Sentencia EP-288-19 — Registro 11296
Resumen
Sentencia en revisión improbó informe de juez ejecutor, quien declaró no ha lugar recurso de habeas corpus por considerar que no existe detención ilegal; en consecuencia declaró con lugar recurso de mérito a favor de recurrente contra actuaciones de elementos de la Policía Nacional Preventiva y del Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, en relación a detención de recurrente por suponerlo responsble del delito de violación especial en perjuicio de menor de edad; la Corte de Alzada además ordenó certificar las recomendaciones hechas por el juez ejecutor; señaló que juez a-quo omitió la máxima prioridad pues debió gestionar el traslado del detenido en el menor tiempo posible por tratarse de un niño; se subsume el caso en el artículo 24.3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y normativa legal en materia de la niñez y la adolescencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala de lo Constitucional, al estudiar las diligencias, constata que el defensor público, abogado Oscar Antonio Méndez en su condición de juez ejecutor rindió informe indicando lo siguiente:..a),…b),…c),…d),e),…f), ...En el expediente constan las fotocopias: a) del oficio número 1644-2018 mediante la cual el juzgado le ordena al subcomisionado de la Unidad de prevención municipal número once, que mantenga bajo su custodia al joven Darwin López Mejía hasta que sea remitido al Centro Pedagógico El Carmen[2]; b) del oficio número 1662-2018 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho dirigida al Centro Pedagógico El Carmen del departamento de Cortés informándole de la medida impuesta[3]; c) del oficio número 1659-2018 de fecha veintisiete dirigida al alcalde municipal Jerry Hynds para que proporcione los gastos de traslado[4]. Finalmente consta que en fecha doce de marzo de dos mil diecinueve se efectuó la audiencia de revisión de medidas en la que se decidió suprimir la medida de internamiento dejándole en libertad, y dictar en sustitución de aquella, las medidas de firmar el libro de medidas cada quince días, prohibición de salir del país y prohibirle comunicarse con la ofendida. La Sala, observa que además de todo lo actuado, consta en autos que el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes MNP-CONAPREV, en fecha seis de marzo de dos mil diecinueve envío el oficio número 192-2019 al abogado Felipe Morales en su condición de director del Instituto nacional para la atención de menores infractores (INAMI), con el objetivo de poner en conocimiento de que en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve había constatado in situ que en la posta policial del municipio José Santos Guardiola de Roatán, Islas de la Bahía, se encontraban privados de libertad en forma preventiva, dos jóvenes de nombres Darwin López Mejía y Edwin Alejandro Pineda. En virtud de lo cual sugiere que se atienda de manera urgente a dichos jóvenes, porque las condiciones de su privación de libertad, violentan sus derechos fundamentales. Le hacen ver que la celda en la que se encuentran retenidos, no cuentan con las condiciones mínimas adecuadas de alojamiento, como: agua potable, luz, camas, alimentación, salubridad, medicamentos, estudio; asimismo no cuentan con espacios de recreación, ni cuentan con asistencia psicosocial, tal como lo establece la ley, debido a que las celdas que se encuentran una posta policial. Le informan, además, que los jóvenes en mención tienen dos meses de encontrarse en esa situación y condiciones inhumanas. Expone que la Convención de los derechos del niño, establece como principio de interés superior, lo cual en este caso no ha sido respetado en virtud de que la medida adoptada no está cumpliendo con los objetivos previstos por la ley..."..."De todo lo expuesto, la Sala de lo Constitucional estima procedente reformar parcialmente la decisión que se conoce en revisión, la cual debió ser declarada sin lugar tal como lo había dispuesto el juez ejecutor. La Sala estima que no correspondía estimar la exhibición personal debido a que en el momento que se practicaba, el juez de letras dispuso el cambio de medida, ordenando la libertad del joven Darwin López Mejía. Es decir, el objeto de la garantía de habeas corpus o exhibición personal es poner fin a la detención o cualquier tipo de privación de libertad ilegal o irregular, o bien proteger a las personas bajo resguardo de autoridad, de torturas, malos tratos, crueles, degradantes o inhumanos, como cualquier molestia innecesaria ejercida en su contra. En el presente caso, no hubo necesidad de que el juez ejecutor ordenara y verificara el cumplimiento de trasladar al joven Darwin López Mejía al Centro Pedagógico el Carmen, en virtud de que el juez que conoce de la causa penal instaurada en su contra cambió la medida de internamiento, sustituyéndola por otras. Por esa razón, el juez ejecutor actuó correctamente declarando sin lugar la garantía de exhibición personal. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional estima procedente que la honorable corte de apelaciones haya confirmado las sugerencias o recomendaciones dispuestas por el juez ejecutor[5], porque son afines a disposiciones que este alto tribunal de justicia ha dictado en las sentencias: EP-0575-2005 de fecha seis de enero de dos mil seis; EP-1299-2005 de fecha catorce de febrero de dos mil seis; EP-1381-2005 de fecha treinta y uno de enero de dos mil seis; EP-0062-2006 de fecha uno de marzo de dos mil seis; EP-0210-2006 de fecha veinticinco de abril de dos mil seis; EP 0711-2006; EP-0247-2008 de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez; EPR-1291-2009 de fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; ...entre otras..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 193 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 37 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil diecinueve. VISTA: En revisión las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la honorable CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, mediante la cual declaró con lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal interpuesta por el abogado HERMES FAUSTINO RAMÍREZ ÁVILA a favor de DARWIN LÓPEZ MEJÍA[1], contra actuaciones de elementos de la Policía Nacional preventiva asignados a la posta policial de Punta Gorda y del Juzgado de Letras Departamental, ambos del departamento de Islas de la Bahía, con relación a la detención del joven DARWIN LÓPEZ MEJÍA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la niña YENSI NAYELI RAMÍREZ. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha once de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, el abogado HERMES FAUSTINO RAMÍREZ ÁVILA, interponiendo garantía constitucional de exhibición personal a favor del joven DARWIN LÓPEZ MEJÍA, quien se encuentra detenido junto a otras personas en la posta policial de Punta Gorda, en el municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la niña YENSI NAYELI RAMÍREZ. (Folios 1 y 2 de la pieza de la corte de apelaciones). 2. En la misma fecha once de marzo de dos mil diecinueve, la corte antes citada, nombró como juez ejecutor al abogado OSCAR ANTONIO MÉNDEZ, defensor público de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en la presente garantía constitucional. (Folio 3 de la pieza de la corte de apelaciones). 3. En fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, se tiene por cumplimentado el informe realizado por el juez ejecutor, en el cual informó lo siguiente: “PRIMERO: Que DARWIN LÓPEZ MEDINA, de supuestamente 14 años de edad, se encuentra detenido junto a otras personas en la POSTA POLICIAL DE PUNTA GORDA, en Roatán, departamento de Islas de la Bahía. SEGUNDO: Que el joven DARWIN LÓPEZ MEDINA, al parecer cumple una detención cautelar impuesta desde el mes de diciembre de 2018, por los órganos judiciales del departamento de Islas de la Bahía, DENTRO DE LA POSTA POLICIAL DE PUNTA GORDA, junto a otros menores de edad, en condiciones deplorables, insalubres; según el relato que expuso el señor GIUSEPPE SOLFRINI. TERCERO: En fecha doce de marzo del dos mil diecinueve, el juez ejecutor se constituyó en la judicatura del señor juez de letras supernumerario, abogado JOSÉ PAZ MURILLO, a fin de investigar lo relacionado al recurso, razón por la cual solicitó le informaran de manera urgente sobre la situación general del proceso incoado en contra del menor infractor en referencia; siendo atendido por la secretaria YADIRA HERNÁNDEZ, procediendo a solicitarle el expediente No. 13-18, quien manifestó que dicho expediente se encontraba para notificar a las partes, de una audiencia de revisión de medidas a favor del menor para el día doce de marzo de 2019, a las 2 P.M.; siendo las diez de la mañana, presentó escrito sobre la solicitud del informe detallado del expediente No. 13-18, al juez supernumerario, abogado JOSÉ ROLANDO PAZ MURILLO, quien procedió admitir el escrito y a rendir el siguiente informe en el cual manifiesta, que en el proceso que se le sigue al menor DARWIN LÓPEZ MEDINA, a quien se le supone responsable de infracción por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de la menor YENSI NAYELI RAMÍREZ, a dicho menor infractor, mediante audiencia de inicio de investigación y vinculación al proceso de fecha 24 de diciembre del año 2018, se le decretó medida de detención cautelar de internamiento, medida que debería de cumplir en el Centro Pedagógico El Carmen de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés; asimismo, se giró oficio No. 1644-2018 de fecha 24 de diciembre de 2018, al Señor director del Centro Pedagógico El Carmen de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde se le hace ver que le fue decretada la medida en dicho centro, no teniendo conocimiento el suscrito, si dicho menor había sido trasladado a un centro de menores. Asimismo, se ordena a la secretaria del despacho proporcionar copias de la orden de detención cautelar, oficio de remisión y demás diligencias practicadas. CUARTO: Se personó en las instalaciones de la Policía Nacional Preventiva, Jefatura No. 11, el 12 de marzo de 2019, siendo atendido por el policía clase I GERARDO NÚÑEZ, a quien se le ordenó la exhibición del expediente administrativo del menor DARWIN LÓPEZ MEDINA, así como la reproducción fotostática del expediente aludido, así como de poner a la vista al menor infractor en mención, explicándole que dicho menor se encontraba recluido aparte de los adultos, en las celdas de la posta policial de Oak Ridge, del municipio de José Santos Guardiola, del cual rindió el informe siguiente: ‘En respuesta a la petición solicitada, dicho menor se encuentra en una celda especial para menores de edad, desde el 24 de diciembre del 2018, hasta la fecha actual, acompañado con otro menor de edad. Indicando que en esa unidad no se encuentra expediente administrativo de dicho menor y que no se ha remitido al Centro Pedagógico El Carmen, porque no se ha recibido ningún oficio de remisión por parte del juzgado de letras.’ QUINTO: El juez ejecutor se trasladó al municipio José Santos Guardiola, con el fin que le pusieran a la vista a dicho menor, con el fin de entrevistarlo y constatar los hechos alegados en el recurso de exhibición, siendo atendido por el policía NAVIL RAMÍREZ quien manifestó que era imposible ponerlo a la vista en virtud de haber sido remitido al Juzgado de Letras Departamental de Roatán por orden de la fiscal, abogada FABIOLA DE DIEGO, por lo que considera que dicha fiscal realizó actos tendientes a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional, interfiriendo a que no se realizara dicha entrevista, a pesar de haber tenido conocimiento el Ministerio Público de la realización de dichas diligencias por parte del juez ejecutor, por lo que tuvo que personarse a las instalaciones de los Juzgados de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, a entrevistar dicho menor, siendo las 3:50 P.M. quien manifestó lo siguiente: Que su nombre completo es DARWIN LÓPEZ MEJIA, que tiene 14 años de edad, cursando el tercer grado, que vive en Brasil por la iglesia Ministerio Restauración Familiar, sus padres se llaman Juan López y Keydi Mejía Pineda, que está recluido por la infracción de violación, en perjuicio de la menor de nombre Neydi, que tiene estar detenido más de dos meses, y que está en el sector de Oak Ridge, en la posta policial con el menor Edwin Pineda Acosta, que lo tratan bien, se le permite la visita de sus padres, si recibe atención médica por parte del médico forense, nunca lo han maltratado, golpeado o aplicado algún tipo de torturas, vejámenes los demás menores con los que ha compartido celda, que no se sentía bien en esas celdas porque sólo encerrado pasaba, nunca lo sacaron afuera, y que no deseaba que lo trasladaran a San Pedro Sula, porque había escuchado que a los demás menores que ingresan los golpean, como también los que entraban por esa infracción los mataban los mareros, para el aseo de las celdas se turnaban a fin de mantener aseada las celdas, y sólo tenían una colchoneta en la cual dormían los dos y que lo trasladaron al juzgado porque le revisaron la medida de internamiento y el Juez le cambió dicha medida por unas menos gravosas. SEXTO: El juez ejecutor DECLARA: NO HA LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS o EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto por el abogado HERMES FAUSTINO RAMÍREZ ÁVILA, por no existir dicha detención ilegal; SIN EMBARGO, después de analizadas las circunstancias para detención cautelar y cumplir con la medida de internamiento en un centro de menores y habiendo ponderado los elementos que concurren en este caso y asimismo comprendiendo que las características personales como también el lugar geográfico donde se encuentra la isla, se imposibilita el traslado de los procesados y menores infractores; la cual la alcaldía municipal no está dispuesta a seguir asumiendo gastos de compra de boletos por vía marítima.” (Folios 4-45 de la pieza de la corte de apelaciones). 4. En fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, dictó sentencia en la cual dispuso: “Primero: IMPROBANDO el informe presentado por el juez ejecutor en consecuencia declarando CON LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por el abogado HERMES FAUSTINO RAMÍREZ ÁVILA a favor de DARWIN LÓPEZ MEJÍA. Segundo: Certificar las recomendaciones hechas por el juez ejecutor y enviarlas a las instituciones indicadas en las mismas.” (Folios 61–64 de la pieza de la corte de apelaciones). 5. En fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene la garantía constitucional de exhibición personal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la revisión. Que el párrafo final del artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional prevé que las resoluciones que dicten los jueces de letras y los tribunales de apelación, según la competencia que corresponda, tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la argumentación de la sentencia dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida. Dicho tribunal dictó sentencia improbando el informe presentado por el juez ejecutor y declarando en consecuencia con lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal a favor del joven Darwin López Mejía. La honorable corte de apelaciones, al fundamentar su decisión, parte del hecho de que el juez ejecutor desestimó la garantía de exhibición personal señalando que el joven Darwin López Mejía no se encontraba en detención ilegal, debido a que su aprehensión, custodia y traslado fue debidamente ordenado por juez competente, asimismo no apreció que haya sido sometido a tormentos, torturas o vejámenes; habiéndosele decretado posteriormente a la fecha de interposición de la presente garantía constitucional, medidas alternas a la detención judicial. Posteriormente establece, que de acuerdo a la información recogida por el juez ejecutor, éste consideró qué, aunque: “el procedimiento que condujo a la detención del agraviado no es equivalente a ilegalidades procesales, ni vulneración de garantías constitucionales”, se le mantuvo en custodia de manera inadecuada, permaneciendo en un centro policial, casi la mitad del término de seis meses que debe durar la detención cautelar, violentando de esta manera, el artículo 193 del Código de la niñez y la adolescencia, el cual dispone que la detención cautelar, solamente debe cumplirse en centros especializados que al efecto tenga la Dirección de la Niñez, DINAF. La corte de apelaciones señala que el joven López Mejía se mantuvo hasta la fecha en una celda especial de la posta policial desde el mes de diciembre de dos mil dieciocho, sin que hubiesen circunstancias de: “…caso fortuito, como un temporal, tormentas eléctricas, toma de carreteras o que ante la inminente celebración del juicio resulta más oneroso su retorno.” La corte señala que el juez a quo omitió observar la máxima prioridad en la tramitación efectiva de ese caso, al tratarse de un niño cumpliendo una detención en un lugar no autorizado por la legislación especial. Cita en ese sentido a las Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). A la sazón que las personas en minoría de edad, que se encuentren en prisión preventiva (detención cautelar) deberán estar separados de los adultos y recluidos en establecimientos distintos, o en recintos separados, en los establecimientos donde hallan adultos detenidos; además señala que dicha regla no impide para que los Estados tomen otras medidas que prevengan contra la influencia negativa de los delincuentes adultos que sean al menos tan eficaces como la mencionada. En el caso bajo examen, el joven se encontraba en una celda especial; entendiéndose que la Policía Nacional prestó una colaboración; sin embargo, el juez debió gestionar el traslado del detenido en el menor tiempo posible. El atraso de la remisión al Centro Pedagógico El Carmen, aunque se haya debido a la falta de respuesta por parte de la autoridad municipal, a quien se acudió en ayuda, no dispensa el deber de la autoridad judicial, quien debe priorizar al máximo el actuar tratándose de un niño. En este caso, por tanto, debió lograr el traslado del joven detenido al lugar idóneo para el cumplimiento de la medida cautelar, sin necesidad de esperar la exhibición personal. La corte subsume el asunto en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que dice: “3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.” Señalando además que Darwin López Mejía permaneció casi tres meses en detención cautelar en una posta policial; y luego agrega, que ese tiempo excede del necesario para que la autoridad policial se comunicara con el juez para que éste buscase los medios para trasladar al joven al centro idóneo; o bien, agilizar el proceso y celebrar el debate de manera pronta. La corte de apelaciones, en referencia a la decisión del juez ejecutor de desestimar la presente garantía constitucional, puso en conocimiento a sendos directores del Instituto Penitenciario y del INAMI, las falencias observadas en el presente caso y cuatro recomendaciones; así mismo, señala que de conformidad al principio de legalidad constitucional, los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente conferidas por la ley y que todo acto que ejecuten fuera de ésta, es nulo e implica responsabilidad. En ese sentido determina que las autoridades involucradas en el presente asunto, omitieron la máxima prioridad que deben observar en materia de niñez, contraviniendo con ello el artículo 10 del Código de la niñez y la adolescencia, y los artículos 1 y 3 de la Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos del niño, apartándose de esta forma, de lo dispuesto por el artículo 321 constitucional. También se constató que los jóvenes privados de libertad no han sufrido de malos tratos, crueles, degradantes o inhumanos. De manera tal, que a su juicio no existe detención ilegal y razones para estimar la presente garantía de exhibición personal; o sea, que no concurre ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen practicado por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida. La Sala de lo Constitucional, al estudiar las diligencias, constata que el defensor público, abogado Oscar Antonio Méndez en su condición de juez ejecutor rindió informe indicando lo siguiente: a) el joven Darwin López Mejía se encontraba privado de libertad en la Jefatura número 11 de la Policía Nacional Preventiva, posta de Oak Ridge, municipio Santos Guardiola de Roatán, departamento de Islas de la Bahía; b) la medida de internamiento se ordenó en fecha veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el proceso penal seguido bajo expediente número 13-18, incoado en contra del joven Darwin López Mejía a quien se le indica como responsable del delito de violación especial en perjuicio de la niña Yensi Nayeli Ramírez; c) el joven Darwin López Mejía permaneció detenido en la posta policial antes mencionada, desde el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, sin haber sido remitido al Centro Pedagógico El Carmen, tal como fuera ordenado por juez competente; d) El joven Darwin López Mejía fue remitido el doce de marzo de dos mil diecinueve ante el juez competente en virtud de encontrarse programada una audiencia de revisión de medidas; e) al ser entrevistado por el juez ejecutor, el joven Darwin López Mejía manifestó inter alia que tiene catorce años de edad y que nunca fue maltratado, golpeado o aplicado algún tipo de tortura o vejámenes, salvo que no le sacaban de la celda, que no le permitían salir, que dormía en el suelo compartiendo colchoneta con otro joven y que no quería ser trasladado al centro El Carmen porque tenía noticia que allí golpeaban a los recién ingresados y que los mareros mataban a los que remitían por el delito de violación; f) asimismo manifestó que recibió buen trato, se le permitió tener visitas de sus padres y que recibió atención médica. De igual forma la Sala de lo Constitucional constata que en fecha veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho se celebró la audiencia de vinculación al proceso, la cual dio lugar a la decisión judicial de dictar la medida de detención cautelar de internamiento en contra del joven Darwin López Mejía, indicando que ésta fuera cumplida en el Centro Pedagógico El Carmen de la ciudad de San Pedro Sula; asimismo se ordena que la secretaría del despacho comunique la decisión a la jefatura departamental para que lo mantenga bajo su custodia, al alcalde municipal para que proporcione los gastos de traslado y al director del centro El Carmen para que lo reciba y mantenga bajo su custodia. En el expediente constan las fotocopias: a) del oficio número 1644-2018 mediante la cual el juzgado le ordena al subcomisionado de la Unidad de prevención municipal número once, que mantenga bajo su custodia al joven Darwin López Mejía hasta que sea remitido al Centro Pedagógico El Carmen[2]; b) del oficio número 1662-2018 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho dirigida al Centro Pedagógico El Carmen del departamento de Cortés informándole de la medida impuesta[3]; c) del oficio número 1659-2018 de fecha veintisiete dirigida al alcalde municipal Jerry Hynds para que proporcione los gastos de traslado[4]. Finalmente consta que en fecha doce de marzo de dos mil diecinueve se efectuó la audiencia de revisión de medidas en la que se decidió suprimir la medida de internamiento dejándole en libertad, y dictar en sustitución de aquella, las medidas de firmar el libro de medidas cada quince días, prohibición de salir del país y prohibirle comunicarse con la ofendida. La Sala, observa que además de todo lo actuado, consta en autos que el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes MNP-CONAPREV, en fecha seis de marzo de dos mil diecinueve envío el oficio número 192-2019 al abogado Felipe Morales en su condición de director del Instituto nacional para la atención de menores infractores (INAMI), con el objetivo de poner en conocimiento de que en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve había constatado in situ que en la posta policial del municipio José Santos Guardiola de Roatán, Islas de la Bahía, se encontraban privados de libertad en forma preventiva, dos jóvenes de nombres Darwin López Mejía y Edwin Alejandro Pineda. En virtud de lo cual sugiere que se atienda de manera urgente a dichos jóvenes, porque las condiciones de su privación de libertad, violentan sus derechos fundamentales. Le hacen ver que la celda en la que se encuentran retenidos, no cuentan con las condiciones mínimas adecuadas de alojamiento, como: agua potable, luz, camas, alimentación, salubridad, medicamentos, estudio; asimismo no cuentan con espacios de recreación, ni cuentan con asistencia psicosocial, tal como lo establece la ley, debido a que las celdas que se encuentran una posta policial. Le informan, además, que los jóvenes en mención tienen dos meses de encontrarse en esa situación y condiciones inhumanas. Expone que la Convención de los derechos del niño, establece como principio de interés superior, lo cual en este caso no ha sido respetado en virtud de que la medida adoptada no está cumpliendo con los objetivos previstos por la ley. Finalmente, le recomiendan adecuar un espacio en Roatán, Islas de la Bahía para que sirva en casos como los expuestos, de internamiento con condiciones que sean idóneas para el cumplimiento de las normas exigidas por la ley. En respuesta a dicho oficio, el director ejecutivo del INAMI, abogado Felipe Morales, expuso en fecha once de marzo mediante oficio, que no tienen competencia para atender de manera directa lo indicado por el MNP-CONAPREV. De todo lo expuesto, la Sala de lo Constitucional estima procedente reformar parcialmente la decisión que se conoce en revisión, la cual debió ser declarada sin lugar tal como lo había dispuesto el juez ejecutor. La Sala estima que no correspondía estimar la exhibición personal debido a que en el momento que se practicaba, el juez de letras dispuso el cambio de medida, ordenando la libertad del joven Darwin López Mejía. Es decir, el objeto de la garantía de habeas corpus o exhibición personal es poner fin a la detención o cualquier tipo de privación de libertad ilegal o irregular, o bien proteger a las personas bajo resguardo de autoridad, de torturas, malos tratos, crueles, degradantes o inhumanos, como cualquier molestia innecesaria ejercida en su contra. En el presente caso, no hubo necesidad de que el juez ejecutor ordenara y verificara el cumplimiento de trasladar al joven Darwin López Mejía al Centro Pedagógico el Carmen, en virtud de que el juez que conoce de la causa penal instaurada en su contra cambió la medida de internamiento, sustituyéndola por otras. Por esa razón, el juez ejecutor actuó correctamente declarando sin lugar la garantía de exhibición personal. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional estima procedente que la honorable corte de apelaciones haya confirmado las sugerencias o recomendaciones dispuestas por el juez ejecutor[5], porque son afines a disposiciones que este alto tribunal de justicia ha dictado en las sentencias: EP-0575-2005 de fecha seis de enero de dos mil seis; EP-1299-2005 de fecha catorce de febrero de dos mil seis; EP-1381-2005 de fecha treinta y uno de enero de dos mil seis; EP-0062-2006 de fecha uno de marzo de dos mil seis; EP-0210-2006 de fecha veinticinco de abril de dos mil seis; EP 0711-2006; EP-0247-2008 de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez; EPR-1291-2009 de fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; EP-0126/0191-2012/0829-2013 de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce; EP-0612-2013 de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce; EP-0234-2015 de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; EP-0849-2015 de fecha uno de abril de dos mil dieciséis; EP-0418-2017 de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, entre otras. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37, 38 Y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: REFORMANDO EN FORMA PARCIAL la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida; en consecuencia se declara: 1. SIN LUGAR la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal, interpuesta por el abogado HERMES FAUSTINO RAMÍREZ ÁVILA a favor del joven Darwin López Mejía, en consecuencia dicha sentencia adquiere el carácter de firme de acuerdo con la ley. 2. Se ORDENA que la honorable Corte Segunda de Apelaciones seccional del departamento de la Ceiba, Atlántida certifique las recomendaciones hechas por el juez ejecutor, abogado Oscar Antonio Méndez Ortiz. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de exhibición personal venido en revisión registrada en este Tribunal con el número SCO-0288-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] La interposición de la garantía de mérito se hizo a nombre de Darwin López Medina, pero el juez ejecutor constató que el nombre correcto del joven es Darwin López Mejía.
[2] Dicho oficio fue recibido el mismo día veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho.
[3] Recibido al día siguiente veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho.
[4] No consta que haya sido recibida,
[5] Dichas observaciones o sugerencias son: 1. Librar oficio al director del Instituto Penitenciario para que exija la asignación de presupuesto para el traslado de los detenidos y además de tener celdas de transición o especiales en la isla de Roatán; esto en virtud de ser los encargados de los internos y custodiar los mismos, tal como lo establecen los artículos 8 numerales 3, 6, 8, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 29 y 30 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. 2. Oficio al INAMI para que se persone en todas las causas de niños y jóvenes infractores, así como darle celeridad al traslado de los procesados en general, para lo cual deberá adjuntarse copia del oficio de la recomendación del CONAPREV al INAMI. 3. La construcción de celdas de transición en la isla, con todos los estándares regulados por la Ley del sistema nacional penitenciario. 4. Un presupuesto para la alimentación de los detenidos, por mientras son trasladados al centro penal o de internamiento.