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Sentencia AP-942-16 — Registro 12274

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el juzgado de letras con relación al delito de estafa. Estima la recurrente que el derecho constitucional que se estima violentado está consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (12): Que el caso que nos ocupa, la recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, apreciaciones relacionadas estrictamente con valoración probatoria, partiendo de una estimación particular de la misma. La recurrente denuncia la decisión de favorecer al imputado con un sobreseimiento definitivo cuando a su parecer existía prueba suficiente para estimar cumplidas las exigencias constitucionales para dictar un auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (13): Que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si el acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. -En este respecto, resulta oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[3].-No obstante, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-CONSIDERANDO (14): Que en el asunto objeto de examen, la Alzada determinó que no se pudo establecer en el proceso una mínima actividad probatoria para estimar la participación del imputado en los hechos que se denunciaron. En su sentencia la Alzada estableció con razonamientos el porqué de su decisión, resaltando las declaraciones testificales en torno a que el ofendido comprendió los alcances del acuerdo conciliatorio con el señor SIGUENZA VÁSQUEZ, y el hecho de no haber sido acreditado la acción engañosa como elemento esencial del tipo penal que nos ocupa.-CONSIDERANDO (15): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. -La Sala observa además que, si bien la motivación de resolución impugnada pudo ser más afortunada, el órgano jurisdiccional recurrido si alcanzó a explicar las causas que orientaron su decisión, no advirtiendo esta Sala las contradicciones o incoherencias apuntadas por el ente fiscal en su intervención.-Esta Sala tampoco puede desconocer la condición de vulnerabilidad de la víctima en este caso, no obstante, la omisión de llamar a un intérprete en las audiencias celebradas ante la autoridad estatal sería atribuible al funcionario designado en aquel momento, es decir el señor SANTOS ELPIDIO CANELAS SALGADO, contra quien existe imputación por ese hecho y además un auto de formal procesamiento decretado por el delito de violación de los deberes de los funcionarios debido a su intervención en las audiencias de conciliación referidas.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (16): Que lo que sí parece discutible para esta Sala es el hecho que el Tribunal de Alzada considerase prácticamente como una eximente el hecho que el imputado y la víctima llegasen (a nivel administrativo), a un aparente arreglo conciliatorio, y decimos aparente pues, como ya se dijo, el funcionario que dirigió estas audiencias enfrenta a su vez una imputación con respecto a su intervención en los mismos.-Este razonamiento es rebatible a criterio de esta Sala, porque por un lado, en materia laboral, que es la que regiría la naturaleza y cumplimiento de estos acuerdos conciliatorios, impera el principio de irrenunciabilidad (Art.3 C. Trabajo), que invoca que son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de los trabajadores reconocidos en la Constitución y las demás leyes, por lo que este aparente descargo de responsabilidad hecho por el agraviado estaría primeramente sujeto a esta condición para ser estimada, por ende, al señor RIGOBERTO DERECK BARRIOS le asiste el derecho de ejercer las acciones legales que le pudiesen corresponder en torno a estos acuerdos conciliatorios, sobre todo teniendo en consideración que se ha determinado en este proceso penal la probable participación del funcionario estatal designado para la conducción de las mismas en un delito de violación de los deberes de los funcionarios, por lo que lo decidido por esta Sala en la presente acción de amparo es sin perjuicio de los derechos y pretensiones que pudieran corresponder y ser reclamadas posteriormente por el señor RIGOBERTO DERECK BARRIOS.-CONSIDERANDO (17): Que dicho lo anterior, la decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar no acreditada la participación del imputado en los hechos por los que se ejerció la acción penal respectiva, es una decisión que concierne, como ya se dijo, a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales del mismo. -CONSIDERANDO (18): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, municipio del distrito central, diez de octubre de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YISBI NALLELY VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiuno de julio del año dos mil dieciséis, que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiuno de diciembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor MAYNOR RENÉ SIGUENZA VÁSQUEZ por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de RIGOBERTO DERECK BARRIOS. Estima la recurrente que el derecho constitucional que se estima violentado está consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince, el Abogado MILSON SALGADO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MAYNOR RENÉ SIGUENZA VÁSQUEZ por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de RIGOBERTO DERECK BARRIOS. (Folios del 1 al 9 de la pieza de antecedentes).-2) Que en fecha veintiuno (21) de diciembre del dos mil quince(2015), el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en la celebración de la audiencia inicial, resolvió“…DECRETA: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del ciudadano MAYNOR RENE SIGUENZA por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de RIGOBERTO DERECK BARRIOS en atención a lo que establecen los artículos 240 del Código Penal, en relación con el artículo 32 del Código Penal…”. (Folios del 103 al 122 de la pieza de antecedentes).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado SAÚL ANÍBAL URBINA HERNÁNDEZ en su condición de Defensor Privado del señor MAYNOR RENE SIGUENZA VÁSQUEZ contra la resolución relacionada en el numeral que precede, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, dictó sentencia en fecha veintiuno de julio del dos mil dieciséis, mediante la cual falló: “… PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado SAÚL ANÍBAL URBINA HERNÁNDEZ, en su condición de Defensor Privado del enjuiciado MAYNOR RENE SIGUENZA VÁSQUEZ.- SEGUNDO: REVOCAR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida, mediante la cual decretó AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en perjuicio de MAYNOR RENE SIGUENZA VÁSQUEZ por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio del señor RIGOBERTO DERECK BARRIOS.- TERCERO: Se instruye a la Jueza A-quo para en audiencia Ad-hoc proceda a dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del señor MAYNOR RENE SIGUENZA VÁSQUEZ en virtud de no relacionarse los elementos delictivos y mucho menos en la comisión del delito de ESTAFA.- …” (Folios del 09 al 27 de la segunda pieza).-4) Que en fecha diez de octubre del dos mil dieciséis, la Abogada YISBY NALLELY VILLALOBOS, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, interpuso ante esta Sala de lo Constitucional, Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida en fecha veintiuno de julio del dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, por considerar que la misma es violatoria de las garantías contenidas en el Artículo 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha dieciséis de febrero del dos mil diecisiete la Sala tuvo por formalizada la presente acción de amparo, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho, por ser recurrente en el recurso de mérito.-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA.-OBJETO DEL RECURSO.-CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del Estado de Honduras, la sentencia que fuera dictada en fecha 21 de julio de 2016 por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, en la que decidió declarar ha lugar un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado MAYNOR RENÉ SIGUENZA VÁSQUEZ, y con ello REVOCÓ la resolución en fecha 21 de diciembre de 2015 dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL de esa misma ciudad, en la que se había determinado dictar un auto de formal procesamiento en contra del referido imputado, por el delito de ESTAFA, en perjuicio del señor RIGOBERTO DERECK BARRIOS.-La decisión del A Quo fue acorde con la imputación que hiciera el Ministerio Público en su momento, estimando acreditados los elementos del tipo penal de ESTAFA, considerando que el ofendido, siendo de origen miskito, no dominaba el idioma español, situación que fue aprovechada, según el juez, por el encartado SIGUENZA VÁSQUEZ para defraudarlo, concertando el pago de una insuficiente indemnización ante la Inspectoría General del Trabajo sin la asistencia de un intérprete, estas circunstancias llevaron al juez de instancia a considerar acreditados los elementos que configuran el tipo penal de estafa, de ahí que se procediera a decretar el respectivo auto de formal procesamiento.-PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA.-CONSIDERANDO (6): Que la defensa del imputado compareció ante el Tribunal de Alzada recurriendo la decisión del A Quo, expresando los agravios que según el representante defensor causaba la resolución impugnada.-En su fallo de fecha 21 de julio de 2016, el Tribunal de Segunda Instancia decidió declarar HA LUGAR la apelación interpuesta, declarando la revocación de la resolución emitida por el juez de instancia y ordenándole que procediera dictar un sobreseimiento definitivo en favor del imputado MAYNOR RENÉ SIGUENZA VÁSQUEZ.-Para la Alzada la A Quo no hizo una (sic) “correcta valoración de la prueba aportada por la defensa del imputado”, orientando su decisión en base a los siguientes razonamientos: La existencia de una conciliación previa de fecha 24 de febrero de 2005, en la cual se fijó el pago de una indemnización de 107,500.00 lempiras a favor del señor DERECK BARRIOS, la cual refiere la Alzada que fue firmada por los comparecientes, y en la cual se “exoneró” al patrono, o sea al señor MAYNOR SIGUENZA VÁSQUEZ de toda responsabilidad que se derivara del accidente de trabajo, pagándole en el instante la cantidad de 30 mil lempiras.-No obstante haber según la Alzada, (sic) “liberado de responsabilidad a su patrono”, el señor DERECK BARRIOS realizó un nuevo acuerdo conciliatorio con el señor SIGUENZA VÁSQUEZ en el año 2007, por la cantidad de 170,000.00 lempiras, de los cuales se pagaron 40 mil.-Para la Alzada, la existencia de estas actas de conciliación, y el hecho que en la mismas no se requiriera o exigiera la presencia de un intérprete, demuestran que el señor DERECK BARRIOS comprendió (sic) “en todo momento” lo descrito en las mismas.-ALEGACIÓN DE LA RECURRENTE.-CONSIDERANDO (7): Que la recurrente fundó su acción en que el acto reclamado, o sea la sentencia emitida por la Alzada en este caso, es violatoria de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa, reconocidos por nuestra Constitución.-Para la representante del Ministerio Público, la sentencia de la Alzada carece de la debida motivación y que además se plasman en ella incoherencias, y además contradicciones que comportan una transgresión a los principios del proceso penal, en específico, los de identidad, contradicción e inmediación, este último para el caso, por el hecho de no haber tenido a la vista al señor DERECK BARRIOS y estimar acreditado en el proceso que éste comprende bien el idioma español, porque firmó las actas de conciliación descritas previamente.-El Ministerio Fiscal explicó que los elementos del tipo penal en el presente caso quedaron plenamente establecidos con los medios probatorios aportados en la audiencia inicial, con lo que la decisión de su revocatoria, partiendo de una sentencia desmotivada, representa perjuicio al Estado y a la víctima, quien a su vez es perteneciente a un grupo vulnerable, no solo por su etnicidad, sino por su situación de salud y discapacidad, a causa de un accidente de trabajo causado por la pesca de langosta artesanal, llevada a cabo, como suele ocurrir en la mayoría de los casos en la zona de La Mosquitia, sin la debida protección e implementos apropiados para este tipo de actividad pesquera, la que ha dejado lisiados a un considerable número de buzos de origen misquito a través de los años en nuestro país.-RAZONAMIENTO DE LA SALA.-CONSIDERANDO (8): Que la afirmación de la recurrente en cuanto a que la falta de motivación suficiente conlleva a una transgresión al debido proceso es acertada, y ello es acorde con lo que esta Sala ha puntualizado en reiterada jurisprudencia[1], en el sentido que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y el derecho a una tutela judicial efectiva, la cual comporta el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho debidamente motivada, ya sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2].-CONSIDERANDO (9): Que, en torno a ello, esta Sala ha insistido a su vez, que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Se ha establecido que la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes. -CONSIDERANDO (10): Que en el caso de autos se ha cuestionado la motivación que se ha plasmado en el fallo recurrido señalando que el mismo es contradictorio e incoherente, considerándose como una grave transgresión al debido proceso el hecho que un auto de formal procesamiento sea revocado, cuando se cumplen los requisitos que la ley exige para decretarlo.-CONSIDERANDO (11): Que para esta Sala, el Ministerio Público no ha hecho mayor énfasis en determinar las razones por las que se consideró el fallo como contradictorio en sí mismo, y tampoco parece tener mayor claridad en cuanto a cómo resulta la incongruencia que ha sido observada en el fallo por la recurrente, más allá de cuestionar que Tribunal de Alzada no apreciara la condición étnica del ofendido, su estado de salud y la apreciación hecha por el Ad Quem en cuanto a que estimó como acreditado en el proceso que el señor DERECK BARRIOS “comprendió en todo momento” lo descrito y acontecido en las audiencias de conciliación hechas ante la autoridad administrativa correspondiente, cuando no se contó con la presencia de un intérprete, siendo que se afirma que la lengua nativa del señor DERECK BARRIOS no lo es el idioma español.-CONSIDERANDO (12): Que el caso que nos ocupa, la recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, apreciaciones relacionadas estrictamente con valoración probatoria, partiendo de una estimación particular de la misma. La recurrente denuncia la decisión de favorecer al imputado con un sobreseimiento definitivo cuando a su parecer existía prueba suficiente para estimar cumplidas las exigencias constitucionales para dictar un auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (13): Que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si el acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. -En este respecto, resulta oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[3].-No obstante, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-CONSIDERANDO (14): Que en el asunto objeto de examen, la Alzada determinó que no se pudo establecer en el proceso una mínima actividad probatoria para estimar la participación del imputado en los hechos que se denunciaron. En su sentencia la Alzada estableció con razonamientos el porqué de su decisión, resaltando las declaraciones testificales en torno a que el ofendido comprendió los alcances del acuerdo conciliatorio con el señor SIGUENZA VÁSQUEZ, y el hecho de no haber sido acreditado la acción engañosa como elemento esencial del tipo penal que nos ocupa.-CONSIDERANDO (15): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. -La Sala observa además que, si bien la motivación de resolución impugnada pudo ser más afortunada, el órgano jurisdiccional recurrido si alcanzó a explicar las causas que orientaron su decisión, no advirtiendo esta Sala las contradicciones o incoherencias apuntadas por el ente fiscal en su intervención.-Esta Sala tampoco puede desconocer la condición de vulnerabilidad de la víctima en este caso, no obstante, la omisión de llamar a un intérprete en las audiencias celebradas ante la autoridad estatal sería atribuible al funcionario designado en aquel momento, es decir el señor SANTOS ELPIDIO CANELAS SALGADO, contra quien existe imputación por ese hecho y además un auto de formal procesamiento decretado por el delito de violación de los deberes de los funcionarios debido a su intervención en las audiencias de conciliación referidas.-CONSIDERANDO (16): Que lo que sí parece discutible para esta Sala es el hecho que el Tribunal de Alzada considerase prácticamente como una eximente el hecho que el imputado y la víctima llegasen (a nivel administrativo), a un aparente arreglo conciliatorio, y decimos aparente pues, como ya se dijo, el funcionario que dirigió estas audiencias enfrenta a su vez una imputación con respecto a su intervención en los mismos.-Este razonamiento es rebatible a criterio de esta Sala, porque por un lado, en materia laboral, que es la que regiría la naturaleza y cumplimiento de estos acuerdos conciliatorios, impera el principio de irrenunciabilidad (Art.3 C. Trabajo), que invoca que son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de los trabajadores reconocidos en la Constitución y las demás leyes, por lo que este aparente descargo de responsabilidad hecho por el agraviado estaría primeramente sujeto a esta condición para ser estimada, por ende, al señor RIGOBERTO DERECK BARRIOS le asiste el derecho de ejercer las acciones legales que le pudiesen corresponder en torno a estos acuerdos conciliatorios, sobre todo teniendo en consideración que se ha determinado en este proceso penal la probable participación del funcionario estatal designado para la conducción de las mismas en un delito de violación de los deberes de los funcionarios, por lo que lo decidido por esta Sala en la presente acción de amparo es sin perjuicio de los derechos y pretensiones que pudieran corresponder y ser reclamadas posteriormente por el señor RIGOBERTO DERECK BARRIOS.-CONSIDERANDO (17): Que dicho lo anterior, la decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar no acreditada la participación del imputado en los hechos por los que se ejerció la acción penal respectiva, es una decisión que concierne, como ya se dijo, a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales del mismo. -CONSIDERANDO (18): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse.-PARTE RESOLUTIVA:POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 295 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada YISBI NALLELY VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiuno de julio del año dos mil dieciséis; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiuno (21) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019 ) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0942-2016 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[2] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pag.

[3]PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200