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Sentencia EP-421-19 — Registro 11303

Resumen

Sentencia en revisión declaró sin lugar recurso de mérito a favor de recurrente por actuaciones del Tribunal de Sentencia en causa que lo supone responsable del delito de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado de Honduras; del informe rendido por juez ejecutor se concluye que recurrente no ha sido víctima de vejámenes o malos tratos a raíz de la medida de privación de libertad impuesta

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Acción de Hábeas Corpus fallada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, según promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Olancho, por el Abogado MARIO ALEXANDER AYALA, a favor del señor SAMUEL OMAR FIGUEROA, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho; con relación a la causa instruida contra el señor SAMUEL OMAR FIGUEROA por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS; no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la exhibición personal. Lo anterior en virtud que el Habeas Corpus una institución de garantía para hacer valer el derecho de libertad y, en su caso, el cese de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; supuesto de hecho no comprobado en el presente caso, al no constar fehacientemente del informe rendido por la Juez Ejecutora,[1] que el imputado hubiere sido víctima de vejámenes o malos tratos a raíz de la medida cautelar privativa de libertad a él impuesta, para el aseguramiento de los fines del proceso..."..."el Habeas Corpus es un proceso especial de cognición limitada, el cual no versa sobre todos los aspectos o modalidades de la detención, sino solo sobre su regularidad y legalidad, la cual se enmarca en el derecho al recurso de que goza la parte agraviada, de considerar que se ha excedido el término máximo estipulado en ley para la sujeción a la medida cautelar de prisión preventiva; lo cual obra en los Considerandos Jurídicos 4. y 5., de la sentencia venida en revisión; pues se ha constatado que durante la tramitación del proceso penal al cual se encuentra sujeto el beneficiario del recurso, ha transcurrido ya la primera fase de debate, el cual ha finalizado con el pronunciamiento de una sentencia condenatoria en su contra, dentro de los plazos ordinarios y extraordinarios que la ley procesal penal señala al efecto..."..."el Código Procesal Penal precave los supuestos legales en los cuales resultaría procedente su revocatoria o sustitución por otras medidas, ante el órgano jurisdiccional competente;[2] lo cual ha sido recapitulado en sentencias anteriores por la Sala, en el sentido de que se trata de atribuciones de revisión privativas del Juez o Tribunal de instancia conocedor del caso, cuya resolución es a la vez susceptible del recurso ordinario de apelación. [3] Por lo anterior, no resulta procedente el otorgamiento del presente recurso de exhibición personal o habeas corpus en tal categoría de supuestos; pues quedan expeditas al interesado, en su caso, las vías ordinarias que le competan, en el tiempo, modo y forma que señalan las leyes. En tal sentido, las consideraciones jurídicas vertidas por la honorable Corte Tercera de Apelaciones, resultan coincidentes con la línea jurisprudencial adoptada por la Sala, en el sentido que la imposición (o revisión, en su caso), de la medida cautelar de prisión preventiva es potestad exclusiva del órgano jurisdiccional en el marco de un debido proceso dotado de todas las garantías, respetados los límites objetivos de cumplimiento que señala taxativamente el Código Procesal Penal,[4] como queda también expresado en la sentencia que se revisa; por todo lo cual, la Sala de lo Constitucional, se pronuncia por confirmar la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán en fecha dos de abril del dos mil diecinueve, que es venida en revisión ante este alto órgano de justicia constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo del dos mil diecinueve. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de abril del dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el Recurso de Exhibición Personal, interpuesto por el Abogado MARIO ALEXANDER AYALA, a favor del señor SAMUEL OMAR FIGUEROA contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, con relación a la causa instruida contra el señor SAMUEL OMAR FIGUEROA por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, el Abogado MARIO ALEXANDER AYALA, interponiendo recurso de Exhibición Personal a favor del señor SAMUEL OMAR FIGUEROA, manifestando el recurrente “que ante la resolución adoptada por el Honorable Tribunal de Sentencia, se está vulnerando no solo nuestra Legislación Procesal Penal, sino, también los Tratados y Convenios Internacionales de los cuales Honduras forma parte, en los cuales se establece el estricto respeto de los Derechos y garantías del acusado, y en los cuales se establece que ninguna persona puede purgar una pena previa” (Folio del 01 al 03 de los antecedentes). 2) Que, en la misma fecha, el Juzgado, tuvo por recibido el recurso de Exhibición Personal, relacionado en el inciso anterior, nombrando como Jueza Ejecutora a la Abogada NORIS OFELIA BUESO TORRES, en su condición de Defensora Publica de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, a fin de ordenar la inmediata exhibición del agraviado, como también rendir un informe detallado de los hechos alegados por el recurrente. (Folios 06 al 07 de los antecedentes). 3) Que la Abogada NORIS OFELIA BUESO TORRES, en su condición de Jueza Ejecutora y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a dicho cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos que: a) Se personó a las instalaciones del Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, solicitando el expediente AP 120-20015, procediendo a la revisión del mismo, encontrando que en fecha veintitrés de diciembre del dos mil trece, se llevó acabo la audiencia de declaración de imputado del señor SAMUEL OMAR FIGUEROA NAJERA donde se le otorgó las medidas consignadas en el artículo 173 numerales 5, 6, 7 y 8 del Código Procesal Penal; que corre agregado en el expediente de merito que la audiencia inicial, se llevó acabo en fecha veinte de enero de dos mil trece, y en la misma se decretó AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS manteniéndose las medidas cautelares impuestas en la declaración de imputado. b) Que la juez después de haber revisado el expediente de merito considera que para habérsele revocado las medidas cautelares al señor SAMUEL OMAR FIGUEROA NAJERA, no debió habérsele hecho una audiencia de individualización de la pena, si no que el tribunal de sentencia debió regirse por lo que reza el articulo 189 del Código Procesal Penal. C) Por tanto esta jueza ejecutora DECRETA: CON LUGAR AL HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL a favor del señor SAMUEL OMAR FIGUEROA. (Folios del 01 al 13 de los antecedentes). 4) Que en fecha dos de abril del dos mil diecinueve, la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; dictó sentencia en la cual: FALLO: 1.- DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de EXHIBICION PERSONAL, interpuesto por el Abogado MARIO ALEXANDER AYALA, a favor del señor SAMUEL OMAR FIGUEROA. (Folios 19 al 23 de los antecedentes). 5) Que en fecha siete de mayo del año dos mil diecinueve, esta Sala, recibió para su revisión, el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado MARIO ALEXANDER AYALA, a favor del señor SAMUEL OMAR FIGUEROA, en estricto cumplimiento al artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus fallada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, según promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Olancho, por el Abogado MARIO ALEXANDER AYALA, a favor del señor SAMUEL OMAR FIGUEROA, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho; con relación a la causa instruida contra el señor SAMUEL OMAR FIGUEROA por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS; no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la exhibición personal. Lo anterior en virtud que el Habeas Corpus una institución de garantía para hacer valer el derecho de libertad y, en su caso, el cese de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; supuesto de hecho no comprobado en el presente caso, al no constar fehacientemente del informe rendido por la Juez Ejecutora,[1] que el imputado hubiere sido víctima de vejámenes o malos tratos a raíz de la medida cautelar privativa de libertad a él impuesta, para el aseguramiento de los fines del proceso. CONSIDERANDO (3): Que, por otra parte, el Habeas Corpus es un proceso especial de cognición limitada, el cual no versa sobre todos los aspectos o modalidades de la detención, sino solo sobre su regularidad y legalidad, la cual se enmarca en el derecho al recurso de que goza la parte agraviada, de considerar que se ha excedido el término máximo estipulado en ley para la sujeción a la medida cautelar de prisión preventiva; lo cual obra en los Considerandos Jurídicos 4. y 5., de la sentencia venida en revisión; pues se ha constatado que durante la tramitación del proceso penal al cual se encuentra sujeto el beneficiario del recurso, ha transcurrido ya la primera fase de debate, el cual ha finalizado con el pronunciamiento de una sentencia condenatoria en su contra, dentro de los plazos ordinarios y extraordinarios que la ley procesal penal señala al efecto. CONSIDERANDO (4): Que aunado de lo anterior, el Código Procesal Penal precave los supuestos legales en los cuales resultaría procedente su revocatoria o sustitución por otras medidas, ante el órgano jurisdiccional competente;[2] lo cual ha sido recapitulado en sentencias anteriores por la Sala, en el sentido de que se trata de atribuciones de revisión privativas del Juez o Tribunal de instancia conocedor del caso, cuya resolución es a la vez susceptible del recurso ordinario de apelación. [3] Por lo anterior, no resulta procedente el otorgamiento del presente recurso de exhibición personal o habeas corpus en tal categoría de supuestos; pues quedan expeditas al interesado, en su caso, las vías ordinarias que le competan, en el tiempo, modo y forma que señalan las leyes. En tal sentido, las consideraciones jurídicas vertidas por la honorable Corte Tercera de Apelaciones, resultan coincidentes con la línea jurisprudencial adoptada por la Sala, en el sentido que la imposición (o revisión, en su caso), de la medida cautelar de prisión preventiva es potestad exclusiva del órgano jurisdiccional en el marco de un debido proceso dotado de todas las garantías, respetados los límites objetivos de cumplimiento que señala taxativamente el Código Procesal Penal,[4] como queda también expresado en la sentencia que se revisa; por todo lo cual, la Sala de lo Constitucional, se pronuncia por confirmar la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán en fecha dos de abril del dos mil diecinueve, que es venida en revisión ante este alto órgano de justicia constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-421-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver informe de la Jueza Ejecutora, Abogada Noris Ofelia Bueso Torres, de folios 10 frente a 15 vuelto de la pieza de antecedentes.

[2] Ver el artículo 174 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99E), inter alia.

[3] Ver el artículo 354.4 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99E.

[4] Según el artículo 181.4 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99E): “En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito”.