Sentencia AP-93-19 — Registro 11616
Resumen
Sentencia que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo, con relación a la causa instruida contra los señores Maritza Espinoza Andino y Erick Emanuel Salvador Sánchez, por suponerlos responsables del delito de extorsión agravada continuada en perjuicio de testigo protegido aa-189. , en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en amparo son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, por falta de motivación y argumentación en la resolución impugnada, por errónea aplicación de las reglas de la sana crítica, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la Tutela Judicial Efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho OTORGAR la acción de AMPARO de la que se ha hecho mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha once de octubre de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra los señores MARITZA ESPINOZA ANDINO y ERICK EMANUEL SALVADOR SANCHEZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSION AGRAVADA CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AA-189. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de octubre del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, la Abogada KATIA ZERON, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MARITZA ESPINOZA ANDINO y ERICK EMANUEL SALVADOR SANCHEZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSION AGRAVADA CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AA-189. 2) Que en fecha once de octubre de dos mil dieciocho, en la audiencia inicial el Juzgado de Letras citado, resolvió: “DECRETA: 1.- SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores MARITZA ESPINOZA ANDINO y ERICK EMANUEL SALVADOR SANCHEZ, por el delito de EXTORSION AGRAVADA CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AA-189. 2.-Se ordena a la secretaria librar las cartas de libertad definitivas y las correspondientes órdenes de excarcelación. (Folios 44 al 57 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, RESUELVE: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico. SEGUNDO: Confirmar la resolución apelada. 4) La recurrente abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de enero del año dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintidós de abril del año dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Territorial Nacional en materia de Extorsión, que Declara No Ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que confirma el sobreseimiento Definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal con Competencia territorial Nacional en Materia de Extorsión, en fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), en relación al proceso penal instruido contra: MARITZA ESPINOZA ANDINO Y ERICK EMANUEL SALVADOR SANCHEZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN AGRAVADA CONTINUADA. CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización del recurso, en el párrafo de los Derechos Constitucionales Vulnerados y el Concepto de su Violación, expresa que estima el quebrantamiento del artículo 90 Constitucional por parte del Ad quem, señalando que existe motivación incongruente, además inobserva los requisitos esenciales establecidos en el artículo 141, y 338 del Código Procesal Penal, en cuanto al deber del juzgador de expresar los hechos y fundamentos de derechos en que basa su resolución, así como las pruebas tenidas en cuenta, las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, manifiesta además que la motivación de la resolución no es resultado de un razonamiento judicial formado por conclusiones razonables, derivadas y deducidas únicamente de las pruebas evacuadas en audiencia inicial, en vista que el argumento motivacional para considerar que el Ministerio Público no logra desvirtuar la tesis de la Defensa, en cuanto a la vulneración del domicilio de los encausados y que trajo como consecuencia la nulidad de todo lo actuado, se limitó en referir una versión contrapuesta de parte de los testigos de la defensa, las cuales no se encuentran respaldados por otro tipo de pruebas…, omitiendo el Ad quem los medios de prueba que le sirvieron para arribar a su conclusión. Dice además que, siguiendo el criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, el Tribunal de Alzada inobservó los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales que constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico de la misma. CONSIDERRANDO: (5) Que el Ad quem expone los hechos y motivos que lo llevan a conocer del recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el juez de primera instancia, en el párrafo que corresponde a la motivación y Fundamentos Jurídicos, señala la normativa legal atinente al recurso de apelación así como a la valoración de los medios de prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, refiriendo a continuación las alegaciones del impetrante, señalando finalmente que el Ministerio Público no logró desvirtuar la tesis de la defensa, señalando que la forma en que ocurrió la entrega de dinero la sustenta en declaración de testigos, cuya credibilidad resulta disminuida por la prueba de descargo. (declaraciones de testigos). Finalmente se dictó resolución por mayoría de votos en virtud de disentir la Magistrada Lidia Margarita López, quien razonó su voto de modo separado. CONSIDERANDO: (6) Que la Magistrada Lidia Margarita López razonó su Voto de modo separado, en el que expone de manera clara y congruente los motivos por los que no comparte los criterios de valoración de la prueba utilizados por la mayoría del lis miembros del Tribunal, señalando que las apreciaciones son subjetivas, apreciando algunas contradicciones del A quo cuando dice que el lugar donde se realizó la vigilancia es inaccesible, pero a la vez señala que se puede acceder al mismo saltando un muros de lo cual se desprende que no es inaccesible sino de difícil acceso, apreciación que también es subjetiva, señalando que si existía duda acerca de cómo se había accesado al lugar bastaba pedir al agente (Testigo) que demostrara la forma en que había llegado al lugar de vigilancia, lo cual no se hizo, señala que se constituyeron dos equipos de vigilancia, uno oculto en la maleza y el segundo equipo que requirió a los imputados para darles detención. Además, señala que el A quo deja establecido que tiene dudas acerca de la detención de los imputados pero que tiene por acreditados los hechos referidos por el testigo protegido de quien considera “que sin lugar a dudas es una víctima de un hecho delictivo, puesto que ha referido acciones típicas de un delito de extorsión resultando por ende contradictoria la valoración del A quo, en cuanto a que no se acreditó la participación de los imputados, ya que entre estas acciones que refirió dicho testigo, el cual le otorga credibilidad, fue que se le entregó una nota por parte de dos personas, un hombre y una mujer en la que se le amenazaba y exigía la entrega de una cantidad de dinero, por lo cual interpuso una denuncia, serio un dinero que se entregó con vigilancia policial y que dicha entrega la efectuó precisamente a una persona del sexo masculino que era la misma que le había llevado la nota el día anterior y que luego de la detención de los imputados a quienes describió físicamente y por su vestimenta, también los reconoció mediante álbumes fotográficos en la oficina de la policía siendo estos los imputados MARITZA ESPINOZA ANDINO Y ERICK EMANUEL SALVADOR SANCHEZ, declaración que no ha sido desmeritada de ninguna manera y que debe ser valorada en conjunto con el resto de la prueba aportada por el Ministerio Público en audiencia inicial, como ser la prueba testifical del agente de investigación que la confirma y la prueba documental en la que se consignaron las diligencias policiales que se realizaron en particular el acta de registro personal y decomiso del imputado ERICK EMANUEL SALVADOR SANCHEZ, que fue la persona que se identificó como a la que le fue entregado el dinero seriado de parte del testigo protegido y sobre lo cual, como se dijo, si se le cree a dicho testigo que entregó el dinero a la persona que llegó a cobrar la extorsión, no se ha brindado ninguna explicación de cómo fue a parar ese mismo dinero a manos de dicho imputado. Señalando que con la versión de la prueba de cargo se tendría por acreditados los indicios mínimos de concurrencia de los elementos del tipo penal de extorsión consumada establecidos en el artículo 222 del Código Penal, así como los indicios mínimos de participación de los imputados en los hechos juzgados, tanto en lo que se refiere a la entrega de la nota, en la que se le amenaza a la víctima y se le requería la entrega de dinero, que por si es una conducta que se sanciona de manera independiente y de la cual no se pronunció el A quo, como de la acción misma de recolección del dinero que también fue acreditado con la prueba antes relacionada, participando en ambas acciones los mismos dos imputados. CONSIDERANDO: (7) Que el voto disidente se pronuncia en cuanto a la prueba presentada por la defensa, relacionada con la presentación de unas fotografías y la inspección a la casa donde supuestamente se detuvo a los imputados, señalando que se vio un llavín reparado recientemente, en la puerta de la sala de la casa un llavín suelto dañado por circunstancias que se desconocen y en la parte del patio de la casa una habitación sin uso con una ventana de madera dañada por circunstancias que se desconocen, señalando que tal como lo dice el Ministerio Público no tiene como saber si un llavín ha sido reparado o no recientemente, por otra parte se desconoce cuándo, en qué circunstancias y por quien fue dañada la puerta de entrada a la vivienda y la puerta del cuarto vacío del patio. En cuanto a la prueba testifical presentada por la parte defensora, la Juez López expone en su voto disidente, que la testigo Sara Yamileth Alvarado Ávila, manifestó haberle ayudado a moler a la imputada y que es amiga del imputado porque él mismo tiene una relación con su hija; el testigo Carlos Alberto Ramos Espinoza resulta ser hijo de la imputada y cuñado del imputado, señala que respecto a estas declaraciones no existen otras pruebas periféricas que objetivamente confirmen sus dichos, pues como se dijo la prueba documental e inspección relacionada, no es consistente en sí misma por el momento, la forma y persona que produjo dichos daños depende de la credibilidad que se le otorgue a la versión de los testigos de la defensa. Concluye su exposición exponiendo que la prueba de cargo es creíble y válida no existiendo criterios objetivos para desmeritarla, por lo que arroja indicios suficientes tanto en la existencia del hecho típicamente antijurídico, constitutivo del delito de extorsión contemplado en el artículo 222 del Código Penal al cumplirse todos los elementos de su tipificación legal, además sindica que las personas que fueron a efectuar la exigencia del dinero mediante una nota en la que también se amenazaba a la víctima, el testigo protegido AA-189 fueron los dos imputados, que son las mismas personas detenidas, al haber ido el imputado a cobrar el dinero para luego reunirse con la imputada, con el solo hecho de participar en cualquiera de dichas actividades y mucho más si se participa en ambas, considerando por todo ello que la valoración de la prueba por parte del A quo es errónea. CONSIDERANDO: (8) Que la Normativa Procesal en su artículo 294, exige el mínimum probatorio para dictar resolución en cuanto a los hechos por los que se acusa, la probabilidad de participación del o los imputados, la relevancia jurídico penal, mínimum probatorio que de ser aportado dará lugar al Auto de Formal Procesamiento, debiendo pronunciarse el Juzgador acerca de la medida cautelar a imponer acorde con lo establecido en el Código Procesal Penal. Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un Auto de Formal Procesamiento, es una tarea propia de los juzgados y Tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en tal valoración supone el quebrantamiento de garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9) Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el artículo 141 del Código Procesal Penal, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. Esta Sala de lo Constitucional estima prudente dejar señalado las siguientes consideraciones: De entrada, es menester tener presente que el fallo o sentencia dictado constituye tentativamente un bloque indivisible de decisión, en tanto que implica un juicio sobre los hechos y sobre el derecho, en el que debe observarse ciertas cualidades concernientes a la claridad, lógica y legitimidad. Entiende la Sala que los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales, estarán referidos en primer término a que: “La motivación no consiste en describir procesos mentales; sino en acreditar la racionalidad de las conclusiones”; y en segundo lugar a que “la motivación de la sentencia, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico; es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que deberán ser consignadas en los considerandos de la sentencia”. CONSIDERANDO: (10) Que esta Sala no comparte el criterio de la Corte de Apelaciones impugnada, que dictó su resolución por mayoría de votos, apreciando que se ha quebrantado el Debido Proceso cuando no se han seguido las reglas de la valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica. Alejándose de una valoración objetiva, congruente, razonada, que soporte el escrutinio de ser corroborada por otros medios de prueba periféricos, que merezcan igual credibilidad. CONSIDERANDO (11): Que la actividad motivadora por parte del juzgador es esencial en el impartimiento de justicia, es el soporte de sus resoluciones, en ese orden de ideas, doctrinariamente se ha establecido que son cuatro los momentos principales en que se hace necesario aplicar la actividad motivadora: a) aquél en que se expresan resumidamente los elementos de juicio con que se cuenta: fundamentación descriptiva; b) aquél en que se procede a determinar la plataforma fáctica (hechos probados): fundamentación fáctica; c) aquél en que se analizan los elementos de juicio con que se cuenta: fundamentación analítica o intelectiva; y d) aquél en que se realiza la tarea de adecuar o no el presupuesto de hecho al presupuesto normativo: fundamentación jurídica”[1]. De ahí, que si un juzgador en cualquiera de estos momentos no explique o justifique su decisión debidamente, es decir, cumpliendo con los requerimientos esenciales, como el que sus argumentos sean expresos, claros, completos, legítimos y lógicos, incurrirá en un error que imposibilitaría su subsistencia jurídica, ya que de acuerdo a las garantías constitucionales, el deber de motivación permite conocer a las partes procesales el iter lógico seguido por el juez para llegar a la certeza de la absolución o condena de un imputado; lo anterior precisa, que en dicha decisión el juzgador fundamente claramente su posición, sin utilizar argumentos ambiguos, respondiendo de manera suficiente a los requerimientos esgrimidos por los sujetos procesales. CONSIDERANDO: (12) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en amparo son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, por falta de motivación y argumentación en la resolución impugnada, por errónea aplicación de las reglas de la sana crítica, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la Tutela Judicial Efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho OTORGAR la acción de AMPARO de la que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: (13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada SUSSY COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, certificación del fallo de fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0093=2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Arroyo Gutiérrez, J., Rodríguez Campos, A., en su obra "Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal", p. 97, Poder Judicial-Escuela Judicial, San José, Costa Rica, 2002.