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Sentencia EP-507-19 — Registro 11340

Resumen

Se interpuso garantía de exhibición personal contra actuaciones de los Secretarios de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa Nacional, así como en contra y del Comandante General de Las Fuerzas Armadas de Honduras, Respectivamente, agregando que dicha comunidad desde hace varios días se encuentra ocupada de manera irregular e intimidatoria por parte de miembros de la Policía Nacional, del Décimo Quinto Batallón de Infantería, de la Base Naval con sede en Puerto Castilla, departamento de Colón, la Policía Militar del Orden Público, FUSINA y Policía comunitaria, autoridades que según los recurrentes, se ha dedicado a intimidar y amenazar a varios ciudadanos, la intimidación total también ha sido por medio de naves aéreas, como helicópteros y aviones del Estado, así como de la Compañía Transnacional Standard Fruit de Honduras, S.A., asimismo producto de la represión desmedida, han salido gravemente heridos ciudadanos entre otras alegaciones.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "Considerando (9): Que, bajo los supuestos establecidos en la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya referidos en esta sentencia, no se cumplen con los presupuestos exigidos en la tutela del hábeas corpus, al no existir una detención en contra de la comunidad de Guadalupe Carney y de los ciudadanos Leo Alexander Sánchez Vásquez, Elic Aníbal Rosales Munguía, Exequiel Urrea, Adolfo Cruz y Melvin Onan Ríos; por lo que es procedente declarar sin lugar esta Exhibición Personal. Considerando (10): Que como han constatados las ejecutoras, el Estado de Honduras realizo un despliegue por parte de las instituciones de seguridad pública en dicha región, por las razones que han establecido, contexto en el cual se ha denunciado la comisión de supuestos actos que han ocasionado la vulneración de derechos de habitantes de la República, razón por la cual esta Órgano Jurisdiccional está en el deber de poner en conocimiento de estos hechos y de esta sentencia a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para que realicen las actuaciones pertinentes dentro de sus ámbitos de competencia constitucional."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto: Para dictar sentencia de la garantía de exhibición personal interpuesto por el abogado Ronis Rodil Vásquez Florentino, y por adhesión (vía teléfono) por los ciudadanos Juan Carlos Zelaya Turcios, Adolfo Cruz Ruiz y Pedro Obed Ulloa Calderón, a favor de los habitantes de la comunidad “Guadalupe Carney”, del municipio de Trujillo, departamento de Colón, manifestando los peticionarios que dicha garantía lo interponen contra actuaciones de los Secretarios de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa Nacional, así como en contra y del Comandante General De Las Fuerzas Armadas De Honduras, Respectivamente, agregando que dicha comunidad desde hace varios días se encuentra ocupada de manera irregular e intimidatoria por parte de miembros de la Policía Nacional, del Décimo Quinto Batallón de Infantería, de la Base Naval con sede en Puerto Castilla, departamento de Colón, la Policía Militar del Orden Público, FUSINA y Policía comunitaria, autoridades que según los recurrentes, se ha dedicado a intimidar y amenazar a varios ciudadanos como ser al ciudadano Adolfo Cruz, la intimidación total también ha sido por medio de naves aéreas, como helicópteros y aviones del Estado, así como de la Compañía Transnacional Standard Fruit de Honduras, S.A., asimismo producto de la represión desmedida, han salido gravemente heridos los ciudadanos Melvin Onan Ríos, Alexander Sánchez y Erlin Aníbal Rosales, entre otras alegaciones. Antecedentes 1) Que en fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, compareció ante la Sala de lo Constitucional el abogado Ronis Rodil Vásquez Florentino, interponiendo garantía de Exhibición Personal a favor de los de los habitantes de la comunidad “Guadalupe Carney”, del municipio de Trujillo, departamento de Colón, contra actuaciones de Policía Nacional, del Décimo Quinto Batallón de Infantería, de la Base Naval con sede en Puerto Castilla, departamento de Colón, la Policía Militar del Orden Público, FUSINA y Policía comunitaria; manifestando el recurrente, que dichas autoridades se ha dedicado a intimidar y amenazar a varios ciudadanos como ser al señor Adolfo Cruz, la intimidación total también ha sido por medio de naves aéreas, como helicópteros y aviones del Estado, así como de la Compañía Transnacional Standard Fruit de Honduras, S.A., asimismo producto de la represión desmedida, han salido gravemente heridos los ciudadanos Melvin Onan Ríos, Alexander Sánchez y Erlin Aníbal Rosales, entre otras alegaciones…”. En esa misma fecha mediante comunicación telefónica los abogados Juan Carlos Zelaya Turcios, Adolfo Cruz Ruiz y Pedro Obed Ulloa, se adhieren a la presente garantía de Exhibición Personal, ampliando la denuncia en el entendido que también lo interponían contra las Secretarias de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa Nacional, El Comandante General De Las Fuerzas Armadas De Honduras, respectivamente, manifestando que las autoridades señaladas por el abogado Vásquez, se desconocen sus nombres, sin embargo actúan por órdenes superiores y además están obligando a declarar a los ciudadanos sin una orden judicial. 2) Que en la misma fecha, esta Sala de lo Constitucional admitió la garantía de Exhibición Personal de mérito, designando como jueces ejecutores para efectos del hábeas corpus: 1) A la abogada Roxany Maria Hernández Betancourt, defensora pública de la ciudad de Tegucigalpa, a efecto que constatará los extremos narrados por los recurrentes, ordenando a dichas autoridades rindieran un informe con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, 2) A la abogada Silvia Lizeth Carbajal, defensora pública de la ciudad de Trujillo departamento de Colón, para que se constituyera de inmediato en el lugar señalado por los recurrentes, a efecto de constatar los hechos denunciados en la presente garantía y de ser procedente tomar las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de los habitantes de la Comunidad “Guadalupe Carney”, del municipio de Trujillo, departamento de Colon, asimismo que requiriera a las autoridades recurridas el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio núm. 4 de la pieza de Exhibición Personal). 3) Que en fecha diez de junio de dos mil diecinueve, la abogada Silvia Lizeth Carbajal actuando en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos lo siguiente: A) Que el día cuatro de junio la jueza ejecutora, se trasladó a la comunidad de Guadalupe Carney, siendo las cinco con treinta y cinco minutos de la tarde, haciendo un recorrido de 40 minutos aproximadamente, en todas su calles y saliendo entre cada calle a la vía pública, observando también el espacio aéreo, no encontrando dentro de la comunidad ninguna presencia de la Policía Nacional, Décimo Quinto Batallón de Infantería, Base Naval, Policía Militar, FUSINA, ni Policía Comunitaria, estando todo en completa tranquilidad, gozando los ciudadanos de su derecho de libertad, no existiendo en ese momento restricción alguna de ese derecho, ya que en su recorrido ingresó y salió alrededor de siete veces de la citada Comunidad. Manifiesta además la jueza ejecutora, que llegaron varios ciudadanos al lugar donde ella se encontraba, como treinta personas entre mujeres, niños ancianos y hombres, específicamente a la casa del señor Adolfo Cruz, haciendo uso de su derecho a la Libre Circulación, quienes, al transcurrir varias horas, se marcharon libremente. B) Que siendo las seis de la tarde, tomó declaración al señor Adolfo Cruz, quien manifestó haber sido objeto de amenazas, recibiendo patadas y pechugones, ingresando a su casa de habitación, militares del Décimo Quinto Batallón de Infantería, Fuerza Xatruch de la Base Naval, quienes en fecha uno de junio de dos mil diecinueve, arrojaron dentro de su casa bombas lacrimógenas, las cuales pusieron a la vista de la jueza ejecutora, que fueron detonadas dentro de la casa estando dentro su familia, conformada por mujeres niños y ancianos. También la ejecutora, tomó declaración al ciudadano Melvin Onan Ríos, quien manifestó, que también en su propiedad habían lanzado bombas lacrimógenas, desmayándose una niña por efecto del gas lacrimógeno, manifestando además que había sido objeto de amenazas y que una bomba le había estallado al lado derecho de su cuerpo, por lo que temía por su vida y la de su familia. La ejecutora preguntó por los ciudadanos Alexander Sánchez y Erlin Aníbal Rosales, manifestándole miembros de la comunidad que el ciudadano Sánchez, estaba interno en el Hospital Atlántida de La Ceiba, con una herida de bala en el tobillo izquierdo y rodilla derecha, y que el señor Rosales, había estado hospitalizado por herida de bala en el antebrazo izquierdo, pero que fue dado de alta, desconociéndose donde se encontraba en esos momentos. Se le informó, además que otro ciudadano que pertenece a la comunidad, de nombre Exequiel Urrea, se encontraba interno en el Hospital Mario Catarino Rivas, con un golpe en el ojo derecho, perdiendo el líquido del ojo, en el enfrentamiento con las autoridades de la fuerza pública el día uno de junio de dos mil diecinueve. C) Que la jueza ejecutora solicitó informes a las distintas autoridades correspondientes, Base Naval, Quinto Batallón de Infantería, no brindándole los informes solicitados, manifestándole que eso no les correspondía, ya que era a sus jefes superiores, Comandancia General del Ejército y Estado Mayor Conjunto, ubicados en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quienes tenían que dar esa información; si prestaron colaboración en forma oral, en la Jefatura número II de la Policía Preventiva, a la cual pertenece también FUSINA, de la ciudad de Tocoa, Colón, en la cual de forma oral (se levantó acta) manifestaron que en fecha dos de junio de 2019, como a las dos de la tarde, se comunicaron vía teléfono con miembros de la comunidad de Guadalupe Carney, para entablar un diálogo, los cuales aceptaron reunirse en un lugar denominado como Bungalo, es un Quiosco de reuniones que hay en la comunidad, el dialogo fue solicitado y dirigido por el Coronel Leiva, el Coronel Flores de FUSINA de Tegucigalpa, Teniente Coronel Walter Danilo Carvajal, Comandante del Décimo Quinto Batallón de Infantería y el Coronel Reyes Ávila Comandante de FUSINA en Colón, habiéndose acordado entre las fuerzas de seguridad y representantes de la Comunidad, que podrían seguir manifestándose el tiempo que quisieran, sin dañar la propiedad privada. D) La jueza ejecutora se trasladó a la sociedad mercantil Standard Fruit De Honduras, S.A., siendo recibida por el gerente Pablo Melgar, a quien puso en conocimiento de la garantía de exhibición Personal, manifestándole de forma oral que durante los día 01, 02 y 03 de junio de 2019, no había salido de las instalaciones de la Compañía, por seguridad, comunicándole vía celular con el apoderado legal de dicha empresa, abogado Darío Francisco Lobo, quien le manifestó que ninguna persona de la Standard Fruit De Honduras, S.A., ingresó a la Comunidad Guadalupe Carney, y que tampoco habían ejercido actos de intimidación o amenazas, que la carretera estuvo tomada por varios días, teniendo que desacoplar los contenedores y el chasis de algunos camiones, no habiéndole dado tiempo de hacerlo con todos, ya que lo primero fue salvar la vida de los trabajadores, y que en ningún momento habían ingresado a la citada comunidad; que según el conteo que llevaban, las perdidas ascendían a más de un millón de dólares. E) Que de sus investigaciones la jueza ejecutora pudo constatar que no había presencia de naves aéreas, helicópteros y avionetas del Estado, tampoco la presencia de la Policía Nacional, Décimo Quinto Batallón De Infantería, Base Naval, Policía Militar, FUSINA, Policía Comunitaria ni de la Compañía Transnacional Standard Fruit De Honduras, S.A., por lo tanto, declaró: sin lugar la acción Constitucional de Habeas Corpus o Exhibición Personal. (Folios núm. 13 al 24 de la presente garantía). 4) Que en fecha once de junio de dos mil diecinueve, la abogada Roxany Maria Hernández Betancourt, actuando en su condición de jueza ejecutor, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos lo siguiente: A) Que en fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, se constituyó en las oficinas de la Secretaria de Estado en el Despacho De Seguridad, requiriendo en legal y debida forma al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, a efecto de solicitar un informe detallado de los hechos que motivaron el presente recurso de exhibición persona, desprendiéndose del mismo entre otros lo siguiente: que a partir de los días veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se iniciaron manifestaciones en las cercanías de la Comunidad de Guadalupe, Trujillo, Colón, con tomas de la Carretera CA-13, lo que impedía el libre tránsito de vehículos hacia Trujillo y Puerto Castilla, con presencia de una cien personas integrada por maestros y médicos, no ejecutando ese día ninguna acción de desalojo. El día 30 de mayo de 2019, continuaban las manifestaciones con la interrupción del libre tránsito en la carretera, en varias comunidades del departamento de Colón entre éstas la Comunidad de Guadalupe Carney, por lo que el Sub Comisario de Policía José Leodan Garrido Lobo, al mando de varios oficiales y agentes de policía, y con apoyo de la Base Naval, la Misión Xatruch llegaron a la referida comunidad, habiéndose comunicado también con la Delegada Regional de CONADEH, abogada Janeth Lara, quien se hizo presente al lugar, manifestado que los ciudadanos que se estaban manifestando, no le habían permitido hablar con ellos, por lo que aproximadamente a las siete y media de la mañana, después de dialogar con los ciudadanos que interrumpían el libre tránsito de vehículos, procedió a despejar la vía mediante el uso de gas lacrimógeno, de tal situación salieron lesionados tres policías y dos personas civiles, Elías Aníbal Rosales y Leo Alexander Sánchez. El día 31 de mayo de 2019, continuaron las tomas, por lo que el Comisionado de Policía Marvin Geovany Vieda Carrasco al mando de varios oficiales y Agentes de Policía, con Apoyo de la Base Naval, llega a la Comunidad Guadalupe Carney encontrando obstáculos de llantas y palos, y como 15 personas en la vía pública, quienes al observar la presencia policial, se quitaron de la calle, permaneciendo el libre tránsito en la carretera hasta las 10 horas, que se la volvieron a tomar si ser desalojados ya que la fuerza policial, ya se había retirado del sector. Siendo las 17:42 se presentó en las oficinas de la DPI de la ciudad de Trujillo, el señor Delmer Enrique Flores Padilla, Militar de la Fuerza Aérea, asignado al Almacén de Medicamentos de la Secretaría de Salud, quien reportó que ese día venía de Tegucigalpa, con rumbo a la ciudad de Trujillo, brindándole seguridad a un camión con medicamentos, y en la toma de la carretera de la Aldea Guadalupe Carney, los manifestantes lo habían despojado de uniforme militar, un Fusil Beretta, dos cargadores llenos de munición y el carnet de identificación del Ejército. El día sábado uno de junio de dos mil diecinueve, continuó la manifestación y toma de la carretera en la Comunidad Guadalupe Carney, por los maestros y habitantes del sector, encontrando obstáculos de gran magnitud cortados y cruzados en el eje carretero en diferentes puntos, lo que impidieron el libre tránsito en las comunidades de Silin, Guadalupe Carney, y la entrada a Trujillo; las 5:30 de la mañana, se llega a la Comunidad, con un contingente de oficiales y agentes de Policía, Fuerza Xatruch, al llegar a dicha comunidad se dialoga con el señor Adolfo Cruz, y un representante de los Derechos Humanos, quienes manifestaron que se quitarían de la vía por una hora, haciendo espera hasta las 12:30, por lo que fue necesario el uso de gas lacrimógeno para despejar la vía, realizándose durante ese tiempo dos manifestaciones más con toma de carretera en otras comunidades, llegando Apoyo Policial, quienes procedieron a quitar obstáculos y despejar las vías con dialogo con los maestros que estaban en ese sector, siguieron avanzando hasta la Comunidad de Guadalupe Carney, donde al no permitir el paso se procedió a despejar la vía pública uso de gas lacrimógeno, momento en el que aprovecharon dos persona y vehículos para pasar, incluyendo un convoy de cabezales de la empresa Standard Fruit de Honduras, que se dirigía a embarcar a Puerto Castilla, los que llegaron al punto de conflicto, que ya se encontraba en control de la policía, pero dos personas de los manifestantes se les pusieron enfrente cortándoles el paso, según versión de los conductores y ordenando cruzar el primer contenedor, haciendo señal a los policías que no se detuvieran en virtud que estaba despejado tres kilómetros adelante. Durante 30 minutos las fuerzas empleadas para despejar la zona, fueron objeto de agresiones con piedras de parte de los manifestantes, con intención manifiesta de distraer la atención de la autoridad, en esos momentos de agresión quedaron desabastecidos de gas lacrimógeno, quedando solo con arma de fuego, por lo que se ordenó un repliegue; al venir de regreso se observó que los cabezales habían desacoplado, encontrando un cabezal y cuatro contenedores incendiados, quedando en el sector 59 contenedores. Se solicitó a la Dirección General de Apoyo abastecimiento de gas lacrimógeno, mismo que llegó a Trujillo vía aérea como a las 16:00 horas y luego a la zona de comunidad de Guadalupe Carney, a las 17:30 horas. Se estableció comunicación con Ejecutivos de la Standard Fruit, para que hicieran llegar los cabezales para acoplar los contenedores que habían quedado en la zona, recibiendo respuesta como a las 18:00 horas, y que a esa hora no sería posible, ya que los trabajadores tenían miedo de regresar. En consenso con los comandantes de las unidades militares, y por razones de seguridad, se decide replegar el personal a las 19:00 horas, ya que se tenía información que grupos de campesinos, habían llevado armas, y que tenían en poder el fusil robado el día anterior. El día domingo dos de junio de dos mil diecinueve, se ejecutó la extracción de los contenedores en buen estado y los quemados, habiendo contado con una cantidad mayor de personal, en virtud que los conductores de los cabezales y operarios de grúas, manifestaron que sin la suficiente seguridad no entrarían a trabajar a esa zona. Que se había establecido comunicación con el señor Santos Briceño, Presidente del Patronato de la Comunidad, solicitándole una reunión con las fuerza vivas del sector, con la finalidad de hablar con ellos y expresarles su derecho a manifestarse de forma pacífica, sin causar daños a la propiedad privada, encontrándose con el señor Briceño en el Quiosco Comunitario a las doce del mediodía, junto el Tesorero del Patronato y una señora de nombre Suyapa, manifestando que para reunirse con grupos campesinos y otros residentes del sector, terminando la reunión a las 14:00 horas. Se informa también que, a las doce del mediodía, a la altura de la Aldea Honduras Aguán se dio detención a tres personas del sexo masculino, por suponerlos responsables del delito de Hurto, en perjuicio de la empresa Standard Fruit Company de Honduras, quienes transportaban en sus vehículos cajas con piñas y bananos producto del saqueo del día sábado uno de junio de dos mil diecinueve, ocurrido en la toma de la carretera CA-13. El día 13 de junio de 2019, cuando el convoy retornaba a la base de la UDEP2, luego de terminar con la labor de la remoción de los contenedores, a la altura de la Aldea Quebrada de Arena, se encontraba tomada la carretera, pero los manifestantes al ver la presencia policial huyeron del lugar, haciendo disparos a los elementos policiales, quienes repelieron el ataque y retornaron a la base sin más novedad. B) En fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, la jueza ejecutora se personó en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, requiriendo en legal y debida forma al Jefe del Estado Mayor Conjunto Rene Orlando Ponce Fonseca, con la finalidad que rindiera un informe sobre los hechos, señalando entre otros lo siguiente: Que la Constitución de la República en su artículo 293, preceptúa que la Policía Nacional de Honduras es la encargada de velar por la conservación del orden público y proteger la seguridad de las personas y sus bienes, por consiguiente, realiza operaciones de seguridad y mantenimiento del orden público en todas las regiones del país, y que las Fuerzas Armadas de Honduras actúan solamente de apoyo a la Policía Nacional, al verse sobrepasada sus capacidades operativas, a solicitud de ésta. En ese sentido la institución castrense no es responsable de la dirección de dichas operaciones y no posee información sobre lesiones u otro tipo de agravios a miembros de la citada comunidad. C) En fecha seis de junio de dos mil diecinueve, la jueza ejecutora se personó en la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, requiriendo al señor Fredy Santiago Díaz, en su condición de Secretario Estado de Defensa, a efecto que rindiera un informe sobre los hechos denunciados en la garantía de exhibición personal, presentado un informe a través de la Presidencia de la República, en los siguientes términos: Que la Constitución de la República establece, que la Titularidad del Poder Ejecutivo, la ejerce el Presidente de la República, en representación y para beneficio de la República, y que el artículo 245 de la Constitución de la República, le impone la obligación de hacer cumplir Constitución, los Tratados Internacionales, las Leyes y demás disposiciones legales, para mantener la paz y la seguridad interior de la República, así como ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas, en su carácter de Comandante General, y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, poder del Estado que dirige con la asistencia de dos Secretarías de Estado, siendo la Secretaría de Seguridad la encargada de la política de seguridad interior, seguridad ciudadana, y lo relativo al orden público para la pacífica convivencia, entre otros. La Policía Nacional, bajo esa dirección, es la encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito, protegiendo la seguridad de las personas y sus bienes en respeto a los Derechos Humanos.- En el Ejercicio de su cargo el Presidente de la República, lleva la Dirección y Coordinación de la Administración Pública, por lo que ha instruido a las autoridades del ramo policial y militar, que realizaran las acciones necesarias dentro del marco legal, para que den cumplimiento a sus funciones, principalmente, asegurar el bienestar y la seguridad en el país, cuando sea violentado fuera del marco constitucional.- Los actos que realicen las autoridades ejecutivas deben enmarcarse bajo las directrices emitidas por este poder del Estado, dentro de la Constitución y las Leyes, para lo cual la Presidencia de la República vela por la conducta de todos los funcionarios y empleados públicos, para la seguridad del Gobierno y del Estado. El cumplimiento de la Constitución se da con el respeto y garantías de los derechos fundamentales como: el Derecho a la Vida, el Derecho al Trabajo, a la Propiedad, a la Libertad de Circulación, de reunirse pacíficamente, entre otros. Que la Presidencia de la República busca la protección de los derechos de todos los habitantes del país y las ordenes que se han dado a los responsables en los temas de seguridad ciudadana se orientan en salvaguardar la integridad física y los bienes de todos, por lo que es deber del Estado actuaren los casos en los que los ciudadanos atentan contra los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y las actuaciones estatales se han enmarcado en esa obligación pública de salvaguardar la paz, por lo que el establecimiento de medidas de seguridad es en cumplimiento de las atribuciones de ese Poder del Estado. D) La Juez Ejecutora concluye, que la Policía Nacional, es la encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito, protege la seguridad de las personas y sus bienes en estricto respeto a los Derechos Humanos, por lo que el Recurso de Exhibición Personal, no cuenta con los presupuestos legítimos que la Ley Sobre Justicia Constitucional establece en forma clara. Por tanto, la jueza ejecutora declaró no ha lugar la acción de Exhibición Personal o Habeas Corpus. (Folios núm. 54 al 61 de la presente garantía). 5) Que en fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la ordenó se enviara comunicación a la abogada Silvia Lizeth Carbajal Peña, en su condición de jueza ejecutora, a efecto que ampliara su informe, en el sentido que levantara acta sobre la información brindada en forma oral, por las autoridades indicadas en la presente garantía, y asimismo realizara las diligencias necesarias en relación a lo ocurrido con los señores Erlin Anival Rosales y Exequiel Urrea. Dicha comunicación fue recibida por la jueza ejecutora en fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve. (Folios núm. 63 al 64 y de la garantía) 6) Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la jueza ejecutora Silvia Lizeth Carbajal Peña, actuando en su condición antes indicada, remitió a la Sala de lo Constitucional la ampliación del informe, en el cual consigna lo siguiente: a) En fecha nueve de junio de dos mil diecinueve, la ejecutora se trasladó a la Jefatura Municipal núm. 2 de Trujillo, departamento de Colón, siendo recibida por el agente de policía Víctor Josué Cáceres Martínez, quien le manifestó que los policías Esel Díaz, Oviedo López y el sub jefe Alex Sosa fueron trasladados a otra ciudad, a la vez constató en el Libro de Novedades, que el día cinco de junio de dos mil diecinueve, la ejecutora Carbajal Peña, se había presentado a dicha Jefatura de Policía, en relación a la garantía de exhibición Personal a favor de la Comunidad Guadalupe Carney, manifestó además el policía Víctor Josué Cáceres Martínez, que tenía conocimiento de las tomas en la carretera CA-13, que colinda con la citada comunidad, que los días 29, 30, 31 de mayo y uno, dos y tres de junio de dos mil diecinueve, la Policía Preventiva de la Jefatura Municipal núm. 2 de Trujillo, Colón, en ningún momento ingresó a la Comunidad, y que no había existido ninguna orden de Jefe Superior para ingresar a esa comunidad, que se habían tomado las medidas preventivas a favor de los ciudadanos que se mantenían en las tomas y que circulaban, ya que no había paso de automotor, no existiendo represalias contra los mismos, y no se agredió a ningún ciudadano. La ejecutora levantó acta de lo indicado anteriormente. b) en esa misma fecha, la juez se presentó en las instalaciones del Hospital Salvador Paredes de la ciudad de Trujillo, a efecto de constatar si los señores Alexander Sánchez, Erlin Aníbal Rosales y Exequiel Urrea, estuvieron en emergencia en las fechas que se indican en la garantía de hábeas corpus, solicitando audiencia con la directora del Hospital, la médico Xiomara Arita, para que le pusiera a la vista los expedientes clínicos de los mencionados señores, en virtud que doctora Arita no la pudo atender, ordenó que fuera atendida por la médico Mariana Alejandra Fonseca, a quien entrevistó levantando el acta respectiva, habiéndole manifestado lo siguiente: que tenía conocimiento que al hospital ingresaron tres ciudadanos de nombre Alexander Sánchez, Erlin Aníbal Rosales y Exequiel Urrea, en las mismas fechas de las tomas de la carretera CA-13, que atendió al señor Alexander Sánchez, con dos heridas de bala, una en el Tobillo izquierdo y otra en la rodilla derecha, vio que en otra camilla estaba otro paciente procedente de la comunidad Guadalupe Carney, siendo éste Erlin Anival Rosales, el cual fue atendido por el médico Erick Castillo, el cual tenía una herida de bala en el antebrazo; el señor Erlin Anibal Rosales, posteriormente se había convertido en paciente de la médico Fonseca, por lo cual conocía su situación médica, posteriormente se dio de alta a Erlin Anibal Rosales, para que se presentara los próximos día a un centro de salud cercano, ya que la bala quedó en tejido blando del brazo. Se le preguntó a la médico Fonseca, si tenía conocimiento del ingreso de Exequiel Urrea, poniéndome a la vista la hoja de ingreso de éste, el cual ingresó a Emergencia el día uno de junio de 2019, con un golpe en el ojo derecho por una piedra y varios golpes en diferentes partes de su cuerpo, por lo que fue remitido al Hospital Atlántida de La Ceiba, en cuanto a las hojas de referencia de los señores Alexander Sánchez y Erlin Aníbal Rosales, éstas le fueron proporcionadas por el Departamento de Estadística del Hospital Salvador Paredes, habiéndole entregado copias de los Libros de ATAS (Atención Ambulatoria), posteriormente en fecha 12 de agosto de 2019, se le entregó por parte de la Jefe de Admisiones, copia de la apertura del expediente provisional, con número 70,539, cuando los citados señores fueron atendidos en la Sala de Emergencia. c) En fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, la ejecutora se personó en la Jefatura Departamental núm. 2 UDEP-FUSINA, para ampliar el informe levantado el cinco de junio de 2019, siendo atendida por el Clase Magin Sosa, quien manifestó que en las fecha uno, dos y tres de junio de 2019, ni días antes o después de esas fechas, no hubo violación a derechos en la Comunidad, no se recibió ninguna orden superior, dando fe que en fecha cinco de junio de 2019, se presentó la ejecutora, donde se le dio informe en forma oral por parte del Comandante Marvin Geovany Vieda Carrasco. El Clase Sosa, firmó para constancia el acta correspondiente a las diligencias ahí practicadas. d) En esa misma fecha, la jueza ejecutora se personó en las instalaciones del Décimo batallón de Infantería, siendo recibida por el Teniente Coronel, Walter Danilo Hernández Carvajal, a quien puso en conocimiento que era para ampliar el informe dado el cinco de junio de 2019, en la presente exhibición personal, se levanta acta para rendir el informe, manifestando que no participaron en ningún tipo de acción en la Comunidad, en las fecha uno, dos y tres de junio de 2019, dando fe de la entrevista realizada el día cinco de junio de 2019, firmando la respectiva acta de lo indicado en este informe. e) Que la jueza ejecutora se constituyó en la comunidad Guadalupe Carney, con la finalidad de entrevistar a los señores Alexander Sánchez, Erlin Aníbal Rosales y Exequiel Urrea, levantando el acta correspondiente de cada entrevista. Alexander Sánchez, quien manifestó que su nombre completo es Leo Alexander Sánchez Vásquez, y que el día 30 de mayo de 2019, estaba tomando un refresco como a la 1:00 p.m., cuando “un tigre con cara tapada me disparó y cuando me quise parar sentí otro tiro en cada píe”, que estuvo interno como treinta días, en el Hospital Atlántida de La Ceiba, continuando con su tratamiento, estando en ese momento enyesado, observando la jueza ejecutora que estaba en silla de ruedas. Erlin Aníbal Rosales, siendo su nombre correcto Elic Anibal Rosales Munguía, quien manifestó que el día 30 de mayo de 2019, salió de su casa para cobrar, ya que vende productos Avon, fue a una pulpería y ahí estaban unos policías tigre, uno de ellos le dijo a otro, ”éste les está dando fresco a los muchachos, tírale al pecho”, que se tiró a la palma (fruto de palma africana), un tiro le pegó en el antebrazo izquierdo, y que todavía tenía la bala, que solo sabía que era un policía tigre encapuchado, y que era el mismo que le había disparado a Leo Alexander Sánchez Vásquez. Exequiel Urrea: quien manifestó que el día uno de junio de 2019, estaba trabajando como albañil en el Colegio, al mediodía salió almorzar, y cuando iba de regreso, los militares estaba desalojando, les dijo que iba a trabajar a la escuela como albañil, no le hicieron caso, y empezaron a tirar bombas con una honda de hule, habiéndole caído una piedra en el ojo derecho, manifestando que los policías andaban con máscaras antigás, que le dieron toletazos y patadas, quedando como muerto, y que en su ojo derecho anda una prótesis, siendo ingresado al Hospital Salvador Paredes, el uno de junio de 2019, y posteriormente fue remitido al Hospital Mario Catarino Rivas, estando interno siete días. F) Que la juez ejecutora en fechas nueve y 12 de agosto amplió su informe, acudiendo a las instalaciones de la Base Naval y la Policía Comunitaria, levantando acta de todas las diligencias realizadas y haciendo uso de testigos, donde le manifestaron que los días del 29 de mayo al tres de junio de 2019, no existió ninguna orden emanada de los Secretarios de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa Nacional, así como del Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras y del Jefe del Estado Mayor Conjunto, firmando las actas respectivas y en el caso de no estar autorizados para hacerlo, se hizo uso de testigos, en el caso de la Base Naval manifestaron que esos informes los brinda el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Policía Comunitaria manifestaron que no tenían conocimiento de los hechos acontecidos en los mencionados días. G) Que la jueza ejecutora resuelve: 1. Se declara sin lugar, la garantía constitucional de Habeas Corpus, a favor de los habitantes de la comunidad Guadalupe Carney, en virtud que cuando hizo el recorrido por dicha comunidad, no había presencia policial ni militar. 2. Declara sin lugar, la garantía de Exhibición Personal en lo referente a los ciudadanos Leo Alexander Sánchez Vásquez, Elic Aníbal Rosales Munguía y Exequiel Urrea, quienes si bien es cierto fueron ingresados a Emergencia del Hospital Salvador Paredes, cuando se les entrevistó, manifestaron que las personas que los atacaron andaban con la cara tapada, por lo que no se podía determinar la identidad de los agresores. 3. Declara sin lugar la garantía de Exhibición Personal en lo referente a los ciudadanos Adolfo Cruz y Melvin Onan Ríos, manifestando que no podían identificar a los agresores ya que andaban con el rostro tapado. (Folios núm. 76 al 81 de este expediente). Fundamentación Jurídica Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento de la garantía de hábeas corpus o exhibición personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182, 313 y 316 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3, 9, 13 y 39 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Considerando (2): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el Habeas Corpus, encontrando que indica que en un sentido clásico tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad; posteriormente se cita el artículo 7 numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, que decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente para que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”. Considerando (3): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio que continúe el proceso…) está referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida. Considerando (4): Que las jueces ejecutoras presentaron sus informes requeridos por este órgano jurisdiccional donde concluye: declarar sin lugar la exhibición personal a favor de la comunidad Guadalupe Carney y de los ciudadanos Leo Alexander Sánchez Vásquez, Elic Aníbal Rosales Munguía, Exequiel Urrea, Adolfo Cruz y Melvin Onan Ríos, debido a supuestas acciones que han limitado la libertad de desplazamiento de las personas señalas y de esa comunidad en general; por disposición de diversas instituciones de seguridad pública, que manifiestan la realización de actuaciones para preservar la libertad de locomoción del resto de personas que no están manifestando, así como para presentar la vida y propiedad, amenazada por distintos disturbios que se han presentado en ese comunidad, dando con una serie de incendios en transportes de carga. Considerando (5): Que la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. Considerando (6): Que el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece cuando una privación de libertad se considera ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) toda detención o arresto que no se cumpla en los centro destinados para el efecto por el Estado. Considerando (7): Que el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado. Considerando (8): Que la Corte Interamericana De Derechos Humanos ha señala sobre el hábeas corpus que la tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes para que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad;[1] también se ha establecido en dicho órgano internacional que el objetivo de esta garantía sobre la verificación de la legalidad de un detención exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada.[2] Considerando (9): Que, bajo los supuestos establecidos en la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya referidos en esta sentencia, no se cumplen con los presupuestos exigidos en la tutela del hábeas corpus, al no existir una detención en contra de la comunidad de Guadalupe Carney y de los ciudadanos Leo Alexander Sánchez Vásquez, Elic Aníbal Rosales Munguía, Exequiel Urrea, Adolfo Cruz y Melvin Onan Ríos; por lo que es procedente declarar sin lugar esta Exhibición Personal. Considerando (10): Que como han constatados las ejecutoras, el Estado de Honduras realizo un despliegue por parte de las instituciones de seguridad pública en dicha región, por las razones que han establecido, contexto en el cual se ha denunciado la comisión de supuestos actos que han ocasionado la vulneración de derechos de habitantes de la República, razón por la cual esta Órgano Jurisdiccional está en el deber de poner en conocimiento de estos hechos y de esta sentencia a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para que realicen las actuaciones pertinentes dentro de sus ámbitos de competencia constitucional. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; falla: 1) declara sin lugar el hábeas corpus presentado, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la garantía, dados en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y manda: Que una vez notificada y firmé la presente sentencia, se cierre el expediente de mérito. Notifíquese. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de exhibición personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0507-2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Cfr., Opinión Consultiva OC-8/87, de la Corte IDH, párr. 33.

[2] Cfr., Corte IDH. Opinión Consultiva OC-8/87, párr. 35.