Sentencia EP-095-19 — Registro 9121
Resumen
Según impetrante en representación Fiscalía de Derechos Humanos y de privados de libertad de centro penitenciario,argumentando que èstos están cumpliendo medidas cautelares privativas de libertad y condenas en condiciones de hacinamiento extremo, donde arriesgan su vida e integridad física
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."14): Que la Sala de lo Constitucional en base a las consideraciones anteriormente señaladas, reflexiona que una vez creado el Instituto Nacional Penitenciario (INP) o Instituto, como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, con autoridad en el territorio nacional, le corresponde, la organización, administración y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y los servicios que le son inherentes y siendo la Dirección Nacional la más alta autoridad técnica y administrativa del Instituto, le corresponde la ejecución de la política penitenciaria y de las decisiones emanadas del Consejo Directivo, así como la Dirección Superior del Régimen Penitenciario Nacional, en ese sentido, es de imperiosa necesidad, que el Instituto Nacional Penitenciario en base a las atribuciones que por ley tiene señaladas, que en el termino prudencial de un año realice las provisiones necesarias para que el Centro Penitenciario de Nacaome, Departamento de Valle cuente con las siguientes atenciones: 1) Que se realicen las reparaciones y acondicionamiento de las instalaciones físicas del Centro Penal para que la población privada de libertad cuente con los espacios necesarios; 2) Que se dote de agua potable y de consumo humano, así como la reparación de la red del sistema sanitario, que esté apto para el uso y aseo personal en condiciones de dignidad; 3) Que se ordene la reparación o nueva instalación del sistema eléctrico, proporcionando luz eléctrica así como ventilación natural para evitar un accidente debido al calentamiento por altas temperaturas en la zona, y que según el Informe del Cuerpo de Bomberos de Nacaome, Valle dicho Centro Penal no cuenta con un sistema de supresión de incendios, no hay personal capacitado en caso de incendio y concluye entre otras realidades, que la Granja Penal de Nacaome mantiene una probabilidad de riesgo de incendio muy alto, con consecuencias de daño extremo, con una estimación de riesgo de incendio alto por lo que se implementaran medidas preventivas para la reducción de riesgo, que según la Ley de Bomberos de la República se le concede un plazo de hasta 90 días para que se corrijan las deficiencias encontradas una vez entregado, inspección realizada al Centro Penal el 2 de octubre del 2017; 4) Separación de procesados y condenados; 5) Que se les dote de los implementos de limpieza personal; 6) Que se les dote de una cama digna por privado o privada de libertad; 7) Servicio médico y psicológico brindado por personal adecuado, con énfasis en la prevención; 8) Implementar talleres para que los internos puedan desarrollar actividades que les permitan reinsertarse a la sociedad; 9) Elaborar programas de formación al personal de seguridad y carcelario en el conocimiento de la normativa sobre el tema de respeto a los Derechos Humanos y 10) Que se programe de manera inminente la reunión solicitada por el Instituto Nacional Penitenciario con el Coordinador de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y demás autoridades para que se tomen las decisiones más apremiantes que permitan solventar las necesidades más urgentes en dicho Centro Penal y, por último, urge la elaboración de plan de contingencias completo y actualizado que arroje toda la problemática de los centros penitenciarios a nivel nacional, en el que se involucren todas las autoridades que señala la ley con el fin de darle solución a la problemática encontrada incluyendo el presupuesto respectivo para las provisiones más urgentes. Considerando (15): Que el Articulo 23 de las Ley del Sistema Penitenciario Nacional dispone que los Establecimientos Penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias para proporcionar una vida digna a los internos y el respeto de sus derechos humanos, tanto en su infraestructura como en su equipamiento. Los locales destinados a este propósito, especialmente los de reclusión nocturna, deben satisfacer las exigencias de la higiene y salubridad en lo que a espacio, iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias se refiere, según las normas de la medicina preventiva para la conservación y mejoramiento de la salud física y mental de la persona interna. El Instituto Nacional Penitenciario debe velar porque todos los Establecimientos Penitenciarios sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario Nacional. Considerando (16): Que para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y las emanadas de la Ley del Sistema Penitenciario, es indispensable la asignación presupuestaria que permita desarrollar todos los programas y proyectos encaminados a mejorar las condiciones que viven los privados de libertad en los Centros Penitenciarios del país en base a las recomendaciones recogidas de los estudios e informes de contingencias actualizados y elaborados por las autoridades pertinentes; llama la atención a esta Sala que en el informe rendido “Plan de Contingencias por Riesgos de los Centros Penitenciarios en Honduras” y que data de junio del año 2017, no aparece el levantamiento físico del Centro Penal de Nacaome, Valle, y que textualmente establece que “no corresponde a un estudio actualizado de todas las áreas de dormitorios y alojamiento, donde se conozcan los espacios disponibles para instalación de una cama digna o de las condiciones para el correcto alojamiento de los privados de libertad”, lo que nos lleva a interpretar que son estudios preliminares, esta sala recomienda que es de vital importancia que se elabore un estudio completo y actualizado que indique toda la problemática que enfrentan los centros penitenciarios a nivel nacional, entendiendo la Sala que se tiene que disponer de presupuesto, lo que implica un sacrificio que deberá afrontar en sus reglones presupuestarios el Instituto como ente encargado de la política penitenciaria en concurrencia con las demás autoridades encargadas del tema a la brevedad y evitar un mal mayor. Considerando (17): Que resulta de las actuaciones realizadas por los jueces ejecutores, que las condiciones en que subsisten los privados de libertad en el Centro Penal de Valle, Departamento de Nacaome y que se señalaron en el informe, son constitutivas de vejámenes y molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, con lo que se vulnera el artículo 182 de la Constitución de la República y 13 1. b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consecuencia, procede restituirlos en el goce y disfrute de sus derechos, al quedar demostrada la vulneración de las normas anteriormente señaladas"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13, LITERAL B (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."14): Que la Sala de lo Constitucional en base a las consideraciones anteriormente señaladas, reflexiona que una vez creado el Instituto Nacional Penitenciario (INP) o Instituto, como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, con autoridad en el territorio nacional, le corresponde, la organización, administración y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y los servicios que le son inherentes y siendo la Dirección Nacional la más alta autoridad técnica y administrativa del Instituto, le corresponde la ejecución de la política penitenciaria y de las decisiones emanadas del Consejo Directivo, así como la Dirección Superior del Régimen Penitenciario Nacional, en ese sentido, es de imperiosa necesidad, que el Instituto Nacional Penitenciario en base a las atribuciones que por ley tiene señaladas, que en el termino prudencial de un año realice las provisiones necesarias para que el Centro Penitenciario de Nacaome, Departamento de Valle cuente con las siguientes atenciones: 1) Que se realicen las reparaciones y acondicionamiento de las instalaciones físicas del Centro Penal para que la población privada de libertad cuente con los espacios necesarios; 2) Que se dote de agua potable y de consumo humano, así como la reparación de la red del sistema sanitario, que esté apto para el uso y aseo personal en condiciones de dignidad; 3) Que se ordene la reparación o nueva instalación del sistema eléctrico, proporcionando luz eléctrica así como ventilación natural para evitar un accidente debido al calentamiento por altas temperaturas en la zona, y que según el Informe del Cuerpo de Bomberos de Nacaome, Valle dicho Centro Penal no cuenta con un sistema de supresión de incendios, no hay personal capacitado en caso de incendio y concluye entre otras realidades, que la Granja Penal de Nacaome mantiene una probabilidad de riesgo de incendio muy alto, con consecuencias de daño extremo, con una estimación de riesgo de incendio alto por lo que se implementaran medidas preventivas para la reducción de riesgo, que según la Ley de Bomberos de la República se le concede un plazo de hasta 90 días para que se corrijan las deficiencias encontradas una vez entregado, inspección realizada al Centro Penal el 2 de octubre del 2017; 4) Separación de procesados y condenados; 5) Que se les dote de los implementos de limpieza personal; 6) Que se les dote de una cama digna por privado o privada de libertad; 7) Servicio médico y psicológico brindado por personal adecuado, con énfasis en la prevención; 8) Implementar talleres para que los internos puedan desarrollar actividades que les permitan reinsertarse a la sociedad; 9) Elaborar programas de formación al personal de seguridad y carcelario en el conocimiento de la normativa sobre el tema de respeto a los Derechos Humanos y 10) Que se programe de manera inminente la reunión solicitada por el Instituto Nacional Penitenciario con el Coordinador de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y demás autoridades para que se tomen las decisiones más apremiantes que permitan solventar las necesidades más urgentes en dicho Centro Penal y, por último, urge la elaboración de plan de contingencias completo y actualizado que arroje toda la problemática de los centros penitenciarios a nivel nacional, en el que se involucren todas las autoridades que señala la ley con el fin de darle solución a la problemática encontrada incluyendo el presupuesto respectivo para las provisiones más urgentes. Considerando (15): Que el Articulo 23 de las Ley del Sistema Penitenciario Nacional dispone que los Establecimientos Penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias para proporcionar una vida digna a los internos y el respeto de sus derechos humanos, tanto en su infraestructura como en su equipamiento. Los locales destinados a este propósito, especialmente los de reclusión nocturna, deben satisfacer las exigencias de la higiene y salubridad en lo que a espacio, iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias se refiere, según las normas de la medicina preventiva para la conservación y mejoramiento de la salud física y mental de la persona interna. El Instituto Nacional Penitenciario debe velar porque todos los Establecimientos Penitenciarios sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario Nacional. Considerando (16): Que para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y las emanadas de la Ley del Sistema Penitenciario, es indispensable la asignación presupuestaria que permita desarrollar todos los programas y proyectos encaminados a mejorar las condiciones que viven los privados de libertad en los Centros Penitenciarios del país en base a las recomendaciones recogidas de los estudios e informes de contingencias actualizados y elaborados por las autoridades pertinentes; llama la atención a esta Sala que en el informe rendido “Plan de Contingencias por Riesgos de los Centros Penitenciarios en Honduras” y que data de junio del año 2017, no aparece el levantamiento físico del Centro Penal de Nacaome, Valle, y que textualmente establece que “no corresponde a un estudio actualizado de todas las áreas de dormitorios y alojamiento, donde se conozcan los espacios disponibles para instalación de una cama digna o de las condiciones para el correcto alojamiento de los privados de libertad”, lo que nos lleva a interpretar que son estudios preliminares, esta sala recomienda que es de vital importancia que se elabore un estudio completo y actualizado que indique toda la problemática que enfrentan los centros penitenciarios a nivel nacional, entendiendo la Sala que se tiene que disponer de presupuesto, lo que implica un sacrificio que deberá afrontar en sus reglones presupuestarios el Instituto como ente encargado de la política penitenciaria en concurrencia con las demás autoridades encargadas del tema a la brevedad y evitar un mal mayor. Considerando (17): Que resulta de las actuaciones realizadas por los jueces ejecutores, que las condiciones en que subsisten los privados de libertad en el Centro Penal de Valle, Departamento de Nacaome y que se señalaron en el informe, son constitutivas de vejámenes y molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, con lo que se vulnera el artículo 182 de la Constitución de la República y 13 1. b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consecuencia, procede restituirlos en el goce y disfrute de sus derechos, al quedar demostrada la vulneración de las normas anteriormente señaladas"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista: Para dictar Sentencia de la garantía de Exhibición Personal interpuesta por el agente fiscal Victor Manuel Muñoz Ruiz, en su condición de Sub Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, a favor de todos los privados de libertad del establecimiento penitenciario ubicado en la ciudad de Nacaome, departamento de Valle, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario y del director del Centro Penal de Nacaome, departamento de Valle; manifestando el peticionario que los privados de libertad del referido centro penitenciario, están cumpliendo medidas cautelares privativas de libertad y condenas en condiciones de hacinamiento extremo, donde arriesgan su vida e integridad física, violándoles sus derechos establecidos en los artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145, y 182 de la Constitución de la República; artículos 3, 7, 9, 10 numeral 2 a) y numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 5, 7 numeral 3), 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y; artículos 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes, por agravamiento de las condiciones de detención”. Antecedentes 1) Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, compareció ante la Sala de lo Constitucional el abogado Victor Manuel Muñoz Ruiz, en su condición de Sub Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, interponiendo garantía de Exhibición Personal a favor de todos los privados de libertad del establecimiento penitenciario ubicado en la ciudad de Nacaome, departamento de Valle, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario y del director del Centro Penal de Nacaome, departamento de Valle. Manifestando el peticionario que los privados de libertad del referido Centro Penitenciario, están cumpliendo medidas cautelares privativas de libertad y condenas en condiciones de hacinamiento extremo, donde arriesgan su vida e integridad física, violándoles sus derechos establecidos en los artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145, y 182 de la Constitución de la República; artículos 3, 7, 9, 10 numeral 2 a) y numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 5, 7 numeral 3), 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y; artículos 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes. 2) Que en la misma fecha, esta Sala de lo Constitucional admitió la garantía de Exhibición Personal de mérito, designando como jueces ejecutores para efectos del habéas corpus: i) Al abogado Hector Renieri Banegas, defensor público de la ciudad de Tegucigalpa, a efecto de requerir a la autoridad recurrida el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ii) Al abogado Wilmer Misael Santos, defensor público de la ciudad de Nacaome, para que constatara los extremos denunciados por el recurrente, solicitando al Director del Centro Penal de Nacaome, departamento de Valle, el informe correspondiente, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, personándose en dicho centro penal, a efecto que constatar in situ la certeza de los extremos denunciados por el recurrente, y decretara de ser posible todas las medidas de seguridad pertinentes a garantizar la integridad física y condiciones mínimas de los privados de libertad. (Folio No 113 de la pieza de habéas corpus). 3) Que en fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, el abogado Wilmer Misael Santos Amaya, actuando en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos lo siguiente: a) Que se personó en las instalaciones del Centro Penal de Nacaome, solicitando un informe sobre la situación de ese centro penal, realizando posteriormente una inspección a las instalaciones del mismo, tomado declaración de los testigos propuestos Celeo Ivan Vargas, Godofredo Velasquez Vaquedano, Karol Ivonne Arambú Martinez, además del Comandante de Guardia Oscar Armando Lainez y del Director del Centro Penal Jose Indalecio Elvir Avila; b) Que se pudo constatar que en el Centro Penal de Nacaome, el número de internos sobrepasa la capacidad del mismo, motivo por el cual muchos de los internos duermen en hamacas suspendidas sobre las tarimas de sus compañeros y otros lo hacen en el suelo; c) De sus investigaciones dicho juez ejecutor concluyó: “que se ha probado y constatado que en el Centro Penal de Nacaome, Valle los internos viven en condiciones inhumanas que se enmarcan en el artículo 182 #2 de la Constitución de la República, 13 #1 literal b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, situaciones como el hacinamiento extremo que pone en peligro la convivencia, integridad física, la higiene, la salud y la vida de los internos, no existe separación entre internos procesados e internos condenados, existe poca ventilación para las extremas temperaturas de la zona, poca iluminación natural para la lectura y el trabajo, escases de agua, no se les proporciona artículos para el aseo personal ni agua purificada para consumo humano, falta de espacio físico para la recreación y talleres de trabajo, condiciones a las que se encuentra sometidos por parte del Estado de Honduras a través del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, asimismo consideramos que no existe dolo por parte del Director del centro penal ya que son las instalaciones que se le han proporcionado para realizar su trabajo, que en este momento no se han decretado medidas que corrijan las violaciones encontradas por la magnitud de la situación y que el Director del Centro Penal de Nacaome, Valle, no cuenta con la capacidad administrativa y económica de solucionar la situación por lo que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO a la mayor brevedad posible debe corregir estas violaciones a los internos y una vez que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia así lo ordene en su sentencia, …”. (Folios No 173 al 175). 4) Que en fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, el abogado Hector Renieri Banegas, actuando en su condición de juez ejecutor, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos lo siguiente: a) Que el juez ejecutor se constituyó en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario, solicitando a sus autoridades rindieran un informe, sobre los hechos denunciados en el presente recurso, siendo atendido por el Asistente del Secretario General del Instituto. La Directora del Instituto Nacional Penitenciario Rosa Irene Gudiel Ardón emitió el informe correspondiente, en fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se establece: que mediante oficio No 232-INP-DN-TEG-2017 de fecha 13 de febrero de 2017, la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario, solicitó a la Coordinación de Ingenieros, Infraestructura y Diseño del Instituto Nacional Penitenciario, informara sobre el estado de los centros penitenciarios del país, identificando los planes de contingencias existentes, incluidos en éstos el Centro Penitenciario de Nacaome, Valle, con el propósito que se pudiera informar a las autoridades estatales correspondientes y se pudiesen tomar las medidas necesarias; en virtud de lo peticionado, la Unidad de Ingeniería, remitió su informe el 27 de mayo de 2017, en el cual informaba sobre la situación y recomendaciones de varios centros penitenciarios, entre ellos el Centro Penitenciario de Nacaome, Valle, haciendo una descripción de su situación, estudios de las condiciones mínimas, provisión de servicios básicos (agua potable, saneamiento, energía eléctrica y servicios de salud); b) Que según informe rendido al Juez ejecutor por parte del Instituto Nacional Penitenciario, en fecha 16 de noviembre de 2018 se envió un Oficio (632-DN-INP-2018), al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se le ponía en conocimiento, que el sistema penitenciario había tenido apoyo por parte del Estado de Honduras, en referencia a la logística y a la infraestructura de dichos centros, para evitar el hacinamiento y la vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, por lo que a raíz de esas acciones, que se habían tomado al respecto, en el año 2017, se abrieron tres establecimientos penitenciarios para evitar el hacinamiento. En la actualidad se continúa con una población de 20,551 personas privadas de libertad, con una capacidad instalada para 14,820, teniendo una sobrepoblación de 6,245 personas privadas de libertad. La Dirección Nacional ha realizado todas las gestiones pertinentes para la construcción de nuevos centros penitenciarios, así como las gestiones necesarias para identificar las necesidades con que cuentan los centros penitenciarios, en relación a la infraestructura y las condiciones de hacinamiento en los diferentes centros penitenciarios del país, ya que como se sabe que todo proyecto lleva un procedimiento de aprobación y ejecución de las autoridades correspondientes, pero que se está trabajando para mejorar las condiciones de cada centro penitenciario, por lo que a la espera de la ejecución de nuevos proyectos, se han estado tomado las medidas necesarias para evitar el hacinamiento y así evitar un desastre que lleve a una tragedia mayor; c) Considera el juez ejecutor Héctor Geovanny Banegas, que la garantía de Exhibición Personal, tiene como propósito fundamental la tutela del Derecho Constitucional de la Libertad Personal en su más amplio sentido, teniendo como finalidad una función reparadora, correctiva y preventiva, encaminada a tomar las medidas necesarias e inmediatas para hacer cesar las violaciones a la libertad personal, buscando con ello, la reintegración al orden constitucional, cuando ésta ha sido desconocido o violado por la autoridad pública o persona de cualquier índole, no siendo éste el caso que nos ocupa. Por lo anteriormente expuesto el juez ejecutor resolvió: “DECRETA: NO HA LUGAR LA ACCIÓN DEL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL (CORRECTIVO) a favor de todos los privados de Libertad del Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle,…” (folios No 234 al 237). Fundamentos de Derecho Considerando (1): Que de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, relacionado con los Artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia, es atribución de la Corte Suprema de Justicia por intermedio de la Sala Constitucional conocer de las acciones de Exhibición Personal Correctivo, es deber del Estado garantizar la libertad personal y la integridad e intimidad de la persona humana. Considerando (2): Que el Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o Exhibición personal, en el que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de esta tiene el derecho a promoverla, la que se declara ha lugar si resulta que de los hechos investigados se constata que a la persona se le encuentra ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Considerando (3): Que el hábeas corpus correctivo, es una modalidad que se emplea cuando se producen actos que agravan en forma ilegal o arbitraria las condiciones en que se cumplen las penas o las medidas cautelares privativas de libertad y que afectan al procesado o sentenciado de manera innecesaria, para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Es decir, se otorga esta modalidad de hábeas corpus para lograr que la medida de restricción de la libertad que cumple un imputado o condenado, se haga conforme a la regulación prevista en la Constitución y demás leyes que son aplicables, este tipo de habeas corpus correctivo tiene como finalidad impedir que las condiciones de detención, legitima, dejen de ser tales, por ejemplo, por tortura, prisión –con delincuentes comunes- ver artículos 13, b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional que hace una somera enunciación del habeas corpus correctivo relacionado con el artículo 86 de la Constitución de la República, así como lo contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pactos Internacionales de los que Honduras es parte. Considerando (4): Que el Artículo 59 de la Constitución de la República dispone: “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, la dignidad del ser humano es inviolable….” Igualmente, dispone el Artículo 68, que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”. Considerando (5): Que la Sala de lo Constitucional conoce el Habeas Corpus Correctivo Colectivo presentado por Victor Manuel Muñoz Ruiz, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, presentado en fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil diecinueve (2019) en favor de todos los privados de libertad del establecimiento penitenciario de Nacaome, departamento de Valle, contra las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, revelando el recurrente que los agraviados son doscientos noventa y cuatro (294), quienes están cumpliendo medidas cautelares privativas de libertad y condenas en condiciones de hacinamiento extremo donde arriesgan su vida e integridad física y se violan sus derechos de conformidad con los artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145, y 182 de la Constitución de la República; artículos 3, 7, 9, 10 numeral 2 a) y numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 5, 7 numeral 3), 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y; artículos 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes, por agravamiento de las condiciones de detención, con el objetivo de hacer cesar los padecimientos entre otros, motivo de la denuncia; solicita que la autoridad penitenciaria presente su informe de la responsabilidad en el manejo de los Centros Penitenciarios y procedan hacer cesar las violaciones a los derechos a los privados de libertad y ordenar las medidas necesarias para evitar su repetición, relacionando en el recurso una serie de observaciones donde pormenoriza cada una de las situaciones de irregularidad en que están sumidos los privados de libertad, acompañando a la misma documentos, fotostáticas de fotografía del Centro Penitenciario y sus condiciones, informes, declaración de privados de libertad y empleados de la prisión, informe de inspección de Seguridad contra incendios del Cuerpo de Bomberos, Plan de Contingencias, listado de los privados de libertad y otros documentos señalados como pruebas pertinentes y necesarias, solicitando que comprobado el agravamiento de las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los detenidos en el centro penal de Nacaome, Valle, se declare la procedencia de la acción por lo que el Estado deberá garantizar la integridad física, psíquica y moral de los detenidos, debiendo solicitar al Instituto Nacional Penitenciario un informe sobre la capacidad para alojar privados de libertad y en qué condiciones se encuentra la estructura física del Centro Penal en el marco de los estándares constitucionales e internacionales. Considerando (6): Que admitido el recurso con las formalidades de ley se eligió a los Jueces Ejecutores y se ordenó en la providencia a los abogados Hector Renieri Banegas, defensor público de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán para que requiera de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y Wilmer Misael Santos, Defensor Público de la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, quien deberá constatar los extremos denunciados por el recurrente, solicitando al Director del Centro Penitenciario denunciado el informe correspondiente según lo establecido en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, personarse en el Centro Penal a efecto de constatar In situ la certeza de los extremos denunciados, decretando de manera inmediata de ser preciso todas las medidas de seguridad pertinentes a garantizar la integridad física y condiciones mínimas de los privados de libertad. Considerando (7): Que el juez ejecutor Wilmer Misael Santos Amaya en su condición de juez ejecutor una vez cumplimentadas las actuaciones inherentes al cargo, rindió informe ante la Sala de lo Constitucional en fecha cinco (5) de febrero del dos mil diecinueve, concluyendo que resulta de las investigaciones, así como de la documentación requerida, de las entrevistas e inspección al Centro Penitenciario que “se ha probado y constatado que en el Centro Penal de Nacaome, Valle los internos viven en condiciones inhumanas que se enmarcan en el artículo 182 de la Constitución de la República, 13 inciso b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, situaciones como el hacinamiento extremo que pone en peligro la convivencia, integridad física, la higiene, la salud y la vida de los internos, no existe separación entre internos procesados e internos condenados, existe poca ventilación para las extremas temperaturas de la zona, poca iluminación natural para la lectura y el trabajo, escasez de agua, no se les proporciona artículos para el aseo personal ni agua purificada para consumo humano, falta de espacio físico para recreación y talleres para el trabajo, condiciones a las que se encuentran sometidos por parte del Estado de Honduras a través del Instituto Nacional Penitenciario, asimismo, considera que no existe dolo por parte del Director del Centro Penal ya que son las instalaciones que le han proporcionado para realizar su trabajo, que en este momento no se han decretado medidas que corrijan las violaciones encontradas por la magnitud de la situación y que el Director del Centro Penal de Nacaome, Valle no cuenta con la capacidad administrativa y económica de solucionar la situación por lo que el Instituto Nacional Penitenciario a la mayor brevedad posible debe corregir estas violaciones a los internos”. Considerando (8): Que en fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve, el juez ejecutor Hector Geovany Banegas Villata en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió informe, detallando en el mismo todas las actuaciones realizadas, señalando que se constituyó en el Instituto Nacional Penitenciario haciéndoles saber sobre el Recurso de Habeas Corpus Correctivo presentado en su contra relativo a las condiciones en que se encuentran los Presos en el Centro Penal de Nacaome, Valle y solicitarles un informe de conformidad a lo establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, el que fue rendido por la Directora Nacional, Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon con fecha cinco de febrero del 2019, en que señala entre otras cosas, que en el año 2017 mediante oficio solicito al Coordinador de Ingeniería e Infraestructura y Diseño del Instituto Nacional Penitenciario un informe sobre el Estado actual de los Centros Penitenciarios e identificando a los planes de contingencia existente que han sido elaborados, entre ellos se encuentra el Centro Penitenciario de Nacaome, Valle, con el propósito de que se pueda informar a las autoridades estatales correspondientes y se puedan tomar las medidas necesarias, que recibido el informe sobre las condiciones actuales y recomendaciones de varios centros penitenciarios describe sucintamente los antecedentes, marco legal, estudios, situación actual de las condiciones mininas, provisión de servicios básicos (agua, potable y saneamiento, servicios de luz eléctrica y servicios de salud). Sigue expresando el informe que se puso en conocimiento al Consejo Nacional Penitenciario dicho plan de contingencias con el propósito de evitar futuras tragedias que pudieran atentar con la vida de las personas privadas de libertad, por no contar los centros penitenciarios con todas las condiciones de infraestructura igualmente para evitar hacinamiento y mantener el orden y el control; que mediante Oficio de fecha ocho de diciembre del 2017 se solicito al Coordinador de la sala de lo Penal de la Corte suprema de Justicia llevar a cabo reuniones de trabajo de carácter urgente, a fin de tratar temas relacionados con algunas falencias que se dan en los diferentes Tribunales con el traslado de las personas privadas de libertad de los diferentes establecimientos penitenciarios a nivel nacional, ya que a la fecha se cuenta con el 54% de privados de libertad en calidad de procesados, entre otros temas de interés para mejorar las condiciones de los internos; de otro lado se puso en conocimiento al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 16 de noviembre del 2018 sobre la solicitud relacionada hecha al coordinador de la Sala de lo Penal de quien no se obtuvo respuesta, que en el mismo oficio No.632-DN-2018 del 16 de noviembre del 2018, también se expreso que el sistema penitenciario en la actualidad ha tenido apoyo por parte del Estado de Honduras, referente a la logística e infraestructura para evitar el hacinamiento y la no vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, por lo que a raíz de las acciones que se han tomado al respecto, el año 2017 se abrieron tres establecimientos penitenciarios para evitar dicho hacinamiento, y en la actualidad se continua con una población de 20,551 personas privadas de libertad, con una capacidad instalada para 14,820 teniendo una sobrepoblación de 6,245 personas privadas de libertad. Considerando (9): Que el juez ejecutor nombrado, concluye en su informe, que es de conocimiento de todos, que la situación actual del sistema penitenciario nacional requiere de más infraestructura, en vista de que se tiene una población penitenciaria que sobrepasa la capacidad de alojamiento, por lo que la Dirección Nacional ha realizado todas las gestiones pertinentes para la construcción de nuevos centros penitenciarios, así como otras gestiones necesarias para identificar las necesidades con que cuentan los centros penitenciarios, en relación a infraestructura y las condiciones de hacinamiento y así trabajar y mejorar como se ha estado haciendo en diferentes centros penitenciarios del país, como se sabe es de comprender también, que todo proyecto lleva un procedimiento de aprobación y ejecución de las autoridades estatales del país. Dejando claro con esto, que se está trabajado para mejorar las condiciones de cada Centro Penitenciario, por lo que en espera la ejecución de nuevos proyectos, que se han venido tomando todas las medidas necesarias, para evitar un desastre que lleve a una tragedia mayor para evitar el hacinamiento en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional. Y finaliza la Juez Ejecutora declarando no ha lugar la acción por considerar que la garantía de Habeas corpus o Exhibición Personal tiene como propósito fundamental la tutela del Derecho Constitucional de la libertad personal en su más amplio sentido, teniendo como finalidad una función reparadora, correcta o preventiva, encaminada a tomar las medidas necesarias e inmediatas con el propósito de hacer cesar las violaciones a la libertad personal, buscar con ello la reintegración al orden Constitucional, cuando este ha sido desconocido o violado por la autoridad pública o persona de cualquier índole, no siendo el caso que nos ocupa. Considerando (10): Que se desprende de autos, que los informes rendidos por los jueces ejecutores recogen todas las actuaciones in situ tanto en el Centro Penitenciario de Nacaome, como de la autoridad denunciada el Instituto Nacional Penitenciario, reflejándose que las condiciones en que se encuentran los privados de libertad, son constitutivas de vejámenes y restricciones, así como de molestias innecesarias en perjuicio de su seguridad individual en condición de privados de libertad, no menos cierto es que los esfuerzos del Instituto Nacional Penitenciario por mejorar sus condiciones, no alcanzan los niveles de protección y seguridad a los que está obligado el Estado de Honduras tal como lo manda la Constitución, al mantenerlos en condiciones que vulneran su dignidad humana, por lo que urge de parte de las autoridades penitenciarias y de las que por ley tienen atribuida dichas funciones, la toma urgente de decisiones para evitar que se continúe con los tratos indebidos a personas que se encuentran en calidad de procesados o sentenciados, que comprometen la integridad física, síquica y moral de cada una de las personas bajo custodia del Estado. Es responsabilidad del Estado tal como lo previene el artículo 87 de la Constitución, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurara en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. Considerando (11):Que resulta de las investigaciones que uno de los jueces ejecutores encargados de investigar, constituido en el Centro Penal de Nacaome, Valle, constató las pésimas condiciones de la estructura física del inmueble donde guardan prisión los internos, así como el mal estado de las instalaciones de los servicios básicos, (luz eléctrica, servicios de red sanitaria total) la falta de agua potable así como para consumo humano y la no distribución de la población penitenciaria, falta de ventilación como consecuencia de la ubicación del Centro debido que en la zona se registran altas temperaturas, la falta de insumos para aseo personal, falta de camas y otros objetos personales, lo que atenta contra la dignidad inherente al ser humano, con lo que vulnera uno de los principios de protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptados por la Asamblea General en su Resolución 43/173, que literalmente expresa “que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano”. Considerando (12): Que siendo Honduras signataria de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como de otros instrumentos internacionales de protección de la persona humana en condición de privados de libertad, estamos ante un habeas corpus que doctrinalmente se le conoce como “correctivo” y que se deriva de la interpretación de los artículos 5.4 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El primero, que garantiza el derecho a que los procesados estén separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y que sean sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas; el segundo, va encaminado a garantizar un recurso sencillo, rápido y eficaz para la protección de los derechos reconocidos en la Constitución o en la Convención, recurso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esencialmente está constituido por el Habeas Corpus y de Amparo”. Considerando (13): Que se creó la Ley del Sistema penitenciario Nacional con fundamento en el articulo 87 de la Constitución de la República, “las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, en los que se procurará la rehabilitación de las personas privadas de libertad y su preparación para el trabajo” con el fin de adoptar y asegurar un correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales. La actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales, por lo que es imperativo el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Aunado a lo anterior, el artículo 5 de la convención Americana de Derechos Humanos ha sido la vía que la Corte ha usado preferencialmente para el tema carcelario, evidentemente a partir del artículo 5.2 que hace expresa referencia al tema, pero la Corte ha usado el numeral 1 y 2 en lo referente a torturas y otros tatos crueles e inhumanos y degradantes. Considerando (14): Que la Sala de lo Constitucional en base a las consideraciones anteriormente señaladas, reflexiona que una vez creado el Instituto Nacional Penitenciario (INP) o Instituto, como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, con autoridad en el territorio nacional, le corresponde, la organización, administración y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y los servicios que le son inherentes y siendo la Dirección Nacional la más alta autoridad técnica y administrativa del Instituto, le corresponde la ejecución de la política penitenciaria y de las decisiones emanadas del Consejo Directivo, así como la Dirección Superior del Régimen Penitenciario Nacional, en ese sentido, es de imperiosa necesidad, que el Instituto Nacional Penitenciario en base a las atribuciones que por ley tiene señaladas, que en el termino prudencial de un año realice las provisiones necesarias para que el Centro Penitenciario de Nacaome, Departamento de Valle cuente con las siguientes atenciones: 1) Que se realicen las reparaciones y acondicionamiento de las instalaciones físicas del Centro Penal para que la población privada de libertad cuente con los espacios necesarios; 2) Que se dote de agua potable y de consumo humano, así como la reparación de la red del sistema sanitario, que esté apto para el uso y aseo personal en condiciones de dignidad; 3) Que se ordene la reparación o nueva instalación del sistema eléctrico, proporcionando luz eléctrica así como ventilación natural para evitar un accidente debido al calentamiento por altas temperaturas en la zona, y que según el Informe del Cuerpo de Bomberos de Nacaome, Valle dicho Centro Penal no cuenta con un sistema de supresión de incendios, no hay personal capacitado en caso de incendio y concluye entre otras realidades, que la Granja Penal de Nacaome mantiene una probabilidad de riesgo de incendio muy alto, con consecuencias de daño extremo, con una estimación de riesgo de incendio alto por lo que se implementaran medidas preventivas para la reducción de riesgo, que según la Ley de Bomberos de la República se le concede un plazo de hasta 90 días para que se corrijan las deficiencias encontradas una vez entregado, inspección realizada al Centro Penal el 2 de octubre del 2017; 4) Separación de procesados y condenados; 5) Que se les dote de los implementos de limpieza personal; 6) Que se les dote de una cama digna por privado o privada de libertad; 7) Servicio médico y psicológico brindado por personal adecuado, con énfasis en la prevención; 8) Implementar talleres para que los internos puedan desarrollar actividades que les permitan reinsertarse a la sociedad; 9) Elaborar programas de formación al personal de seguridad y carcelario en el conocimiento de la normativa sobre el tema de respeto a los Derechos Humanos y 10) Que se programe de manera inminente la reunión solicitada por el Instituto Nacional Penitenciario con el Coordinador de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y demás autoridades para que se tomen las decisiones más apremiantes que permitan solventar las necesidades más urgentes en dicho Centro Penal y, por último, urge la elaboración de plan de contingencias completo y actualizado que arroje toda la problemática de los centros penitenciarios a nivel nacional, en el que se involucren todas las autoridades que señala la ley con el fin de darle solución a la problemática encontrada incluyendo el presupuesto respectivo para las provisiones más urgentes. Considerando (15): Que el Articulo 23 de las Ley del Sistema Penitenciario Nacional dispone que los Establecimientos Penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias para proporcionar una vida digna a los internos y el respeto de sus derechos humanos, tanto en su infraestructura como en su equipamiento. Los locales destinados a este propósito, especialmente los de reclusión nocturna, deben satisfacer las exigencias de la higiene y salubridad en lo que a espacio, iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias se refiere, según las normas de la medicina preventiva para la conservación y mejoramiento de la salud física y mental de la persona interna. El Instituto Nacional Penitenciario debe velar porque todos los Establecimientos Penitenciarios sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario Nacional. Considerando (16): Que para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y las emanadas de la Ley del Sistema Penitenciario, es indispensable la asignación presupuestaria que permita desarrollar todos los programas y proyectos encaminados a mejorar las condiciones que viven los privados de libertad en los Centros Penitenciarios del país en base a las recomendaciones recogidas de los estudios e informes de contingencias actualizados y elaborados por las autoridades pertinentes; llama la atención a esta Sala que en el informe rendido “Plan de Contingencias por Riesgos de los Centros Penitenciarios en Honduras” y que data de junio del año 2017, no aparece el levantamiento físico del Centro Penal de Nacaome, Valle, y que textualmente establece que “no corresponde a un estudio actualizado de todas las áreas de dormitorios y alojamiento, donde se conozcan los espacios disponibles para instalación de una cama digna o de las condiciones para el correcto alojamiento de los privados de libertad”, lo que nos lleva a interpretar que son estudios preliminares, esta sala recomienda que es de vital importancia que se elabore un estudio completo y actualizado que indique toda la problemática que enfrentan los centros penitenciarios a nivel nacional, entendiendo la Sala que se tiene que disponer de presupuesto, lo que implica un sacrificio que deberá afrontar en sus reglones presupuestarios el Instituto como ente encargado de la política penitenciaria en concurrencia con las demás autoridades encargadas del tema a la brevedad y evitar un mal mayor. Considerando (17): Que resulta de las actuaciones realizadas por los jueces ejecutores, que las condiciones en que subsisten los privados de libertad en el Centro Penal de Valle, Departamento de Nacaome y que se señalaron en el informe, son constitutivas de vejámenes y molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, con lo que se vulnera el artículo 182 de la Constitución de la República y 13 1. b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consecuencia, procede restituirlos en el goce y disfrute de sus derechos, al quedar demostrada la vulneración de las normas anteriormente señaladas. Por Tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 16, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 80, 82, 85, 86, 87, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 8 Y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3, 5, 6, 7, 10 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; 1, 2, 11,12, 18, 24, 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 4, 5.1.2., 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No.1, 5, 7, 9 numeral No.1, 13 No.1 letra b), 14, 15, 16, 37, 38 y 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarando ha lugar la garantía de hábeas corpus correctivo impetrado por el agente fiscal Victor Manuel Muñoz Ruiz, Subjefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Púbico a favor de todos los privados de libertad del Centro Penitenciario de Nacaome, departamento de Valle; garantía dada contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario, por constarse molestias innecesarias para la seguridad individual y para el orden de la prisión, en consecuencia se ordena: Primero: Que la autoridad recurrida, el Instituto Nacional Penitenciario, en el plazo máximo de un año, a partir de la firmeza de esta sentencia, tome las medidas necesarias para hacer cesar las violaciones y molestias innecesarias a los derechos humanos de los privados de libertad, respetando cada una de las disposiciones implícitas de esta sentencia; Segundo: Que el Instituto Nacional Penintenciario informe cada tres meses el cumplimiento de lo dispuesto en la presente sentencia a la Sala de lo Constitucional, debiendo notificar en el plazo de dos meses a este Alto Tribunal la planificación de cómo se va a cumplimentar los requisitos constitucionales, convencionales y legales, de eliminar cualquier molestía innecesaria en la Prisión de Nacaome. Tercero: Que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, sea tambien vigilante del cumplimiento de la presente decisión judicial; Cuarto: Que se libre certificación del presente fallo al Instituto Nacional Penitenciario para su efectivo cumplimiento, al magistrado coordinador de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Unidad Interna de Protección de Derechos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario, a la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Quinto: Que los jueces ejecutores esten informando a la Sala lo Constitucional los avances o la falta en el cumplimiento de lo señalado en la presente sentencia, a fin de darle cumplimiento a las obligaciones del Estado, de no generar molestias innecesarias a los privados de libertad. Y manda: Que la Secretaría de la Sala de lo Constitucional notifique lo resuelto al recurrente y remita certificación íntegra del presente fallo a las autoridades anteriormente señaladas para su debido cumplimiento y surta los efectos legales que en derecho correspondan. Redactó el magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Exhibición Personal (Correctivo) registrado en este Tribunal con el número SCO-0095-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL