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Sentencia AP-92-19 — Registro 11772

Resumen

Resolución que revocó la sentencia condenatoria; con relación a la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable del delito de Facilitación de local para el Tráfico o consumo de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante sentencia dictada en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada por el A-Quo, revocando la misma y absolviendo de responsabilidad penal al acusado ELSIN OMAR VARELA SUAZO, al haber encontrado insuficiencia probatoria para condenar al imputado, pues el A-Quo en su fallo, tomo en consideración la eventual confesión del acusado, el cual es un acto no tolerado desde el plano constitucional, quebrantando la presunción de inocencia autorizado por el artículo 339 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de abril de dos mil diecinueve.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, que declaró con lugar el recurso de apelación y revocó la sentencia condenatoria dictada mediante juicio expedito por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho; con relación a la causa instruida contra el señor ELSIN OMAR VARELA SUAZO, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO O CONSUMO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, que revoca la sentencia condenatoria dictada contra el señor ELSIN OMAR VARELA SUAZO, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO O CONSUMO DE DROGAS, y absuelve de responsabilidad penal al acusado ELSIN OMAR VARELA SUAZO por el referido delito, es violatoria del derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y al principio de legalidad contemplado en el artículo 321 del mismo cuerpo legal, por cuanto el Tribunal de Alzada no valoró la prueba en base a las reglas de la sana crítica, y que si los hechos imputados al acusado no se subsumían en el delito de facilitación de local para el tráfico o consumo de drogas, debía condenarlo haciendo una calificación correcta del delito.-CONSIDERANDO: Que los artículos 339 y 440-I del Código Procesal Penal establecen, que contra la sentencia dictada en el procedimiento expedito procederá el recurso de apelación conforme a las reglas establecidas en éste Código; y si el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria y será absuelto en caso de duda razonable.-CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante sentencia dictada en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada por el A-Quo, revocando la misma y absolviendo de responsabilidad penal al acusado ELSIN OMAR VARELA SUAZO, al haber encontrado insuficiencia probatoria para condenar al imputado, pues el A-Quo en su fallo, tomo en consideración la eventual confesión del acusado, el cual es un acto no tolerado desde el plano constitucional, quebrantando la presunción de inocencia autorizado por el artículo 339 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 339 y 440-I del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Resolución de fecha once (11) de abril del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0092-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL