Sentencia AP-908-18 — Registro 11275
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó sobreseimiento definitivo en causa contra imputada por suponerla responsable del delito de falso testimonio en perjuicio de la Administración Pública; en apelación se concluyó que no se aportó prueba que haga inferir que la declaración de la imputada carece de total credibilidad y la valoración del juez de instancia es conforme con los lineamientos de la sana crítica
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."este Tribunal del estudio del acto impugnado, estima que la peticionaria se limita a formular alegatos propios de instancia, pues de los autos se aprecia que la resolución impugnada resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que decreta auto de sobreseimiento definitivo en el proceso penal que se le sigue a la acusada Angélica Maria Rivera Calero, y en consecuencia confirma la resolución venida en apelación. A este respecto, se ha constatado de la motivación contenida en el acto reclamado que el Ad-Quem, dictó la referida providencia con una adecuada motivación, por lo que el acto impugnado está revestido de todas las formalidades determinadas en nuestra norma procesal vigente para su validez, toda vez que se garantiza con su emisión, la apreciación objetiva por parte del Ad-Quem de la norma adjetiva aplicable al caso de autos..."..."esta Sala aprecia asimismo de las actuaciones relacionadas al acto reclamado en amparo, que se ha respetado en todo momento el debido proceso, por lo cual y en vista al carácter contencioso de sus alegatos, los cuales son dirigidos contra el fondo del asunto en litigio y no concretamente contra la resuelto por el Ad-Quem en el acto impugnado, estima, que al no alegarse una violación constitucional concreta contra la resolución emitida por el Ad-Quem, es preciso ratificar que el acto reclamado se ha dictado con todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."esta Sala de lo Constitucional es y ha sido el criterio sostenido, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados al juicio, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una trasgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución, la cual debe ser señalada de manera puntual por la parte recurrente..."..."al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que dar curso al conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. VISTOS: los antecedentes del acto reclamado en el recurso de amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha quince de octubre de dos mil dieciocho; que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha cuatro de julio del dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra la señora ANGELICA MARIA RIVERA CALERO, por suponerla responsable del delito de FALSO TESTIMONIO, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (1): Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que, al confirmar el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de primera instancia, vulneró el principio del debido proceso, en virtud de que la misma se dictó bajo el sucinto argumento que la valoración conjunta y armónica realizada por el juez A-Quo es conforme a los lineamientos que rige el sistema de la sana crítica racional y la norma constitucional. Agregando el Ad- Quem que la veracidad que le atribuye el juez A-Quo a la declaración de la imputada le generó certidumbre y credibilidad, dado que el Ministerio Público no aportó prueba que haga inferir que la declaración de la imputada carece de total credibilidad, por el contrario, las coacciones no se acreditan solamente con denuncia o dictamen psicológico, de tal forma que no hay otros elementos de prueba que hagan presuponer que no hay certeza en su versión de hechos y que haya actuado con el dolo y el ánimo y la intención deliberada de rendir testimonio que falta a la verdad para incriminar y perjudicar al señor Juan Rivera Medrano. CONSIDERNADO (2): Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que la recurrente invoca como violado el derecho contenido en los artículos 90 y 92 de la Constitución. Sin embargo, este Tribunal del estudio del acto impugnado, estima que la peticionaria se limita a formular alegatos propios de instancia, pues de los autos se aprecia que la resolución impugnada resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que decreta auto de sobreseimiento definitivo en el proceso penal que se le sigue a la acusada Angélica Maria Rivera Calero, y en consecuencia confirma la resolución venida en apelación. A este respecto, se ha constatado de la motivación contenida en el acto reclamado que el Ad-Quem, dictó la referida providencia con una adecuada motivación, por lo que el acto impugnado está revestido de todas las formalidades determinadas en nuestra norma procesal vigente para su validez, toda vez que se garantiza con su emisión, la apreciación objetiva por parte del Ad-Quem de la norma adjetiva aplicable al caso de autos. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala aprecia asimismo de las actuaciones relacionadas al acto reclamado en amparo, que se ha respetado en todo momento el debido proceso, por lo cual y en vista al carácter contencioso de sus alegatos, los cuales son dirigidos contra el fondo del asunto en litigio y no concretamente contra la resuelto por el Ad-Quem en el acto impugnado, estima, que al no alegarse una violación constitucional concreta contra la resolución emitida por el Ad-Quem, es preciso ratificar que el acto reclamado se ha dictado con todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (4): Que en respeto a la independencia de los Jueces y Tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido el criterio sostenido, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados al juicio, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una trasgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución, la cual debe ser señalada de manera puntual por la parte recurrente. CONSIDERANDO (5): Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO (6): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que dar curso al conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, de que se ha hecho mérito por las razones expuestas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0908-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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