Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-941-18 — Registro 12273

Resumen

Se interpuso recurso de amparo interpuesta contra la sentencia corte de apelaciones en la que se declaró no ha lugar el recurso de apelación .Estima la fiscal que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de las presuntas víctimas de los delitos descritos, los derechos consagrados en los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para establecer si existe violación de los artículos constitucionales invocados. La Sala de lo Constitucional al analizar lo aseverado por el garantista, en relación con el quebrantamiento del debido proceso fundado en que la corte de apelaciones no aplicó la ley al caso concreto, es del criterio que dicho motivo no es recibo. La razón que alude la amparista para fundar su aserto, se basa en el fondo, en su desacuerdo con la corte de apelaciones, quien sobreseyó la causa en forma definitiva, porque no consideró suficiente la declaración de testigos como prueba para acreditar la existencia de indicio racional de participación, y dejó sentado en su argumentación que no se presentó ningún documento firmado por los acusados que demostrara el haber recibido dinero por la venta de los vehículos automotores. Es importante previo a todo, dejar claro, que la Sala de lo Constitucional, no tiene facultades para hacer valoración de pruebas, como tampoco calificación de delitos, debido a que eso corresponde de manera exclusiva a los órganos jurisdiccionales de instancia. Por lo que, no es dable pronunciarse sobre la procedencia de la prueba aportada en juicio para determinar si fueron acreditados los elementos de tipo. Eso traído al caso concreto, significa que este alto tribunal de justicia no se ha de pronunciar si la prueba testifical aportada en este proceso es suficiente para acreditar los elementos presentes en el artículo 240 del Código Penal; o si era necesario presentar para ello, algún tipo de prueba documental, tal como lo ha expresado la corte de apelaciones. Ese juicio es propio de las dos instancias que ya se pronunciaron al respecto. Tampoco corresponde a este alto tribunal de justicia, determinar si fue acreditado el indicio racional de participación, porque este razonamiento jurídico pertenece a los órganos jurisdiccionales de instancia. Ahora bien, la Sala de lo Constitucional advierte que la amparista ha invocado la violación del debido proceso por quebrantamiento del artículo 297 del Código Procesal Penal y lo encausa por la vía del principio de legalidad; lo cual, este alto tribunal de justicia no acepta, porque considera que más bien constituye un tema que atañe al cumplimiento del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, en relación con el acceso a una sentencia definitiva debidamente razonada y fundada en derecho. El artículo 297 mencionado, refiere que debe dictarse auto de formal procesamiento, únicamente si no procede el sobreseimiento provisional ni el definitivo. Lo que nos remite de manera irremisible a lo dispuesto por la ley, en relación con el tema del sobreseimiento; o sea, que remite a lo que expresan los artículos 295[6] y 296[7] del Código Procesal Penal. A criterio de la Sala de lo Constitucional, los órganos jurisdiccionales de instancia, no podían dictar sobreseimiento definitivo, si fuere posible a futuro, incorporar nuevos elementos de prueba. En el presente caso, por ejemplo, se señaló la falta de prueba documental que vinculara a los encartados y ofendidos, en una relación de compraventa de vehículos. En relación con lo anterior, el artículo 92 constitucional reformado[8], establece que para dictar el auto de formal procesamiento es necesario que exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicio racional de que el imputado sea autor o cómplice. De manera que, para dictar el auto de formal procesamiento, no es necesario que se acredite de manera plena la existencia de la comisión del delito, basta con acreditar una “evidencia probatoria.” Sin embargo, si es necesario que, para que un juzgador sobresea definitivamente una causa, deba acreditarse de manera plena y sin dejar duda, la no existencia del delito o el no haber participado en su comisión. En el caso de mérito, los órganos jurisdiccionales consideraron que con la aprueba aportada, no se acreditó siquiera la existencia de evidencia probatoria, como tampoco el indicio racional de participación de los inculpados, por lo que decidió decretar el sobreseimiento definitivo. Asimismo, la Sala de lo Constitucional estima que, en la acción de amparo bajo estudio, la fiscal, insiste en pretender que la prueba aportada es suficiente para acreditar los elementos de tipo para el delito de estafa, de manera que no es dable acceder al amparo solicitado, siendo procedente denegar la presente garantía constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el Ministerio Público por medio de la agente de tribunales, abogada Yulibeth Garay Hernández a favor de los señores Luis Daniel Martell Cruz, Dominga Aracely Cruz Canales, Rigoberto Suazo Matute, Denia del Carmen Alvarenga López, Kilbeht Asabth Rosales Lozano, José Napoleón Durón Rivera y otros, contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete por el honorable Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores Antonio Josué Callejas Parrales, Will Alexander Cruz Ponce y Herson Wilfredo Cruz Gálvez por el delito de estafa continuada en perjuicio de los señores Luis Daniel Martel Cruz, Dominga Aracely Cruz Canales, Rigoberto Suazo Matute, Denia del Carmen Alvarenga López, Kilbeht Asabth Rosales Lozano, José Napoleón Durón Rivera, Elsa Marina Banegas Reyes, Bertha Maricely Moncada García, Oscar Leónidas Coello Mejía, Jorge Enrique Marín Turcios, Juan Fernando Zúniga Quesada y Samuel Enrique Zelaya Baquedano; y contra el señor Orvin Said Aguilar Carranza por suponerlo responsable del delito de estafa continuada en perjuicio de del señor Samuel Enrique Zelaya Baquedano y contra el señor Ismael Eduardo Novoa Aguilera por suponerlo responsable del delito de estafa en perjuicio de la señora Elsa Marina Banegas Reyes. Estima la fiscal que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de las presuntas víctimas de los delitos descritos, los derechos consagrados en los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del departamento de Francisco Morazán, la abogada Crisell Castellanos, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores Antonio Josué Callejas Parrales, Will Alexander Cruz Ponce y Herson Wilfredo Cruz Gálvez por el delito de estafa continuada en perjuicio de los señores Luis Daniel Martel Cruz, Dominga Aracely Cruz Canales, Rigoberto Suazo Matute, Denia del Carmen Alvarenga López, Kilbeht Asabth Rosales Lozano, José Napoleón Durón Rivera, Elsa Marina Banegas Reyes, Bertha Maricely Moncada García, Oscar Leónidas Coello Mejía, Jorge Enrique Marín Turcios, Juan Fernando Zúniga Quesada y Samuel Enrique Zelaya Baquedano; y contra el señor Orvin Said Aguilar Carranza por suponerlo responsable del delito de estafa continuada en perjuicio de del señor Samuel Enrique Zelaya Baquedano y contra el señor Ismael Eduardo Novoa Aguilera por suponerlo responsable del delito de estafa en perjuicio de la señora Elsa Marina Banegas Reyes. (Folios 1-7 del antecedente) 2. En la celebración de la audiencia inicial comenzada en fecha dieciocho y finalizada el diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del departamento de Francisco Morazán, resolvió: “1) SE DECRETA: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores WILL ALEXANDER CRUZ PONCE Y HERSON WILFREDO CRUZ GÁLVEZ por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de LUIS DANIEL MARTEL CRUZ, DOMINGA ARACELY CRUZ CANALES, RIGOBERTO SUAZO MATUTE, DENIA DEL CARMEN ALVARENGA LÓPEZ, KILBETH ASABTH ROSALES LOZANO, JOSÉ NAPOLEÓN DURÓN RIVERA, ELSA MARINA BANEGAS REYES, BERTHA MARISELY MONCADA GARCÍA, OSCAR LEONIDAS COELLO MEJÍA, JORGE ENRIQUE MARTIN TURCIOS, JUAN FERNANDO ZÚNIGA QUEZADA y SAMUEL ENRIQUE MARTIN TURCIOS, y a favor del imputado ORVIN SAID AGUILAR CARRANZA por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio SAMUEL ENRIQUE MARTÍN TURCIOS, y a favor del imputado ISMAEL EDUARDO NOVOA AGUILERA: por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de ELSA MARINA BANEGAS REYES. Se suspenden las medidas cautelares que se le impusieron a los acusados en la declaración de imputado.” (Folios 246-250 del antecedente). 3. Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada Elisa Amador Maradiaga en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, resolvió: “1) Declarando NO HA LUGAR el recurso interpuesto; 2) CONFIRMANDO la resolución apelada.” (Folios 297-299 vuelto del antecedente). 4. La agente de tribunales, abogada Yulibeth Garay Hernández, compareció ante este alto tribunal de justicia en fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor de los señores Luis Daniel Martell Cruz, Dominga Aracely Cruz Canales, Rigoberto Suazo Matute, Denia del Carmen Alvarenga López, Kilbeht Asabth Rosales Lozano, José Napoleón Durón Rivera y otros, afirmando que la decisión del ad quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República. 5. En fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO TRES (3). Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos que denuncian la violación de los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República. La garantista expresa que estima quebrantado el debido proceso por la corte de apelaciones debido a que no aplicó la ley al caso concreto. Explica que dicho tribunal señaló en uno de los apartados de su fundamentación lo siguiente: “5. En el caso de autos, los testigos de cargo, dicen claramente que entregaron dinero por compra de vehículos y firmaron contrato con el señor Antonio Josué Callejas Parrales, documentos que obran en el expediente, no existiendo ningún documento firmado por los acusados que comprueben que recibieron dinero por la venta de automotores de los que el Ministerio Público menciona como perjudicados, ni existe tampoco contrato alguno que hayan firmado con respecto a compra venta de vehículos.” En contra de lo anterior, la amparista señala que el tipo de estafa se encuentra en el artículo 240 del Código Penal[4]. También señala, que las personas que recibieron cantidades de dinero a manos de los ofendidos no son los imputados, salvo el caso del encausado Will Alexander Cruz Ponce, quien recibió mediante cheque número 41743 extendido por la Cooperativa Sagrada Familia, la cantidad de setenta y tres mil quinientos lempiras de parte del ofendido Rigoberto Suazo Matute. No obstante, lo anterior, la fiscal llama la atención, indicando que todos los ofendidos figuraron como testigos en los contratos de compraventa que firmaron con el coimputado Antonio Josué Callejas Parrales. Así mismo que: Servían como intermediarios, contrataban con las víctimas, mostraban los supuestos vehículos a comprar mediante subasta, indicaban el plazo en que se entregaría el vehículo, se comunicaban con las víctimas para informar sobre el trámite del vehículo, etc.; todo lo cual, constituyen aspectos utilizados para inducir en error a las víctimas y así defraudarlos en provecho ajeno. Lo anterior, expresa la fiscal, da lugar a que se estime por acreditada la existencia del indicio racional de participación de los imputados. En su opinión, dicho elemento fue probado, aun cuando no existan documentos que acrediten el haber recibido dinero por la compra de automotores, ni haber firmado contratos de compraventa; por el contrario, todos los artificios utilizados, establecen su participación en el delito cometido. Razón por la cual, opina que el argumento trascrito contenido en el apartado “5” de la resolución recurrida, no resulta adecuada a la norma penal. Reclama la falta de congruencia entre el artículo 240 del Código Penal y el artículo 297 del Código Procesal Penal[5], bajo el argumento utilizado para dictar el sobreseimiento definitivo a favor de los encausados. Señala que, en la presente etapa del proceso, lo que se valora es un juicio de probabilidad y no de certeza sobre la comisión de delito, tomando en consideración la pluralidad de artificios utilizados por estos para engañar a las víctimas. La fiscal reconoce la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, encaminada a establecer que tiene vedado entrar al análisis de la prueba; pero a la vez considera, que sí se encuentra facultada para revisar el razonamiento lógico arribado por el tribunal, afín de verificar, si en el proceso intelectivo no ha vulnerado su obligación de valorar la prueba conforme lo manda la norma procesal como postulado ineludible del derecho al debido proceso. Concluye que hubo violación al debido proceso porque el proceso intelectivo del juzgador no deriva de las pruebas evacuadas en el proceso. Asimismo, que hubo violación al principio de legalidad por no haberse aplicado el contenido del artículo 240 del Código Penal. Sobre esto último menciona la obligación de apegarse de manera estricta a la norma, evitando la arbitrariedad e interpretación personal, advirtiendo que si bien, el juzgador tiene la facultad de interpretar la ley, debe hacerlo en su verdadero sentido. CONSIDERANDO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán, decidió por unanimidad de votos, confirmar el sobreseimiento dictado a favor de los imputados. Básicamente, la fundamentación jurídica del acto impugnado en amparo, se sustenta en que el Ministerio Público no presentó ningún documento firmado por los acusados que comprueben que recibieron dinero por la venta de vehículos, como tampoco contratos firmados que acrediten dicha venta. En fin, la única prueba de cargo presentada, es testifical, mediante la cual los testigos afirman que los acusados servían de testigos y se hacían pasar como representantes del encausado Antonio Josué Callejas Parrales. En su caso, el testigo Juan Fernando Zúniga Quezada declaró que él entregó al encausado Antonio Josué Callejas Parrales un cheque y el testigo Rigoberto Suazo Matute declaró que los contratos los firmaba el mismo encausado ya mencionado. La corte entonces establece que el artículo 240 del Código Penal, contiene el delito de estafa, el cual como delito contra la propiedad requiere la existencia de prueba que acredite un perjuicio desde el punto de vista patrimonial, entendido este como un valor con significado económico. Aclarando además que para efectos de calificar el delito el perjuicio debe ser real y efectivo, en este caso entonces, resulta necesario que se acredite la entrega de dinero. CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para establecer si existe violación de los artículos constitucionales invocados. La Sala de lo Constitucional al analizar lo aseverado por el garantista, en relación con el quebrantamiento del debido proceso fundado en que la corte de apelaciones no aplicó la ley al caso concreto, es del criterio que dicho motivo no es recibo. La razón que alude la amparista para fundar su aserto, se basa en el fondo, en su desacuerdo con la corte de apelaciones, quien sobreseyó la causa en forma definitiva, porque no consideró suficiente la declaración de testigos como prueba para acreditar la existencia de indicio racional de participación, y dejó sentado en su argumentación que no se presentó ningún documento firmado por los acusados que demostrara el haber recibido dinero por la venta de los vehículos automotores. Es importante previo a todo, dejar claro, que la Sala de lo Constitucional, no tiene facultades para hacer valoración de pruebas, como tampoco calificación de delitos, debido a que eso corresponde de manera exclusiva a los órganos jurisdiccionales de instancia. Por lo que, no es dable pronunciarse sobre la procedencia de la prueba aportada en juicio para determinar si fueron acreditados los elementos de tipo. Eso traído al caso concreto, significa que este alto tribunal de justicia no se ha de pronunciar si la prueba testifical aportada en este proceso es suficiente para acreditar los elementos presentes en el artículo 240 del Código Penal; o si era necesario presentar para ello, algún tipo de prueba documental, tal como lo ha expresado la corte de apelaciones. Ese juicio es propio de las dos instancias que ya se pronunciaron al respecto. Tampoco corresponde a este alto tribunal de justicia, determinar si fue acreditado el indicio racional de participación, porque este razonamiento jurídico pertenece a los órganos jurisdiccionales de instancia. Ahora bien, la Sala de lo Constitucional advierte que la amparista ha invocado la violación del debido proceso por quebrantamiento del artículo 297 del Código Procesal Penal y lo encausa por la vía del principio de legalidad; lo cual, este alto tribunal de justicia no acepta, porque considera que más bien constituye un tema que atañe al cumplimiento del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, en relación con el acceso a una sentencia definitiva debidamente razonada y fundada en derecho. El artículo 297 mencionado, refiere que debe dictarse auto de formal procesamiento, únicamente si no procede el sobreseimiento provisional ni el definitivo. Lo que nos remite de manera irremisible a lo dispuesto por la ley, en relación con el tema del sobreseimiento; o sea, que remite a lo que expresan los artículos 295[6] y 296[7] del Código Procesal Penal. A criterio de la Sala de lo Constitucional, los órganos jurisdiccionales de instancia, no podían dictar sobreseimiento definitivo, si fuere posible a futuro, incorporar nuevos elementos de prueba. En el presente caso, por ejemplo, se señaló la falta de prueba documental que vinculara a los encartados y ofendidos, en una relación de compraventa de vehículos. En relación con lo anterior, el artículo 92 constitucional reformado[8], establece que para dictar el auto de formal procesamiento es necesario que exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicio racional de que el imputado sea autor o cómplice. De manera que, para dictar el auto de formal procesamiento, no es necesario que se acredite de manera plena la existencia de la comisión del delito, basta con acreditar una “evidencia probatoria.” Sin embargo, si es necesario que, para que un juzgador sobresea definitivamente una causa, deba acreditarse de manera plena y sin dejar duda, la no existencia del delito o el no haber participado en su comisión. En el caso de mérito, los órganos jurisdiccionales consideraron que con la aprueba aportada, no se acreditó siquiera la existencia de evidencia probatoria, como tampoco el indicio racional de participación de los inculpados, por lo que decidió decretar el sobreseimiento definitivo. Asimismo, la Sala de lo Constitucional estima que, en la acción de amparo bajo estudio, la fiscal, insiste en pretender que la prueba aportada es suficiente para acreditar los elementos de tipo para el delito de estafa, de manera que no es dable acceder al amparo solicitado, siendo procedente denegar la presente garantía constitucional. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 90 párrafo primero, 92 reformado, 183, 303, 304 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la agente de tribunales, abogada Yulibeth Garay Hernández a favor de los señores Luis Daniel Martell Cruz, Dominga Aracely Cruz Canales, Rigoberto Suazo Matute, Denia del Carmen Alvarenga López, Kilbeht Asabth Rosales Lozano, José Napoleón Durón Rivera y otros, contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores Antonio Josué Callejas Parrales, Will Alexander Cruz Ponce, Herson Wilfredo Cruz Gálvez y otros por el delito de estafa continuada. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0941=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Artículo 240. “Comete el delito de estafa quien, con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.”

[5] “ARTÍCULO 297. Resoluciones en caso de que no proceda el sobreseimiento. Si no procede el sobreseimiento provisional ni el definitivo, el juez resolverá, según corresponda: 1) Dictar auto de prisión y, en tal caso, decidir si decreta la prisión preventiva del imputado u otras medidas cautelares de conformidad con las pruebas practicadas al respecto. Para decretar el auto de prisión, el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito; y, 2) Declarar reo al imputado cuando se trate de delitos que no merezcan pena de privación de la libertad y concurran los requisitos señalados en el párrafo segundo del numeral anterior.”

[6] “ARTÍCULO 295. Sobreseimiento provisional. El juez dictará sobreseimiento provisional sí, no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que, si la tuvo y existe, además, la posibilidad de de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, lo cual deben señalarse de manera concreta en la resolución respectiva. Si dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión o declaratoria de reo, el juez, a petición del fiscal o del acusador privado, podrá ordenar la prosecución del proceso. En caso contrario, se estará a lo prescrito en el artículo 42, numeral 5).”

[7] “ARTÍCULO 296. Sobreseimiento Definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3) Se ha extinguido la acción penal.”

[8] Reformado por Decreto legislativo No. 106-2011 de fecha catorce de junio de dos mil once y Publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República No. 32,588 del ocho de agosto de dos mil once. Ratificado por Decreto legislativo No. 88-2012 de fecha veinticuatro de junio de dos mil doce y publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República No. 32,847 de fecha quince de junio de dos mil doce.