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Sentencia EP-227-19 — Registro 9227

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de mérito a favor de recurrente contra actuaciones de juzgado de primera instancia por suponerlo responsable de delito de robo de vehículo en perjuicio de testigo protegido y delito de robo agravado en perjuicio de testigo protegido; Corte de Apelaciones considera que existe vacío legal al haberse declarado con lugar recurso de apelación a favor del agraviado que anuló auto de formal procesamiento, pero juez de primera instancia no se ha pronunciado en cuanto a la detención preventiva contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio del expediente sub judice y viendo el informe rendido por la Juez Ejecutora se desprende que la censora desconoce los efectos procesales que se derivan de anular una resolución judicial que contiene la decisión del juez de primera instancia de emitir un auto de formal procesamiento en base al artículo 141 del Código Procesal Penal no abarcando dicha decisión del A Quo sino la falta de motivación o razonamiento legal en base a lo establecido en el ordenamiento jurídico interno así como la Convención Interamericana de los Derech os Humanos, tomando por ende el Tribunal de Alzada la decisión de anular, la omisión que impidió la revisión con el fin de conformar, revocar o modificar un Auto de Formal Procesamiento en contra del procesado, siendo esta la razón por la cual la Juez Ejecutora en su informe establece que el expediente del imputado, se encuentra en despacho de la señora Juez quien tiene que resolver lo ordenado por el Tribunal de Alzada, es decir motivar debidamente su decisión al dictar auto de formal procesamiento al procesado, lo cual bajo ningún parámetro legal indica que por ello se debe dictar un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que la resolución emitida por el tribunal de primera instancia no cambia, sino solo los razonamientos o motivaciones que omitió en la fundamentación de la decisión, saneando el defecto procesal y continuar con el trámite correspondiente, en consecuencia esta Sala de lo Constitucional estima que no se ha incurrido en ninguna detención ilegal, ya que el procesado está legalmente detenido mediante un proceso legítimo en que se presentó un incidente por falta de motivación, ya que los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta..."..."Del estudio no se evidencia al tenor a lo dispuesto en el artículo 182 numeral 2 de la Constitución de la República, acciones constitutivas de vejámenes[7] y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, en relación a lo dispuesto en el artículo 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose improcedente, por tanto cabe declarar al tenor de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley sobre Justicia Constitucional CONFIRMAR la presente garantía de Hábeas Corpus..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los tres días del mes de abril del dos mil diecinueve.-VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019), que declaró NO HA LUGAR el recurso de exhibición personal interpuesto por la señora DEBORA JANNETTE LEIVA REDONDO, a favor del señor MARIO ALBERTO CASTRO POSADAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por considerar que existe un vacío legal al haberse declarado con lugar un recurso de apelación a favor del agraviado que anuló el auto de formal procesamiento, sin embargo el Juez A Quo no se ha pronunciado en cuanto a la detención preventiva en la causa instruida contra el señor MARIO ALBERTO CASTRO POSADAS, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE DF-1 y del delito ROBO AGRAVADO en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE DF-02 Y DF-03.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula del departamento de Cortés, la señora DEBORA JANNETTE LEIVA REDONDO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor MARIO ALBERTO CASTRO POSADAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por considerar que existe un vacío legal al haberse declarado con lugar un recurso de apelación a favor del agraviado que anuló el auto de formal procesamiento, sin embargo el Juez A Quo no se ha pronunciado en cuanto a la detención preventiva en la causa instruida contra el señor MARIO ALBERTO CASTRO POSADAS, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE DF-1 y del delito ROBO AGRAVADO en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE DF-02 Y DF-03. (Folios 01 y 02 de los antecedentes).-2) Que en esa misma fecha, la citada Corte de Apelaciones, tuvo por recibida la acción de Exhibición Personal de mérito, nombrando como Juez Ejecutora a la Abogada KARLA PATRICIA TALAVERA REYES, Defensora Pública de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, para que ordenara a las personas presuntamente responsables de la detención, que presentaran al ofendido, así como la original y copia de la orden de detención y que rindieran un informe sobre las causas que motivaron la misma, el que debían rendir en un plazo que no excediera las veinticuatro (24) horas; asimismo se ordena a la Juez Ejecutora levantara un acta de la audiencia de exhibición, asentando todas las incidencias que ocurrieran, ordenándosele además, no ejecutar acto alguno, que pueda dar como resultado, un cambio en las condiciones en que se encontrase el detenido o preso, salvo si ello hubiese sido necesario para preservar su vida, salud o integridad física. (Folio 04 de los antecedentes).-3) Que la Abogada KARLA PATRICIA TALAVERA REYES, en su condición antes indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: a) Que en fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora se constituyó en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, siendo atendida por la Secretaria del mismo, para que le exhibiera el expediente No.0501-2017-1435, contentivo de la causa instruida contra el señor MARIO ALBERTO CASTRO POSADAS, informándole que al señor CASTRO POSADAS, se le presentó requerimiento fiscal el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE DF-1 y del delito ROBO AGRAVADO en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE DF-02 Y DF-03, siendo admitido dicho requerimiento en fecha ocho (8) de enero de dos mil dieciocho (2018), librándose en esa misma fecha la respectiva orden de captura, la cual se ejecutó en fecha catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018). En fecha quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se celebró la Audiencia de Declaración de Imputado, en donde se le decretó detención judicial, señalándose Audiencia Inicial para el día veinte (20) de agosto de dos mil dieciocho (2018), en donde se le decretó Auto de Formal Procesamiento. En fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la defensa interpuso recurso de apelación, en la cual la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió declarando Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación y decretó la nulidad de la resolución de fecha veinte (20) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Una vez devuelto el expediente al Juzgado, éste fue puesto a la orden del Juez que conoce de la causa en fecha once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), y que a la fecha de interposición del presente recurso, se encontraba en el despacho del Juez para resolver sobre lo ordenado por el Tribunal de Alzada. b) Manifiesta la Juez Ejecutora en su informe, que en virtud de que la Corte de Apelaciones le ordenó no cambiar la situación Jurídica del imputado, que sea la misma Corte de Apelaciones quien decida sobre el futuro jurídico del señor MARIO ALBERTO CASTRO POSADAS (Folios 06 al 08 de los antecedentes).-4) Que en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en la cual falló: “DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL O HABEAS promovido por la señora DEBORA JANNETTE LEIVA REDONDO a favor de MARIO ALBERTO POSADAS, contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL.…” (Folios del 15 al 17 de los antecedentes).-5) Que en fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo, el artículo 15 de la precitada norma sobre justicia constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.” -CONSIDERANDO (2): Que la Carta Magna en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] -CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo toda la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” -CONSIDERANDO (4): Que de los antecedentes se desprende que la Acción de Hábeas Corpus relacionada fue declarada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019) NO HA LUGAR el recurso de exhibición personal interpuesto por la señora DEBORA JANNETTE LEIVA REDONDO, a favor del señor MARIO ALBERTO CASTRO POSADAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por considerar que existe un vacío legal al haberse declarado con lugar un recurso de apelación a favor del agraviado que anuló el auto de formal procesamiento, sin embargo el Juez A Quo no se ha pronunciado en cuanto a la detención preventiva en la causa instruida contra el señor MARIO ALBERTO CASTRO POSADAS, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE DF-1 y del delito ROBO AGRAVADO en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE DF-02 Y DF-03.-CONSIDERANDO (5): Que al examinar las diligencias contentivas del recurso de exhibición personal, según se desprenden del Informe que rindieran la Defensora Pública Abogada KARLA PATRICIA TALAVERA REYES, quien resolvió en su informe que consta en autos (Folio 6-8 de sus antecedentes) en uso de las facultades inherentes a su cargo por su orden estima lo siguiente: a) Que en fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora se constituyó en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, siendo atendida por la Secretaria del mismo, para que le exhibiera el expediente No.0501-2017-1435, contentivo de la causa instruida contra el señor MARIO ALBERTO CASTRO POSADAS, informándole que al señor CASTRO POSADAS, se le presentó requerimiento fiscal el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE DF-1 y del delito ROBO AGRAVADO en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE DF-02 Y DF-03, siendo admitido dicho requerimiento en fecha ocho (8) de enero de dos mil dieciocho (2018), librándose en esa misma fecha la respectiva orden de captura, la cual se ejecutó en fecha catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018). En fecha quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se celebró la Audiencia de Declaración de Imputado, en donde se le decretó detención judicial, señalándose Audiencia Inicial para el día veinte (20) de agosto de dos mil dieciocho (2018), en donde se le decretó Auto de Formal Procesamiento. En fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la defensa interpuso recurso de apelación, en la cual la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió declarando Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación y decretó la nulidad de la resolución de fecha veinte (20) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Una vez devuelto el expediente al Juzgado, éste fue puesto a la orden del Juez que conoce de la causa en fecha once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), y que, a la fecha de interposición del presente recurso, se encontraba en el despacho del Juez para resolver sobre lo ordenado por el Tribunal de Alzada. b) Manifiesta la Juez Ejecutora en su informe, que en virtud de que la Corte de Apelaciones le ordenó no cambiar la situación Jurídica del imputado, que sea la misma Corte de Apelaciones quien decida sobre el futuro jurídico del señor MARIO ALBERTO CASTRO POSADAS.-CONSIDERANDO (6): Que toda persona tiene derecho a pedir este recurso entre otros casos: Para su inmediata exhibición personal cuando estuviere ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier manera en el ejercicio de su libertad individual.

CONSIDERANDO (7): Que Honduras siendo suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”

CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[5]; la Corte Interamericana también ha manifestado que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[6] (Énfasis suplido).-CONSIDERANDO (9): Que la problemática en los centros se debe regir por el principio de progresividad y por el principio de la individualización del tratamiento, que se utilicen con las personas privadas de libertad deber ser concebidos para su desarrollo gradual y progresivo, la prevención de la reincidencia y habitualidad, y debe estar encaminados a fomentar en ellas el respeto a sí mismas, los conceptos de responsabilidad y convivencia social y la voluntad de vivir conforme a la Ley, respetando estrictamente a las personas privadas de libertad de sus derechos humanos, con las limitaciones y restricciones derivadas de su condición de procesadas o condenadas.-CONSIDERANDO (10): Que del estudio del expediente sub judice y viendo el informe rendido por la Juez Ejecutora se desprende que la censora desconoce los efectos procesales que se derivan de anular una resolución judicial que contiene la decisión del juez de primera instancia de emitir un auto de formal procesamiento en base al artículo 141 del Código Procesal Penal no abarcando dicha decisión del A Quo sino la falta de motivación o razonamiento legal en base a lo establecido en el ordenamiento jurídico interno así como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, tomando por ende el Tribunal de Alzada la decisión de anular, la omisión que impidió la revisión con el fin de conformar, revocar o modificar un Auto de Formal Procesamiento en contra del procesado, siendo esta la razón por la cual la Juez Ejecutora en su informe establece que el expediente del imputado, se encuentra en despacho de la señora Juez quien tiene que resolver lo ordenado por el Tribunal de Alzada, es decir motivar debidamente su decisión al dictar auto de formal procesamiento al procesado, lo cual bajo ningún parámetro legal indica que por ello se debe dictar un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que la resolución emitida por el tribunal de primera instancia no cambia, sino solo los razonamientos o motivaciones que omitió en la fundamentación de la decisión, saneando el defecto procesal y continuar con el trámite correspondiente, en consecuencia esta Sala de lo Constitucional estima que no se ha incurrido en ninguna detención ilegal, ya que el procesado está legalmente detenido mediante un proceso legítimo en que se presentó un incidente por falta de motivación, ya que los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido.-CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Del estudio no se evidencia al tenor a lo dispuesto en el artículo 182 numeral 2 de la Constitución de la República, acciones constitutivas de vejámenes[7] y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, en relación a lo dispuesto en el artículo 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose improcedente, por tanto cabe declarar al tenor de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley sobre Justicia Constitucional CONFIRMAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 16, 59, 63, 64, 68, 69, 80, 82, 86, 87, 182 numeral 2., 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3.1, 9.1, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 37, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 2 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. FALLA: CONFIRMAR LA SENTENCIA venida en revisión dictada por Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes; Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. REDACTÓ LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0227-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[6] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.

[7] “Vejamen. Maltrato, molestia o padecimiento que se impone o se hace sufrir a alguien.// 2. Represión de carácter ofensivo y que implica una burla a los de defectos morales o físicos de aquel contra quien va dirigida”. Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Tomo II. Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Pág. 2415 y 2416.