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Sentencia EP-023-19 — Registro 9137

Resumen

Interponiendo acción constitucional de exhibición personal o habeas corpus, en virtud que fueron trasladados en fecha dos de octubre del 2018 desde el Centro penal La Tolva en el Departamento de El Paraíso hacia el centro penitenciario de Tamara, Francisco Morazán en virtud de que su estadía en ese centro de máxima seguridad corrían grave peligro de muerte y en fecha 08 de noviembre del 2018 fueron trasladados nuevamente sin justificación alguna al centro penal La Tolva.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (7): Que de lo anteriormente expuesto, esta Sala observa que corresponde de conformidad a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su Reglamento, la aplicación al Instituto Nacional Penitenciario, velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de esta Ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad , en tal sentido, el artículo 93 de la precitada ley dispone “Toda persona interna puede ser trasladada urgentemente a otro establecimiento, individualmente o en grupo y sin importar su condición procesal, para proteger su seguridad e integridad personal, las de otras personas internas, terceros y la del establecimiento en que se encuentren. Estos traslados deben ser autorizados por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien debe informar, por los canales correspondientes y a la brevedad, al Juez de Ejecución”. Se desprende de las investigaciones e informes que se ha seguido el procedimiento de ley para su traslado. Por tanto se resuelve sin perjuicio de la necesaria supervisión por parte de la Judicatura de Ejecución de Penas de dicho Departamento, en concordancia todo ello a las atribuciones que le corresponden al sistema penitenciario nacional, en el ámbito de protección y garantía; cuya finalidad es promover la compatibilización gradual y progresiva de la situación penitenciaria hondureña y en particular la que se constata en el Centro Penal donde actualmente se encuentran recluidos los privados de libertad ya señalados; a quienes no les comprenden los presupuestos señalados en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero de dos mil diecinueve. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen el recurso interpuesto por la Abogada PATRICIA RICO MOLINA a favor de los Señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX, ELVIN ALONSO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ y ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, todos ellos internos en el Centro Penitenciario denominado “La Tolva”, Municipio de Morocelí, Departamento de El Paraíso, conocido por cuestión de competencia ante la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha seis (06) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró no ha lugar el recurso interpuesto. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce (12) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada PATRICIA RICO MOLINA, a favor de los Señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX, ELVIN ALONSO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ y ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, interponiendo acción constitucional de exhibición personal o habeas corpus, en virtud que fueron trasladados en fecha dos de octubre del 2018 desde el Centro penal La Tolva en el Departamento de El Paraíso hacia el centro penitenciario de Tamara, Francisco Morazán en virtud de que su estadía en ese centro de máxima seguridad corrían grave peligro de muerte y en fecha 08 de noviembre del 2018 fueron trasladados nuevamente sin justificación alguna al centro penal La Tolva.- (Folio 1-8 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha doce (12) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado antes citado, nombró como Juez Ejecutor a la Abogada IVONNE JACKELINE DIAZ MASS, Defensora Pública de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 9-10 del antecedente) 3) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) la Infrascrita Juez Ejecutora en cumplimiento y considerando que el presente Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, rindió el informe correspondiente consignado lo siguiente: A) Que en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se persono en las instalaciones del Centro Penal de La Tolva, en el Departamento de El Paraíso, requiriendo al Director del mismo y solicitando se exhibiera a los mencionados Señores para consultar su estado físico.- B) Del informe rendido por el Director de La Tolva se establece que ellos habían recomendado que dichos internos fueran trasladados a la Penitenciaria Nacional de Tamara y que por esa razón habían sido trasladados y no sabían porque habían regresado nuevamente a La Tolva.- Relatan en su informe que a su regreso fueron evaluados por un médico y que su salud era buena.- Manifiesta además que se comunicó con el Sub Director del Instituto Nacional Penitenciario para ponerlo en conocimiento, que los referentes señores no podían convivir con la demás población penitenciaria cuando ellos se encontraban recluidos en ese centro penal. C) La Juez Ejecutora se entrevistó con los mencionados señores, quienes le manifestaron que sus vidas corrían peligro de muerte en ese centro penal que estaban un lugar conocido como La Reseña y que incluso el Director del Centro Penal le había manifestado que ninguno de los demás reclusos sabía que habían regresado, por lo que la información era confidencial. Igualmente le manifestaron las razones por las cuales querían ser trasladados a otro centro penal, específicamente el de Tamara. D) La Juez Ejecutora también se persono en el Instituto Nacional Penitenciario y a la Penitenciaria Nacional de Tamara, solicitando un informe sobre las causas que motivaron el ingreso de los agraviados al centro penal de La Tolva.- En el informe rendido por el Instituto Nacional Penitenciario, se establece que efectivamente los Señores Guillermo Josué Delgado Calix, Elvin Alonso Santos, Franklin Adalberto Canales Cruz, Gumercindo Alonzo Ruiz Guifarro, Luis Humberto Ponce Rios, Oscar Alberto Ruiz y Armando Antonio Figueroa García, habían sido trasladados a Tamara por razones de seguridad el 12 de octubre del 2018, y que en realidad el traslado era para el Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, pero debido a la sobrepoblación fueron trasladados a Tamara, pero luego se rectifica y que debido al delito por el cual estaban procesados tampoco podían estar en Tamara,; y que según informes rendidos por los demás centros penales donde han estado esos privados de libertad, se logró acreditar que efectivamente corren peligro en el Centro Penal de La Tolva y que por eso habían sido trasladados a Tamara pero este último sin dar razones de peso, más que por el delito por el que están procesados, los decide enviar nuevamente a La Tolva poniendo de esta forma en riesgo sus vidas.- E) Concluye la Juez Ejecutora que independientemente del delito por el cual se encontraban recluidos, a los privados de libertad debe garantizárseles su integridad física y que si bien es cierto que el Instituto Nacional Penitenciario tiene la potestad del traslado de los internos de un centro penal a otro, debe además de garantizar la integridad y la vida de las personas privadas de libertad, sin importar el delito por el cual se encuentran recluidos.- En base a lo anteriormente señalado, La Juez ejecutora Abogada Jacquelin Ivonne Diaz Mass: “DECLARA CON LUGAR la Acción de Exhibición Personal, siendo esta correctiva, en el sentido que se hagan todas las diligencias por parte del Instituto Nacional Penitenciario, a fin de corregir la situación de los privados de libertad Guillermo Josué Delgado Calix, Elvin Alonso Santos, Franklin Adalberto Canales Cruz, Gumercindo Alonzo Ruiz Guifarro, Luis Humberto Ponce Rios, Oscar Alberto Ruiz y Armando Antonio Figueroa García, y a los mismos se les garantice su integridad física.-” (Folio 37v al 39v de la pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha nueve (09) de enero de dos mil diecinueve (2019), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional CONSIDERANDO (1) : Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 316 numeral primero de la Constitución de la República relacionado con los artículos 3 numeral 1) y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional el conocer de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, a fin de constatar que la persona agraviada se encuentra ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; o cuanto en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, o, en su defecto, cuando se constate cualquiera de los supuestos de privación de libertad considerados ilegales y arbitrarios, de conformidad al artículo 24 de la referida Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que las resoluciones dictadas en las acciones de exhibición personal, adquieren el carácter de sentencias definitivas una vez que son revisadas por la Sala Constitucional de conformidad a lo establecido en el Artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (3) :Que la Sala conoce en revisión la sentencia de fecha seis (6) de diciembre del dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declaró NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal por considerar que los hechos denunciados en la interposición del Recurso no se subsumen dentro de los presupuestos establecidos en la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional y los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos para conceder el recurso de habeas corpus que ha sido interpuesto.- CONSIDERANDO (4): Que resulta de las actuaciones y del l informe rendido por la Juez Ejecutora nombrada al efecto, abogada IVONNE JACKELINE DIAZ MASS, que de conformidad a los hechos denunciados en el recurso de exhibición personal, relativo al fallo venido en revisión a esta Sala, procedió a entrevistar a los siete privados de libertad, internos en la Penitenciaria La Tolva de Moroceli, El Paraíso, quienes expresaron que su vida corre peligro en ese centro penitenciario, es de hacer notar que la Juez Ejecutora expresa en una parte del informe, que los entrevistados en ningún momento manifestaron ser objeto de trato degradante dentro del Centro Penal La Tolva, por el contrario que el Director del Centro ha tratado de proteger su vida, pero que están en una celda de dos personas y que actualmente hay siete viviendo ahí, conocido el lugar como Reseña. CONSIDERANDO (5): Que la Juez Ejecutora dentro de sus actuaciones requirió al Teniente Coronel Daniel Rogelio Fúnez, Director del Centro penitenciario Nacional Marco Aurelio Soto (Tamara), a la a bogada ROSA IRENE GUDIEL, Directora del Instituto Nacional Penitenciario, para que informaran las razones por la cuales los siete privados de libertad GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX, ELVIN ALONSO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, GUMERCINDO ALONSO RUIZ GUIFARRO, LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ Y ARMANDO ANTONIO FIGUEROA fueron traslados nuevamente a la Penitenciario La Tolva, informando el director en nota de fecha 15 de noviembre del 2018 y que corre agregada a los autos, que se dio por orden de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario siguiendo los procedimientos y que los mismos se hicieron por estrictas medidas de seguridad. Por su parte la Directora del Institutito Nacional Penitenciario informo que debido a los hechos acaecidos en fecha 30 de septiembre del 2018 en el Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraíso, donde hubo una riña entre varios privados de libertad dejando como resultado dos privados de libertad fallecidos, se tomó la decisión de trasladar a varios privados de libertad en fecha dos de octubre del 2018 por medidas de seguridad de dicho Centro hacia el Centro Penitenciario de Tamara, Francisco Morazán, trasladando en ese momento a GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX, ELVIN ALONSO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, GUMERCINDO ALONSO RUIZ GUIFARRO, LUIS ABERTO PONCE RIOS Y MARCO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, cada uno con su respectiva resolución de fecha 1 de octubre del 2018, que estudiados sus expedientes criminológicos se determina que según los delitos por los que se encuentran recluidos deben permanecer en la cárcel de máxima seguridad y fueron clasificados para su traslado a la Cárcel de Ilama, Santa Bárbara, sin embargo el 15 de octubre del 2018, la Juez Ejecutora Penal de San Pedro Sula, emitió auto mediante el cual ordena al Instituto Nacional Penitenciario SUSPENDER el ingreso de privado de libertad a ese centro por sobrepoblación, lo que motivo la decisión de remitirlos al Centro Penitenciario de Moroceli, el Paraíso, porque reúne las condiciones para que guarden prisión los mencionados privados de libertad, cuyo traslado se dio el ocho de noviembre del dos mil dieciocho, conforme los acuerdos del Instituto Nacional Penitenciario siendo ellos GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX, ELVIN ALONSO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, GUMERCINDO ALONSO RUIZ GUIFARRO, LUIS HUMBERTO PONCE RIOS Y ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, resoluciones de fecha 7 de noviembre del 2018 cuyos traslados son por estrictas medidas de seguridad. Que la Juez Ejecutora es del criterio que se Declare con Lugar la Acción de Exhibición Personal, siendo esta Correctiva, en el sentido que se hagan todas las diligencias por parte del Instituto Nacional Penitenciario a fin de corregir la situación de los privados de libertad y que se les garantice su integridad física, aun y cuando es potestad del Instituto Nacional Penitenciario el traslado de los internos de un centro penal a otro, deberá garantizar la integridad de los internos de un centro penal a otro, garantizar la vida de las personas privadas de libertad sin importar el delito por el cual se encuentran recluidos. CONSIDERANDO (6): Que de conformidad a los hechos investigados la Corte de Apelaciones de Lo penal del Departamento de Francisco Morazán en base al informe rendido declara NO HA LUGAR el Recurso, motivando en que este procede únicamente cuando en su detención o prisión se aplican al detenido o preso, tormentos, torturas, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. En el presente caso, ninguna circunstancia antes descrita concurre como se desprende las actuaciones de la Juez Ejecutora, los internos se encuentran en buen estado físico no han sufrido ningún tipo de agresión lo que si se evidencia es que están molestos porque se les ha dejado internos en el Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraíso, manifestando que sus vidas corren peligro y que el mismo director del centro ha recomendado el traslado, pues estos internos no pueden convivir con los otros, de lo que se deduce que los internos no quieren estar en La Tolva y el Director del Centro los quiere tener ahí, no obstante ser un centro de alta seguridad donde justamente se busca garantizar su integridad física, lo que no puede considerarse una molestia innecesaria para el orden de la prisión, más cuando lo que se ha buscado es precisamente la seguridad de los internos. Que la Corte no encuentra congruencia entre lo actuado por la Jueza Ejecutora y su decisión, pues la acción del habeas corpus busca restablecer derechos conculcados al individuo como fin supremo del Estado y la Sociedad, tales como la libertad arbitrariamente restringida o el cese de los vejámenes y otras lesiones, habiéndose comprobado que los mismos se encuentran perfectamente buen estado de salud física con las entrevistas realizadas. CONSIDERANDO (7): Que de lo anteriormente expuesto, esta Sala observa que corresponde de conformidad a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su Reglamento, la aplicación al Instituto Nacional Penitenciario, velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de esta Ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad , en tal sentido, el artículo 93 de la precitada ley dispone “Toda persona interna puede ser trasladada urgentemente a otro establecimiento, individualmente o en grupo y sin importar su condición procesal, para proteger su seguridad e integridad personal, las de otras personas internas, terceros y la del establecimiento en que se encuentren. Estos traslados deben ser autorizados por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien debe informar, por los canales correspondientes y a la brevedad, al Juez de Ejecución”. Se desprende de las investigaciones e informes que se ha seguido el procedimiento de ley para su traslado. Por tanto se resuelve sin perjuicio de la necesaria supervisión por parte de la Judicatura de Ejecución de Penas de dicho Departamento, en concordancia todo ello a las atribuciones que le corresponden al sistema penitenciario nacional, en el ámbito de protección y garantía; cuya finalidad es promover la compatibilización gradual y progresiva de la situación penitenciaria hondureña y en particular la que se constata en el Centro Penal donde actualmente se encuentran recluidos los privados de libertad ya señalados; a quienes no les comprenden los presupuestos señalados en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; POR TANTO : la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 60, 80, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y ; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37, 38 y 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de diciembre del año dos mil dieciocho, misma que declara NO HA LUGAR la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal promovida por la abogada PATRICIA RICO MOLINA a favor de los privados de libertad GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX, ELVIN ALONSO SANTOS, FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, GUMERCINDO ALONSO RUIZ GUIFARRO, LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIS Y ARMANDO ANTONIO FIGUEROA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de exhibición personal venido en revisión registrada en este Tribunal con el número SCO-0023-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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