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Sentencia AP-930-18 — Registro 12557

Resumen

Resolución mediante la cual se dispuso suspender a recurrente en el ejercicio de la profesión por abandono de defensa en proceso penal y la incomparecencia de éste como apoderado defensor a audiencia preliminar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que el Artículo 118 del Código Procesal Penal, autoriza efectivamente al Juez conocedor del proceso a suspender en el ejercicio de la profesión por tres meses al Profesional del Derecho que abandone la Defensa, sin embargo, este Tribunal Ad Quem después del estudio riguroso del proceso detecta que la sanción impuesta es severa, pues la A-quo al imponerla se valió de los informes secretariales, pero en ningún momento se requirió al impetrante para que justificara su incomparecencia a la audiencia preliminar señalada en el proceso, de las alegaciones formuladas por el impetrante que demuestran la improcedencia de la sanción impuesta al precitado Profesional del Derecho, se establece que el amparista llegó al órgano jurisdiccional, que acompaño al imputado señor EDGAR ORLANDO DIAZ MENDOZA, que al manifestarle éste que ya no requería de sus servicios lo llevó a las oficinas de la Defensa Pública, para que hiciera uso de la Defensa Pública, el que fue atendido por el Abogado JULIO CESAR MENDOZA, por lo que se considera así como lo establece la Representante del Ministerio Publico, en su dictamen en la vista, que se debe otorgar la acción de amparo, en virtud de que no se siguió el debido proceso en la sanción impuesta al profesional del Derecho Abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, Derecho fundamental que aparece quebrantado en el caso de autos, toda vez, que el abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, no fue oído ni vencido para imponérsele la sanción de Suspensión Profesional, pues basto unos informes secretariales, para imponer la misma. CONSIDERANDO: Que de las razones de hecho y de derecho expuestas, esta Corte concluye en consonancia con el Dictamen del Ministerio Publico, rendido en la presente Acción de Amparo, de que al Recurrente Abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, se le han violado las Garantías Constitucionales consagradas en los Artículos 64, que se refiere a que no se aplicaran leyes, disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos fundamentados de la Carta Magna.- El Derecho de Defensa determinado en el Artículo 82, en el sentido de que no fue oído para imponérsele la sanción de Suspensión Profesional, y por ende, violación al Debido Proceso enunciado en el Artículo 90 Párrafo Primero, vale decir, que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- En consecuencia, es procedente otorgar el Recurso de Amparo a que se ha hecho relación.” CONSIDERANDO (8): Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del Juzgado Primero de Letras de la Esperanza, Departamento de Intibucá denota arbitrariedad desde el momento en el que considera, la suspensión del referido profesional por motivos de abandono de defensa, sin haber sido oído y sin darle la oportunidad de justificar su inasistencia a la Audiencia Preliminar. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (10): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, a favor de SI MISMO, contra el Auto Sancionatorio dictado por el JUZGADO PRIMERO DE LETRAS DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, en fecha siete (7) de septiembre de dos mil dieciocho (2018); con relación a la causa instruida contra el señor EDGAR ORLANDO DIAZ MENDOZA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la menor M. E. D. M.. Estimando el recurrente, que el acto reclamado violenta los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES. 1) Que en fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado Primero de Letras de la Esperanza, departamento de Intibucá, el abogado JONATAN NUÑEZ A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor EDGAR ORLANDO DIAZ MENDOZA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la menor M. E. D. M.. (Folios 18–20 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que siguiendo con el trámite correspondiente, en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado emitió un Auto Sancionatorio, mediante el cual Dispuso: (SIC) “PRIMERO: En fecha 28 de Agosto del año dos mil dieciocho, (28-8-2018) , se celebró AUDIENCIA PRELIMINAR, en la causa antes mencionada, audiencia que fue señalada por este Tribunal, según auto de FECHA TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (3-8-2018) Y RATIFICADA EN AUTO DE FECHA SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIHCO (7-8-2018) SEGUNDO: Según consta en el expediente de mérito, a folio cuarenta y dos (f42 vuelto), la señora Fiscal del Ministerio Publico, la LICENCIADA M. S. M. Y EL Abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, fueron notificados de la audiencia señalada por este Tribunal. TERCERO: Consta en el expediente de mérito y según folios cuarenta y seis (46), cuarenta y siete (47 y cuarenta y ocho (48), la celebración de la AUDIENCIA PRELIMINAR, en la cual en una de sus partes dice literalmente: …TA AUDIENCIA PRELIMINAR (EXP.1001-2018-000070). En la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en martes veintiocho (28) de Agosto del dos mil dieciocho (2018), se da inicio a la presente audiencia siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), en virtud de un compás de espera se le hizo al defensor privado, habiéndose señalado para la nueve y treinta minutos de la mañana …………la suscrita al haber analizado el expediente de mérito se ha constatado que en fecha nueve de agosto fue notificado en legal y debida forma el defensor privado del hoy imputado, el abogado JATNIEL NOLASCO ROSA, siendo que han transcurrido desde el señalamiento de la audiencia , una hora, sin que el defensor privado se haya presentado a la misma. , en consecuencia este tribunal conforme a los establece el artículo 100,101 del Código Procesal Penal, tiene bien nombrar un defensor emergente, … CUARTO: … QUINTO: … SEXTO: En vista de lo anteriormente expuesto, y en aplicación a lo establecido en el artículo 90,94,95 de la Constitución de la Republica el artículo 14,15,101 numeral 3, 118 119 del Código Procesal Penal, articulo 2 Articulo 2 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos este tribunal IMPONE SANCION POR ABANDONO DE DEFENSA, LA SUSPENSION DE TRES MESES EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION AL ABOGADO AL MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, Y LA ADVERTENCIA DE QUE NO OPODRA INTERVENIR DE NUEVO EN EL PROCESO, DEBIENDOSE DAR CUENTA AL HONORABLE COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, LIBRANDOSE LOS CORRESPONDIENTES OFICIOS.” (Folios 67 y 68 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), el abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, a favor de SI MISMO, interpuso ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, Recurso de Amparo contra el Auto Sancionatorio de fecha siete (7) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado antes citado; por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–18 de la pieza de Amparo de la Corte de Apelaciones) 4) Que en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones Falla: (SIC) “OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO de mérito. -” (Folios 39–44 al de la pieza de Corte de Apelaciones) 5) Que en fecha tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que se conoce en consulta la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la cual determinó el otorgamiento del recurso de amparo interpuesto por el Abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA. El recurso fue promovido por el quejoso en contra de una resolución que emitió el Juzgado Primero de Letras de la Esperanza, Departamento de Intibucá, mediante la cual se dispuso suspenderlo en el ejercicio de la profesión por abandono de defensa en el proceso penal que se sigue al señor EDGAR ORLANDO DIAZ MENDOZA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la menor M. E. D. M.. CONSIDERANDO (6): Que la causa de suspensión en el ejercicio profesional determinada por el Juzgado Primero de Letras de la Esperanza, Departamento de Intibucá, fue la incomparecencia del referido profesional del derecho a la audiencia preliminar, indicando en su resolución lo siguiente: (sic)“… AUDIENCIA PRELIMINAR (EXP.1001-2018-000070). En la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en martes veintiocho (28) de Agosto del dos mil dieciocho (2018), se da inicio a la presente audiencia siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), en virtud de un compás de espera se le hizo al defensor privado, habiéndose señalado para la nueve y treinta minutos de la mañana …………la suscrita al haber analizado el expediente de mérito se ha constatado que en fecha nueve de agosto fue notificado en legal y debida forma el defensor privado del hoy imputado, el abogado JATNIEL NOLASCO ROSA, siendo que han transcurrido desde el señalamiento de la audiencia , una hora, sin que el defensor privado se haya presentado a la misma. , en consecuencia este tribunal conforme a los establece el artículo 100,101 del Código Procesal Penal, tiene bien nombrar un defensor emergente, … CUARTO: … QUINTO: … SEXTO: En vista de lo anteriormente expuesto, y en aplicación a lo establecido en el artículo 90,94,95 de la Constitución de la Republica el artículo 14,15,101 numeral 3, 118 119 del Código Procesal Penal, articulo 2 Articulo 2 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos este tribunal IMPONE SANCION POR ABANDONO DE DEFENSA, LA SUSPENSION DE TRES MESES EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION AL ABOGADO AL MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, Y LA ADVERTENCIA DE QUE NO OPODRA INTERVENIR DE NUEVO EN EL PROCESO, DEBIENDOSE DAR CUENTA AL HONORABLE COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS , LIBRANDOSE LOS CORRESPONDIENTES OFICIOS.” (Folios 67 y 68 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) CONSIDERANDO (7): Que por su parte, la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, conociendo del recurso de amparo interpuesto por el afectado contra la decisión anteriormente referida, determinó que procedía amparar al agraviado en tanto que: “CONSIDERANDO: Que el Artículo 118 del Código Procesal Penal, autoriza efectivamente al Juez conocedor del proceso a suspender en el ejercicio de la profesión por tres meses al Profesional del Derecho que abandone la Defensa, sin embargo, este Tribunal Ad Quem después del estudio riguroso del proceso detecta que la sanción impuesta es severa, pues la A-quo al imponerla se valió de los informes secretariales, pero en ningún momento se requirió al impetrante para que justificara su incomparecencia a la audiencia preliminar señalada en el proceso, de las alegaciones formuladas por el impetrante que demuestran la improcedencia de la sanción impuesta al precitado Profesional del Derecho, se establece que el amparista llegó al órgano jurisdiccional, que acompaño al imputado señor EDGAR ORLANDO DIAZ MENDOZA, que al manifestarle éste que ya no requería de sus servicios lo llevó a las oficinas de la Defensa Pública, para que hiciera uso de la Defensa Pública, el que fue atendido por el Abogado JULIO CESAR MENDOZA, por lo que se considera así como lo establece la Representante del Ministerio Publico, en su dictamen en la vista, que se debe otorgar la acción de amparo, en virtud de que no se siguió el debido proceso en la sanción impuesta al profesional del Derecho Abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, Derecho fundamental que aparece quebrantado en el caso de autos, toda vez, que el abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, no fue oído ni vencido para imponérsele la sanción de Suspensión Profesional, pues basto unos informes secretariales, para imponer la misma. CONSIDERANDO: Que de las razones de hecho y de derecho expuestas, esta Corte concluye en consonancia con el Dictamen del Ministerio Publico, rendido en la presente Acción de Amparo, de que al Recurrente Abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, se le han violado las Garantías Constitucionales consagradas en los Artículos 64, que se refiere a que no se aplicaran leyes, disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos fundamentados de la Carta Magna.- El Derecho de Defensa determinado en el Artículo 82, en el sentido de que no fue oído para imponérsele la sanción de Suspensión Profesional, y por ende, violación al Debido Proceso enunciado en el Artículo 90 Párrafo Primero, vale decir, que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- En consecuencia, es procedente otorgar el Recurso de Amparo a que se ha hecho relación.” CONSIDERANDO (8): Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del Juzgado Primero de Letras de la Esperanza, Departamento de Intibucá denota arbitrariedad desde el momento en el que considera, la suspensión del referido profesional por motivos de abandono de defensa, sin haber sido oído y sin darle la oportunidad de justificar su inasistencia a la Audiencia Preliminar. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (10): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, que OTORGÓ el recurso de amparo presentado por el Abogado MOISES JATNIEL NOLASCO ROSA, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el JUZGADO PRIMERO DE LETRAS DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho; Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-930-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL