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Sentencia AP-915-18 — Registro 9000

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución definitiva que ordenó la reparación de daños materiales en concepto de lucro cesante con relación a demanda de responsabilidad civil por vía de aprecio promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable..."..."este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por las recurrentes, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siento que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguno a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano judicial recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES y SARA IRENE ALCÁNTARA MADARIAGA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho; con relación a la demanda de responsabilidad civil por vía de apremio promovida por la señora MARITZA AMPARO CRUZ SOLÓRZANO, quien actúa en su condición de heredera de su menor hija I. L. C. C., contra el ESTADO DE HONDURAS. (Exp.0101-2018-00001).- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que las recurrentes estiman que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues arguyen las recurrentes que dicha resolución no debió decretarse, en virtud de que el A-quo no hizo una valoración de la prueba propuesta y mucho menos utilizó las reglas de la sana critica en cuanto a la carga probatoria, tal como lo señala el artículo 202 del Código Procesal Penal, sumado a ello doblemente violado el debido proceso por el Ad-quem, que resolvió el recurso de apelación, sin pronunciarse a los agravios expresados, puesto que en su motivación y fundamentación jurídica del referido fallo solo hace mención de la responsabilidad civil solidaria, la cual no fue atacada en el recurso respectivo, aceptando tácitamente la responsabilidad solidaria su representado con la parte demandante, por el daño causado por el Miembro de la Institución Policial.- CONSIDERANDO: Que de la resolución recurrida en amparo se desprende, que la referida Corte de Apelaciones en su motivación declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las Abogadas representantes del ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado de Honduras en el Despacho de Seguridad y de la Procuraduría General de la República, confirmando la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA; en la que dicho Juzgado de Ejecución, ordena la reparación de daños materiales en concepto de lucro cesante que ascienden a la cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L.6,721,275.05), sentencia que según la Corte de Apelaciones referida fue dictada con los requisitos exigidos por la Ley y ponderada dentro de los limites y facultades discrecionales del Juez A-quo, puesto que fue probado el derecho del demandante, apreciando que los antecedentes de la sentencia cumple con los requisitos de forma y de fondo, en el entendido de haberse declarado el derecho de la demandante por ser la madre y heredera de la causante, encontrándose en los límites de la justicia aceptables al valorar la prueba en su conjunto.- CONSIDERANDO: Que examinados los antecedentes y el acto reclamado este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ya queda dicho.- CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por las recurrentes, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siento que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguno a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano judicial recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES y SARA IRENE ALCÁNTARA MADARIAGA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0915-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES y SARA IRENE ALCÁNTARA MADARIAGA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho; con relación a la demanda de responsabilidad civil por vía de apremio promovida por la señora MARITZA AMPARO CRUZ SOLÓRZANO, quien actúa en su condición de heredera de su menor hija I. L. C. C., contra el ESTADO DE HONDURAS. (Exp.0101-2018-00001).- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que las recurrentes estiman que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues arguyen las recurrentes que dicha resolución no debió decretarse, en virtud de que el A-quo no hizo una valoración de la prueba propuesta y mucho menos utilizó las reglas de la sana critica en cuanto a la carga probatoria, tal como lo señala el artículo 202 del Código Procesal Penal, sumado a ello doblemente violado el debido proceso por el Ad-quem, que resolvió el recurso de apelación, sin pronunciarse a los agravios expresados, puesto que en su motivación y fundamentación jurídica del referido fallo solo hace mención de la responsabilidad civil solidaria, la cual no fue atacada en el recurso respectivo, aceptando tácitamente la responsabilidad solidaria su representado con la parte demandante, por el daño causado por el Miembro de la Institución Policial.- CONSIDERANDO: Que de la resolución recurrida en amparo se desprende, que la referida Corte de Apelaciones en su motivación declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las Abogadas representantes del ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado de Honduras en el Despacho de Seguridad y de la Procuraduría General de la República, confirmando la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA; en la que dicho Juzgado de Ejecución, ordena la reparación de daños materiales en concepto de lucro cesante que ascienden a la cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L.6,721,275.05), sentencia que según la Corte de Apelaciones referida fue dictada con los requisitos exigidos por la Ley y ponderada dentro de los limites y facultades discrecionales del Juez A-quo, puesto que fue probado el derecho del demandante, apreciando que los antecedentes de la sentencia cumple con los requisitos de forma y de fondo, en el entendido de haberse declarado el derecho de la demandante por ser la madre y heredera de la causante, encontrándose en los límites de la justicia aceptables al valorar la prueba en su conjunto.- CONSIDERANDO: Que examinados los antecedentes y el acto reclamado este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ya queda dicho.- CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por las recurrentes, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siento que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguno a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano judicial recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES y SARA IRENE ALCÁNTARA MADARIAGA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0915-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional