Sentencia AP-956-18 — Registro 12872
Resumen
en relación a la causa instruida contra el señor ÁNGEL JAVIER CARDONA, por suponerlo responsable del delito de Facilitación De Local o Medios De Transporte Para El Tráfico O Consumo De Drogas en perjuicio de la Salud De La Población Del Estado De Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(9): Que, siguiendo esta línea de pensamiento doctrinario, esta Sala ha dispuesto en varias decisiones, que para determinar si se está en la presencia de un acto consumado de modo irreparable, se debe de atender primeramente a los efectos y consecuencias de su ejecución. Esta Sala también ha dicho que esta conclusión no implica que estos efectos y consecuencias deban circunscribirse al tiempo o momento de la consumación del acto para determinar su reparabilidad, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo de su realización, por no poder retrotraerse en el tiempo, es un acto consumado de modo irreparable, pues la restitución del acto ejecutado es factible aún y cuando esta restitución se dé en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable, lo son así, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para el juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la ocurrencia de las violaciones cometidas. CONSIDERANDO (10): Que siendo así, esta Sala encuentra evidenciado en el presente trámite lo siguiente: 1) El acto reclamado en amparo lo constituyó en este caso, la resolución de fecha 31 de octubre de 2018, mediante la cual el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE decidió denegar la adecuación de seguir la causa instruida contra el señor ÁNGEL JAVIER CARDONA por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL O MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO O CONSUMO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, bajo la modalidad del procedimiento expedito de flagrancia, disponiendo que la misma fuese tramitada conforme al procedimiento ordinario; 2) El recurso de amparo fue admitido a trámite sin suspensión del acto reclamado por parte de la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, por lo que el proceso principal continuó con su tramitación, es decir continuó tramitándose bajo la modalidad del procedimiento ordinario, al haber sido denegada la pretensión de ventilar la misma como proceso expedito; 3) En la audiencia inicial celebrada al efecto en fecha 7 de noviembre de 2018 ante el JUEZ SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, los hechos fueron RECALIFICADOS por el Ministerio Público, siendo que la cantidad de droga incautada era compatible, según dictamen forense, como CONSUMO PERSONAL INMEDIATO, por lo que el juez de instancia procedió a decretar la correspondiente DECLARATORIA DE REO por el delito de CONSUMO DE DROGAS, delito que no admite pena privativa de libertad, sino una medida de seguridad de conformidad con el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; 4) Con posterioridad a la decisión arribada en audiencia inicial, en fecha 29 de noviembre de 2018, la Corte de Alzada estimó el otorgamiento de la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, ordenado que el proceso se tramitara conforme al procedimiento expedito por el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL O MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO O CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, desconociendo evidentemente la Alzada que el delito había sido recalificado por el Ministerio Público al de CONSUMO DE DROGAS y que se había declarado reo al imputado ÁNGEL JAVIER CARDONA. CONSIDERANDO (11): Que como consecuencia de lo anterior, y aplicando los criterios antes citados, esta Sala advierte que la restitución del acto que se reclamó en amparo en su momento, es decir la resolución del JUEZ SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), ya no resultaría posible, pues tal resolución no solamente ha producido todos sus efectos y consecuencias, sino que su reparabilidad material ya no es factible, puesto que si bien el amparo fue otorgado por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, y se ordenó la continuación del proceso penal conforme el procedimiento expedito de flagrancia, la recalificación del hecho por el ente fiscal al de CONSUMO DE DROGAS, hace que la prosecución del proceso bajo el procedimiento expedito de flagrancia por el delito que originalmente fue objeto del requerimiento fiscal presentado contra el imputado ÁNGEL JAVIER CARDONA sea insostenible, más aun tratándose de un delito que no admite pena privativa de libertad y por el cual ya se hizo la correspondiente declaratoria de reo decretada por el Juez de Instancia en la audiencia inicial con la que culmina la etapa preparatoria del procedimiento ordinario. CONSIDERANDO (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (13): Que de conformidad con el Artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable, estableciendo además la norma, que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (14): Que al evidenciarse en el trámite de mérito la causal de inadmisibilidad ya antes relacionada, resulta acorde, por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones por las consideraciones anteriormente establecidas; y al no haber sido así advertido por la Alzada en el fallo objeto de examen, resulta procedente REVOCAR la sentencia venida en consulta, y en acatamiento a la ley, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 5 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio de dos mil diecinueve. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho; en relación a la causa instruida contra el señor ÁNGEL JAVIER CARDONA, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL O MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO O CONSUMO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de noviembre del año dos mil dieciocho, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el Abogado MAXIMILIANO RUBÍ JIMÉNEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor ÁNGEL JAVIER CARDONA por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL O MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO O CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la celebración de audiencia de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia solicitada por el Ministerio Publico; el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE resolvió denegar el procedimiento peticionado, pronunciándose así con relación al recurso de reposición que interpuso el Ministerio Público en contra de tal decisión: “…Habiendo escuchado el recurso de reposición planteado por el ente fiscal, así como lo manifestado por la defensa privada del ahora imputado en relación a que la presente causa no se ventile bajo las formalidades de juicio expedito, ya nuestra normativa señalada en su capítulo séptimo en el artículo 440 A, cuales son los criterios para determinar la flagrancia y dentro de los mismos y exponer el ente fiscal, mismo que señala que el imputado si bien es cierto no fue detenido en posesión de las pruebas objeto del decomiso que aporta el ente fiscal, pero si que los agentes policiales observaron que el mismo imputado camino a la parte posterior del vehículo y que ubico dentro de un rin dichos elementos, objeto del decomiso, no es menos cierto que nuestra normativa señala explícitamente además los elementos por los que sustanciara dichos elementos, si bien es cierto la doctrina penal habla de una figura de cuasi flagrancia en donde se podría sustentar lo que la fiscalía argumenta, pero en estricto apego a lo que ya señala literalmente el capítulo séptimo es únicamente para los delitos en flagrancia, por lo que al momento de ser detenido el ahora imputado, y en base al acta de registro personal, se puede constatar que la presente causa no se subsumen los requisitos de flagrancia, por lo que se declara sin lugar el recurso interpuesto por el ente fiscal, y manda que se desarrolle la declaración de imputado para que se tramite la presente causa bajo el procedimiento ordinario.” . (Folios del 21 al 24 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha seis de noviembre del año dos mil dieciocho, la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, interpuso ante la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los artículos 80, 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, luego de seguido el trámite correspondiente, la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, decidió otorgar el recurso de amparo interpuesto, estableciendo en su parte resolutiva: “…FALLA: PRIMERO: OTORGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO. SEGUNDO: Ordena a la referida judicatura que se continúe el proceso contra los referidos imputados por la vía del Procedimiento Expedito de Flagrancia…”. (Folios del 13 al 17 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el recurso de amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que el reclamo del ente fiscal se dirigió contra la decisión del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, que denegó la adecuación del procedimiento expedito de flagrancia peticionada por el Ministerio Público, estimando la oposición de la defensa privada, al considerar que no se acreditaron en el proceso los requisitos legales exigidos para que se ventilara el caso dentro del procedimiento expedito, ordenando consecuentemente que el mismo fuese tramitado bajo la formalidad del procedimiento ordinario. Para el Ministerio Público el Juez A-Quo transgredió la garantía del debido proceso (sic) “en perjuicio del imputado” al denegar, indebidamente según la fiscal recurrente, el procedimiento expedito solicitado. SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE AMPARO CONSIDERANDO (6): Que en su fallo, la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA estimó el otorgamiento de la garantía invocada por el Ministerio Público, estableciendo que la resolución del juez de instancia resultaba violatoria de la garantía del debido proceso porque no tiene “soporte fáctico ni jurídico la circunstancia del artículo 440-A párrafo segundo del Código Procesal Penal, pues resulta “evidente”, según la referida Alzada, que las pruebas a practicarse en el caso que nos ocupa “no son de difícil realización”, con lo que consideró “insostenible” el criterio del A-Quo, ordenando que se continuase con el proceso por la vía del procedimiento expedito de flagrancia. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que ha sido aceptado doctrinariamente y así lo ha asentido este Tribunal Supremo, que los actos consumados son aquellos en los que se han realizado en forma total todos sus efectos, es decir aquéllos que han alcanzado la finalidad que persiguen y se han producido por ende todas sus consecuencias jurídicas. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha establecido en reiteradas decisiones, que la doctrina en materia de amparo ha clasificado los actos consumados en dos categorías: 1) Los actos consumados de modo reparable; y, 2) Los actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparada por la sentencia recaída en amparo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias; física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías. CONSIDERANDO (9): Que, siguiendo esta línea de pensamiento doctrinario, esta Sala ha dispuesto en varias decisiones, que para determinar si se está en la presencia de un acto consumado de modo irreparable, se debe de atender primeramente a los efectos y consecuencias de su ejecución. Esta Sala también ha dicho que esta conclusión no implica que estos efectos y consecuencias deban circunscribirse al tiempo o momento de la consumación del acto para determinar su reparabilidad, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo de su realización, por no poder retrotraerse en el tiempo, es un acto consumado de modo irreparable, pues la restitución del acto ejecutado es factible aún y cuando esta restitución se dé en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable, lo son así, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para el juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la ocurrencia de las violaciones cometidas. CONSIDERANDO (10): Que siendo así, esta Sala encuentra evidenciado en el presente trámite lo siguiente: 1) El acto reclamado en amparo lo constituyó en este caso, la resolución de fecha 31 de octubre de 2018, mediante la cual el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE decidió denegar la adecuación de seguir la causa instruida contra el señor ÁNGEL JAVIER CARDONA por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL O MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO O CONSUMO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, bajo la modalidad del procedimiento expedito de flagrancia, disponiendo que la misma fuese tramitada conforme al procedimiento ordinario; 2) El recurso de amparo fue admitido a trámite sin suspensión del acto reclamado por parte de la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, por lo que el proceso principal continuó con su tramitación, es decir continuó tramitándose bajo la modalidad del procedimiento ordinario, al haber sido denegada la pretensión de ventilar la misma como proceso expedito; 3) En la audiencia inicial celebrada al efecto en fecha 7 de noviembre de 2018 ante el JUEZ SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, los hechos fueron RECALIFICADOS por el Ministerio Público, siendo que la cantidad de droga incautada era compatible, según dictamen forense, como CONSUMO PERSONAL INMEDIATO, por lo que el juez de instancia procedió a decretar la correspondiente DECLARATORIA DE REO por el delito de CONSUMO DE DROGAS, delito que no admite pena privativa de libertad, sino una medida de seguridad de conformidad con el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; 4) Con posterioridad a la decisión arribada en audiencia inicial, en fecha 29 de noviembre de 2018, la Corte de Alzada estimó el otorgamiento de la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, ordenado que el proceso se tramitara conforme al procedimiento expedito por el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL O MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO O CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, desconociendo evidentemente la Alzada que el delito había sido recalificado por el Ministerio Público al de CONSUMO DE DROGAS y que se había declarado reo al imputado ÁNGEL JAVIER CARDONA. CONSIDERANDO (11): Que como consecuencia de lo anterior, y aplicando los criterios antes citados, esta Sala advierte que la restitución del acto que se reclamó en amparo en su momento, es decir la resolución del JUEZ SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), ya no resultaría posible, pues tal resolución no solamente ha producido todos sus efectos y consecuencias, sino que su reparabilidad material ya no es factible, puesto que si bien el amparo fue otorgado por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, y se ordenó la continuación del proceso penal conforme el procedimiento expedito de flagrancia, la recalificación del hecho por el ente fiscal al de CONSUMO DE DROGAS, hace que la prosecución del proceso bajo el procedimiento expedito de flagrancia por el delito que originalmente fue objeto del requerimiento fiscal presentado contra el imputado ÁNGEL JAVIER CARDONA sea insostenible, más aun tratándose de un delito que no admite pena privativa de libertad y por el cual ya se hizo la correspondiente declaratoria de reo decretada por el Juez de Instancia en la audiencia inicial con la que culmina la etapa preparatoria del procedimiento ordinario. CONSIDERANDO (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (13): Que de conformidad con el Artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable, estableciendo además la norma, que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (14): Que al evidenciarse en el trámite de mérito la causal de inadmisibilidad ya antes relacionada, resulta acorde, por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones por las consideraciones anteriormente establecidas; y al no haber sido así advertido por la Alzada en el fallo objeto de examen, resulta procedente REVOCAR la sentencia venida en consulta, y en acatamiento a la ley, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada. PARTE RESOLUTIVA
POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 5), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REVOCANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, Y EN SU LUGAR, SE SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, como queda dicho; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cinco de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0956-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL