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Sentencia EP-263-19 — Registro 11295

Resumen

Sentencia en revisión declaró con lugar recurso de mérito a favor de recurrente contra actuaciones del Tribunal de Sentencia en relación al supuesto vencimiento de la prisión preventiva en causa por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de víctima; la Corte de Alzada concluyó que recurrente fue condenado por delito de asesinato y robo, en juicio oral y público, pero no consta que efectivamente existe la condena

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la sentencia venida en revisión a la Sala de lo Constitucional, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán arguye que del informe de la jueza ejecutora Noris Ofelia Bueso se constata que el ciudadano Selvin Alexander Rosales Sevilla se encontraba cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, desde el doce de diciembre de dos mil dieciocho se celebró juicio oral y público donde se estableció su condena, pero no se constato que el órgano jurisdiccional denunciado (Tribunal de Sentencia de Juticalpa) realizará el señalamiento para la audiencia de individualización de la pena, tampoco se encontró acta de debate, acta de sentencia; es por ello que esa Corte de Apelaciones solicito el acta de la sentencia, que fue enviada sin firmas..."..."la Corte de Apelaciones expone el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional sobre el conflicto del supuesto vencimiento de las medidas cautelares de prisión preventiva, que fue impuesta por juez competente en causa penal, con las formalidades legales, cuando ya se haya realizado la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Sentencia; es decir que es una privación de libertad que es potestad exclusiva del órgano jurisdiccional (en materia penal) y pretender lo contrario seria a todas luces inconstitucional; en consecuencia el agraviado no se encuentra bajo ningún concepto detenido de manera ilegal y arbitraria; asimismo se comprende que la medida cautelar de prisión preventiva que cumple no se encuentra dentro de aquellas que según la Ley Sobre Justicia Constitucional considera ilegales o arbitrarias, en virtud de que la misma es parte de un proceso penal..."..."el imputado fue declarado culpable, siendo redacta la sentencia con posterioridad al transcurso de los dos años y seis meses de prisión preventiva, que es otra de las reglas dadas por el Código Procesal Civil, pero el fallo condenatorio de la sanción impuesta ya era conocido por las partes en audiencia de juicio oral y público, por lo que solo podría aplicarse la regla de duración de la mitad de duración de la pena abstracta mínima. Por lo que concluye la Sala de lo Constitucional que ese asunto no es esencia de valoración según el objeto del hábeas corpus..."..."esta Sala de lo Constitucional observa que la Corte Tercera de Apelaciones no sigue el parámetro que ha establecido este órgano, y su criterio no se encuentra conforme a lo señalado en el artículo 24 de la Ley Sobre justicia Constitucional; asimismo hay una inobservancia de los deberes de la jueza ejecutora Noris Ofelia Bueso, en no ejecutar acto alguno que genere un cambio en el status cautelar del detenido o preso..."..."siguiendo los criterios dados en la sentencia de la garantía de hábeas corpus SCO-0512-2017, esta Sala de lo Constitucional considera fundamental determinar en qué momento procesal se encuentra el proceso penal que se está conociendo en perjuicio del beneficiario del presente hábeas corpus, dado que el ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia determinó o declaró la culpabilidad de Selvin Alexander Rosales Sevilla, lo que rompe la presunción de inocencia. Esta Sala analiza los artículos 338, 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal, en los cuales podemos encontrar los requisitos de las sentencias, estando enunciado que la quinta regla indica que, en la parte resolutiva, se absolverá o condenará a la persona acusada, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ella y por cada infracción..."..."esta Sala debe de indicar que el presente caso se ha de presumir que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la primera fase de forma apegada al ordenamiento jurídico de nuestra República (sin perjuicio que el órgano jurisdiccional de casación determine lo contrario en un posterior recurso), pero no se ha finalizado la emisión de la sentencia condenatoria, estando pendiente su culminación con la fase de punición. Pese a lo anterior es claro que existe un acto judicial de autoridad competente que señala la culpabilidad del señor Sevilla Rosales; por lo que no sería correcta una interpretación que niegue tal extremo..."..."se concluye dado el pronunciamiento del Tribunal de Sentencia de que el ciudadano Selvin Alexander Sevilla Rosales tiene el status de culpable, y la misma tiene el carácter de definitiva, aunque tal decisión no se encuentre firme y cause ejecutoría (res iudicata); situación que se vuelve pertinente para un análisis diferenciado de una persona acusada en un proceso penal en el cual aún no ha recaído sentencia condenatoria.."..."para esta Sala de lo Constitucional no procede confirmar la liberación del beneficiario de la presente garantía constitucional en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen establecidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal; en el presente caso se considera que la detención no es ilegal porque ha emanado de una autoridad competente y si bien ha transcurrido más del plazo de dos años y seis meses de prisión preventiva, siendo que se ha modificado el status penitenciario del señor Sevilla Rosales de presuntamente inocente a culpable, es aplicable el párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal que indica que la prisión preventiva podrá durar hasta la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, mientras se sustancia algún recurso extraordinario contra la declaratoria definitiva de culpabilidad que ha recaído en el ciudadano Selvin Sevilla..."..."como se ha interpretado, el beneficiario del hábeas corpus ha perdido la presunción de inocencia, en vista de la declaratoria de culpabilidad que ha recaído en su persona, aunque la misma no se encuentre firme, por lo que es aplicable lo expresado del artículo 181 de la norma antes indicada, en lo concerniente a lo potestativo de la ampliación de la prisión preventiva, siendo que esta no puede observarse nunca como una pena anticipada, deberá el órgano jurisdiccional competente en materia penal determinar dicha ampliación a petición de una de las partes procesales, sino deberá de ordenar la sustitución de la medida cautelar a una distinta a la de la prisión preventiva..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, que declaró con lugar la garantía de Exhibición Personal, interpuesta por el abogado Leonardo Miguel Alvarado, a favor del ciudadano Selvin Alexander Sevilla Rosales, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, con relación al supuesto vencimiento de la prisión preventiva en la causa instruida contra Selvin Alexander Sevilla Rosales por suponerlo responsable del delito de Asesinato en perjuicio del señor José Fausto Guifarro. Antecedentes. 1) En fecha diez de enero de dos mil diecinueve, el abogado Leonardo Miguel Alvarado compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, interponiendo garantía de exhibición personal a favor de Selvin Alexander Sevilla Rosales, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, manifestando el recurrente que su representado: “…fue detenido el once de enero del año dos mil dieciséis, y puesto a la orden del Juzgado de Letras de Catacamas… y que a la fecha han transcurrido ya 3 años de guardar prisión preventiva, el día de hoy diez de enero del año dos mil diecinueve, esta defensa solicitó revisión de medidas al Tribunal de Sentencia… que si bien es cierto mi representado fue vencido en juicio el 29 de noviembre del año dos mil diecisiete, transcurriendo a la fecha 14 meses sin dictar sentencia correspondiente ya que no consta en el expediente de mérito al igual que no consta la individualización de pena, dicho Tribunal de Sentencia declara sin lugar la revisión de medidas…”. (Folios No 1 al 2 de los antecedentes). 2) En fecha once de enero de dos mil diecinueve, el referido Juzgado nombró como jueza ejecutora a la abogada Noris Ofelia Bueso, para que rindiera el informe correspondiente y procediera a: i) Revisar de forma minuciosa el expediente que corre bajo el numero 130-2016, del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, que contiene la causa penal contra Selvin Alexander Sevilla Rosales, por el delito de asesinato, en perjuicio del señor José Fausto Guifarro, ii) …. (Folio No 3 de los antecedentes). 3) En fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, tuvo por recibido el informe emitido por la jueza ejecutora, en el cual se consignó entre otros extremos, lo siguiente: … PRIMERO:… SEGUNDO:… TERCERO: Se constata en el expediente de mérito que es remitido del Juzgado de Letras de la ciudad de Catacamas departamento de Olancho, JOSÉ ROGELIO ROSALES SEVILLA Y SELVIN ALEXANDER ROSALES SEVILLA por suponerlos responsables del delito de ASESINATO en perjuicio de JOSÉ FAUSTO GUIFARRO y JOSÉ DE JESÚS FÚNEZ GUIFARRO por el delito de ROBO en perjuicio de JOSÉ DE JESÚS FÚNEZ GUIFARRO. CUARTO:… QUINTO: Que con fecha y según constancia que consta agregada al expediente de mérito el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Olancho, recibe las diligencias en fecha 14 de noviembre del año 2016; que en fecha 20 de febrero del año 2017 el Tribunal de Sentencia señala AUDIENCIA DE PROPOSICIÓN DE PRUEBA para el 9 de marzo del año 2017 y señala FECHA DE JUICIO PARA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A LAS 9 DE LA MAÑANA, mismo que no se lleva a cabo ya que corre agregado a folio numero 172, constancia de parte de la secretaria que no se realiza el mismo porque el ABOGADO ROGER ALVARADO gozaba de día compensatorio, SEXTO: Se señala nueva fecha de juicio para el DÍA MARTES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A LAS 9 DE LA MAÑANA; asimismo, corre agregado a folio número 206 del expediente de mérito oficio numero 47-SCSJ-2018 de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia donde se pronuncian ampliando el término de 6 meses la medida cautelar impuesta al señor SELVIN ALEXANDER SEVILLA ROSALES el cual fue recibido por la secretaria del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa en fecha 24 de enero del año 2018, mismo que haciendo los cálculos matemáticos vencía el 24 de julio del año 2018. SEPTIMO:… OCTAVO: Que según el expediente de mérito y basado en los distintos autos de como citaciones de la receptora para los testigos, se puede establecer que se celebró el juicio oral y público el 12 de diciembre del año 2018 donde se supone fue condenado, que asimismo, basado en los autos hubieron dos señalamientos para la audiencia de individualización de la pena pero hay que una constancia de una que no se hizo por falta de fluido eléctrico de la segunda fecha para hacer la misma no hay nada; que no existe en el expediente AP 130-2016 ACTA DE DEBATE, ACTA DE LA SENTENCIA NI ACTA DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NOVENO: Que en fecha siete (7) de enero del año dos mil dieciocho, el ABOGADO LEONARDO MIGUEL ALVARADO presentó solicitud de revisión de medidas ya que la prisión efectivamente como lo manifiesta el Abogado defensor privado se le venció en fecha 11 de enero del 2018 señalando audiencia de revisión de medida para el día lunes 7 de enero del año dos mil diecinueve (2019) donde el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho sin elaborar un auto de la solicitud planteada por el abogado defensor de la revisión de medida le manifestaron de forma verbal que la audiencia de revisión de medida se llevaría a cabo el día jueves 10 de enero del año 2018 a la 1:30 de la tarde, aclarando que no consta ni notificación del mismo; asimismo, declaró sin lugar alegando que una vez dictada la sentencia condenatoria la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso hasta por la mitad de la pena impuesta, aquí mismo manifiesta que la juez que presidió dicho juicio fue la ABOGADA ERIKA CERNA misma que ya no se encuentra laborando para el poder judicial y no podrá firmar ni la sentencia, ni la individualización de la pena tal como lo establece el artículo 145 segundo párrafo, lo que provoca invalides del acto a menos que tal omisión sea subsanada por acta complementaria; ACTA DE DEBATE, ACTA DE SENTENCIA, ACTA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA NI EL ACTA COMPLEMENTARIA SE ENCUENTRAN EL DICHO EXPEDIENTE. MOTIVACIÓN PRIMERO: Que de acuerdo a la pena aplicable al delito sea superior de seis (6) años la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años y excepcionalmente y habida cuenta del grado de dificultad dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses a solicitud fundada del Ministerio Público según así lo establece el artículo 181 del Código Procesal Penal, ampliación que se dio y se recibió en la secretaria del Tribunal de Sentencia de esta ciudad de Juticalpa el día 24 de enero del año 2018 el cual con la valides de 6 meses se vencía el 24 de julio del año 2018 y no estaba NI EL ACTA DE DEBATE, NI LA SENTENCIA NI LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA AHORA MUCHO MENOS EL ACTA COMPLEMENTARIA, hago mención que para esa fecha todavía se encontraba laborando la abogada Erika Cerna. SEGUNDO: Que según el expediente de mérito la prisión preventiva se cumplió desde el 11 de enero del año 2018 más la ampliación de seis (6) meses otorgada por la Corte Suprema de Justicia se cumpliría el 11 de julio del año 2018, observándose que existen 6 meses un día de que el señor SELVIN ALEXANDER ROSALES SEVILLA se le están violentando los derechos constitucionales y procesales a que toda persona tiene, ya que se encuentra en una detención ilegal y arbitraria. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA PRIMERO: … SEGUNDO: PARTE DISPOSITIVA, POR TANTO: … Y POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ESTE JUEZ EJECUTOR RESUELVE: PRIMERO: Declarar con lugar la solicitud de Exhibición Personal hecha por el ABOGADO LEONARDO MIGUEL ALVARADO en representación del señor SELVIN ALEXANDER ROSALES SEVILLA por encontrarse en efectiva detención ilegal. SEGUNDO: Decrétese la libertad inmediata del señor SELVIN ALEXANDER ROSALES SEVILLA y se le extienda su carta de libertad provisional por la solicitud del recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, decretándosele las medidas distintas a la prisión preventiva consistentes en las establecidas en el articulo 173 numerales 6, 7 y 9…. (Folios No 6 al 9 de los antecedentes). 4) Que en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en donde falló: 1.-DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto por el Abogado LEONARDO MIGUEL ALVARADO, a favor del señor SELVIN ALEXANDER SEVILLA ROSALES, a quien se le supone responsable del delito de ASESINATO en perjuicio del señor JOSÉ FAUSTO GUIFARRO. (Folios No 27 al 30 de los antecedentes). 5) Que en fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional recibió para su revisión el expediente que contiene la garantía de exhibición personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Fundamentación Jurídica. Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182, 313 y 316 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3, 9, 13 y 39 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Considerando (2): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el hábeas corpus, encontrando que indica que en un sentido clásico tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad; posteriormente se cita el artículo 7 numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”. Considerando (3): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo siete de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…) esta referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida. Considerando (4): Que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad, esta vinculado con el derecho a ser oído en un plazo razonable reconocido en el artículo ocho 8 numeral primero de la Convención antes citada; pudiéndose citar el caso de la Corte Interamericana Suárez Rosero vs. Ecuador, en el que se razono los artículos siete y ocho de la Convención, expresando que tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente.[1] Considerando (5): Que se conoce en revisión la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, en la garantía de hábeas corpus presentada por el abogado Leonardo Miguel Alvarado, en su condición de defensor privado de Selvin Alexander Sevilla Rosales, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de José Fausto Guifarro; sentencia que declaró con lugar la garantía ya referida. Considerando (6): Que en la sentencia de la garantía en revisión dice la Corte Tercera de Apelaciones, que el once de enero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho nombró a la abogada Noris Ofelia Bueso como jueza ejecutora, para que revisará el expediente con registro 130-2016 del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, que contiene la causa contra Selvin Alexander Sevilla Rosales, para verificar si el ciudadano Sevilla Rosales se encuentra ilegalmente detenido. Considerando (7): Que la jueza ejecutora Noris Ofelia Bueso Torres presentó el informe requerido por el órgano jurisdiccional donde concluye: declarar con lugar la exhibición personal a favor del ciudadano Selvin Alexander Rosales Sevilla, por encontrarse en efectiva detención ilegal; asimismo establece decretar la libertad inmediata del ciudadano Rosales Sevilla y la extensión de una carta de libertad provisional, decretándose las medidas distintas a la prisión preventiva consistente en las establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7 y 9, para lo cual queda obligado el imputado a firmar una vez a la semana ante el Juzgado de Paz del municipio de Guarizama, departamento de Olancho, tampoco podrá salir del país y queda prohibido tener algún tipo de comunicación con los familia del occiso. Considerando (8): Que en la sentencia venida en revisión a la Sala de lo Constitucional, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán arguye que del informe de la jueza ejecutora Noris Ofelia Bueso se constata que el ciudadano Selvin Alexander Rosales Sevilla se encontraba cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, desde el doce de diciembre de dos mil dieciocho se celebró juicio oral y público donde se estableció su condena, pero no se constato que el órgano jurisdiccional denunciado (Tribunal de Sentencia de Juticalpa) realizará el señalamiento para la audiencia de individualización de la pena, tampoco se encontró acta de debate, acta de sentencia; es por ello que esa Corte de Apelaciones solicito el acta de la sentencia, que fue enviada sin firmas. Considerando (9): Que la Corte de Apelaciones expone el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional sobre el conflicto del supuesto vencimiento de las medidas cautelares de prisión preventiva, que fue impuesta por juez competente en causa penal, con las formalidades legales, cuando ya se haya realizado la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Sentencia; es decir que es una privación de libertad que es potestad exclusiva del órgano jurisdiccional (en materia penal) y pretender lo contrario seria a todas luces inconstitucional; en consecuencia el agraviado no se encuentra bajo ningún concepto detenido de manera ilegal y arbitraria; asimismo se comprende que la medida cautelar de prisión preventiva que cumple no se encuentra dentro de aquellas que según la Ley Sobre Justicia Constitucional considera ilegales o arbitrarias, en virtud de que la misma es parte de un proceso penal. El artículo 181 del Código Procesal Penal establece las reglas de duración de la prisión preventiva, entre ella que en ningún caso la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Siendo en el caso citado como precedente por la Corte de Apelaciones, el imputado fue declarado culpable, siendo redacta la sentencia con posterioridad al transcurso de los dos años y seis meses de prisión preventiva, que es otra de las reglas dadas por el Código Procesal Civil, pero el fallo condenatorio de la sanción impuesta ya era conocido por las partes en audiencia de juicio oral y público, por lo que solo podría aplicarse la regla de duración de la mitad de duración de la pena abstracta mínima. Por lo que concluye la Sala de lo Constitucional que ese asunto no es esencia de valoración según el objeto del hábeas corpus.[2] Considerando (10): Que se vuelve necesario analizar el artículo 181 del Código Procesal Penal de la República de Honduras, dado que dicho precepto establece la duración de la prisión preventiva, indicando que como regla general podrá durar hasta un (1) año, pero cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la misma podrá durar hasta dos (2) años. En ambas situaciones de forma excepcional se podrá ampliar la prisión preventiva hasta por seis (6) meses más a solicitud fundada del Ministerio Público, habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse. Posteriormente dicta la norma procesal que, en ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, asimismo se puede leer que una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prologarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Considerando (11): Que finaliza la sentencia de la Corte Tercera de Apelaciones, que Selvin Alexander Rosales Sevilla fue condenado por el delito de asesinato y robo, en juicio oral y público, pero pesa de que en el expediente no consta acta de la audiencia de debate donde se pueda constatar que efectivamente existe la condena señalada. Considerando (12): Que la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. Considerando (13): Que el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece cuando una privación de libertad se considera ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) toda detención o arresto que no se cumpla en los centro destinados para el efecto por el Estado. Considerando (14): Que el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional regula que en el auto de admisión de la exhibición personal se ordenará, no ejecutar acto alguno que pueda dar como resultado un cambio en las condiciones en que se encuentra el detenido o preso, salvo si ello es necesario para preservar su vida, su salud y su integridad física o mental. Considerando (15): Que esta Sala de lo Constitucional observa que la Corte Tercera de Apelaciones no sigue el parámetro que ha establecido este órgano, y su criterio no se encuentra conforme a lo señalado en el artículo 24 de la Ley Sobre justicia Constitucional; asimismo hay una inobservancia de los deberes de la jueza ejecutora Noris Ofelia Bueso, en no ejecutar acto alguno que genere un cambio en el status cautelar del detenido o preso. Considerando (16): Que el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado, pero acorde a lo que ese mismo artículo en su último párrafo señala y del artículo 26 de la Ley; dado que las resoluciones procedentes de exhibición personal solo tiene carácter de sentencias definitivas una vez que son revisadas por la Sala de lo Constitucional, por lo tanto los ejecutores y los órganos jurisdiccionales no puede ejecutar acto alguno que de un cambio en las medidas cautelares. Considerando (17): Que siguiendo los criterios dados en la sentencia de la garantía de hábeas corpus SCO-0512-2017, esta Sala de lo Constitucional considera fundamental determinar en qué momento procesal se encuentra el proceso penal que se está conociendo en perjuicio del beneficiario del presente hábeas corpus, dado que el ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia determinó o declaró la culpabilidad de Selvin Alexander Rosales Sevilla, lo que rompe la presunción de inocencia. Esta Sala analiza los artículos 338, 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal, en los cuales podemos encontrar los requisitos de las sentencias, estando enunciado que la quinta regla indica que, en la parte resolutiva, se absolverá o condenará a la persona acusada, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ella y por cada infracción. Cuando la sentencia sea de condena, como en el presente caso, el juicio se divide en dos fases, la de deliberación y notificación de la culpabilidad del imputado y la última fase de individualización de la pena (fase de punición) que deba de imponerse al imputado. La segunda fase consiste en la audiencia para determinar la pena concreta conforme a las reglas de individualización prescritas en el Código Penal. Considerando (18): Que esta Sala debe de indicar que el presente caso se ha de presumir que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la primera fase de forma apegada al ordenamiento jurídico de nuestra República (sin perjuicio que el órgano jurisdiccional de casación determine lo contrario en un posterior recurso), pero no se ha finalizado la emisión de la sentencia condenatoria, estando pendiente su culminación con la fase de punición. Pese a lo anterior es claro que existe un acto judicial de autoridad competente que señala la culpabilidad del señor Sevilla Rosales; por lo que no sería correcta una interpretación que niegue tal extremo. Considerando (19): Que el Código Procesal Penal establece que la emisión de la sentencia condenatoria contiene dos momentos procesales diferenciados, es en la primera fase en que el Tribunal señala que el imputado cometió una acción típica, antijurídica, culpable y punible, fase en la que también se indica la pena abstracta con que se partirá la determinación de la fijación de la pena concreta en la segunda fase del proceso. Considerando (20): Que se concluye dado el pronunciamiento del Tribunal de Sentencia de que el ciudadano Selvin Alexander Sevilla Rosales tiene el status de culpable, y la misma tiene el carácter de definitiva, aunque tal decisión no se encuentre firme y cause ejecutoría (res iudicata); situación que se vuelve pertinente para un análisis diferenciado de una persona acusada en un proceso penal en el cual aún no ha recaído sentencia condenatoria. Considerando (21): Que para esta Sala de lo Constitucional no procede confirmar la liberación del beneficiario de la presente garantía constitucional en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen establecidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal; en el presente caso se considera que la detención no es ilegal porque ha emanado de una autoridad competente y si bien ha transcurrido más del plazo de dos años y seis meses de prisión preventiva, siendo que se ha modificado el status penitenciario del señor Sevilla Rosales de presuntamente inocente a culpable, es aplicable el párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal que indica que la prisión preventiva podrá durar hasta la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, mientras se sustancia algún recurso extraordinario contra la declaratoria definitiva de culpabilidad que ha recaído en el ciudadano Selvin Sevilla. Considerando (22): Que como se ha interpretado, el beneficiario del hábeas corpus ha perdido la presunción de inocencia, en vista de la declaratoria de culpabilidad que ha recaído en su persona, aunque la misma no se encuentre firme, por lo que es aplicable lo expresado del artículo 181 de la norma antes indicada, en lo concerniente a lo potestativo de la ampliación de la prisión preventiva, siendo que esta no puede observarse nunca como una pena anticipada, deberá el órgano jurisdiccional competente en materia penal determinar dicha ampliación a petición de una de las partes procesales, sino deberá de ordenar la sustitución de la medida cautelar a una distinta a la de la prisión preventiva. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; falla: 1) revocar la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, que declaró con lugar la garantía de hábeas corpus a favor de Selvin Alexander Sevilla Rosales; 2) declara sin lugar el hábeas corpus presentada a favor de Selvin Alexander Sevilla Rosales, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3) se le hace un llamado de atención a la persona que lleve la secretaría y a los jueces de sentencia del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, por no realizar de forma debida la diligencia procesal de este caso bajo su conocimiento; 4) se le hace un llamado de atención a la jueza ejecutora Noris Ofelia Bueso Torres por no haber seguido las formalidades establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, al haber ordenado el cambio de la situación cautelar de Selvin Sevilla, siendo el órgano competente para ello el Tribunal de Sentencia, como también lo refiere el Código Procesal Penal. Y manda: I) Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión; II) que la Secretaría de la Sala de lo Constitucional envié certificación de la presente sentencia a al director de la Defensa Pública, al Tribunal de Sentencia de Juticalpa, a la jueza ejecutora Noris Ofelia Bueso y al Instituto Nacional Penitenciario. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-263-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 70.

[2] Cfr., argumento cuatro (4) de la sentencia venida en revisión ante la Sala de lo Constitucional.