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Sentencia EP-589-19 — Registro 11323

Resumen

En Revisión las diligencias que contienen la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, que declara con lugar la garantía de exhibición personal, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, con relación al supuesto vencimiento de la prisión preventiva en la causa instruida contra.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Considerando (17): Que el Código Procesal Penal establece que la emisión de la sentencia condenatoria contiene dos momentos procesales diferenciados, es en la primera fase en que el Tribunal señala que el imputado cometió una acción típica, antijurídica, culpable y punible, fase en la que también se indica la pena abstracta con que se partirá la determinación de la fijación de la pena concreta en la segunda fase del proceso. Considerando (18): Que se concluye al observar lo realizado por la jueza ejecutora que no se acompaña en su informe requerimiento y prueba de sus aseveraciones, tuvo que presentar los requerimientos hechos al Tribunal de Sentencia, informar fehacientemente con datos por promocionados por la autoridad recurrida si se había dado o no una ampliación por parte de la Sala de lo Penal de esta Corte Suprema de Justicia sobre la prisión preventiva; tampoco acredita documentalmente el estado actual de ese proceso judicial y realiza actuaciones diferentes a lo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que otorga sin tener dicha competencia cartas de libertad al beneficiario de esta garantía, sin estar firme la decisión por no haber sido revisada por esta Sala de lo Constitucional. Considerando (19): Que el artículo 24 establece los criterios cuando se puede considerar que una detención es ilegal y arbitraría, siendo los casos en que se determina que orden es verbal, que no emanó de autoridad competente, o que no se cumple en un centro destinado para ese efecto por el Estado hondureño, de lo dicho por la jueza ejecutora, razón que sustentó la decisión de la Corte Tercera de Apelaciones, se observa que no se cumple ninguna de las causales o reglas referidas por la Ley para considerar el otorgamiento del hábeas corpus. Considerando (20): Que para esta Sala de lo Constitucional no procede confirmar la liberación del beneficiario de la presente garantía constitucional en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen establecidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; falla: 1) revocar la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán en fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que declaró con lugar la garantía de hábeas corpus a favor de José Reynaldo Ponce Reyes; 2) declarar sin lugar el hábeas corpus pr esentado a favor de José Reynaldo Reyes Ponce, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3) se le hace un llamado de atención a la persona que lleve la secretaría y a los jueces de sentencia del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, por no realizar de forma debida la diligencia procesal de este caso bajo su conocimiento; 4) se le hace un llamado de atención a la jueza ejecutora Yaritza Torres por no haber seguido las formalidades establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, al haber ordenado el cambio de la situación cautelar de José Reyes, siendo el órgano competente para ello el Tribunal de Sentencia, como también lo refiere el Código procesal Penal. Y manda: I) Que una vez notificada y firmé la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión; II) que la Secretaría de la Sala de lo Constitucional envié certificación de la presente sentencia a al director de la Defensa Pública, a Supervisión General del Poder Judicial, al Tribunal de Sentencia de Juticalpa, a la jueza ejecutora Yaritza Torres y al Instituto Nacional Penitenciario.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Considerando (17): Que el Código Procesal Penal establece que la emisión de la sentencia condenatoria contiene dos momentos procesales diferenciados, es en la primera fase en que el Tribunal señala que el imputado cometió una acción típica, antijurídica, culpable y punible, fase en la que también se indica la pena abstracta con que se partirá la determinación de la fijación de la pena concreta en la segunda fase del proceso. Considerando (18): Que se concluye al observar lo realizado por la jueza ejecutora que no se acompaña en su informe requerimiento y prueba de sus aseveraciones, tuvo que presentar los requerimientos hechos al Tribunal de Sentencia, informar fehacientemente con datos por promocionados por la autoridad recurrida si se había dado o no una ampliación por parte de la Sala de lo Penal de esta Corte Suprema de Justicia sobre la prisión preventiva; tampoco acredita documentalmente el estado actual de ese proceso judicial y realiza actuaciones diferentes a lo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que otorga sin tener dicha competencia cartas de libertad al beneficiario de esta garantía, sin estar firme la decisión por no haber sido revisada por esta Sala de lo Constitucional. Considerando (19): Que el artículo 24 establece los criterios cuando se puede considerar que una detención es ilegal y arbitraría, siendo los casos en que se determina que orden es verbal, que no emanó de autoridad competente, o que no se cumple en un centro destinado para ese efecto por el Estado hondureño, de lo dicho por la jueza ejecutora, razón que sustentó la decisión de la Corte Tercera de Apelaciones, se observa que no se cumple ninguna de las causales o reglas referidas por la Ley para considerar el otorgamiento del hábeas corpus. Considerando (20): Que para esta Sala de lo Constitucional no procede confirmar la liberación del beneficiario de la presente garantía constitucional en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen establecidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; falla: 1) revocar la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán en fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que declaró con lugar la garantía de hábeas corpus a favor de José Reynaldo Ponce Reyes; 2) declarar sin lugar el hábeas corpus pr esentado a favor de José Reynaldo Reyes Ponce, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3) se le hace un llamado de atención a la persona que lleve la secretaría y a los jueces de sentencia del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, por no realizar de forma debida la diligencia procesal de este caso bajo su conocimiento; 4) se le hace un llamado de atención a la jueza ejecutora Yaritza Torres por no haber seguido las formalidades establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, al haber ordenado el cambio de la situación cautelar de José Reyes, siendo el órgano competente para ello el Tribunal de Sentencia, como también lo refiere el Código procesal Penal. Y manda: I) Que una vez notificada y firmé la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión; II) que la Secretaría de la Sala de lo Constitucional envié certificación de la presente sentencia a al director de la Defensa Pública, a Supervisión General del Poder Judicial, al Tribunal de Sentencia de Juticalpa, a la jueza ejecutora Yaritza Torres y al Instituto Nacional Penitenciario.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, que declara con lugar la garantía de exhibición personal, interpuesta por el abogado Leonardo Miguel Alvarado, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, con relación al supuesto vencimiento de la prisión preventiva en la causa instruida contra José Reynaldo Reyes Ponce, por suponerlo responsable del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Eduin José Garrido Ávila. Antecedentes 1) Que en fecha cinco de junio del año dos mil diecinueve, vía teléfono el abogado Leonardo Miguel Alvarado, interpuso garantía de exhibición personal a favor de José Reynaldo Reyes Ponce, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, a la secretaria del Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, manifestando el recurrente que se ha vencido la prisión preventiva de su representado y que al no existir la ampliación de la misma, el señor José Reynaldo Reyes Ponce se encuentra ilegalmente detenido. (Folio núm. 01 de la pieza de antecedentes). 2) Que en fecha seis de junio del año dos mil diecinueve, la referida Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; tuvo por recibido la garantía de Exhibición Personal, relacionado en el inciso anterior, nombrando como jueza ejecutora a la abogada Yaritza Torres, a fin de ordenar la inmediata exhibición del agraviado, como también rendir un informe detallado de los hechos alegados por el recurrente. (Folio núm. 02 de los antecedentes). 3) Que la ejecutora Yaritza Torres, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a dicho cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos: a) Se presentó a la Secretaria del Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, y solicito se le presta el expediente registrado bajo el numero AP-135-2018, instruido en contra de José Reymundo Ponce Reyes, por el supuesto delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Edwin José Garrido Ávila, al realizar una revisión exhaustiva pudo constatar que efectivamente en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, fue puesto a la orden del juzgado para celebración de la audiencia de declaración de imputado, en la cual se le decretó la medida cautelar de detención judicial. b) Se personó en las instalaciones del centro penal de Juticalpa, departamento de Olancho, en donde solicito al comandante de guardia, le exhibiera al señor Ponce Reyes, quien le manifestó que estaba detenido desde el treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, por el supuesto delito de Asesinato En Su Grado De Ejecución De Tentativa en perjuicio de Edwin José Garrido Ávila, y que durante su estadía no ha sufrido malos tratos ni vejámenes por parte de ningún interno ni de las autoridades superiores del centro penitenciario. c) En fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, se llevó acabo la audiencia inicial, donde el Juzgado decreto Auto De Formal Procesamiento con la imposición de medida cautelar de prisión preventiva, a José Reymundo Ponce Reyes, siendo apelada dicha resolución por la defensa, la cual la Corte Tercera de Apelaciones, declaro Sin Lugar el recurso de apelación contra la resolución de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete. d) En fecha veintidós de junio del año dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras de Juticalpa, decreto auto de formal apertura a juicio, remitiendo al Tribunal de Sentencia de Olancho. e) En el expediente de mérito no consta la ampliación de la prisión preventiva tal como lo establece el artículo 181 numeral 3 del Código Procesal Penal, por consiguiente, esa jueza ejecutora estima procedente la garantía de Exhibición Personal. (Folios del 04 al 07 de los antecedentes). 4) Que en fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán resolvió: FALLA: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL O HABEAS CORPUS interpuesto el Abogado LEONARDO MIGUEL ALVARADO, a favor el señor JOSE REYNALDO REYES PONCE. (Folios núm. 27 al 32 de los antecedentes). 5) Que en fecha veintiséis de junio del año dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional, recibió para su revisión, el expediente que contiene la garantía de exhibición personal interpuesto por el abogado Leonardo Miguel Alvarado, a favor de José Reynaldo Reyes Ponce, en estricto cumplimiento al artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Fundamentación Jurídica Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182, 313 y 316 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3, 9, 13 y 39 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Considerando (2): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el Habeas Corpus, encontrando que indica que en un sentido clásico tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad; posteriormente se cita el artículo 7 numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”. Considerando (3): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo siete de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…) está referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida. Considerando (4): Que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad, está vinculado con el derecho a ser oído en un plazo razonable reconocido en el artículo ocho 8 numeral primero de la Convención antes citada; pudiéndose citar el caso de la Corte Interamericana Suárez Rosero vs. Ecuador, en el que se razono los artículos siete y ocho de la Convención, expresando que tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente.[1] Considerando (5): Que se conoce en revisión la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en la garantía de hábeas corpus presentada por el abogado Leonardo Miguel Alvarado, a favor de José Reynaldo Ponce Reyes. Considerando (6): Que la jueza ejecutora presentó el informe requerido por el órgano jurisdiccional donde concluye: declarar con lugar la exhibición personal a favor del ciudadano, debido a un supuesto vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva; revisando el expediente de las audiencias en el Tribunal de Sentencia de Olancho, pero no se ha emitido de forma escrita el acta de las audiencias, por lo que a criterio de la jueza ejecutora vuelve una detención ilegal la orden emanada de autoridad competente sobre el ciudadano Ponce Reyes. Considerando (7): Que el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional sobre el conflicto del supuesto vencimiento de las medidas cautelares de prisión preventiva, que fue impuesta por juez competente en causa penal, con las formalidades legales, cuando ya se haya realizado la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Sentencia; es decir que es una privación de libertad que es potestad exclusiva del órgano jurisdiccional (en materia penal) y pretender lo contrario sería a todas luces inconstitucional; en consecuencia el agraviado no se encuentra bajo ningún concepto detenido de manera ilegal y arbitraria; asimismo se comprende que la medida cautelar de prisión preventiva que cumple no se encuentra dentro de aquellas que según la Ley Sobre Justicia Constitucional considera ilegales o arbitrarias, en virtud de que la misma es parte de un proceso penal. El artículo 181 del Código Procesal Penal establece las reglas de duración de la prisión preventiva, entre ella que en ningún caso la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Siendo en el caso citado como precedente por la Corte de Apelaciones, el imputado fue declarado culpable, siendo redactada la sentencia con posterioridad al transcurso de los dos años y seis meses de prisión preventiva, que es otra de las reglas dadas por el Código Procesal, pero el fallo condenatorio de la sanción impuesta ya era conocido por las partes en audiencia de juicio oral y público, por lo que solo podría aplicarse la regla de duración de la mitad de duración de la pena abstracta mínima. Por lo que concluye la Sala de lo Constitucional que ese asunto no es esencia de valoración según el objeto del hábeas corpus.[2] Considerando (8): Que se vuelve necesario analizar el artículo 181 del Código Procesal Penal de la República de Honduras, dado que dicho precepto establece la duración de la prisión preventiva, indicando que como regla general podrá durar hasta un (1) año, pero cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la misma podrá durar hasta dos (2) años. En ambas situaciones de forma excepcional se podrá ampliar la prisión preventiva hasta por seis (6) meses más a solicitud fundada del Ministerio Público, habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse. Posteriormente dicta la norma procesal que, en ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, asimismo se puede leer que una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prologarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Considerando (9): Que finaliza la sentencia de la Corte De Apelaciones se señaló audiencia de proposición de prueba, y revisión de la medida cautelar por parte de la defensa del imputado; no constando en acta lo resuelto en dicha audiencia, tampoco consta la ampliación de la prisión preventiva tal como lo establece el artículo 181 del Código Procesal Penal, por lo que proceden a otorgar la garantía de hábeas corpus. Considerando (10): Que la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. Considerando (11): Que el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece cuando una privación de libertad se considera ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. Considerando (12): Que el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional regula que en el auto de admisión de la exhibición personal se ordenará, no ejecutar acto alguno que pueda dar como resultado un cambio en las condiciones en que se encuentra el detenido o preso, salvo si ello es necesario para preservar su vida, su salud y su integridad física o mental. Considerando (13): Que esta Sala de lo Constitucional observa que la Corte de Apelaciones Tercera de Francisco Morazán aunque cita jurisprudencia este órgano, no sigue el parámetro que ha establecido este máximo órgano, y su criterio no se encuentra conforme a lo señalado en el artículo 24 de la Ley Sobre justicia Constitucional; asimismo hay una inobservancia de los deberes de la jueza ejecutora Yaritza Torres, en no ejecutar acto alguno que genere un cambio en el status cautelar de la detenida o presa.[3] Considerando (14): Que el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado, pero acorde a lo que ese mismo artículo en su último párrafo señala y del artículo 26 de la Ley; dado que las resoluciones procedentes de exhibición personal solo tiene carácter de sentencias definitivas una vez que son revisadas por la Sala de lo Constitucional, por lo tanto los ejecutores y los órganos jurisdiccionales no puede ejecutar acto alguno que de un cambio en las medidas cautelares. Considerando (15): Que siguiendo los criterios dados en la sentencia de la garantía de hábeas corpus SCO-0512-2017, esta Sala de lo Constitucional considera fundamental determinar en qué momento procesal se encuentra el proceso penal que se está conociendo en perjuicio del beneficiario del presente hábeas corpus, esta Sala analiza los artículos 338, 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal, en los cuales podemos encontrar los requisitos de las sentencias, estando enunciado que la quinta regla indica que, en la parte resolutiva, se absolverá o condenará a la persona acusada, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ella y por cada infracción. Cuando la sentencia sea de condena, como en el presente caso, el juicio se divide en dos fases, la de deliberación y notificación de la culpabilidad del imputado y la última fase de individualización de la pena (fase de punición) que deba de imponerse al imputado. La segunda fase consiste en la audiencia para determinar la pena concreta conforme a las reglas de individualización prescritas en el Código Penal. Considerando (16): Que esta Sala de lo Constitucional debe indicar que el presente caso se ha de presumir que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la primera fase de forma apegada al ordenamiento jurídico de nuestra República (sin perjuicio que el órgano jurisdiccional de casación determine lo contrario en un posterior recurso), pero no se ha finalizado la emisión de la sentencia condenatoria, estando pendiente su culminación con la fase de punición. Pese a lo anterior es claro que existe un acto judicial de autoridad competente que señala la culpabilidad de Blanca Rosa Turcios; por lo que no sería correcta una interpretación que niegue tal extremo. Considerando (17): Que el Código Procesal Penal establece que la emisión de la sentencia condenatoria contiene dos momentos procesales diferenciados, es en la primera fase en que el Tribunal señala que el imputado cometió una acción típica, antijurídica, culpable y punible, fase en la que también se indica la pena abstracta con que se partirá la determinación de la fijación de la pena concreta en la segunda fase del proceso. Considerando (18): Que se concluye al observar lo realizado por la jueza ejecutora que no se acompaña en su informe requerimiento y prueba de sus aseveraciones, tuvo que presentar los requerimientos hechos al Tribunal de Sentencia, informar fehacientemente con datos por promocionados por la autoridad recurrida si se había dado o no una ampliación por parte de la Sala de lo Penal de esta Corte Suprema de Justicia sobre la prisión preventiva; tampoco acredita documentalmente el estado actual de ese proceso judicial y realiza actuaciones diferentes a lo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que otorga sin tener dicha competencia cartas de libertad al beneficiario de esta garantía, sin estar firme la decisión por no haber sido revisada por esta Sala de lo Constitucional. Considerando (19): Que el artículo 24 establece los criterios cuando se puede considerar que una detención es ilegal y arbitraría, siendo los casos en que se determina que orden es verbal, que no emanó de autoridad competente, o que no se cumple en un centro destinado para ese efecto por el Estado hondureño, de lo dicho por la jueza ejecutora, razón que sustentó la decisión de la Corte Tercera de Apelaciones, se observa que no se cumple ninguna de las causales o reglas referidas por la Ley para considerar el otorgamiento del hábeas corpus. Considerando (20): Que para esta Sala de lo Constitucional no procede confirmar la liberación del beneficiario de la presente garantía constitucional en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen establecidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; falla: 1) revocar la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán en fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que declaró con lugar la garantía de hábeas corpus a favor de José Reynaldo Ponce Reyes; 2) declarar sin lugar el hábeas corpus pr esentado a favor de José Reynaldo Reyes Ponce, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3) se le hace un llamado de atención a la persona que lleve la secretaría y a los jueces de sentencia del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, por no realizar de forma debida la diligencia procesal de este caso bajo su conocimiento; 4) se le hace un llamado de atención a la jueza ejecutora Yaritza Torres por no haber seguido las formalidades establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, al haber ordenado el cambio de la situación cautelar de José Reyes, siendo el órgano competente para ello el Tribunal de Sentencia, como también lo refiere el Código procesal Penal. Y manda: I) Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión; II) que la Secretaría de la Sala de lo Constitucional envié certificación de la presente sentencia a al director de la Defensa Pública, a Supervisión General del Poder Judicial, al Tribunal de Sentencia de Juticalpa, a la jueza ejecutora Yaritza Torres y al Instituto Nacional Penitenciario. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-0589=2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 70.

[2] Cfr., sentencia de la Sala de lo Constitucional en el hábeas corpus en revisión con registro SCO-0263-2019, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

[3] Ver sentencias sobre expedientes de exhibiciones personales con registro: SCO-0517-2017, SCO-0254-2019, SCO-263-2019, SCO-0371-2019, entre otras.