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Sentencia EP-214-19 — Registro 11293

Resumen

Sentencia en revisión declaró sin lugar recurso de mérito a favor de recurrente contra actuaciones del Director del Centro Penal Ilama, en causa por considerarlo responsable de delitos de facilitación de local para el tráfico de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras y el de portación ilegal de armas de uso comercial y atentado; se estableció que la responsabilidad penal del supuesto agraviado fue declarada por tribunal competente y la orden de excarcelación fue debidamente cumplimentada por la autoridad del centro penal mencionado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."por orden de esta Sala, y ante las evidentes incoherencias encontradas en el informe rendido por la autoridad recurrida en la presente acción constitucional, la Dirección del Centro Penitenciario de Morocelí, Departamento de El Paraíso, dejó sin valor ni efecto el rendido previamente, así, se procedió a informar a esta Sala que el señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ ingresó al Centro Penitenciario de Támara el 15 de octubre de 2015 por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL Y ATENTADO, delitos por los que fue condenado y cuya pena conmutó, siendo liberado en 14 de marzo de 2017. Con posterioridad, el señor TORRES LÓPEZ fue recluido nuevamente al Centro Penal de Támara en 21 de septiembre de 2017, esta vez por el delito de TRÁFICO DE DROGAS, siendo éste modificado en audiencia inicial al delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, por el cual se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva, siendo trasladado en fecha 10 de octubre de ese mismo año 2017 al Centro Penitenciario de Morocelí, Departamento de El Paraíso. Se puso de conocimiento de esta Sala que el referido imputado fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en fecha 22 de febrero del presente año 2019, por el mismo delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. De la documentación que se adjuntó al nuevo informe, se logró establecer que al condenado, señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, se le identificó como miembro activo de la pandilla “18”, y que, como ya se dijo, fue excarcelado en fecha 14 de marzo de 2017 por haber conmutado la pena que se le impuso por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL Y ATENTADO, pasando 6 meses después de haber sido liberado para ser objeto de un nuevo proceso penal, por lo que queda claramente establecido que los argumentos de la recurrente en cuanto al incumplimiento de una orden de excarcelación emitida por juez y la aparente ilegalidad de la detención del supuesto agraviado son infundados e improcedentes..."..."de todo lo actuado esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, al establecerse del trámite que la responsabilidad penal del supuesto agraviado ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, fue declarada por Tribunal competente, acreditándose no ser ciertos los infundados alegatos expuestos por la impetrante, consecuentemente, y al no haberse demostrado tampoco de las actuaciones ordenadas al efecto por el Juez Ejecutor designado, la violación de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procedía, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar no ha lugar el recurso de exhibición personal de mérito, como así se hizo, y en tal virtud, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia que se revisa y así debe declararse..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil diecinueve. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, que declaró sin lugar de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada BELKIS LETICIA RAMÍREZ VALLECILLO a favor del señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, (EL POZO), relacionadas según la peticionaria a que el señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ tiene orden de excarcelación emitida por el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, la Abogada BELKIS LETICIA RAMÍREZ VALLECILLO interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, (EL POZO), relacionadas, según la peticionaria, a que el señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ tiene orden de excarcelación emitida por el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. 2) Que en la misma fecha, la referida Corte admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado en el inciso anterior, designando como Juez Ejecutor al Abogado JOSE FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Defensor Público de la ciudad de Santa Bárbara, a efecto de constatar los extremos narrados por la recurrente, y de ser procedente tomar las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria contra la seguridad y requerir a las autoridades recurridas y presentaran el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en la ley Sobre Justicia Constitucional.(Folio 03 de la pieza de antecedentes.) 3) Que el Abogado JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos lo siguiente: A) Se personó en las instalaciones del Centro Penal de Santa Bárbara, a fin de constatar los hechos denunciados mediante el recurso de habeas corpus, a afecto de solicitar al director del dicho centro penal le exhibiera al privado de libertad mencionado para su plena identificación y constatar su situación procesal, asimismo entrevistó a la asesora legal de dicho centro penitenciario, abogada Ivonne Baide, quien le informó de forma verbal que el señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, no se encontraba registrado en la base de datos que manejan en el centro penitenciario, razón por la cual no fue posible su exhibición personal; B) Según gestiones realizadas por el Juez Ejecutor, el señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, se encuentra recluido en el centro penitenciario de Morocelí, departamento de El Paraíso; C) En fecha veinte de septiembre del dos mil diecinueve, el Director del centro penal de Ilama, Santa Bárbara, le informó lo siguiente: 1. En relación al privado de libertad ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ en ningún momento ha estado registrado en dicho centro. 2. El señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso. 3. Manifiesta el señor Director que la información del señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, se maneja en el centro penitenciario de Morocelí, El Paraíso, donde está recluido. 4) Que a solicitud del Tribunal de Apelaciones, se recibió informe procedente del Centro Penitenciario de Morocelí, Departamento de Santa Bárbara de fecha 1 de febrero de 2019, en el que se constató que el señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ ingresó al Centro Penitenciario de Támara, Francisco Morazán el 22 de septiembre de 2017, en calidad de procesado, por el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, delito por el cual se le decretó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva, razón por la que permanece recluido, según se indica en el informe de mérito. Se informa a su vez que el señor ALFREDO ANTONIO TORRES también tiene un ingreso por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL Y ATENTADO. 5) Que en fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara; FALLÓ: DECLARAR SIN LUGAR el recurso HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL, pretendido por la Abogada BELKIS LETICIA RAMÍREZ VALLECILLO, a favor del señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ. (Folios del 31 al 35 de la pieza de antecedentes.) 6) Que en fecha once de marzo del año dos mil diecinueve, esta Sala, recibió para su revisión, el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada BELKIS LETICIA RAMÍREZ VALLECILLO a favor del señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, en estricto cumplimiento al artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que se revisa la ya mencionada sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, de fecha veintisiete de febrero de dos mi diecinueve, que declaró NO HA LUGAR el recurso de exhibición personal de que se ha hecho mérito, mismo que fuera presentado a favor del señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, contra actuaciones de las autoridades del Centro Penitenciario de Ilama, Departamento de Santa Bárbara, las que, de acuerdo a lo manifestado en el recurso de mérito por la recurrente, el referido señor se encuentra privado de su libertad de manera ilegal, al haber sido ordenada su excacerlación por tribunal competente, mima que no ha sido acatada por la autoridad penitenciaria. CONSIDERANDO (3): Que como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que de acuerdo con la motivación de la sentencia que se revisa, se estableció por parte de la referida Alzada, la desestimación del recurso interpuesto, al decidirse que el señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ no fue objeto de detención ilegal, puesto que le fue impuesta la medida de prisión preventiva por el delito de TRAFICO DE DROGAS por parte de un juzgado de jurisdicción nacional, y que la orden de excarcelación extendida a su favor fue debidamente cumplimentada por las autoridades del centro penal de Ilama. CONSIDERANDO (5): Que por orden de esta Sala, y ante las evidentes incoherencias encontradas en el informe rendido por la autoridad recurrida en la presente acción constitucional, la Dirección del Centro Penitenciario de Morocelí, Departamento de El Paraíso, dejó sin valor ni efecto el rendido previamente, así, se procedió a informar a esta Sala que el señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ ingresó al Centro Penitenciario de Támara el 15 de octubre de 2015 por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL Y ATENTADO, delitos por los que fue condenado y cuya pena conmutó, siendo liberado en 14 de marzo de 2017. Con posterioridad, el señor TORRES LÓPEZ fue recluido nuevamente al Centro Penal de Támara en 21 de septiembre de 2017, esta vez por el delito de TRÁFICO DE DROGAS, siendo éste modificado en audiencia inicial al delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, por el cual se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva, siendo trasladado en fecha 10 de octubre de ese mismo año 2017 al Centro Penitenciario de Morocelí, Departamento de El Paraíso. Se puso de conocimiento de esta Sala que el referido imputado fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en fecha 22 de febrero del presente año 2019, por el mismo delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. De la documentación que se adjuntó al nuevo informe, se logró establecer que al condenado, señor ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, se le identificó como miembro activo de la pandilla “18”, y que, como ya se dijo, fue excarcelado en fecha 14 de marzo de 2017 por haber conmutado la pena que se le impuso por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL Y ATENTADO, pasando 6 meses después de haber sido liberado para ser objeto de un nuevo proceso penal, por lo que queda claramente establecido que los argumentos de la recurrente en cuanto al incumplimiento de una orden de excarcelación emitida por juez y la aparente ilegalidad de la detención del supuesto agraviado son infundados e improcedentes. CONSIDERANDO (6): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos. CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República en su artículo 68 estipula que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral y que nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con respeto a la dignidad inherente al ser humano. CONSIDERANDO (8): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (9): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (10): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO (11): Que de todo lo actuado esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, al establecerse del trámite que la responsabilidad penal del supuesto agraviado ALFREDO ANTONIO TORRES LÓPEZ, fue declarada por Tribunal competente, acreditándose no ser ciertos los infundados alegatos expuestos por la impetrante, consecuentemente, y al no haberse demostrado tampoco de las actuaciones ordenadas al efecto por el Juez Ejecutor designado, la violación de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procedía, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar no ha lugar el recurso de exhibición personal de mérito, como así se hizo, y en tal virtud, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia que se revisa y así debe declararse. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37 y 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en revisión, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve (2019), de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-0214=2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo

[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius