Sentencia EP-460-19 — Registro 11308
Resumen
Sentencia en revisión declaró no ha lugar recurso de mérito a favor de recurrente privado de libertad contra actuaciones del Director del Centro Penal "El Pozo"; para el Alto Tribunal de Justicia procede reformar la decisión en revisión en el sentido que de lo denunciado se dé noticia al Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para investigar la posible comisión del delito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Este alto tribunal de justicia al estudiar las diligencias de mérito, constata que el garantista, abogado Mario Raúl Sánchez Quintanilla en el escrito de interposición de la presente garantía de exhibición personal, señala que el ciudadano Héctor Antonio Vásquez Torres fue detenido el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, luego fue procesado y condenado por el delito de asociación ilícita por la sala uno del tribunal de sentencia de jurisdicción nacional a una pena de trece años y cuatro meses, así mismo la lectura de su sentencia se hizo el seis de marzo de dos mil diecinueve en la ciudad de Tegucigalpa..."..."el juez ejecutor nombrado para la presente garantía constitucional, dictó en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve resoluciones declarando sin lugar la exhibición personal, teniendo por no constatado que el ciudadano Héctor Antonio Vásquez Torres haya sido sometido a grilletes ya que no se encontraron evidencias externas al momento del examen físico. Sin embargo, el juez ejecutor estimó pertinente tomar medidas para que Héctor Antonio Vásquez Torres, no sea trasladado a otro módulo dentro del penal de Ilama, como ser máxima, mínima o procesados, debido al temor que éste tiene de ser agredido, o de que atenten en contra de su vida. De trasladarlo, expresa el juez ejecutor, que sea al tercer batallón de infantería, ubicado en Naco, departamento de Cortés. Asimismo, ordena, que se le permita a su abogado el ingreso al centro penal, siempre que sea dentro de las fechas y horarios establecidos..."..."la Sala de lo Constitucional, estima reformar la resolución que conoce en revisión, de la manera que a continuación se explica. En principio, la Sala estima correcta la decisión del ad quem en cuanto a que se declare sin lugar la exhibición personal de mérito; en virtud de que no se pudo constatar: a) el supuesto maltrato perpetrado mediante el uso de grilletes y esposas que lo inmovilizaron por once días; b) mantenerlo sujeto a una silla sin permitirle hacer sus necesidades fisiológicas en un sanitario; c) y la restricción de visitas a su abogado, sin razón alguna. Todo lo cual, da como resultado admitir, que la presente garantía constitucional ya no era pertinente, pues las acciones que la motivaron, no eran actuales o inminentes, sino pasadas. Esto se explica al tomar en cuenta, que la exhibición personal es la garantía constitucional que tiene como propósito hacer cesar de manera inmediata, en el caso de las personas detenidas o que se encuentran privadas de libertad, todo tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal, coacción, restricción o cualquier molestia innecesaria para el orden de la prisión. Sin embargo, para este alto tribunal de justicia, procede la reforma de la decisión que se conoce en revisión, en el sentido de que se estima pertinente, que de lo denunciado por el ciudadano Héctor Antonio Vásquez Torres, se dé noticia al Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que procedan a investigar la posible comisión del delito contenido en el primer párrafo del artículo 209 A del Código Penal,..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316, 1 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 209, A (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, treinta de mayo de dos mil diecinueve. VISTAS: En revisión las diligencias que contienen la resolución dictada en fecha diez de mayo de dos mil diecinueve por la honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial del departamento de Santa Bárbara, mediante la cual declaró no haber lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el abogado Mario Raúl Sánchez Quintanilla a favor del señor Héctor Antonio Vásquez Torres, contra actuaciones del director del centro penal denominado “El Pozo” ubicado en el municipio de Ilama del departamento de Santa Bárbara, manifestando el garantista que su representado: “ha sido víctima en su detención legal, ya que se le han aplicado métodos de tortura que violentan su integridad como detenido…” ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el abogado Mario Raúl Sánchez Quintanilla, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial del departamento de Santa Bárbara, interponiendo garantía constitucional de exhibición personal a favor del señor Héctor Antonio Vásquez Torres contra actuaciones del director del centro penal denominado “El Pozo” ubicado en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, manifestando el garantista que su representado: “ha sido víctima en su detención legal, ya que se le han aplicado métodos de tortura que violentan su integridad como detenido…” (Folios 1-2 vuelto del antecedente). 2. En fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la referida Corte, nombró como juez ejecutor al abogado Ángel Octavio Baide Peña, a efecto de que practicara las diligencias investigativas pertinentes, debiendo rendir el informe correspondiente en el término de veinticuatro horas siguientes al recibimiento de la comunicación. (Folio 10 vuelto del antecedente). 3. En fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial del departamento de Santa Bárbara, tuvo por recibido el informe emitido por parte del juez ejecutor, en el cual se consignó entre otros extremos, lo siguiente: “PRIMERO:… SEGUNDO:… CONCLUYO E INFORMO: Que de acuerdo a todas las actuaciones realizadas, considero que no hay torturas y tormentos o vejámenes o cualquier otra violación de las garantías personales y constitucionales en contra del privado de libertad. Ya que el dictamen médico es claro y concluyente en cuanto a que el privado de libertad manifiesta que estuvo once días con grilletes, pero al ser evaluado se constató que no hay evidencia de lesiones externas, ni existe siquiera moretes o equimosis y asimismo no se encuentra dentro de los casos de privaciones de libertad arbitrarias o ilegales establecidas en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ordenar la devolución del mismo al tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. CUMPLASE. CONSIDERANDO:… CONSIDERANDO:… CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las inspecciones realizadas por el suscrito juez ejecutor, en el centro penal de Ilama, junto con la entrevista realizada al señor HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES, más el dictamen de la evaluación realizada a dicho señor se pudo constatar que no existen al menos señales de tortura provenientes de grilletes, ya que no se encontraron evidencias de lesiones externas. Pero sí se estima pertinente se tomen las medidas necesarias en cuanto a que a dicho privado de libertad en mención, no se le traslade a otro módulo dentro del penal de Ilama, como ser “máxima, mínima o procesados”, ya que existe temor por parte del privado de libertad, que lo agredan o atenten contra su vida en esos módulos, y de trasladarlo que sea al anexo del Tercer Batallón de Infantería de Naco, Cortés, donde está cumpliendo la pena ordenada por el juez. Y en cuanto al abogado sin mayor dilación se le permita el ingreso a dicho penal para poder entrevistarse con su representado, siempre que sea en las fechas ya establecidas para la visita de los abogados…POR TANTO: El suscrito juez ejecutor… FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de exhibición personal interpuesto por el abogado MARIO RAÚL SÁNCHEZ QUINTANILLA, en representación del ciudadano HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES. SEGUNDO:…” (Folios 24-26 del antecedente). 4. En fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial del departamento de Santa Bárbara, dictó sentencia en donde resolvió: “ÚNICO: DECLARAR NO HABER LUGAR la acción de HABEAS CORPUS o EXHIBICIÓN PERSONAL, pretendido por el abogado MARIO RAÚL SÁNCHEZ QUINTANILLA a favor del privado de libertad HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES.” (Folios del 46-49 del antecedente). 5. En fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene la garantía constitucional de exhibición personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la revisión. Que el párrafo final del artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional prevé que las resoluciones que dicten los jueces de letras y los tribunales de apelación, según la competencia que corresponda, tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la argumentación de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial del departamento de Santa Bárbara. Dicho tribunal dictó sentencia declarando no haber lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal a favor del ciudadano Héctor Antonio Vásquez Torres. La honorable corte de apelaciones, al fundamentar su decisión, estableció que los hechos denunciados por el impetrante, fueron: 1) La permanencia día y noche con dispositivos de seguridad en sus muñecas. 2) La limitación para realizar sus necesidades fisiológicas. 3) Restricciones para la visita de su abogado. Por otra parte, en relación con lo constatado por el juez ejecutor, la corte de apelaciones, señaló que el interno Héctor Antonio Vásquez Torres al momento de la entrevista expresó que fue remitido al tercer batallón, localizado en Naco, Cortés. Que allí fue torturado durante once días con grilletes en los pies, amarrado a una silla de cortar pelo, durmiendo en el suelo y que le tiraron una bomba lacrimógena. Que en la celda no cuenta con baño propio y que le sacan a hacer sus necesidades cuando ellos quieren y que no le permiten la visita de su abogado para ser informado sobre su situación jurídica. Se establece que debido a la declaración del interno Héctor Antonio Vásquez Torres, el juez ejecutor ordenó que se le hiciera una evaluación física por personal médico forense, sin que se pudiera establecer evidencia de lesiones externas en sus miembros superiores e inferiores. Se estableció que el interno padece de una gastritis crónica exacerbada, síndrome ansioso y rinitis alérgica nasal, cuyos tratamientos pueden ser recibidos de manera ambulatoria. Con relación al informe rendido por el director del centro penal, la corte destaca que a la queja de haberse negado el acceso al abogado defensor del privado de libertad en fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, expresó desconocer el suceso, pero que el abogado podrá visitar al interno de acuerdo a los horarios de atención, los días viernes de la primera y tercera semana de cada mes. CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen practicado por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia al estudiar las diligencias de mérito, constata que el garantista, abogado Mario Raúl Sánchez Quintanilla en el escrito de interposición de la presente garantía de exhibición personal, señala que el ciudadano Héctor Antonio Vásquez Torres fue detenido el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, luego fue procesado y condenado por el delito de asociación ilícita por la sala uno del tribunal de sentencia de jurisdicción nacional a una pena de trece años y cuatro meses, así mismo la lectura de su sentencia se hizo el seis de marzo de dos mil diecinueve en la ciudad de Tegucigalpa. Dicho abogado, además relata que le fue declarada con lugar la solicitud de revisión de medidas, presentada para que su patrocinado fuera trasladado del tercer batallón de infantería ubicado en Naco, departamento de Cortés al centro penal de Santa Rosa de Copán. Luego consigna que Héctor Antonio Vásquez Torres fue trasladado el once de marzo del presente año junto con otros dos internos al centro penal de máxima seguridad, ubicado en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, en el cual los internos viven en hacinamiento. Seguidamente relata que el domingo diecisiete de marzo, el señor Martín Vásquez, padre de su representado, ingresó al centro penal a visitar a su hijo, cuando éste le manifestó que lo mantenían esposado de las muñecas día y noche; y que le ponían grilletes, sin conocer las causas de dichos tratos. Asimismo, le manifestó que cuando solicita a los custodios el uso del servicio sanitario, estos no le hacen caso. El abogado, impetrante de esta garantía, establece también que los otros dos internos fueron regresados al batallón de Naco por la falta de condiciones del centro de Ilama, y que estos confirmaron que al interno Héctor Antonio Vásquez Torres le pusieron esposas y grilletes, durante el día y la noche, en una silla sin poder levantarse, confirmando también que los custodios le negaban hacer sus necesidades fisiológicas. Ambos le manifestaron desconocer las razones de dicho trato. Finalmente, el abogado del interno Héctor Antonio Vásquez Torres, estableció en su escrito de interposición que el día viernes veintidós de marzo del presente año se trasladó al centro penal de máxima seguridad de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, tal como el calendario de visita lo indica, para poder ingresar y entrevistarse con su poderdante, sin embargo, no pudo hacerlo porque se le negó el acceso sin dar explicaciones. En las diligencias consta, que el abogado Ángel Octavio Sánchez Peña en su condición de juez ejecutor, se personó al centro penitenciario de máxima seguridad de Ilama, departamento de Santa Bárbara y entrevistó al interno Héctor Antonio Vásquez Torres, quien le manifestó que fue remitido a ese lugar el once de marzo de dos mil diecinueve y que quería que lo regresaran al tercer batallón de infantería de Naco en el departamento de Cortés. De igual manera, le manifestó al juez ejecutor que deseaba su traslado porque allí en “El Pozo” peligraba su vida, porque tenía muchos enemigos debido a su delito de asociación ilícita, con los hermanos Valle Valle, quienes fueron extraditados a los Estados Unidos de América. Manifestó también que había sido torturado durante once días, con grilletes en los pies y amarrado en una silla de cortar pelo, durmiendo en el suelo y que le habían tirado una bomba de gas lacrimógeno. Denunció además que se encontraba en una celda de castigo, sin baño propio, y el cual usan cuarenta y cinco personas más; que le sacan para hacer sus necesidades cuando ellos quieren y que está expuesto a cualquier enfermedad. Señala que le quitaron los grilletes cinco días atrás y que no le permitían el ingreso de su abogado; que la alimentación no es la adecuada porque sólo le dan frijoles y arroz todos los días. Como parte de las diligencias, se encuentra también el informe rendido el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve por el director del centro penal de Ilama, el cual se resume a continuación. El director del centro de Ilama, menciona que el interno Héctor Antonio Vásquez Torres, alias “Toño Fronteras” ingresó al centro preventivo del Comando especial de operaciones especiales (COECO) COBRAS, siendo trasladado al centro penal de Támara, departamento de Francisco Morazán en fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce. Posteriormente fue trasladado al anexo del centro penitenciario de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el veinte de febrero de dos mil quince. Siendo después trasladado el once de marzo de dos mil diecinueve por instrucciones del Instituto Nacional Penitenciario al centro penitenciario de Ilama, por estrictas medidas de seguridad, con el fin de reducir el hacinamiento del anexo penitenciario; y que actualmente se encuentra recluido en el módulo MX1. Se señala que el interno Héctor Antonio Vásquez Torres, fue condenado por el Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal, en el expediente judicial número TS/JN 54/2015 por el delito de asociación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del Estado. Sobre el trato que ha recibido el interno, se expresa en el informe, que Héctor Antonio Vásquez Torres ha recibido asistencia médica integral en la medida de lo requerido, siendo examinado gradualmente por profesionales médicos que laboran en la clínica penitenciaria, desde su ingreso; asimismo, que no se encuentra registro de sanciones disciplinarias, castigos, informes por faltas u otras situaciones que limiten, restrinjan o ameriten un trato diferente al resto del a población. Al interno Héctor Antonio Vásquez Torres, le fue realizado un examen físico por parte de la doctora Matilde María Córdova Martínez, quien labora como perito oficial del Ministerio Público. Del informe rendido por la doctora, es meritorio señalar lo siguiente: El interno comparte celda con otras dos personas; la celda cuenta con sanitario pero duerme en el suelo. No presenta lesiones, edemas, equimosis, hematomas, contracturas cianosis, tanto en miembros superiores como inferiores, los cuales cuentan con buen tono; fuerza y sensibilidad normal; y con arco de movilidad también normal. En virtud de toda la información antes mencionada, el juez ejecutor nombrado para la presente garantía constitucional, dictó en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve resoluciones declarando sin lugar la exhibición personal, teniendo por no constatado que el ciudadano Héctor Antonio Vásquez Torres haya sido sometido a grilletes ya que no se encontraron evidencias externas al momento del examen físico. Sin embargo, el juez ejecutor estimó pertinente tomar medidas para que Héctor Antonio Vásquez Torres, no sea trasladado a otro módulo dentro del penal de Ilama, como ser máxima, mínima o procesados, debido al temor que éste tiene de ser agredido, o de que atenten en contra de su vida. De trasladarlo, expresa el juez ejecutor, que sea al tercer batallón de infantería, ubicado en Naco, departamento de Cortés. Asimismo, ordena, que se le permita a su abogado el ingreso al centro penal, siempre que sea dentro de las fechas y horarios establecidos. Analizadas las anteriores diligencias, la Sala de lo Constitucional, estima reformar la resolución que conoce en revisión, de la manera que a continuación se explica. En principio, la Sala estima correcta la decisión del ad quem en cuanto a que se declare sin lugar la exhibición personal de mérito; en virtud de que no se pudo constatar: a) el supuesto maltrato perpetrado mediante el uso de grilletes y esposas que lo inmovilizaron por once días; b) mantenerlo sujeto a una silla sin permitirle hacer sus necesidades fisiológicas en un sanitario; c) y la restricción de visitas a su abogado, sin razón alguna. Todo lo cual, da como resultado admitir, que la presente garantía constitucional ya no era pertinente, pues las acciones que la motivaron, no eran actuales o inminentes, sino pasadas. Esto se explica al tomar en cuenta, que la exhibición personal es la garantía constitucional que tiene como propósito hacer cesar de manera inmediata, en el caso de las personas detenidas o que se encuentran privadas de libertad, todo tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal, coacción, restricción o cualquier molestia innecesaria para el orden de la prisión. Sin embargo, para este alto tribunal de justicia, procede la reforma de la decisión que se conoce en revisión, en el sentido de que se estima pertinente, que de lo denunciado por el ciudadano Héctor Antonio Vásquez Torres, se dé noticia al Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que procedan a investigar la posible comisión del delito contenido en el primer párrafo del artículo 209 A del Código Penal, que literalmente dice: “Artículo 209 A. Comete tortura el empleado o funcionario público, incluidos los de instituciones penitenciarias o de centro de protección de menores que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con reclusión de diez (10) a quince (15) años si el daño fuera grave, y de cinco (5) a diez (10) años si no lo fuere, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.” Por otra parte, la Sala de lo Constitucional estima correcta la decisión en cuanto a la accesibilidad del abogado para que se visite a su patrocinado. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37, 38 Y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: REFORMANDO la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la honorable Corte de Apelaciones seccional del departamento de Santa Bárbara; en consecuencia se declara: 1. SIN LUGAR la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal, interpuesta por el abogado Mario Raúl Sánchez Quintanilla a favor del ciudadano Héctor Antonio Vásquez Torres, en consecuencia dicha sentencia adquiere el carácter de firme de acuerdo con la ley. 2. Se ORDENA que la honorable Corte de Apelaciones seccional del departamento de Santa Bárbara, proceda a enviar sendas notas al Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, dando noticia de lo denunciado en la presente garantía constitucional de exhibición personal, a efecto de que procedan a investigar los hechos de conformidad a sus respectivos mandatos constitucionales. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-460-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL