Sentencia EP-147-19 — Registro 9143
Resumen
Revisión de las diligencias que contienen la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones , que declaró con lugar el recurso de exhibición personal, contra actuaciones del director de la Penitenciaría Nacional de Moroceli, alegando que los recurrentes, se encuentran detenidos ilegalmente, en virtud de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conociendo un recurso de casación, revocó el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO NOVENO (9: Que en apego a la Constitución de la República, tratados o convenciones internacionales es imperativo categórico decir que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 numeral 2 de la Constitución de la República, acciones constitutivas de vejámenes y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, en relación a lo dispuesto en el artículo 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar CON LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 182, Numeral 2 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 15 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia emitida por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diez (10) de enero del dos mil diecinueve (2019), que declaró con lugar el Recurso de Exhibición Personal, interpuesto por la señora MIRNA YADIRA CRUZ LOPEZ, a favor de los señores JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ y FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional de Morocelí, departamento de El Paraíso, alegando que los señores JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ y FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ, se encuentran detenidos ilegalmente, en virtud de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conociendo un recurso de casación, revocó el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. ANTECEDENTES 1)Que en fecha trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), compareció ante la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, la señora MIRNA YADIRA CRUZ LOPEZ, interponiendo recurso de Exhibición Personal a favor de los señores JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ y FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ, manifestando la recurrente: “La Honorable Corte Suprema de Justicia, conociendo en Casación revocó el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula y ordenó se extendieran las cartas de libertad definitivas a dichos imputados por el delito de mérito. Dichas cartas de libertad y la orden correspondiente obran en el Centro Penitenciario de Morocelí sin que el Señor Director del mismo haya procedido a su ejecución, desde el día martes once de los corrientes, en que dichas ordenes de libertad fueron recibidas en el presidio mencionado, por lo que la detención de los señores referidos se vuelve ilegal y arbitraria, desconociéndose el motivo por el cual los internos señalados aun no recobran su libertad.” (Folios 01 y 02 de los antecedentes). 2) Que, en la misma fecha, la referida Corte de Apelaciones, tuvo por recibido el recurso de Exhibición Personal, relacionado en el inciso anterior, nombrando como Jueza Ejecutora a la Abogada GLORIA MARIA GUZMAN, Defensora Pública de la ciudad de Yuscarán, departamento de El Paraíso, a fin de que se ordenara la inmediata exhibición de los agraviados, como también rindieran un informe detallado de los hechos alegados por la recurrente. (Folio 03 de los antecedentes). 3) Que la Abogada GLORIA MARIA GUZMAN, en su condición de Juez Ejecutor y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a dicho cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos que: a) Se personó a las instalaciones del Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso, donde fue atendida por el Director Denis Velásquez, poniendo a su vista los expedientes administrativos de los privados de libertad, b) Seguidamente junto con el Secretario legal del Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso, Abogado Luis Antonio Rodríguez, se desplazaron al Juzgado de Ejecución y al Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a fin de esclarecer los vacíos que existían en el expediente criminológico, c) Posteriormente obtuvieron la siguiente información en el Juzgado de Ejecución: Que el privado de libertad FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ, presenta una sentencia por el delito de ASOCIACION ILICITA, siendo condenado a la pena de seis (6) años de reclusión, la misma ha sido cumplida definitivamente; que el privado de libertad JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ, presentaba una sentencia por el delito de ASOCIACION ILICITA, siendo condenado a siete (7) años, seis (6) meses de reclusión, la cual ha sido cumplida definitivamente, d) Seguidamente se desplazaron al Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a fin de revisar el expediente del señor JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, donde por este delito se formalizó la acusación, e) Por lo antes expuesto la Juez Ejecutora determinó lo siguiente: “1. Que el señor FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ sea excarcelado del Centro Penitenciario de Morocelí sin mayor dilación a partir del día de hoy 17 de diciembre de 2018. 2. Que el señor JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ sea puesto a la orden y disposición del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central de inmediato, esto en virtud de presentar una orden de captura vigente.” (Folios del 10 al 18 de los antecedentes). 4) Que en fecha diez (10) de enero del dos mil diecinueve (2019), la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia en la cual: FALLO: 1. DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de EXHIBICION PERSONAL, interpuesto por la señora MIRNA YADIRA CRUZ LOPEZ, a favor de los señores JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ y FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ. (Folios 43 al 45 de los antecedentes). 5) Que en fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), esta Sala, recibió para su revisión, el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la señora MIRNA YADIRA CRUZ LOPEZ, a favor de los señores JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ y FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ, en estricto cumplimiento al artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo el artículo 15 de la precitada norma sobre Justicia Constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.” CONSIDERANDO SEGUNDO (2): Que la Carta Magna en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO TERCERO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo toda la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68 que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” CONSIDERANDO CUARTO (4): Que de los antecedentes se desprende que la Acción de Hábeas Corpus relacionada fue declarada CON LUGAR el Recurso de EXHIBICION PERSONAL, interpuesto por la señora MIRNA YADIRA CRUZ LOPEZ, a favor de los señores JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ y FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ, que al examinar las diligencias contentivas del recurso de exhibición personal, según se desprende del Informe[3] que rindieran la Juez Ejecutora Abogada GLORIA GUZMAN en fecha diecisiete (17) de diciembre del dos mil dieciocho (2018) quien resolviera entre otros extremos que: a) Se personó a las instalaciones del Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso, donde fue atendida por el Director Denis Velásquez, poniendo a su vista los expedientes administrativos de los privados de libertad, b) Seguidamente junto con el Secretario legal del Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso, Abogado Luis Antonio Rodríguez, se desplazaron al Juzgado de Ejecución y al Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a fin de esclarecer los vacíos que existían en el expediente criminológico, c) Posteriormente obtuvieron la siguiente información en el Juzgado de Ejecución: Que el privado de libertad FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ, presenta una sentencia por el delito de ASOCIACION ILICITA, siendo condenado a la pena de seis (6) años de reclusión, la misma ha sido cumplida definitivamente; que el privado de libertad JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ, presentaba un sentencia por el delito de ASOCIACION ILICITA, siendo condenado a siete (7) años, seis (6) meses de reclusión, la cual ha sido cumplida definitivamente, d) Seguidamente se desplazaron al Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a fin de revisar el expediente del señor JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, donde por este delito se formalizó la acusación, e) Por lo antes expuesto la Juez Ejecutora determinó lo siguiente: “1. Que el señor FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ sea excarcelado del Centro Penitenciario de Morocelí sin mayor dilación a partir del día de hoy 17 de diciembre de 2018. 2. Que el señor JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ sea puesto a la orden y disposición del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central de inmediato, esto en virtud de presentar una orden de captura vigente.” CONSIDERANDO QUINTO (5): Que la Constitución de la República de Honduras de conformidad al artículo 87, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, en los que se procurará la rehabilitación de las personas privadas de libertad y su preparación para el trabajo, es por ello que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, conformaron el 7 de abril de 2003 una Comisión Interinstitucional de Reforma Penitenciaria, la cual presentó el 9 de mayo del mismo año un “Informe sobre la Situación del Sistema Penitenciario en Honduras”, que contiene un análisis de su problemática y diversas recomendaciones de reformas a corto, mediano y largo plazo para su eficiente organización y administración, incluyendo recomendaciones de carácter urgente como es la creación de un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, denominado Instituto Nacional Penitenciario, al cual recomienda, la organización, administración y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, así como la ejecución de la Política Penitenciaria del Estado de Honduras, dicha regulación conllevo la creación del Decreto 64-2012 con la Ley del Sistema Penitenciario la cual organiza y que a la vez mande y permita poner en práctica las recomendaciones contenidas en el Informe sobre la Situación del Sistema Penitenciario en Honduras”, y otras que sea menester adoptar para asegurar su correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales, ya que constituyen un componente esencial del Sistema de Justicia Penal del país para garantizar la seguridad de los habitantes de la república. CONSIDERANDO SEXTO (6): Que Honduras siendo suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”
CONSIDERANDO SEPTIMO (7): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[6]; la Corte Interamericana también ha manifestado que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[7] (Énfasis suplido). CONSIDERANDO OCTAVO (8): Que las acciones desarrolladas en familia, comunidad y en toda la sociedad, en procura de espacios de socialización y participación, así como la identificación temprana y reversión de actitudes y factores de riesgo que induzcan a la agrupación en pandillas o maras, al igual que las intervenciones que permitan reducir las consecuencias de dicha pertenencia, en especial conductas delictivas, esta Sala estima que para lograr la finalidad a que se refiere este considerando debe seguirse con el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y reinserción Social, como una unidad desconcentrada de la Presidencia de la República, que coordinará fortalecerá y dará coherencia a la implementación de todos los programas, proyectos y acciones que se hagan en esta materia; y además apoyará todas las transformaciones que sean necesarias para los propósitos de la prevención, rehabilitación y reinserción social de personas integrantes, en especial hincapié nos lo establece el Decreto 141-2001, de ahí surge el beneficio de las acciones educativas y terapéuticas por programas que tengan por el objeto el cambio de actitudes, práctica de valores y desarrollo de aptitudes. CONSIDERANDO NOVENO (9: Que en apego a la Constitución de la República, tratados o convenciones internacionales es imperativo categórico decir que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 numeral 2 de la Constitución de la República, acciones constitutivas de vejámenes[8] y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, en relación a lo dispuesto en el artículo 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar CON LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 16, 59, 63, 64, 68, 69, 80, 82, 86, 87, 90, 182, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3.1, 9.1, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 2 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; FALLA: CONFIRMANDO el recuro DE HÁBEAS CORPUS o EXHIBICION PERSONAL impetrado por la señora MIRNA YADIRA CRUZ LOPEZ, a favor de los señores JOSE ANTONIO DUARTE GOMEZ y FRANKLIN FRANCISCO DIAZ LOPEZ, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional de Morocelí, departamento de El Paraíso. Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. REDACTÓ MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-0147-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Ver folio 10 al 12 de sus antecedentes
[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[6] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.
[7] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.
[8] “Vejamen. Maltrato, molestia o padecimiento que se impone o se hace sufrir a alguien.// 2. Represión de carácter ofensivo y que implica una burla a los de defectos morales o físicos de aquel contra quien va dirigida”. Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Tomo II. Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Pág. 2415 y 2416.