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial del departamento de Francisco Morazán. Dicho tribunal dictó sentencia declarando no haber lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal a favor del ciudadano Rommel Baldemar Herrera Portillo. La honorable corte de apelaciones, al fundamentar su decisión, estableció que la abogada Karol Janeth Cárdenas Chinchilla, procuradora de Derechos Humanos del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, denuncia que el agraviado se encuentra interno arbitrariamente en el Centro Penal de Morocelí, El Paraíso, conocido como La Tolva, por traslado ilegítimo y arbitrario a un centro penal que no fue ordenado por la juez remitente. Por otra parte, la corte de apelaciones señala que la jueza ejecutora nombrada, al rendir su informe, manifiesta que el agraviado al ser entrevistado declaró que el trato que ha recibido ha sido bueno y que en ningún momento se le ha maltratado físicamente, pero que en ocasiones ha recibido maltrato verbal por los policías y demás reos o bulling. La corte de apelaciones en relación con el traslado a La Tolva, refiere lo expresado por la abogada Rosa Irene Gudiel Ardón en su condición de directora del Instituto Nacional Penitenciario, quien manifestó que el traslado se realizó mediante la resolución No. 636-DN-INP-2019 de fecha uno de junio de dos mil diecinueve por estrictas medidas de seguridad y que dicho traslado se hizo autorizado por la certificación de la resolución CNDS-066-22017 de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete emitido por el Consejo de Defensa y Seguridad. Al final la corte de apelaciones concluye, que de acuerdo con los informes rendidos por la jueza ejecutora, el agraviado no se encuentra detenido en forma ilegal o arbitraria debido a una orden judicial y que si bien se realizó su traslado al centro de detención de Morocelí, El Paraíso, el privado de libertad declaró que lo han tratado bien y que no ha sido objeto de maltrato físico; asimismo que se ha indicado la razón por la que se realizó el traslado del centro penitenciario por lo que se ha garantizado la libertad e integridad personal del privado de libertad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen practicado por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia al estudiar las diligencias de mérito, constata que la garantista, abogada Karol Janeth Cárdenas Chinchilla en el escrito de interposición de la presente garantía de exhibición personal, señala que el ciudadano Rommel Baldemar Herrera Portillo fue detenido por elementos de la policía el treinta y uno de mayo del presente año, a las tres con cuarenta minutos de la tarde por suponerlo responsable de la quema de llantas en la fachada de la Embajada de Estados Unidos de América en la ciudad de Tegucigalpa, por lo que se le imputan los delitos de incendio agravado y daños. Relata la garantista en su escrito de interposición, que a su defendido le fue impuesta la detención judicial por el término legal para inquirir, en la audiencia celebrada el uno de junio de dos mil diecinueve, por la jueza Karla Magdalena Vásquez Rodríguez, quien además ordenó su remisión al centro penal de Támara y la posterior remisión de dicho detenido al juzgado, el día seis de junio para evacuar la audiencia inicial. Sin embargo, el día tres de junio los padres del detenido se enteraron de que su hijo, fue trasladado del centro penal de Támara a La Tolva el mismo día de la remisión ordenada por el juzgado, contraviniéndose de esa forma la orden de la jueza penal. La procuradora de Derechos Humanos refiere que los padres del detenido desconocen la causa del traslado y quien fue la persona que contravino la orden judicial. Este alto tribunal de justicia constata con las diligencias de la presente garantía de exhibición personal que la jueza ejecutora Sofía Lozano Canales requirió al coronel Daniel Rogelio Fúnez en su condición de director de la Penitenciaría Nacional de Támara para rendir informe explicando las razones del traslado del ciudadano Rommel Baldemar Herrera Portillo a La Tolva. El mencionado director rindió informe el mismo día indicando que el traslado se hizo por las órdenes recibidas de la directora del Instituto Nacional Penitenciario, abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, siendo ella la persona que debe explicar dichas razones. También constata que la jueza ejecutora entrevistó al ciudadano Rommel Baldemar Herrera Portillo en fecha seis de junio del año en curso. El detenido le manifestó que fue trasladado del centro penal de Támara al de La Tolva, el día treinta y uno de mayo en horas de la noche, cerca de la madrugada. Manifestó además que durante su estadía se le ha dado un buen trato y que en ningún momento se le ha dado maltrato físico, pero que en ocasiones se le ha maltratado verbalmente por los policías y otros reos. La Sala constata que en fecha siete de junio la jueza ejecutora requirió a la directora del Instituto Nacional Penitenciario, Rosa Irene Gudiel Ardón para que informara las razones para haber ordenado el traslado del ciudadano Rommel Baldemar Herrera Portillo. La directora informó lo siguiente:“…según RESOLUCIÓN No.636-DN-INP-2019 de fecha uno de uno de junio del año dos mil diecinueve; dicho privado de libertad fue traslado hacia el Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso por estrictas medidas de seguridad, y que dicho traslado fue autorizado en base certificación de la resolución No.CNDS-066/2017 de fecha 20 de octubre del año 2017, emitida por el Consejo de Defensa y Seguridad (CNDS). Asimismo, se adjunta informe realizado por la Unidad de Derechos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario, el cual se elaboró en base a las investigaciones realizadas por el oficial de Derechos Humanos Cristian Ariel Lanza, con el objetivo de determinar la situación actual del privado de libertad Ronmel Baldemar Herrera Portillo y el acceso a derechos garantizados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, así como objetivos específicos como ser: Verificar la calidad de vida y goce efectivo de derechos del señor Ronmel dentro del establecimiento penitenciario. Se adjunta los documentos siguientes: 1) Resolución No.636-DN-INP-2019 de fecha uno de junio del año dos mil diecinueve, la cual corre a folio cinco al siete (F-5 al 7). 2) Informe de fecha 7 de junio del año 2019, el cual corre agregado a folios del ocho al diecisiete (F-8 al 17). 3) Fotografías de atención recientes al señor Herrera Portillo y visita de monitoreo al CEP de Morocelí, la cual corre agregado a folio dieciocho (F-18) 4) Ficha de entrevista la cual corre agregada a folios diecinueve y veinte (F-19 y 20). 5) Resumen clínico el cual corre agregado a folio veintiuno (F-21). 6) Dictamen médico el cual corre agregado a folios veintidós y veintitrés (F-22 y 23). 7) Dictamen odontológico el cual corre agregado a folios veinticuatro al veintiséis (F-24 al 26). 8) Informe psicológico sobre visita al privado de libertad en el centro penitenciario de Morocelí, el cual corre agregado a folios veintisiete al veintinueve…” Al analizar cada uno de los informes y documentos presentados en la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito, la Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la decisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37, 38 Y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual fue declarada NO HA LUGAR la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal, interpuesta por la abogada Karol Janeth Cárdenas Cárdenas Chinchilla a favor del ciudadano Rommel Baldemar Herrera Portillo, en consecuencia dicha sentencia adquiere el carácter de firme de acuerdo con la ley. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión registrado en este Tribunal con el número SCO-601-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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