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Sentencia EP-254-19 — Registro 9226

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de exhibición personal a favor de recurrente, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia que emitió orden de captura contra recurrente por suponerle responsable del delito de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional sobre el conflicto del supuesto vencimiento de las medidas cautelares de prisión preventiva, que fue impuesta por juez competente en causa penal, con las formalidades legales, cuando ya se haya realizado la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Sentencia; es decir que es una privación de libertad que es potestad exclusiva del órgano jurisdiccional (en materia penal) y pretender lo contrario seria a todas luces inconstitucional; en consecuencia el agraviado no se encuentra bajo ningún concepto detenido de manera ilegal y arbitraria; asimismo se comprende que la medida cautelar de prisión preventiva que cumple no se encuentra dentro de aquellas que según la Ley Sobre Justicia Constitucional considera ilegales o arbitrarias, en virtud de que la misma es parte de un proceso penal. El artículo 181 del Código Procesal Penal establece las reglas de duración de la prisión preventiva, entre ella que en ningún caso la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Siendo en el caso citado como precedente por la Corte de Apelaciones, el imputado fue declarado culpable, siendo redacta la sentencia con posterioridad al transcurso de los dos años y seis meses de prisión preventiva, que es otra de las reglas dadas por el Código Procesal Civil, pero el fallo condenatorio de la sanción impuesta ya era conocido por las partes en audiencia de juicio oral y público, por lo que solo podría aplicarse la regla de duración de la mitad de duración de la pena abstracta mínima. Por lo que concluye la Sala de lo Constitucional que ese asunto no es esencia de valoración según el objeto del hábeas corpus.[2]..."..."Que, finalizada la sentencia del Juzgado de Letras, que Blanca Turcios fue condenada por el delito de Abuso de Autoridad y del delito de Malversación de Caudales Públicos, en juicio oral y público, pero pesa de que en el expediente no consta acta de la audiencia de debate donde se pueda constatar que efectivamente existe la condena señalada..."..."esta Sala de lo Constitucional observa que Juzgado de Letras Penal de Olancho, en la sección judicial de Juticalpa, no sigue el parámetro que ha establecido este máximo órgano, y su criterio no se encuentra conforme a lo señalado en el artículo 24 de la Ley Sobre justicia Constitucional; asimismo hay una inobservancia de los deberes del juez ejecutor Luis Alonso Medina Lobo, en no ejecutar acto alguno que genere un cambio en el status cautelar de la detenida o presa..."..."esta Sala de lo Constitucional considera fundamental determinar en que momento procesal se encuentra el proceso penal que se esta conociendo en perjuicio del beneficiario del presente hábeas corpus, dado que el ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia determinó o declaró la culpabilidad de Blanca Rosa Turcios, lo que rompe la presunción de inocencia..."..."esta Sala debe de indicar que el presente caso se ha de presumir que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la primera fase de forma apegada al ordenamiento juridico de nuestra República (sin perjuicio que el órgano jurisdiccional de casación determine lo contrario en un posterior recurso), pero no se ha finalizado la emisión de la sentencia condenatoria, estando pendiente su culminación con la fase de punición. Pese a lo anterior es claro que existe un acto judicial de autoridad competente que señala la culpabilidad de Blanca Rosa Turcios; por lo que no sería correcta una interpretación que niegue tal extermo..."..."para esta Sala de lo Constitucional no procede confirmar la liberación del beneficiario de la presente garantía constitucional en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen establecidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal; en el presente caso se considera que la detención no es ilegal porque ha emanado de una autoridad competente, siendo que se ha modificado el status penitenciario de Blanca Rosa Turcios de presuntamente inocente a culpable, es aplicable el párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal que indica que la prisión preventiva podrá durar hasta la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, mientras se sustancia algún recurso extraordinario contra la declaratoria definitiva de culpabilidad que ha recaido..."..."como se ha interpretado, la beneficiaria del hábeas corpus ha perdido la presunción de inocencia, en vista de la declaratoria de culpablilidad que ha recaido en su persona, aunque la misma no se encuentre firme, por lo que es aplicable lo expresado del artículo 181 de la norma antes indicada, en lo concertiente a lo potestativo de la ampliación de la prisión preventiva, siendo que esta no puede observarse nunca como una pena anticipada, deberá el órgano jurisdiccional competente en materia penal determinar dicha ampliación a petición de una de las partes procesales, sino deberá de ordenar la sustitución de la medida cautelar a una distinta a la de la prisión preventiva..."..."esta Sala de lo Constitucional observa que el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho es incompetente para haber conocido la presente garantía de hábeas corpus, puesto que el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que la competencia de las Cortes de Apelaciones en su respectiva conocerán y resolverán de los habéas corpus contra jueces de letras departamentes o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz; mientras que la competencia de los juzgados de letras en el hábeas corpus es para conocer y resolver de las violaciones cometidas por las Corporaciones Municipales, jueces de policia y alcaldes auxiliares..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 7, 6 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-Visto: En revisión las diligencias que contiene la sentencia de la garantía de exhibición personal interpuesta por el abogado Mario Alexander Ayala, a favor de la ciudadana Blanca Rosa Turcios, ante el Juzgado Primero de Letras seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, de fecha diez de marzo de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el garantía interpuesto contra actuaciones del Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, en la sección judicial de Juticalpa, con relación a la supuesta detención ilegal de Blanca Rosa Turcios.-Antecedentes: 1) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado Primera de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, el abogado Mario Alexander Ayala, en su condición de defensor privado de la ciudadana Blanca Rosa Turcios, promoviendo garantía constitucional de hábeas corpus, aduciendo que la imputada fue detenida el veintiuno de febrero del presente año por orden de captura ordenada y emitida por el Tribunal de Sentencia antes mencionado, señalando que la sentencia emitida por dicho órgano juridicial no se encuentra firme. (Folios No 1 al 7 de la pieza del Ad-Quem).-2) Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado antes citado, nombró como juez ejecutor al abogado Luis Alonso Medina Lobo, quien es defensor público de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho; a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en la presente garantía. (Folios No 8 al 9 de los antecedentes).-3) Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el infrascrito juez ejecutor en cumplimiento y considerando que el presente recurso de exhibición personal o hábeas corpus, rindió el informe correspondiente consignado lo siguiente: “PRIMERO: Siendo las once de la mañana del día jueves 28 de febrero del año 2019 siendo que se me nombro como Juez Ejecutor para conocer y resolver sobre esta causa en base al Recurso de Habeas Corpus de Exhibición Personal, a favor de la Señora Blanca Rosa Turcios de generales conocidas. SEGUNDO: Que se reviso minuciosamente dicho expediente donde se deja entrever que a la Señora Blanca Rosa Turcios se le han violentado sus derechos individuales y personales. Que la señora antes mencionada venia gozando de medidas distintas a la prisión preventiva misma que fue detenida el día 21 de febrero del presente año de forma injusta por orden de captura emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, y al mismo tiempo cabe señalar que en el proceso que se le sigue a la Señora Blanca Rosa Turcios… quien fue sentenciada pero que aun dicha sentencia no ha adquirido el carácter de firme en virtud que el Tribunal de Sentencia no ha dictado la sentencia respectiva y que la lectura de sentencia estaba señalada para el día 8 de octubre del año 2018. Aquí se observa que se ha violentado el debido proceso de defensa de la Señora Blanca Rosa Turcios e incluso no cabe mucho menos presentar recurso de casación en virtud de todo Código Procesal Penal lo anteriormente expuesto como lo establece el articulo 181 Código Procesal Penal. La Situación es que el Fiscal del Ministerio Publico solicito en audiencia de individualización de la pena, revocación de medidas, en esta audiencia violentando art. 188 del C.P.P. y de manera arbitraria el Tribunal de Sentencia accedió esta petición solicitada por el Ministerio Publico. Este Juez Ejecutor solicita medidas sustitutivas de la prisión preventiva art. 176 No. 6 y 7, consistente la primera en estarce presentando al Juzgado de Paz del Municipio de Guarizama, Olancho; todos los viernes de cada semana y la prohibición de salir del país y que se libre alerta migratoria, y que se libre atento exhorto al Juzgado de su origen para que cumpla con estas medidas por tanto este Juez Ejecutor Declara Con Lugar el Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor de la Señora Blanca Rosa Turcios a quien se le acusa por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, y que se le deje en libertad inmediata y se le extienda su correspondiente Carta de Libertad provisional firmando para constancia.” (Folio No 10 al 16 de la pieza de los antecedentes).-4) Que en fecha diez de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, dictó sentencia en la cual falló: “DECLARANDO CON LUGAR, El recurso de habeas corpus presentado por el abogado MARIO ALEXANDER AYALA apoderado legal de la señora BLANCA ROSA TURCIOS por haberse probado la violación de garantías constitucionales.” (Folios No 17 al 18 de los antecedentes).-5) Que en fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional recibió para su revisión el expediente que contiene la garantía de exhibición personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-Fundamentación Jurídica.-Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182, 313 y 316 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3, 9, 13 y 39 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-Considerando (2): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el Habeas Corpus, encontrando que indica que en un sentido clásico tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad; posteriormente se cita el artículo 7 numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.-Considerando (3): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo siete de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…) esta referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida.-Considerando (4): Que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad, esta vinculado con el derecho a ser oído en un plazo razonable reconocido en el artículo ocho 8 numeral primero de la Convención antes citada; pudiéndose citar el caso de la Corte Interamericana Suárez Rosero vs. Ecuador, en el que se razono los artículos siete y ocho de la Convención, expresando que tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente.[1]-Considerando (5): Que se conoce en revisión la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha diez de marzo de dos mil diecinueve, en la garantía de hábeas corpus presentada por el abogado Mario Alexander Ayala, en su condición de defensor privado de Blanca Rosa Turcios, a quien se le supone responsable del delito de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de El Estado de Honduras; sentencia que declaró con lugar la garantía.-Considerando (6): Que el juez ejecutor Luis Alonso Medina presentó el informe requerido por el órgano jurisdiccional donde concluye: declarar con lugar la exhibición personal a favor de la ciudadana Blanca Rosa Turcios, debido a que ella tenia medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, la cual fue revocada por el Tribunal de Sentencia, lo que ha criterio del juez ejecutor fue de forma injusta, siendo también que la condena, escucho en audiencia el fallo del Tribunal de Sentencia, pero no se ha emitido de forma escrita el acta de la audiencia de sentencia, por lo que se le imposibilita la interposición de un recurso de casación ante el órgano competente.-Considerando (7): Que el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional sobre el conflicto del supuesto vencimiento de las medidas cautelares de prisión preventiva, que fue impuesta por juez competente en causa penal, con las formalidades legales, cuando ya se haya realizado la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Sentencia; es decir que es una privación de libertad que es potestad exclusiva del órgano jurisdiccional (en materia penal) y pretender lo contrario seria a todas luces inconstitucional; en consecuencia el agraviado no se encuentra bajo ningún concepto detenido de manera ilegal y arbitraria; asimismo se comprende que la medida cautelar de prisión preventiva que cumple no se encuentra dentro de aquellas que según la Ley Sobre Justicia Constitucional considera ilegales o arbitrarias, en virtud de que la misma es parte de un proceso penal. El artículo 181 del Código Procesal Penal establece las reglas de duración de la prisión preventiva, entre ella que en ningún caso la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Siendo en el caso citado como precedente por la Corte de Apelaciones, el imputado fue declarado culpable, siendo redacta la sentencia con posterioridad al transcurso de los dos años y seis meses de prisión preventiva, que es otra de las reglas dadas por el Código Procesal Civil, pero el fallo condenatorio de la sanción impuesta ya era conocido por las partes en audiencia de juicio oral y público, por lo que solo podría aplicarse la regla de duración de la mitad de duración de la pena abstracta mínima. Por lo que concluye la Sala de lo Constitucional que ese asunto no es esencia de valoración según el objeto del hábeas corpus.[2]-Considerando (8): Que se vuelve necesario analizar el artículo 181 del Código Procesal Penal de la República de Honduras, dado que dicho precepto establece la duración de la prisión preventiva, indicando que como regla general podrá durar hasta un (1) año, pero cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la misma podrá durar hasta dos (2) años. En ambas situaciones de forma excepcional se podrá ampliar la prisión preventida hasta por seis (6) meses más a solicitud fundada del Ministerio Público, habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse. Posteriormente dicta la norma procesal que, en ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, asimismo se puede leer que una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prologarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.-Considerando (9): Que, finalizada la sentencia del Juzgado de Letras, que Blanca Turcios fue condenada por el delito de Abuso de Autoridad y del delito de Malversación de Caudales Públicos, en juicio oral y público, pero pesa de que en el expediente no consta acta de la audiencia de debate donde se pueda constatar que efectivamente existe la condena señalada.-Considerando (10): Que la garantia de hábeas corpus o de exhibición personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido.-Considerando (11): Que el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece cuando una privación de libertad se considera ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) toda detención o arresto que no se cumpla en los centro destinados para el efecto por el Estado.-Considerando (12): Que el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional regula que en el auto de admisión de la exhibición personal se ordenará, no ejecutar acto alguno que pueda dar como resultado un cambio en las condiciones en que se encuentra el detenido o preso, salvo si ello es necesario para preservar su vida, su salud y su integridad física o mental.-Considerando (13): Que esta Sala de lo Constitucional observa que Juzgado de Letras Penal de Olancho, en la sección judicial de Juticalpa, no sigue el parámetro que ha establecido este máximo órgano, y su criterio no se encuentra conforme a lo señalado en el artículo 24 de la Ley Sobre justicia Constitucional; asimismo hay una inobservancia de los deberes del juez ejecutor Luis Alonso Medina Lobo, en no ejecutar acto alguno que genere un cambio en el status cautelar de la detenida o presa.-Considerando (14): Que el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado, pero acorde a lo que ese mismo artículo en su último párrafo señala y del artículo 26 de la Ley; dado que las resoluciones procedentes de exhibición personal solo tiene carácter de sentencias definitivas una vez que son revisadas por la Sala de lo Constitucional, por lo tanto los ejecutores y los órganos jurisdiccionales no puede ejecutar acto alguno que de un cambio en las medidas cautelares.-Considerando (15): Que siguiendo los criterios dados en la sentencia de la garantía de hábeas corpus SCO-0512-2017, esta Sala de lo Constitucional considera fundamental determinar en que momento procesal se encuentra el proceso penal que se esta conociendo en perjuicio del beneficiario del presente hábeas corpus, dado que el ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia determinó o declaró la culpabilidad de Blanca Rosa Turcios, lo que rompe la presunción de inocencia. Esta Sala analiza los artículos 338, 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal, en los cuales podemos encontrar los requisitos de las sentencias, estando enunciado que la quinta regla indica que, en la parte resolutiva, se absolverá o condenará a la persona acusada, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ella y por cada infracción. Cuando la sentencia sea de condena, como en el presente caso, el juicio se divide en dos fases, la de deliberación y notificación de la culpabilidad del imputado y la ultima fase de individualización de la pena (fase de punición) que deba de imponerse al imputado. La segunda fase consiste en la audiencia para determinar la pena concreta conforme a las reglas de individualización prescritas en el Código Penal.-Considerando (16): Que esta Sala debe de indicar que el presente caso se ha de presumir que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la primera fase de forma apegada al ordenamiento juridico de nuestra República (sin perjuicio que el órgano jurisdiccional de casación determine lo contrario en un posterior recurso), pero no se ha finalizado la emisión de la sentencia condenatoria, estando pendiente su culminación con la fase de punición. Pese a lo anterior es claro que existe un acto judicial de autoridad competente que señala la culpabilidad de Blanca Rosa Turcios; por lo que no sería correcta una interpretación que niegue tal extermo.-Considerando (17): Que el Código Procesal Penal establece que la emisión de la sentencia condenatoria contiene dos momentos procesales diferenciados, es en la primera fase en que el Tribunal señala que el imputado cometió una acción típica, antijurídica, culpable y punible, fase en la que tambien se indica la pena abstracta con que se partira la determinación de la fijación de la pena concreta en la segunda fase del proceso.-Considerando (18): Que se concluye dado el pronunciamiento del Tribunal de Sentencia de que la ciudadana Blanca Rosa Turcios tiene el status de culpable, y la misma tiene el carácter de definitiva, aunque tal decisión no se encuentre firme y cause ejecutoría (res iudicata); situación que se vuelve pertinente para un analisis diferenciado de una persona acusada en un proceso penal en el cual aun no ha recaido sentencia condenatoria.-Considerando (19): Que para esta Sala de lo Constitucional no procede confirmar la liberación del beneficiario de la presente garantía constitucional en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen establecidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal; en el presente caso se considera que la detención no es ilegal porque ha emanado de una autoridad competente, siendo que se ha modificado el status penitenciario de Blanca Rosa Turcios de presuntamente inocente a culpable, es aplicable el párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal que indica que la prisión preventiva podrá durar hasta la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, mientras se sustancia algún recurso extraordinario contra la declaratoria definitiva de culpabilidad que ha recaido.-Considerando (20): Que como se ha interpretado, la beneficiaria del hábeas corpus ha perdido la presunción de inocencia, en vista de la declaratoria de culpablilidad que ha recaido en su persona, aunque la misma no se encuentre firme, por lo que es aplicable lo expresado del artículo 181 de la norma antes indicada, en lo concertiente a lo potestativo de la ampliación de la prisión preventiva, siendo que esta no puede observarse nunca como una pena anticipada, deberá el órgano jurisdiccional competente en materia penal determinar dicha ampliación a petición de una de las partes procesales, sino deberá de ordenar la sustitución de la medida cautelar a una distinta a la de la prisión preventiva.-Considerando (21): Que esta Sala de lo Constitucional observa que el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho es incompetente para haber conocido la presente garantía de hábeas corpus, puesto que el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que la competencia de las Cortes de Apelaciones en su respectiva conocerán y resolverán de los habéas corpus contra jueces de letras departamentes o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz; mientras que la competencia de los juzgados de letras en el hábeas corpus es para conocer y resolver de las violaciones cometidas por las Corporaciones Municipales, jueces de policia y alcaldes auxiliares.-Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; falla: 1) revocar la sentencia dictada por la Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho en fecha diez de marzo de dos mil diecinueve, que declaró con lugar la garantía de hábeas corpus a favor de Blanca Rosa Turcios; 2) declara sin lugar el hábeas corpus presentado a favor de Blanca Rosa Turcios, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3) se le hace un llamado de atención a los jueces de sentencia y personal de secretaria del Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, por no realizar de forma debida la diligencia procesal de este caso bajo su conocimiento; 4) se le hace un llamado de atención al juez ejecutor Luis Alonso Medina por no haber seguido las formalidades establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, al haber ordenado el cambio de la situación cautelar de Blanca Rosa Turcios, siendo el órgano competente para ello el Tribunal de Sentencia, como también lo refiere el Código Procesal Penal; y, 5) se hace un llamado de atención a la jueza de letras Noris Ofelia Bueso Torres por haber resuelto una garantía constitucional sin ser competente para ello, puesto que solo era competente para conocer a prevención. Y manda: I) Que una vez notificada y firmé la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión; II) que la Secretaría de la Sala de lo Constitucional envié certificación de la presente sentencia a al director de la Defensa Pública, a Inspectoría de Tribunal del Poder Judicial, al Tribunal de Sentencia de Juticalpa, a la jueza de letras Noris Ofelia Bueso, al juez ejecutor Luis Alonso Medina y al Instituto Nacional Penitenciario. Notifíquese.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0254-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 70.

[2] Cfr., sentencia de la Sala de lo Constitucional en el hábeas corpus en revisión con registro SCO-0263-2019, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.