Sentencia EP-454-19 — Registro 11306
Resumen
Sentencia en revisión declaró no ha lugar recurso de mérito a favor de recurrented contra actuaciones del juzgado de primera instancia por suponerlos responsables del delito de Robo Agraviado en perjuicio de ASEVIT PROTECCIÓN; se concluyó que la resolución que deniega la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva es conforme al debido proceso, y no se demostró ninguna tortura, tormentos o vejámenes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se desprende que la Acción de Hábeas Corpus promovida por la Abogada OLGA MARINA CASTRO a favor de los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, no se enmarca - tal y como fue valorado por la sentencia de merito - en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la exhibición personal solicitada. Abundando en las consideraciones del Ad Quem, en coherencia a lo conceptuado en el informe de la Juez ejecutora, que en ningún momento los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO se han encontrado detenidos ilegalmente, ya que su detención emana de un Juez competente y que, por otra parte, la denegatoria del A-quo de sustituirle la medida cautelar de prisión preventiva por una garantía depositaria, no debe ser objeto de la justicia constitucional sino que es materia propia de instancia, que deberá ser valorada puntualmente por el A-quo; siendo a la vez susceptible de los recursos que la Ley franquea; [1] los cuales, cabe mencionar, se interpusieron efectivamente en el presente caso; estando pendiente de resolución al momento de redactarse la sentencia que se revisa por este acto..."..."para la Sala de lo Constitucional, asimismo, la motivación expresada en el fallo se encuentre en concordancia que emana de lo estipulado en los artículos 93 constitucional y 172 del Código Procesal Penal, referidos a la finalidad, ámbito y regulación legal de las medidas cautelares;[2] así como lo pertinente al modo de proceder en la revisión de la medida de prisión preventiva, supuestos legales en los cuales procede su revocatoria o sustitución por otras medidas, inter alia;[3] de todo lo cual resulta que es el órgano jurisdiccional el que valora, en su oportunidad legal, la idoneidad y proporcionalidad de la medida, con relación a los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y de la pena que en caso de condena se impondría, así como las circunstancias personales de los imputados; extremos que solamente pueden ser valorados por el Juez conocedor de la causa y no a través de un recurso de Habeas corpus, como fue la pretensión de la recurrente..."..."el informe dimanado por la Juez Ejecutora y lo proveído en sustanciación del recurso por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés; se colige fehacientemente no haber lugar a su otorgamiento, tal y como consta resolutivamente en la sentencia que se revisa. Ésta resulta concluyente en cuanto a que, la resolución que deniega la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, no riñe con el debido respeto a las formalidades, derechos y garantías que preceptúa el artículo 90 de la Constitución, con relación a los supuestos cognitivos de orden jurisdiccional que encauzan y autorizan la garantía de habeas corpus o exhibición personal a la persona humana. Por todo lo cual, no habiéndose tampoco demostrado la aplicación de suplicio alguno, de torturas, tormentos o vejámenes, exacción ilegal o coacción en perjuicio a los beneficiarios del recurso; o bien, la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que se encuentran, cumpliendo la medida privativa de libertad impuesta; se hace procedente en derecho, confirmar la sentencia de habeas corpus venida en revisión..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio de dos mil diecinueve. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha ocho (08) de mayo dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR el recurso de exhibición personal interpuesto por la Abogada OLGA MARINA CASTRO, a favor de los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la causa instruida contra los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la Sociedad Mercantil ASEVIT PROTECCIÓN. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada OLGA MARINA CASTRO, en su condición de Defensora de los Señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, manifestando la peticionaria que a sus representados se les tiene ilegalmente PRIVADOS DE LIBERTAD, quienes fueron enviados a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, Francisco Morazán en virtud de un Requerimiento Fiscal presentado en su contra por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la Sociedad Mercantil ASEVIT PROTECCIÓN. (Folio 1-2 de la pieza del Ad-Quem) 2) Que en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Corte antes citada, nombró como Juez Ejecutor a la Abogada LESBIA LETICIA MENDOZA, Defensora Pública de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 4 del antecedente) 3) Que en fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019) la Infrascrita Juez Ejecutora en cumplimiento y considerando que el presente Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, tiene como propósito constatar la violación del debido proceso, procedí a personarme al Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a efecto de Requerir a la Abogada MELINDA CASTILLO para que exhiba e informe los motivos relacionados, la cual explicó a continuación: PRIMERO: … SEGUNDO: En fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve se constituyo en las instalaciones del Juzgado de Letras Penal Seccional de San Pedo Sula, Cortes, en la Secretaria General, siendo atendida por la Secretaria Karla Maria Palomo, quien manifestó que la Juez Melinda Castillo no se encontraba laborando en virtud de tener conocimiento que se encontraba mal de salud del cual se le extendió constancia, solicitando el expediente No. 1673-18 y procediendo a examinar las diligencias de la cual se desprende el tramite legal establecido, constatándose que nombraron a la Abogada Defensora Privada, la que procedió a solicitar varias diligencias entre las cuales la Revisión de Medidas, señalándose audiencia para celebración de la misma el doce de febrero de dos mil diecinueve, dictándose resolución el trece de febrero de dos mil diecinueve, en donde se declaro sin lugar la solicitud de cambio de Medida Cautelar de Prisión Preventiva. TERCERO: … CUARTO: El día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, compareció nuevamente al Despacho de la Juez Melinda Castillo quien entrego el informe solicitado y seguido en la misma fecha y teniendo conocimiento que los Señores Víctor Núñez y Orlen Solís se encontraban recluidos en condición de Depósito en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, desplazándose hacia dicho Centro donde procedió a requerir a la autoridad, siendo atendida por el Clase I Santos Isabel Fúnez Murillo, en su condición de Su-Director de ese Centro Penitenciario, para que exhibiera a los internos VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA Y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, con el propósito de realizar la entrevista ordenada en el Recurso y rindiera un informe detallado de todo lo relativo sobre la detención y guarda de dichos internos; procediendo a exhibir a los internos en referencia a quienes entrevisto y manifestaron que durante su permanencia en ese centro de reclusión, se les ha tratado con el respeto debido a sus derechos individuales y que en ambos centros penitenciarios NO han sido objeto de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, ni coacciones, restricciones o molestias innecesarias a su seguridad individual; asimismo el informe solicitado por la Juez Ejecutora a dicha autoridad penitenciaria le fue entregado dentro del termino legal. POR TANTO: RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, interpuesto por la Abogada OLGA MARINA CASTRO a favor de los Ciudadanos VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO en virtud de que ha la fecha no se le han violentado derechos y garantías constitucionales derivadas de las actuaciones emanadas de la Abogada Melinda Castillo, en su condición de Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.-” (Folios 6–45 del antecedente) 4) Que en fecha ocho (08) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, Falló: (SIC) “DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL O HABEAS CORPUS interpuesta por la Abogada OLGA MARINA CASTRO a favor de los SEÑORES VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO en contra de las actuaciones de la JUEZ MELINDA CASTILLO, JUEZ DE LETRAS PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL.-” (Folios 49–52 del antecedente) 5) Que en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (2019), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus promovida por la Abogada OLGA MARINA CASTRO a favor de los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, no se enmarca - tal y como fue valorado por la sentencia de merito - en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la exhibición personal solicitada. Abundando en las consideraciones del Ad Quem, en coherencia a lo conceptuado en el informe de la Juez ejecutora, que en ningún momento los señores VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO se han encontrado detenidos ilegalmente, ya que su detención emana de un Juez competente y que, por otra parte, la denegatoria del A-quo de sustituirle la medida cautelar de prisión preventiva por una garantía depositaria, no debe ser objeto de la justicia constitucional sino que es materia propia de instancia, que deberá ser valorada puntualmente por el A-quo; siendo a la vez susceptible de los recursos que la Ley franquea; [1] los cuales, cabe mencionar, se interpusieron efectivamente en el presente caso; estando pendiente de resolución al momento de redactarse la sentencia que se revisa por este acto. CONSIDERANDO (3): Que, para la Sala de lo Constitucional, asimismo, la motivación expresada en el fallo se encuentre en concordancia que emana de lo estipulado en los artículos 93 constitucional y 172 del Código Procesal Penal, referidos a la finalidad, ámbito y regulación legal de las medidas cautelares;[2] así como lo pertinente al modo de proceder en la revisión de la medida de prisión preventiva, supuestos legales en los cuales procede su revocatoria o sustitución por otras medidas, inter alia;[3] de todo lo cual resulta que es el órgano jurisdiccional el que valora, en su oportunidad legal, la idoneidad y proporcionalidad de la medida, con relación a los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y de la pena que en caso de condena se impondría, así como las circunstancias personales de los imputados; extremos que solamente pueden ser valorados por el Juez conocedor de la causa y no a través de un recurso de Habeas corpus, como fue la pretensión de la recurrente. CONSIDERANDO (4): Que teniendo en consideración el informe dimanado por la Juez Ejecutora y lo proveído en sustanciación del recurso por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés; se colige fehacientemente no haber lugar a su otorgamiento, tal y como consta resolutivamente en la sentencia que se revisa. Ésta resulta concluyente en cuanto a que, la resolución que deniega la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, no riñe con el debido respeto a las formalidades, derechos y garantías que preceptúa el artículo 90 de la Constitución, con relación a los supuestos cognitivos de orden jurisdiccional que encauzan y autorizan la garantía de habeas corpus o exhibición personal a la persona humana. Por todo lo cual, no habiéndose tampoco demostrado la aplicación de suplicio alguno, de torturas, tormentos o vejámenes, exacción ilegal o coacción en perjuicio a los beneficiarios del recurso; o bien, la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que se encuentran, cumpliendo la medida privativa de libertad impuesta; se hace procedente en derecho, confirmar la sentencia de habeas corpus venida en revisión. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 84, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de julio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de exhibición personal venido en revisión registrada en este Tribunal con el número SCO-0454-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el artículo 354.4 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99E).
[2] Ver, asimismo, lo expresado en los artículos 181 con relación al 184 reformado del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99E).
[3] Ver el artículo 174 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99E).